En la película Hércules producida por Disney en 1997, el protagonista expresa su frustración a las puertas de un templo: el héroe se pregunta de qué forma podrá demostrar a los humanos que es un semidiós destinado a realizar actos heroicos si no le dan una oportunidad para lucirse. En la trama de este filme se aprecia con claridad la tristeza de un personaje que se prepara durante años para servir a una sociedad que mira con desdén sus esfuerzos. En las primeras dos décadas del siglo XXI se ha presentado en gran parte del mundo un problema similar al de Hércules: los egresados de la educación superior enfrentan la falta de oportunidades laborales en su ámbito profesional tras dedicar varios años de su vida a estudiar una carrera universitaria. 

En el caso de México y específicamente durante los últimos años, los esfuerzos gubernamentales se han orientado a resolver la falta de oportunidades de estudio para los jóvenes. En este sentido, destaca la creación de nuevas entidades de educación media superior y media superior, la inversión pública en la construcción y equipamiento de planteles, así como la asignación de importantes cantidades de dinero en el Presupuesto de Egresos de la Federación para fortalecer programas de becas que respalden financieramente el esfuerzo realizado por los estudiantes en su formación. Como resultado de lo anterior se ha visto en el país un importante incremento de las personas que acceden a los estudios universitarios, siendo beneficiados en particular quienes proceden de familias con ingresos económicos bajos.

Por otra parte, los principales actores que toman parte en el debate sobre la educación superior en México (universidades, políticos e intelectuales) han olvidado un aspecto fundamental de este problema: el destino de los jóvenes que tras varios años de esfuerzos invertidos en una carrera universitaria buscan obtener un primer empleo. En este sentido conviene señalar que la inversión realizada por las autoridades en el fortalecimiento de la educación universitaria sin un interés por ofrecer oportunidades de inserción laboral a los egresados se vuelve un desperdicio del dinero público que abre la puerta a problemas como la fuga de talentos, el desempleo, la precariedad laboral, entre otros. 

Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 2023 sólo el 44% de los jóvenes con formación universitaria contaba con un empleo formal y seguridad social. Por lo tanto, el 56% restante de los integrantes de este segmento poblacional se hallaban en el subempleo o carecían de trabajo. De igual forma, una encuesta realizada por académicos de la Facultad de Economía en ese mismo año arrojó como resultado que sólo el 20% de las personas egresadas de la educación superior tenía un trabajo relacionado con su formación. 

A partir de las cifras expuestas en el párrafo anterior se puede afirmar que sólo una de cada cinco personas que egresan de las universidades en México consigue un empleo relacionado con la carrera que eligieron. A esta situación se añade la cuestión de la precariedad laboral que impera en el país desde hace décadas producto de las políticas propias del modelo económico neoliberal. 

Existen algunas causas a este problema; por una parte, destaca la exigencia de contar con experiencia laboral, lo que impide que un egresado reciente consiga con facilidad un primer empleo que le permita adquirir tal experiencia. Por otro lado, la inversión pública deficiente en distintas áreas estratégicas para la población impide que la nación aproveche las capacidades adquiridas por los jóvenes en la universidad en beneficio de sus habitantes, lo cual constituye además un gran desperdicio de recursos públicos.

En este sentido resulta pertinente señalar que el gobierno de López Obrador impulsó desde el principio del sexenio el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, el cual tenía como finalidad propiciar la incorporación de las juventudes en el mercado laboral. A pesar esta loable intención que permitió la creación de alrededor de 100 mil puestos de trabajo entre 2018 y 2024, el programa tiene la debilidad de ofrecer un empleo temporal durante un año a sus beneficiarios y sin garantías de ser contratados por las empresas donde desempeñaron sus servicios. 

Por lo tanto, resulta latente la necesidad de la colaboración entre universidades y el gobierno federal para diseñar e implementar políticas públicas destinadas a fomentar la incorporación de los egresados al mercado de trabajo. Asimismo, es necesario que se modifique la operación del programa “Jóvenes construyendo el futuro” para que sus beneficiarios puedan ser contratados. 

Con la finalidad de aportar elementos para la solución de este problema resulta de gran interés la propuesta que la diputada juvenil Grecia Juárez Vázquez presentó en el Parlamento Juvenil del Congreso del Estado de Veracruz realizado en 2023. Su propuesta consistía en reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado a fin de instituir una obligación para las instituciones públicas de esa entidad de contratar a un porcentaje determinado de jóvenes entre 18 y 30 años, con el fin último de abrir una vía de acceso de las juventudes con estudios universitarios hacia el mercado laboral. 

En conclusión, es necesario que el gobierno mejore las políticas públicas existentes de la mano con las universidades para fomentar la inserción de los jóvenes al mercado laboral y evitar que la inversión que hace el Estado en su formación resulte un desperdicio al no permitir que la nación aproveche ese talento en aras de la resolución de los problemas cotidianos y la mejora de la vida de sus habitantes. De esta forma, la juventud podría demostrar los talentos que posee, así como las habilidades adquiridas en su paso por las aulas universitarias.