Las mujeres indígenas han sido un pilar fundamental en la sociedad mexicana para preservar las tradiciones. Sin embargo, continúan enfrentando estereotipos profundamente arraigados, perpetrados tanto por los medios de comunicación, como por la sociedad en general, que despectivamente las denominan como “indias” o “marías”. Estos estereotipos están asociados con las desventajas sociales o la condición de migrantes que muchas de estas mujeres experimentan. Las prácticas discriminatorias hacia estos grupos, basadas en su vestimenta o lengua materna, han llevado a que las nuevas generaciones de indígenas que crecen en las ciudades adopten identidades distintas a las de sus padres para evitar la discriminación. 

Con el levantamiento armado indígena en 1994 en Chiapas y la promulgación de la Ley Revolucionaria de las Mujeres, surgió la participación de la Comandanta Esther. A partir de entonces se comenzó a visibilizar la situación de las mujeres en las comunidades indígenas. Esther afirmó: “Tenemos que luchar más, porque como indígenas estamos triplemente despreciadas: como mujeres indígenas, como mujeres y como mujeres pobres”. 

En el año 2001 con la llegada al Zócalo capitalino, la Comandanta Esther denunció la falta de atención en salud y el manejo mediático de esta situación: “las mujeres mueren en los partos, ven morir a sus hijos en sus brazos por falta de atención médica. En los pueblos indígenas no hay centros de salud y, si los hay, no recibimos un trato humano. Sólo ponen medicamentos y un doctor cuando llega algún funcionario del gobierno, acompañado de medios de comunicación, para dar la imagen de que hay atención en salud en los pueblos indígenas. Así manipulan la información”.

Con el grito de “¡Nunca más un México sin las mujeres!”, la Comandanta Esther hizo un llamado a la unión, lo que hoy la antropóloga Marcela Lagarde y De los Ríos denomina sororidad: la organización de mujeres como una apuesta por el ejercicio de la ciudadanía, la visibilidad, el acceso a la vida pública y el derecho a tomar decisiones sobre sus cuerpos y su entorno.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son las entidades federativas con mayor grado de marginación. Estas regiones presentan múltiples carencias, como la falta de servicios educativos, de salud, vivienda, agua potable, drenaje y electricidad, lo que vulnera gravemente la vida de las personas, especialmente en las comunidades más pequeñas.

En este contexto, la migración, si bien abre nuevos espacios de participación para las mujeres, particularmente para las adolescentes, también las lleva a redefinir sus relaciones consigo mismas y con los demás. Su participación en actividades económicas y de servicios fuera del hogar les permite, en el caso de las adolescentes, no depender económicamente de sus padres, obteniendo una independencia relativa que en muchos casos es irreversible y contribuye a una mayor individualidad femenina.

Aunque las adolescentes indígenas adoptan algunas normas, valores y conductas de la adolescencia mestiza, o como ésta se autodenomina, “la gente de razón”, no sólo son despreciadas por estos grupos, sino que también son ridiculizadas por los propios indígenas. Para estos últimos, el haber dejado de ser “nosotras” para parecerse más a “los otros” hace que la adolescente indígena viva, en palabras de ellos, sin espacio, tiempo ni historia propia.

A pesar de los esfuerzos del gobierno federal por acabar con el rezago en las comunidades más pobres del país y alcanzar la cobertura total de salud, al finalizar 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reiteró las palabras de la Comandanta Esther: las mujeres indígenas están en mayor riesgo de vulnerabilidad debido a la triple discriminación que sufren por vivir en condiciones de marginación, por su género y por su origen étnico.

Los problemas de pobreza extrema que caracterizan a las regiones y a la población indígena limitan el ejercicio de los derechos fundamentales. Una respuesta fue el levantamiento armado en Chiapas en 1994, donde las demandas de las mujeres se plasmaron en la Ley Revolucionaria de Mujeres. Entre estas demandas destacan: el derecho a exigir cambios en las costumbres que las afectan negativamente, el derecho a no ser maltratadas, insultadas y golpeadas, a heredar, a organizarse, el derecho de las hijas e hijos a igual alimentación y cuidado por parte del padre, a decidir si quieren casarse, cuándo y con quién; así como a ocupar cargos públicos, entre otros.