Recomendaciones
electorales 2025
Campañas, plataformas sociodigitales, ciudadanía y derecho a la información en las Elecciones Judiciales.
México se encuentra ante un proceso electoral inédito en su historia democrática: la elección directa, por parte de la ciudadanía, de las personas que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal de Disciplina Judicial, y diversas Magistraturas de Circuito y Juzgados de Distrito. Este proceso, producto de una reforma constitucional reciente, inaugura un nuevo paradigma en la configuración del Poder Judicial, con implicaciones sustantivas para la participación ciudadana, la legitimidad institucional y la arquitectura democrática del país.
En este contexto, el Tlatelolco Lab (PUEDJS-UNAM) presenta el documento “Recomendaciones Electorales 2025. Campañas, plataformas sociodigitales, ciudadanía y derecho a la información”, una propuesta que articula principios normativos orientados a promover condiciones de equidad, transparencia y acceso a la información en el ecosistema digital durante este proceso electoral extraordinario. El documento se inscribe en una línea de trabajo desarrollada previamente por el laboratorio, que incluye el “Decálogo de Derechos Digitales en Redes Sociales” y las “Recomendaciones Electorales 2024”, y que busca incidir en la formulación de marcos regulatorios públicos, participativos y orientados a la defensa de los derechos fundamentales frente a los modelos de autorregulación opacos impulsados por actores corporativos transnacionales.
La creciente centralidad de las plataformas sociodigitales en la comunicación política representa un desafío estructural para la integridad electoral. Su capacidad para modelar la voluntad ciudadana mediante sistemas algorítmicos grises que amplifican las campañas de desinformación y condicionan el debate público plantea la necesidad urgente de una regulación que garantice la equidad en el acceso y uso de estos espacios. Estudios recientes han evidenciado el uso intensivo de estrategias digitales de manipulación en procesos anteriores, mediante bots, campañas artificiales y financiamiento indirecto, exponiendo las limitaciones del marco jurídico vigente para enfrentar estas prácticas.
El actual proceso judicial, además, introduce nuevas reglas en materia de financiamiento y propaganda: queda prohibido el uso de recursos públicos y privados, así como la contratación de espacios en medios convencionales y digitales. Solo se permite el uso de redes sociales sin erogaciones económicas para amplificación de contenido, lo que impone un reto inédito para la visibilidad de las candidaturas y exige una fiscalización eficaz por parte de las autoridades competentes. A ello se suma la participación de personas candidatas que ya ocupan cargos judiciales, lo cual genera condiciones asimétricas difíciles de sancionar de forma efectiva.
El documento de recomendaciones busca contribuir a la construcción de un debate público informado, plural y accesible, que garantice el ejercicio pleno de los derechos a la información y a la libertad de expresión en el entorno digital. Asimismo, propone acciones articuladas entre autoridades electorales, plataformas tecnológicas, candidaturas y sociedad civil para avanzar hacia una gobernanza democrática de los procesos electorales en el ámbito digital.
Este esfuerzo académico y normativo representa una contribución al diseño de un marco regulatorio integral que garantice la supremacía del interés público y la protección de los derechos humanos en el contexto de transformaciones profundas en la cultura política y tecnológica del país.
El papel de las plataformas
La influencia de las plataformas sociodigitales en los procesos electorales es cada vez más determinante. Su capacidad para moldear la voluntad ciudadana mediante complejas redes algorítmicas, así como su rol en la difusión y amplificación constante de estrategias de desinformación, les permite incidir indirectamente en los resultados electorales.
No hay que olvidar que las plataformas sociodigitales, particularmente las “consolidadas” constituyen un campo donde rigen sus propias reglas e intereses políticos y económicos. Algunos análisis del último proceso electoral federal del 2024 a cargos ejecutivos y legislativos (Tlatelolco Lab, 2024), han documentado cómo se orquestaban campañas de manipulación a través de diversas estrategias digitales como el posicionamiento de hashtags y tendencias, a favor o en contra de ciertos actores políticos, impulsados artificialmente mediante un amplio abanico de cuentas falsas en redes sociales y que fueron utilizadas para favorecer intereses partidistas específicos. La elección federal del 2024 ya vislumbraba una serie de irregularidades ante los cuales se evidenciaba el insuficiente marco regulatorio actual para enfrentar las nuevas formas de interferencia electoral, especialmente ante el surgimiento de técnicas avanzadas basadas en algoritmos y perfiles digitales individualizados, como así también, los procesos tercerizados de financiación de las campañas electorales.
La elección judicial
México está atravesando una elección histórica emanada de una Reforma Constitucional y la modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación (LGIPE), por primera vez, la ciudadanía podrá elegir a quienes les representen en las instancias de impartición de justicia. Frente a ello, las campañas desplegadas por las personas candidatas se están desarrollando con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía del proceso electoral en general y de las propuestas de cada candidato o candidata que aspiran a lograr un porcentaje de votos para conformar el poder judicial. Ello es un desafío importante si se consideran que deben cubrirse 881 cargos entre 3423 candidatos.
Este proceso electoral presenta particularidades que deben ser tomadas en cuenta. Una de ellas es la participación de personas candidatas que actualmente ocupan cargos dentro de la misma institución a la que aspiran, lo que les permitiría hacer campaña desde una posición de poder. Aunque la normativa electoral prohíbe el uso de recursos y privilegios públicos con fines proselitistas, en la práctica resulta difícil garantizar su cumplimiento efectivo. En el ámbito de la propaganda electoral, el INE, autoridad en materia electoral ha establecido una serie de requisitos y obligaciones en torno al desarrollo de las campañas en el ámbito comunicativo. Por un lado, un tope máximo de gastos de campaña según la jurisdicción de la elección (en el caso de los tribunales federales alcanza a $1,468,841.33) que saldrá de fondos propios de la persona candidata, prohibiendo el financiamiento público y privado de las candidaturas. Uno de los puntos con mayor relevancia derivada de la reforma constitucional y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y que se diferencia de otros procesos electorales, es lo relativo a la financiación de las campañas electorales, las cuales, según el Art. 509 de la LGIPE señala que:
- Queda prohibida la contratación por sí o por interpósita persona de tiempos de radio y televisión para fines de promoción de las personas candidatas, así como de espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales.
- Las personas candidatas podrán hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionar sus candidaturas, siempre y cuando no impliquen erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos.
En este contexto, las presentes recomendaciones electorales van dirigidas a garantizar condiciones equitativas para las personas candidatas en el debate público digital y también fortalecer la transparencia en la comunicación y proteger de forma integral el derecho a la información pública electoral y la libertad de expresión de la ciudadanía.
Finalmente, es imprescindible señalar que las recomendaciones electorales centradas en las plataformas sociodigitales deben ser parte de un debate mucho más amplio que logre confluir en un marco jurídico integral que establezca la preponderancia del interés públicoy la defensa y protección de los derechos humanos por sobre los intereses particulares de las grandes corporaciones tecnológicas. Para ello es imprescindible aunar esfuerzos a través de un diálogo amplio entre entre autoridades, sociedad civil, partidos políticos y las propias plataformas digitales, que impulse reformas significativas orientadas a preservar la integridad y autenticidad del proceso democrático en México.
Recomendaciones
A partir del marco legal para la primera elección en México a cargos del Poder Judicial por voto popular y considerando la necesidad de propuestas novedosas y específicas para la campaña electoral en redes sociales, desde el laboratorio digital Tlatelolco Lab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, se presentan las siguientes recomendaciones en materia de plataformas sociodigitales:
1
Verificación de perfiles y etiquetado de contenido político-electoral en plataformas digitales
Justificación:
La verificación de perfiles y el etiquetado de contenido electoral garantizan transparencia y autenticidad, ante la desinformación y suplantación de identidad digital.
Recomendación:
El INE debe establecer convenios con plataformas para implementar un sistema oficial de verificación de cuentas y etiquetado obligatorio de contenidos político-electorales.
2
Ocultamiento y/o restricción de contenido violatorio de la reglamentación electoral
Justificación:
Es necesario restringir temporalmente contenidos que infringen la normativa electoral para preservar la equidad, evitar desinformación y proteger la integridad del proceso sin vulnerar la libertad de expresión.
Recomendación:
El INE debe coordinar con plataformas digitales un protocolo ágil para ocultar contenido dañino bajo criterios legales claros, mientras se determina su impacto y posible remoción.
3
Informes de transparencia y alcance del contenido orgánico
Justificación:
La falta de trazabilidad del contenido orgánico en redes sociales vulnera la equidad electoral y el derecho a la información al permitir su manipulación y amplificación opaca.
Recomendaciónl:
El INE debe exigir a las plataformas informes periódicos sobre la distribución, visibilidad y alcance del contenido electoral orgánico, incluyendo criterios algorítmicos y datos desagregados.
4
"Auditoría Digital del Uso Orgánico de Redes Sociales" enfocado en la tercerización de la propaganda electoral paga.
Justificación:
La tercerización de la propaganda digital vulnera la equidad electoral al encubrir financiamiento externo y simular apoyo ciudadano, dificultando su fiscalización y control.
Recomendación:
El INE debe implementar una Auditoría Digital Electoral para detectar, monitorear y reportar propaganda electoral financiada o difundida por terceros no declarados.
5
Detección, revisión y limitación de las campañas de desinformación.
Justificación:
La desinformación electoral debilita el derecho a la información y distorsiona la voluntad popular, por lo que exige respuestas estatales proactivas y sistémicas.
Recomendación:
El INE debe implementar un Sistema de Alerta Temprana y protocolos de acción conjunta con plataformas para detectar, notificar y contener campañas de desinformación en tiempo real.
6
Topes de gastos de campaña y rendición de cuentas del gasto en recursos comunicativos digitales y físicos
Justificación:
La publicidad electoral indirecta y no declarada vulnera el principio de equidad, al aprovechar vacíos legales para influir sin rendición de cuentas.
Recomendación:
El INE debe ampliar los criterios de fiscalización para incluir servicios digitales indirectos, contenidos orgánicos estratégicos y apoyos logísticos no financieros.
7
Veda Electoral, propaganda electoral orgánica y monitoreo.
Justificación:
La difusión y amplificación de contenidos en redes durante la veda electoral digital pone en riesgo la equidad y la libertad del voto informado.
Recomendación:
El INE y el TEPJF deben implementar un Protocolo de Veda Electoral Digital que limite la circulación y promoción de propaganda política durante el periodo de reflexión en plataformas digitales.
8
Fortalecimiento de la biblioteca digital de trayectorias judiciales “Conóceles”.
Justificación:
El derecho al voto informado exige conocer no solo los datos biográficos, sino también los criterios jurídicos, antecedentes y decisiones relevantes de las candidaturas judiciales.
Recomendación:
El INE debe ampliar y robustecer la plataforma “Conóceles” para incluir información verificable y accesible sobre el perfil profesional, sentencias, posturas jurídicas y antecedentes relevantes de cada candidatura.
9
Programa Integral de Explicación del Proceso Electoral a la Ciudadanía
Justificación:
El desconocimiento sobre el proceso judicial-electoral y sus candidaturas limita el ejercicio del voto informado y debilita la legitimidad democrática.
Recomendación:
El INE debe implementar un Programa Nacional de Pedagogía Electoral Judicial con campañas multiformato y talleres presenciales que expliquen el proceso, los cargos en disputa y la relevancia del voto.
