Sobre la calle Manuel de la Peña y Peña, en los límites difusos entre La Lagunilla y Tepito, un cartel modesto invita a quienes soñamos con estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México: “¿Vienes a estudiar a la Ciudad de México y no tienes dónde vivir? La Casa Nacional del Estudiante te abre sus puertas”. Para mí, joven foráneo proveniente de León –el municipio con mayor número de personas en situación de pobreza en México a pesar de ser el tercero del país con mayor número de trabajadores que supera las ocho horas diarias de trabajo–, esa invitación significó la posibilidad real de cumplir el sueño de formarme como trabajador social.

La Honorable Casa Nacional del Estudiante fue construida en 1910 por el arquitecto Mauricio de María y Campos, gracias a una donación de 168 mil pesos hecha por el entonces secretario de Hacienda, José Yves Limantour. Llegué a la Casa Nacional del Estudiante en 2021, arrastrando una maleta precaria y muchas ilusiones. Apenas a 300 metros del barrio de Tepito, la entrada no destacaba demasiado: unas lonas rojizas cubrían una fachada envejecida, pero dentro se albergaba algo más valioso que el confort material: la oportunidad de estudiar.

La Ciudad de México, para estudiantes foráneos, es un campo minado de desigualdades. El cartel inmobiliario ha capturado la ciudad, especulando con los precios del suelo, desplazando a los sectores populares y transformando la vivienda en mercancía antes que en derecho. La renta promedio en colonias céntricas supera los salarios mínimos; para un estudiante como yo, acceder a una vivienda digna sería simplemente impensable sin esta alternativa comunitaria. La Casa se convierte así en un refugio precario, pero imprescindible frente al capitalismo inmobiliario depredador. Vivir aquí es, en cierto sentido, una forma de resistencia material y simbólica.

Habitábamos estudiantes provenientes de múltiples estados del país, compartiendo habitaciones austeras, un patio central y una cocina comunitaria. En esa cocina, grabada en la pared, una frase presidía nuestras conversaciones y silencios: “Pan, la revolución necesita pan… Nuestra tarea específica consistirá en obrar de manera tal, que desde los primeros días de la revolución, y mientras ésta dure, no haya una sola persona en el territorio insurrecto a quien le falte pan”. La cita de Piotr Kropotkin se sentía como un recordatorio constante de la lucha por lo esencial: el alimento. La frase no era sólo retórica. En un contexto donde los productos básicos competían con nuestros gastos universitarios, el programa de comedores comunitarios del Gobierno de la Ciudad de México se volvía fundamental. Por diez pesos, recibíamos comidas calientes que a veces significaban el único alimento del día. Las filas para entrar al comedor de La Lagunilla eran una postal cotidiana: estudiantes, adultos mayores, trabajadores precarios, todos buscando sostenerse en una urbe que no perdona.

Habitar la Casa Nacional del Estudiante es convivir con espectros. Se decía en los pasillos que allí, en algún cuarto, durmieron Fidel Castro y el Che Guevara durante su estancia en México. Sus presencias simbólicas aún recorren los corredores húmedos. ¿Qué significaba compartir el espacio donde, décadas atrás, conspiraban quienes soñarían una revolución? En tiempos donde se quitan esculturas de parques públicos del Che Guevara y Fidel Castro, y donde Airbnb avanza vorazmente desplazando a los sectores populares, habitar este espacio adquiere un nuevo significado: la solidaridad popular como herramienta de resistencia. Para mí, significaba reconocer la continuidad de las luchas. Ellos preparaban insurrecciones; nosotros intentábamos resistir a las lógicas neoliberales que precarizan la vida universitaria. Nuestra revolución es otra, más silenciosa quizá, pero también urgente.

El acceso a vivienda digna en la Ciudad de México está mediado por la especulación. Empresas inmobiliarias y plataformas digitales han convertido al suelo urbano en un campo de acumulación por desposesión. La gentrificación avanza como una fuerza silenciosa, desplazando a los pobres para dar lugar a un consumo elitista. Las opciones como la Casa Nacional del Estudiante son, por tanto, excepcionales y cada vez más necesarias. Desde el Trabajo Social transmoderno, entendemos cómo la vivienda se ha convertido en una mercancía cuyo valor de uso, alojar personas, se ha subordinado al valor de cambio, renta y venta. La existencia misma de esta Casa es una grieta en esa lógica mercantil. Pero las grietas son frágiles.

El costo de la alimentación es otro frente de batalla. Las grandes cadenas de supermercados determinan precios, mientras el salario de nuestros padres en León sigue estático. Los comedores comunitarios no son caridad: son un respiro planificado por el gobierno local, una política pública mínima para sostener la vida precaria. Comer juntos, en mesas compartidas, en las ollas comunitarias de los movimientos estudiantiles, nos recordaba la dimensión colectiva de nuestra existencia. La comida como derecho, no como privilegio. En cada bocado barato pero nutritivo encontrábamos un acto de resistencia ante el hambre estructural.

Habitar la Casa Nacional del Estudiante no es simplemente residir en un lugar. Es practicar la colectividad, asumir el pasado revolucionario que impregna sus muros y resistir las embestidas del capitalismo urbano. Cada día en ese espacio significaba afirmar, aún desde la fragilidad, que el derecho a la educación y la vivienda no pueden ser mercancía. Al observar las lonas rojizas que ocultan la entrada, pienso en la paradoja: mientras afuera el cartel inmobiliario expulsa a los pobres, adentro nosotros ensayamos, desde nuestra precariedad, otras formas de vida posibles. Quizá, como recordaba Kropotkin, nuestra tarea sea más simple y radical: asegurar el pan mientras soñamos la revolución.