Mi historia ocurrió en el Estado de México. Denuncié violencia familiar después de años de maltrato. Me costó muchísimo reunir el valor para acudir al Ministerio Público, y cuando lo hice, esperaba comprensión, atención, una mano que me ayudara a salir de ese ciclo. Pero lo que encontré fue un sistema frío, distante, que parecía más preocupado por cerrar el expediente que por mi seguridad.

Cuando llegué al juzgado de control para la audiencia inicial, me sentaron en una sala donde nadie me dirigía la palabra. La jueza entró, leyó unos papeles y no me permitió hablar más de tres minutos. Mi agresor negó todo, y la jueza lo dejó en libertad condicional. No se me explicó qué medidas tenía yo para protegerme, ni cómo funcionaba el seguimiento. Salí sola, con miedo, y sin saber a quién acudir.

Durante meses tuve que buscar asesoría en colectivos de mujeres, porque el sistema no me ofrecía apoyo real. Gracias a esas redes de apoyo, logré obtener una orden de protección posterior, pero no por la vía judicial, sino por la presión externa.

Mi caso me hizo ver que necesitamos cambios necesarios en la Justicia de nuestro país. Desde la capacitación de jueces hasta la atención primaria en los Ministerios Públicos. Las víctimas de violencia no pueden ser tratadas como simples denunciantes. Somos personas que llegamos rotas y necesitamos una justicia que no solo aplique la ley, sino que nos acompañe a sanar. La justicia en México no puede seguir siendo un privilegio para unos pocos.

Vivo en las Montañas del Norte de Chiapas. En mi comunidad indígena, tenemos nuestras propias formas de resolver los conflictos. Cuando se trata de problemas menores, acudimos a los acuerdos tradicionales: el diálogo, la palabra de los mayores, y la búsqueda del equilibrio entre las personas. Así lo hemos hecho desde siempre.

Sin embargo, hace dos años ocurrió algo diferente. Un caso de violencia familiar nos llevó a buscar apoyo fuera de nuestra estructura comunitaria. Por la gravedad del asunto, fue necesario acudir al Poder Judicial.

Fue la primera vez que muchos de nosotros pisamos un juzgado. La mayoría no hablaba bien el español, y, para nuestra sorpresa, no había un traductor que hablara nuestra lengua. Tuvimos que recurrir a un joven de la comunidad que, con esfuerzo, podía comunicarse en ambos idiomas. Fue una situación tensa y confusa para todos.

A pesar de esas dificultades, lo que ocurrió después nos marcó profundamente. La jueza que atendió el caso no solo escuchó con atención, sino que también buscó comprender el contexto cultural de nuestra comunidad. En lugar de imponer una solución ajena, propuso coordinarse con nuestra asamblea para encontrar una salida que respetara nuestras costumbres, pero que al mismo tiempo garantizara la seguridad y dignidad de la víctima.

Ese gesto de apertura fue muy significativo para nosotros. Nos mostró que la justicia también puede escuchar, dialogar y adaptarse. Que no todo tiene que decidirse desde un escritorio, lejos de la realidad de los pueblos. Comprendimos que hay distintas formas de ejercer la justicia, y que todas merecen ser respetadas y tomadas en cuenta.

Desde entonces, creemos que es posible construir puentes entre la justicia estatal y la justicia comunitaria. Porque al final, lo que importa es el bienestar de las personas y el respeto a nuestra forma de vida.

Aunque ya pasó tiempo, me gustaría contar brevemente mi historia. Durante más de doce años trabajé como técnico en una empresa de telecomunicaciones. Era un empleo estable, con un salario decente y prestaciones. Nunca tuve una queja, nunca falté sin motivo. Un lunes, sin previo aviso, me llamaron a una oficina y me dijeron que mi contrato había terminado. No hubo explicación, solo un documento que se negaron a firmar cuando pedí detalles. Me pidieron que entregara mi gafete y me retirara. Así, sin más.
Al principio pensé que todo sería cuestión de aclarar el malentendido. Fui a Recursos Humanos, pedí una carta de despido o una liquidación conforme a la ley. Me dieron largas. Luego supe que no me registraban como trabajador formal en el Seguro Social. Esa fue la primera de muchas sorpresas, afortunadamente nunca utilicé el Seguro.
Decidí acudir al Poder Judicial para interponer una demanda por despido injustificado. Fue mi primera vez en un tribunal laboral y la experiencia fue confusa. Había poca orientación y mucho lenguaje técnico. Nadie explicaba los pasos, y el proceso parecía diseñado para desanimar.
La empresa mintió en las audiencias. Afirmaron que yo había renunciado voluntariamente. Llevaron testigos que dijeron no conocerme. Me sentí completamente impotente. La primera jueza fue fría, distante, y apenas miraba mis pruebas. Pensé que no tenía posibilidades.
Pero resistí. Me asesoré mejor, reuní más evidencia, y en una audiencia distinta, con otro juez, sentí por primera vez que alguien me escuchaba. Finalmente, tras casi dos años, obtuve una sentencia favorable. Me dieron una indemnización justa, pero más que eso, sentí que se había reconocido mi dignidad como trabajador.
Hoy creo que el Poder Judicial tiene un papel clave en defender los derechos laborales, pero aún está muy lejos de ser accesible para todos. Si yo no hubiera tenido ciertos conocimientos y apoyo de mi familia, no habría podido mantener la demanda tanto tiempo. La justicia no debe depender de la paciencia ni del privilegio de poder esperar.

Pensé que quedarme sin trabajo después de alzar la voz contra un acoso laboral era lo peor que me había pasado. Tenía 24 años cuando fui víctima de acoso laboral. Decidí denunciar. Pensé que todo sería rápido porque tenía pruebas, testigos y la verdad de mi lado. Pero pronto aprendí que tener la razón no siempre es suficiente.

Durante el proceso, viví el desgaste emocional más fuerte de mi vida. Cada audiencia era una revictimización. El abogado del agresor buscaba minimizar lo que viví, y en ocasiones el juez parecía más atento a tecnicismos que a mi testimonio, con un lenguaje muy simple.

Lo más difícil fue cuando uno de los testigos se echó para atrás por miedo. Sentí que todo se desmoronaba. Pero mi abogada que era una defensora pública comprometida, me ayudó a seguir y me hizo sentir acompañado.

Ganamos. El agresor fue sancionado, y eso me dio algo de paz. Pero sobre todo, aprendí que la justicia no es solo lo que se dicta en una sentencia: también está en no guardar silencio, en resistir, en no ceder.

Mi historia con el Poder Judicial comenzó en el momento más difícil de mi vida: cuando decidí demandar al padre de mi hijo por pensión alimenticia. Pensé que el proceso sería claro, rápido y justo. Después de todo, la ley está de nuestro lado, ¿no? Lo que no sabía era que emprender ese camino implicaba más que llenar formularios: implicaba paciencia, fuerza emocional y una fe que por momentos sentí perder.

Desde el inicio, me enfrenté a la lentitud. Cada audiencia se programaba con meses de diferencia. Las notificaciones no llegaban a tiempo. El padre de mi hijo simplemente no se presentaba, y cada ausencia significaba volver a empezar. En más de una ocasión, me pregunté si todo esto valía la pena.

Lo más frustrante fue sentirme como un número más. En una de las audiencias, el juez apenas me miró. Su lenguaje era técnico, frío, como si las necesidades de un niño fueran parte de una ecuación legal más que una urgencia humana. Me sentí sola. Invisible.

Pero también hubo un momento que me devolvió algo de esperanza. Una trabajadora social del juzgado me escuchó de verdad. Se tomó el tiempo de explicarme el proceso con palabras claras, humanas. Me hizo sentir que mi caso importaba. Esa fue una pequeña luz en medio del laberinto.

Después de más de un año, obtuvimos una resolución favorable. Pero el desgaste emocional fue enorme. Lo que más cambiaría del Poder Judicial es su cercanía con la gente. La justicia no solo debería hacerse, también debería sentirse. Que quienes pasan por ahí, como yo, puedan salir con la sensación de que fueron escuchados, comprendidos y tratados con respeto.

Contar esta historia no me quita el cansancio, pero sí me recuerda por qué decidí no rendirme: porque cada historia merece justicia, no solo sentencia.

Me llamo Jonathan y tengo 29 años. Soy repartidor en una moto que compré a pagos. Un día, mientras entregaba comida en el centro, me detuvieron unos policías. Dijeron que coincidía con la descripción de alguien que había robado un celular. Yo no tenía nada que ver, pero me subieron a la patrulla como si fuera un criminal.

No me dejaron llamar a mi familia. Estuve 36 horas detenido sin saber bien por qué. Me pusieron a disposición del Ministerio Público y ahí empezó un proceso que parecía una máquina que no se detiene, aunque seas inocente.

Me asignaron un defensor de oficio que apenas me conocía. La víctima no me reconoció, pero el juez consideró que había "indicios suficientes" para vincularme a proceso. Estuve casi 5 meses en prisión preventiva por algo que no hice. Perdí el trabajo, la moto y casi la cabeza.

En prisión vi a muchos como yo. Jóvenes, pobres, sin estudios. Personas que cayeron en la cárcel no por lo que hicieron, sino por lo que representaban. En este país, si eres pobre, pareces culpable por default.

Cuando por fin se cayó el caso y me liberaron, no hubo disculpas, no hubo compensación. Solo salí con el miedo de que pudiera pasarme otra vez.

El Poder Judicial necesita cambiar. No puede seguir siendo un sistema que castiga la pobreza y absuelve el privilegio. La justicia debería ser igual para todos, no solo para quienes pueden pagarla.

Hoy trato de rehacer mi vida, pero la desconfianza ya se me quedó pegada en la piel. No fui condenado, pero me sentí sentenciado desde el primer día.