Pocas semanas han transcurrido desde que la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, comenzó a sufrir distintos incidentes que han despertado la conciencia nacional no sólo en temas de seguridad al interior del Estado, que muestran una nueva configuración de las estructuras sociales, políticas y económicas del país sino una serie de amenazas externas que atentan contra la soberanía mexicana y su derecho a autodeterminarse y reformar las instituciones que conforman al aparato de poder.

Desde el 9 de septiembre de 2024, la violencia, el crimen organizado y la inseguridad han alcanzado niveles alarmantes, por lo cual, la población se ha sumergido en un estado de miedo y desesperanza que les ha orillado a refugiarse en sus hogares y parar todo tipo de actividades que impliquen su exposición ante la disputa entre dos organizaciones criminales que operan en principio en el estado norteño.

La liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, y la captura de el “Mayo Zambada” son hechos que han puesto de manifiesto la insuficiencia de las fuerzas de seguridad frente al poder de los cárteles y que sin duda, se involucra con el traspaso de armas provenientes de Estados Unidos hacia territorio mexicano. La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa dirigida por El Mayo Zambada, decidió tomar venganza contra Los Chapitos por la traición y entrega del capo a Estados Unidos.

Esta ola de violencia ha convertido a Culiacán en una ciudad “fantasma” con negocios, hogares y escuelas cerradas, lo que sin lugar a dudas no sólo afecta el crecimiento económico del país, sino el desarrollo integral, social, educativo y cultural de México; ambos factores consecuentemente determinan la independencia (o no) política, cultural y económica dentro del escenario internacional, sobre todo en un contexto en el que los actores internacionales sobrepasan la figura del Estado como ejecutor de la labor diplomática y de negociación.

De acuerdo con un artículo de Everytown for gun safety (un sitio de investigación estadounidense) publicado el 21 de mayo de 2024 se resalta que cada año se trafican unas 200 mil armas de fuego (desviadas del mercado legal al ilegal) desde Estados Unidos a México, las cuales fluyen a través de la frontera en lo que se conoce como el “río de hierro” y que han logrado ser rastreadas hasta tiendas de los estados sureños del vecino del Norte.

Entre 2015 y 2022, más de 160 mil personas fueron asesinadas con armas de fuego en México. En ese período, la tasa de homicidios con armas de fuego aumentó un 109 por ciento, mientras que la tasa de agresiones con armas de fuego aumentó un 31 por ciento. Gran parte de esta violencia se atribuye a organizaciones criminales transnacionales, incluidos los cárteles. Según un estudio, 669 personas fueron asesinadas en México debido a conflictos entre cárteles en 2006, pero esa cifra aumentó a más de 16.000 personas en 2020, un aumento asombroso. Lo que resulta aún más impresionante es que este aumento empata con sucesos dentro del mundo como la guerra Ruso-Ucrania en la que los Estados Unidos han jugado un papel fundamental, y en operaciones como las que acontecieron en el territorio Palestino en la franja de Gaza en 2022.

En concreto, es de suma relevancia que, como mexicanxs no dejemos que un discurso desinformado merme la realidad que se vive en México y el mundo y que en buena medida es el resultado de las políticas que economías de guerra como los Estados Unidos de América implementan en aras del crecimiento económico y la acumulación de capital. Si bien es urgente el establecimiento del orden en un país azotado por la violencia, la corrupción y el crimen organizado como es el caso de México la solución no radica en permitir el intervencionismo de una potencia que de hecho está alimentando la inseguridad dentro de nuestro territorio debido a la administración de su industria armamentista.

Es importante resaltar el desmantelamiento en el desarrollo que sufren todos los días lxs niñxs que viven cerca de escenarios de guerrillas como ocurre actualmente en Culiacán y que es el resultado de la poca acción que los gobiernos federales en México han puesto en marcha para combatir los riesgos de los grupos criminales. Por lo mismo se hace el hincapié de contar con una figura en el poder ejecutivo que por una parte tenga contrapesos, pero también que sea fuerte para controlar a los grupos disidentes y que ejecute una política exterior que restaure la paz, justicia, equidad, orden y seguridad para nuestro país.

No es una sorpresa que todos los días México esté siendo golpeado por una crisis de inseguridad generalizada, cuando su homónimo estadounidense, como parte de su cultura, alberga en su territorio más armas civiles que personas. Al mismo tiempo, la elevada dependencia económica de México con EE. UU. produce un efecto espejo, que replica las prácticas que impulsan el sistema de producción capitalista en el mundo y que se relaciona con la producción, venta, distribución y el uso de armas.

De hecho, múltiples estudios demuestran que en los lugares en que la gente tiene fácil acceso a las armas de fuego, las muertes relacionadas con ellas tienden a ser más frecuentes, incluso por suicidio, homicidio y lesiones no intencionadas. Por tanto, no es de extrañar que en Estados Unidos se produzcan más muertes por violencia armada que en cualquier otro país desarrollado per cápita y que este fenómeno se perciba en zonas donde la influencia norteamericana es más común.