Transcurren cuatro años desde que las comunidades de la región cholulteca en Puebla decidieron hacer frente al acaparamiento del agua por parte de la transnacional Bonafont. El 21 de marzo de 2021, los 20 pueblos que comprenden la región, organizados en la plataforma Altepelmecalli —conocida como la casa de los pueblos—, tomaron las instalaciones de la transnacional en Puebla, señalando que la explotación de la empresa los dejaba sin agua para consumo.

De acuerdo con el reportaje escrito por Heredia Reyes, publicado en Corriente Alterna, medio de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM, “los pueblos denunciaban que, durante 29 años, la empresa Bonafont, del corporativo francés Danone, sobreexplotó los mantos acuíferos de la región al punto de dejar sin agua sus pozos artesanales, los ríos y los ameyales. Bonafont aprovecha dos pozos concesionados por Conagua en la zona: en uno tiene permitido extraer hasta 105,229,000 litros de agua al año, a razón de unos 288 mil litros diarios; en el otro, el número de litros no está especificado”.

Aunque se ha escrito bastante sobre la victoria de las comunidades cholultecas de Puebla frente a la transnacional, merece la pena realizar un análisis sobre las lecciones que este acontecimiento nos deja. Por ello, esta nota persigue la idea de rescatar esas ideas centrales que pueden aspirar a convertirse en lecciones.

El acaparamiento del bien público

El agua, como bien público indispensable para la vida humana, en nuestro sistema predominantemente capitalista se ha vuelto un objeto que puede comercializarse meramente como un producto. En este sentido, los territorios cercanos a grandes cuencas, ríos o lagos se han vuelto sujetos del acaparamiento y despojo territorial —hacia aquellas comunidades que habitan cerca de ellos— por parte de grandes empresas transnacionales, como es el caso de los pueblos cholultecas.

No solo estas comunidades predominantemente indígenas se ven amenazadas por el voraz apetito del capital, también lo hacen pueblos situados en el norte del país, como los Wixarikas en Sonora, que llevan más de trece años luchando contra la explotación de las mineras canadienses.

O como las comunidades campesinas, que, como lo explica la Mtra. Polette Rivero, se encuentran en una constante lucha contra el monopolio de las semillas de empresas como Bayer-Monsanto y el acaparamiento de tierras utilizadas como monocultivo: “este sector también tiene el 70 % de las tierras en el mundo son empresas en las que el propósito ha sido no solamente el control de las tierras, sino también de la naturaleza misma”.

Acerca del acaparamiento de tierras, la también investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, comenta que “los sujetos más activos en las compras de tierras son grandes empresas transnacionales que han consolidado como nunca su poder, y se encuentran respaldadas por sus gobiernos, su brazo armado y económico, y por sus instituciones internacionales, Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI).”

La principal lección de este primer apartado es que el acaparamiento del agua se ha operacionalizado en nuestro país en tanto que los bienes públicos funcionan como un objeto más —producto de la comercialización— en nuestra economía, aquello a lo que se ha denominado commodity. El poder ejecutivo, en sus distintos órdenes (federal, estatal y municipal), ha permitido, mediante la explotación de estos bienes (agua, tierra, metales) utilizando la figura de la concesión, supeditado tal vez a la promesa de la inversión extranjera o del Tratado de Libre Comercio.

La comoditización del bien público

¿Por qué se está volviendo común el acaparamiento del agua y de otros bienes públicos? Aunque nuestras aguas y tierras se encuentran resguardadas por el artículo 27 de la Constitución y son propiedad de la nación, la realidad es que el bien público juega como un commodity, es decir, un producto objeto de comercialización.

Rivero Villaverde explica: “A partir de una serie de reformas en 1999 en Estados Unidos se permite que los actores financieros puedan especular con semillas o con alimentos, los vuelve literalmente un commodity, lo que hace este sistema es volverlos una mercancía especulativa”.

Aunque en la cita anterior de Rivero se refiere específicamente a semillas y alimentos, la realidad es que un sinfín de bienes públicos han adquirido el carácter de commodity, como el agua y los metales. Esto significa que esta mercancía especulativa funciona en una especie de economía de casino, similar a una bolsa de valores, en donde se puede “apostar” a que estos bienes suban o bajen como si fueran acciones.

Lo anterior se ha visto desde 2019 en las concesiones para la explotación del agua que diversos bancos han acaparado. Fuentes como La Jornada o La Izquierda Diario han cubierto estos hechos desde 2022, año en que se comenzó a visibilizar que bancos como BBVA, Santander, Banorte o Azteca han comprado terrenos cerca de importantes cuerpos de agua o han ido directamente por concesiones para su explotación.

¿Qué soluciones nos quedan hasta este punto? Pareciera que las administraciones públicas no operaran para garantizar el bienestar, en tanto permiten que estas grandes corporaciones exploten bienes que nos pertenecen a todos. Hasta aquí, parece que el único camino es la organización y el sabotaje, tal y como lo hicieron los pueblos del CNI en aquella histórica toma de la planta de Bonafont. No obstante, también es necesario reconocer que la figura o acción pública que ha permitido que esto suceda es la concesión.

La concesión del bien público

La concesión se constituye como una práctica en la que el gobierno presta la explotación del uso de algún bien público. Aunque es necesaria para la prestación de algunos servicios, en esencia contraviene la razón de ser de las administraciones públicas. Mientras la administración pública busca garantizar el bienestar social, la empresa privada busca únicamente la ganancia y el aumento de su capital.

Ante la inactividad o la operación de las administraciones en favor de los entes privados, ¿qué nos queda? Tal vez otra forma de organización: la toma de decisiones de forma horizontal, como lo han hecho las comunidades cholultecas, poblaciones como Cherán, Michoacán o los Caracoles Zapatistas en Chiapas.

Tal vez la lección principal sea que otros mundos son posibles. Frente a estas palabras que pretenden señalar lecciones, no hay lección más grande que la organización y la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Sin embargo, mientras el poder público no regule a las grandes corporaciones transnacionales, éstas seguirán al acecho de los bienes públicos como nuestra agua, nuestra tierra y nuestra naturaleza.