Cuando hablamos de violencia, suelen venir a la mente palabras relacionadas con ella, agresión, golpes, insultos, abuso. Pero, ¿qué pasa con ese tipo de violencia que no deja marca a simple vista, aquella que ni siquiera reconocemos como una forma de violentar nuestra vida? Hablemos de la violencia económica, una forma de abuso que no solo se presenta en relaciones interpersonales, como la pareja o la familia, sino también desde el propio Estado.

Este tipo de violencia se hace evidente en tragedias que devastan al país y que mantienen en condiciones de vulnerabilidad a víctimas que no han sido indemnizadas por negligencias que derivan en catástrofes.

Un ejemplo de ello es el derrame en el Río Sonora de 2014, considerado la peor tragedia ambiental de la industria minera mexicana. Después de años, no se ha logrado una remediación completa ni una reparación integral de los daños ocasionados en la salud, el ambiente y la economía de las comunidades afectadas. La atención se ha centrado principalmente en el sector ganadero y agrícola, mientras que la empresa responsable continúa deslindándose de sus responsabilidades.

El desastre tuvo lugar en la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, ubicada en Cananea, Sonora, el 6 de agosto de 2014. Se derramaron 40,000 metros cúbicos de una solución acidulada de sulfato de cobre, sustancia altamente tóxica proveniente de los procesos de extracción del metal. El derrame se originó en el arroyo Tinajas, recorrió el río Bacanuchi y desembocó en el Río Sonora, debido a la ruptura de una tubería en la represa Tinaja 2, donde se habían detectado al menos 50 irregularidades.

Este evento fue consecuencia de la reducción en gastos de mantenimiento, deficiencias en los protocolos de seguridad, fallas estructurales y falta de supervisión. A esto se sumaron las fuertes lluvias del día siguiente, que aceleraron la dispersión de los contaminantes.

Como resultado, ocho municipios fueron afectados, Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Cananea, Huépac y San Felipe de Jesús, perjudicando a aproximadamente 24,000 habitantes y contaminando cerca de 24,400 hectáreas de suelo y cuerpos de agua con metales pesados, lo que incluso provocó procesos de migración en la población.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se estimaron pérdidas económicas significativas, incluyendo miles de metros cúbicos de suelo contaminado con hierro. Aunque no existen cifras precisas del impacto total en el PIB regional, es evidente la afectación derivada de la paralización de actividades económicas fundamentales, la falta de agua potable y la pérdida de cosechas y ganado, principales fuentes de ingreso de las comunidades.

Asimismo, se reportaron múltiples problemas de salud, principalmente infecciones respiratorias, enfermedades de vías urinarias y padecimientos crónicos asociados a la exposición a metales pesados.

La economía agrícola y ganadera también se vio gravemente afectada. La disminución en los precios de los productos, derivada del temor a la contaminación, impactó a 2,519 productores agropecuarios, más de 5,500 hectáreas y más de 70,000 cabezas de ganado.

Como respuesta, se creó un fideicomiso de 2,000 millones de pesos para atender los daños ambientales y sociales, administrado por Grupo México bajo supervisión del gobierno federal. Sin embargo, solo se ejercieron 1,233 millones de pesos, muchos de los cuales se destinaron a proyectos sin impacto real en la remediación ambiental ni en el bienestar de las comunidades. En consecuencia, gran parte de la población afectada no recibió beneficios tangibles.

Se ha documentado que los recursos no llegaron de manera completa a quienes los necesitaban, evidenciando cómo tanto la empresa como el Estado se beneficiaron de estos fondos.

Actualmente, la población continúa enfrentando las secuelas del desastre, agravadas por la falta de transparencia y el incumplimiento de resoluciones gubernamentales, mientras la empresa sigue operando con normalidad. Esto pone en evidencia las fallas del modelo extractivo en México, influenciado por dinámicas de globalización que priorizan los intereses de grandes corporaciones sobre el bienestar social y ambiental.

Este caso permite analizar el poder económico de las grandes empresas frente a la debilidad estructural de las instituciones del Estado, que con frecuencia priorizan intereses económicos sobre el bienestar colectivo.

Situaciones similares pueden observarse en otras tragedias, como la explosión de una pipa de gas el 10 de septiembre de 2025 en Iztapalapa, donde también se evidenciaron negligencia, ausencia de protocolos de seguridad y una respuesta institucional insuficiente. En ambos casos, la población resulta ser la más afectada, mientras que las empresas enfrentan sanciones mínimas, sin una verdadera rendición de cuentas ni reparación del daño.

Este tipo de eventos refleja la falta de compromiso institucional, la mala gestión de recursos, la corrupción y la negligencia que persisten en el país. Las consecuencias no solo son ambientales, también impactan profundamente en los ámbitos económicos y sociales. El encubrimiento de información, el incumplimiento de medidas de remediación y la minimización de los hechos muestran cómo en México las tragedias tienden a olvidarse, mientras las causas estructurales permanecen intactas.

Por ello, es fundamental reconocer, recordar y cuestionar los impactos de estos desastres. Esto implica exigir responsabilidad a autoridades y empresas, así como fomentar una conciencia ambiental, social y económica que permita dimensionar las afectaciones y resistir la impunidad sistemática.

A once años de esta tragedia, los municipios afectados continúan padeciendo las consecuencias de un modelo económico que prioriza la extracción de recursos sobre el bienestar colectivo. La escasa regulación, la impunidad empresarial y la continuidad de operaciones sin condiciones adecuadas de infraestructura evidencian la urgencia de replantear la política extractiva en México.

Es indispensable crear mecanismos que garanticen financiamiento para la prevención y reparación de daños ambientales. Solo así será posible evitar que tragedias como la del Río Sonora se repitan.

Este texto fue escrito por: 

Karen Chávez Luna 

María Fernanda Esquivel Bonilla 

Aletse Dayan Pantoja Jiménez 

Oxana Román Ortega 

Dafne Valladolid Rodríguez