Normalmente el domingo es un día para descansar, estar en casa y compartir con la familia o los amigos. Pero este 22 de febrero fue distinto: un domingo marcado por la violencia en 21 estados de la República, sembrando temor e incertidumbre entre millones de mexicanos. ¿La razón? El abatimiento, por parte de las fuerzas armadas, de Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los líderes criminales más poderosos de nuestro tiempo y cabeza de una de las organizaciones delictivas más fuertes del país.

Este texto no busca narrar únicamente lo ocurrido durante un operativo, sino invitar a una reflexión más profunda sobre el grado de violencia en el que vivimos y, también, sobre el nivel de violencia que como sociedad hemos normalizado y somos capaces de ejercer. Una violencia que, en muchas ocasiones, rebasa incluso a las propias fuerzas del orden (como la Defensa o la Guardia Nacional) y evidencia la capacidad de los grupos criminales para desafiar al Estado y sembrar miedo en amplias regiones del país.

En un operativo desplegado en Tapalpa, Jalisco, se registraron enfrentamientos que dejaron siete personas fallecidas y tres militares heridos. El resultado fue la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, quien resultó gravemente herido y murió posteriormente durante su traslado a la Ciudad de México. Es ahí donde comienza lo que muchos han llamado el “Domingo Negro”: una jornada que inició con violencia en Jalisco y que rápidamente se extendió a otras regiones del país.

Este tipo de reacciones no son nuevas. En 2003, en Matamoros, y más recientemente en octubre de 2019 y enero de 2023 en Culiacán, Sinaloa, ya habíamos visto respuestas violentas del crimen organizado ante operativos de alto impacto. Sin embargo, el nivel de violencia registrado en esta ocasión supera precedentes, pues 21 estados de la República se vieron afectados por acciones coordinadas de un grupo criminal, evidenciando no solo su capacidad operativa, sino también la fragilidad de la seguridad en amplias zonas del país.

Jalisco fue el punto de partida de la noticia. Tras la detención, se registraron múltiples bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos en distintas zonas del estado. Se contabilizaron más de 20 bloqueos, además de la suspensión de algunas líneas de transporte, clases y eventos masivos.

Tamaulipas siguió con un incremento en la actividad del crimen organizado: enfrentamientos y vehículos incendiados en varios puntos de la llamada frontera chica. En Michoacán se reportaron incidentes relacionados con bloqueos y choques armados en zonas de influencia del grupo criminal. En Guerrero, pese al despliegue oportuno de fuerzas de seguridad, la violencia se manifestó de manera similar.

Lo mismo ocurrió en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Nuevo León, Nayarit, Guanajuato, Baja California, Querétaro, Colima, Quintana Roo y Aguascalientes. Incluso, hasta las 19:00 horas, se reportaron incidentes en la zona norte de la Ciudad de México.

Es entonces cuando surge la pregunta inevitable: ¿cómo es posible que la detención de un criminal de alta peligrosidad desencadene tal nivel de violencia en un solo día y en tantos estados al mismo tiempo?

La violencia no es un fenómeno reciente en México. Culpar a un solo gobierno por su crecimiento sería simplificar un problema que viene gestándose desde hace décadas. Desde los años ochenta, el país ya atravesaba etapas marcadas por la inseguridad y la consolidación de estructuras criminales cada vez más complejas. Sin embargo, también es cierto que las decisiones gubernamentales pueden agravar estas dinámicas. Entonces surge otra pregunta: ¿cuándo los grupos del crimen organizado alcanzaron el grado de violencia que hoy presenciamos?

Muchos señalan como punto de quiebre el año 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” en diciembre de ese año, desplegando al Ejército Mexicano en las calles. La estrategia permitió la captura y abatimiento de varios líderes criminales, pero también tuvo efectos colaterales: la fragmentación de cárteles, la disputa interna por liderazgos y la lucha violenta por el control territorial.

En ese contexto, la violencia dejó de ser únicamente un medio y comenzó a convertirse en un mensaje. Los grupos criminales no solo buscaban controlar rutas o mercados; también buscaban infundir miedo, demostrar fuerza y desafiar abiertamente al Estado. Así, la violencia terminó por institucionalizarse dentro de su propia lógica operativa.

Ahora bien, este tipo de reacciones del crimen organizado suelen tener objetivos muy claros. En muchos casos buscan presionar al gobierno para frenar operativos, evitar traslados o incluso impedir detenciones. También funcionan como un mensaje hacia grupos rivales: una demostración de fuerza, de capacidad operativa y de presencia territorial incluso después de haber perdido a su principal dirigente. Es una forma de comunicar que la estructura sigue activa y que conserva poder de movilización.

Sin embargo, más allá de la lógica criminal, el impacto real recae en la población. Estas situaciones generan miedo e incertidumbre, al grado de vaciar calles que normalmente están llenas de familias, trabajadores o turistas. Espacios cotidianos se transforman, en cuestión de horas, en escenarios marcados por el silencio y la tensión. Es ahí donde la violencia deja de ser un fenómeno entre el Estado y los grupos criminales, y se convierte en una herida abierta sobre la vida diaria de millones de personas.

Desde casa podemos pasar todo el día viendo noticias sobre lo que ocurre en el país. Encendemos la televisión, revisamos el celular, actualizamos redes sociales y todo gira en torno al mismo hecho. Llega un punto en que la información deja de ser solo información y se convierte en incertidumbre, en una sensación constante de miedo.

Las redes se saturan, los titulares repiten la violencia una y otra vez, y pareciera que no existe otra noticia relevante más que la crisis del día. Es entonces cuando ocurre algo todavía más preocupante: empezamos a normalizarla. La violencia comienza a percibirse como parte de la rutina, como algo habitual, como si fuera inevitable. Pero no lo es.

No deberíamos acostumbrarnos a vivir con miedo ni asumir como normal que bloqueos, enfrentamientos o ciudades paralizadas formen parte del calendario nacional. Cuando la violencia se normaliza, deja de indignarnos. Y cuando deja de indignarnos, comienza a ganar terreno en nuestra conciencia colectiva.

Para concluir, es justo reconocer el trabajo de las fuerzas de seguridad en este operativo que culminó con el abatimiento de un criminal que durante años sembró terror a través del secuestro, el cobro de derecho de piso, el desplazamiento forzado y la intimidación de miles de familias. También es importante valorar y admirar a quienes hoy están en las calles: marinos, elementos de la Guardia Nacional y soldados cumpliendo con su deber.

En el contexto actual, portar un uniforme no es sencillo. Implica asumir riesgos constantes y, muchas veces, poner la vida en juego por la ciudadanía. Ese compromiso merece reconocimiento. Sin embargo, el verdadero desafío comienza después del operativo. Más allá de la caída de un líder, lo que el país necesita es que la paz se consolide en nuestras calles, no como un momento aislado, sino como una condición permanente. 

También nos corresponde, como ciudadanos, informarnos de manera veraz, no caer en la desinformación y no normalizar la violencia cotidiana. Solo así podremos aspirar a un México donde las noticias dejen de estar marcadas por el miedo y comiencen a estarlo por la tranquilidad y la justicia.

Que este “Domingo Negro” no sea solo una fecha más en el calendario de la violencia, sino un punto de conciencia colectiva: que nos recuerde que México merece domingos de familia, de paz y de esperanza, y que no podemos permitir que el miedo sea quien dicte la historia de nuestras calles.