Una mañana de 2009, Carlos Monsiváis mostraba a cuadro la primera plana de un periódico que recogía una declaración de Felipe Calderón: “los jóvenes se drogan porque no creen en Dios”. La expresión realizada en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas esconde dos problemáticas aun presentes en México: en primer lugar, la criminalización de la juventud y una consecuente banalización de sus problemas por parte de quienes ostentan el poder político y económico; en segundo término conviene señalar el desinterés de las autoridades y amplios sectores de la sociedad por abordar el problema de la adicción a las drogas desde el punto de vista de la salud pública y no como un asunto policial. 

Las adicciones han estado presentes en las sociedades humanas desde el inicio de la historia. Como ejemplo se puede mencionar que en la antigüedad los filósofos estoicos ya recomendaban la moderación en el consumo de vino, como es el caso de Marco Aurelio en su obra Meditaciones; de igual forma algunos pasajes del Antiguo Testamento proveen consejos en este sentido.

El problema global, probablemente, inicia hacia el siglo XIX, cuando proliferaron los fumaderos de opio en las urbes de Europa y posteriormente de América Latina. En la Ciudad de México, por ejemplo, tales establecimientos ocupaban la calle de Dolores, donde hoy se ubica el Barrio Chino. El opio provenía de China y Asia Central. Su comercio resultaba tan lucrativo que a mediados de la centuria el Imperio Británico inició dos guerras contra los chinos para imponer su control sobre el tráfico de este narcótico. De esta manera vemos que el mismo gobierno fomentaba el comercio y uso de sustancias.

Fue en los años 20 que las adicciones comenzaron a tratarse como un problema social. Por aquel momento, las iglesias protestantes comenzaron a levantar la voz contra el alcohol y, como respuesta, el gobierno prohibió su venta y consumo, iniciando la persecución contra los distribuidores de estas bebidas, es así como se inaugura la época de los mafiosos como Al Capone y Lucky Luciano. En la década de la prohibición puede situarse el origen del enfoque punitivo en el combate a las adicciones, mismo que adoptarían todos los gobiernos en las siguientes décadas. Cabe recordar que el FBI fue creado para sistematizar la represión contra distribuidores y consumidores de alcohol. 

Hacia los años 60 la opinión pública comenzó a hacerse eco del abuso en el consumo de la marihuana, así como de las primeras drogas sintéticas (el LSD, por ejemplo) entre las juventudes. A partir de este momento, los grandes medios de comunicación se escandalizan ante tal situación y comienzan a estigmatizar a sus consumidores. Como respuesta, en Estados Unidos y posteriormente en los países que toman a esta nación como ejemplo a seguir, se recupera el enfoque punitivo utilizado durante la prohibición del alcohol en los años 20 y se crean leyes y políticas públicas para perseguir y encarcelar a traficantes, distribuidores y consumidores de estas sustancias. 

En la década de 1960 se produce otro fenómeno importante, prolifera el activismo y la organización política juvenil en diferentes partes del mundo con el fin de protestar contra distintas cuestiones: en Estados Unidos contra la Guerra de Vietnam y la segregación racial, en Francia contra una reforma universitaria, en México contra las prácticaa autoritarias del régimen y en Chile a favor del gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. Pese a todo, las élites políticas de los distintos países permanecen sin respuesta a las demandas planteadas por estos nuevos actores. 

Es en este contexto donde el combate contra las drogas planteado por las autoridades en distintas partes del mundo conjunta una contundente acción policial junto a la estigmatización y, en muchos casos, la criminalización de los jóvenes, al constituir  históricamente el sector de la población más afectado por las adicciones. Asimismo, se presenta la banalización de sus necesidades, lo que conlleva a ser desplazados de la vida política. 

En México se ha presentado el fenómeno descrito en el párrafo anterior desde los años 70; sin embargo, es en el periodo comprendido entre 2006 y 2018 cuando se dio con mayor crudeza. A partir de entonces prevalece en el país un clima de violencia causado por las disputas entre organizaciones dedicadas a la producción y venta de drogas, misma que fue propiciada por una torpe persecución emprendida por el gobierno de Felipe Calderón contra estas bandas y que, ahora sabemos, resultó en una colusión del Estado. 

A la guerra contra los cárteles se ha sumado la falta de oportunidades laborales y educativas para la juventud, lo cual ha implicado su exclusión de las actividades económicas y la vida política de la nación. Esta situación tuvo como consecuencia el estigma de que ser joven en México era sinónimo de alguien improductivo y con inclinación al consumo de drogas.

Por aquellos años se hablaba de los “ninis”, expresión que hacía referencia a jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban con una connotación despectiva; quienes se encontraban en esta situación eran perseguidos con dureza por la policía a lo largo de los barrios marginales bajo el pretexto del combate al consumo y distribución de drogas. Asimismo se llegó al extremo de tachar como demagogia a los incipientes programas impulsados por políticos progresistas para apoyar a la juventud. 

En México la aplicación de una política punitiva en el combate a las drogas ha resultado contraproducente, puesto que año con año aumenta el consumo y particularmente entre los jóvenes. De igual manera, el ataque frontal hacia las bandas dedicadas a esta actividad llevó la violencia a niveles nunca vistos en la historia del país. 

En suma, el combate al consumo de drogas visto como un asunto policial cuya solución pasa por la criminalización de los jóvenes que caen en adicciones conlleva a la estigmatización de este sector de la población y a la banalización de sus problemas, y sin resolver de fondo este problema.  Para resolver la cuestión de las adicciones, las autoridades deben hacer dos cosas: en primer lugar, ver el problema de las drogas como una cuestión de salud pública y dirigir esfuerzos hacia la prevención del consumo de sustancias en vez de  priorizar la persecución contra sus consumidores; en segundo término, es necesario implementar medidas que coadyuven en la integración de los jóvenes a la vida social, económica y política de un país. Lxs jóvenes estamos observando.