La coacción, el reparto de despensas, así como la violencia e intimidación se hicieron presentes en la jornada electoral del pasado 5 de junio en todos los estados donde hubo elecciones. Esto fue documentado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia Justicia y Sociedad (PUEDJS-UNAM), que se dió a la tarea de brindar asesoría jurídica gratuita a los ciudadanos durante la Jornada electoral de este domingo.

Mediante dos plataformas públicas de denuncia sobre posibles delitos e irregularidades electorales (https://puedjs.unam.mx/reporte-denuncia- convencional/) que se pusieron a la disposición de las y los ciudadanos, el PUEDJS-UNAM recopiló 88 denuncias provenientes de los seis estados donde hubo elecciones. Los reportes revelan que diversas estructuras de poder actuaron contra la ciudadanía para coaccionar o amenazar con impedir su voto libre y secreto, siendo los partidos políticos uno de los actores más señalados.

El PAN obtuvo la mayoría de denuncias, con 73, seguido de MORENA con 11, el PRI con 3 y el PVEM con una denuncia. Desde Aguascalientes se reportaron 14 posibles delitos; en Quintana Roo 7; Tamaulipas tuvo la mayoría de reportes con 34; Durango con 15, Hidalgo 8 y Oaxaca 9. Gran parte de las denuncias testificaron sobre la intención de compra de votos y amenazas a la integridad física, siendo el primero el delito más recurrente durante la jornada en todos los estados.

En el caso de Aguascalientes por ejemplo, se denunció el excesivo gasto de campaña, la entrega de despensas, las amenazas a funcionarios públicos e intimidación a periodistas. La mayor cantidad de denuncias registradas fueron contra el Partido Acción Nacional (PAN), que sin embargo obtuvo la victoria con una participación electoral del 45.99% del padrón en dicho estado. Por otro lado, en Tamaulipas se reportaron denuncias de intimidación policíaca y compra de votos que no impidieron que el 53.31% de los electores saliera a ejercer su voto, siendo MORENA el partido ganador.

Desde Oaxaca se denunció que no se instalaron todas las casillas además del cierre y quema de algunas de estas; lo que posiblemente derivó en una baja participación con tan solo el 38.01% del padrón. Al igual que en Aguascalientes, en Durango fue común la venta de despensas, la promoción de partidos en plena en veda electoral y las amenazas a militantes de MORENA, a pesar de ello se alcanzó casi la mitad de participación del electorado con el 49.95%. En Hidalgo circularon videos que exhibían la fotocopia de boletas y hubo también reportes de intimidación a diversos simpatizantes, lo que generó cierta zozobra y denuncias por parte de actores políticos; a pesar de ello la participación alcanzó 47.6% del padrón. Por último, en Quintana Roo, se denunció la recolección de credenciales para votar y otras anomalías que posiblemente influyeron en el bajo porcentaje de votación, de alrededor de 40.45 %.

Aunque actores políticos y medios insisten en mostrar que la jornada fue pacífica y participativa, estos datos nos muestran que en realidad siguen presentes prácticas antidemocráticas que afectan el desarrollo libre y auténtico de los procesos electorales. A diferencia de lo que señalan ciertos actores acerca de que los eventos fueron focalizados en algunos estados, vemos que las prácticas antidemocráticas son generalizadas y las emplean todos los partidos. Por lo que es vital generar espacios de crítica abiertos y plurales que permitan reconocer cuáles son las tareas pendientes de una sociedad que haga de la democracia la principal herramienta para la organización de los intereses comunes.

La posibilidad de abrir espacios de denuncia ciudadana públicos que estén al alcance inmediato de la sociedad, fortalece el derecho a la expresión y a la participación en temas de interés colectivo. Por ello desde el PUEDJS se acompañará el proceso de denuncia en las fiscalías y se elaborará un reporte final sobre las condiciones en que se dio seguimiento a los procesos en cada estado. Desde la UNAM se considera necesario por un lado denunciar las prácticas antidemocráticas pero también fortalecer la democracia participativa y con ello la defensa de la voluntad popular en las urnas y el territorio.