Miles de conductores y repartidores sostienen diariamente la operación de plataformas digitales como Uber y DiDi. Aunque estas empresas los clasifican como trabajadores independientes, en la práctica ejercen subordinación y control sobre elementos centrales de la relación laboral: fijan tarifas, determinan rutas, aplican sanciones y evalúan el desempeño. El vínculo laboral es, en los hechos, evidente.

Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2024, las plataformas digitales de servicios están obligadas a reconocer esta relación laboral mediante el registro de los conductores y repartidores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta obligación implica acceso a atención médica, incapacidades, pensiones y seguros por riesgos de trabajo para quienes superen el umbral de un salario mínimo.

Sin embargo, este reconocimiento legal no se ha traducido en la práctica. Muchos trabajadores han observado retenciones de ingresos sin explicación, continúan operando sin acceso efectivo a la seguridad social y enfrentan decisiones tomadas por algoritmos opacos que determinan sus condiciones de trabajo sin posibilidad de cuestionarlas. Cada uno de estos hechos constituye una violación a sus derechos laborales.

En este contexto, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), a través de la Clínica de Litigio Estratégico de Tlatelolco Lab, ofrece información y acompañamiento a quienes enfrentan estas irregularidades. El objetivo es documentar casos de incumplimiento, impulsar acciones legales colectivas, promover reformas legales que fortalezcan la protección laboral y exigir que las plataformas digitales cumplan plenamente con sus obligaciones