Resultaría motivo de un tratado completo enumerar todas las acciones valientes de los gobiernos posrevolucionarios. Baste citar, en el ámbito mundial, el establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética; la denodada defensa de Etiopía ante la invasión de Italia en el seno de la Sociedad de Naciones; la declaratoria de guerra a las naciones del Eje; la defensa de la República Española y el asilo concedido a cientos de españoles republicanos y su traslado a nuestro territorio; el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Democrática de Vietnam y con la República Popular China y reconocer que Taiwán es parte integral de ese país y que al gobierno de China, no a Taiwán, correspondía ocupar el asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otros.

Al nivel regional, México brindó su solidaridad a los movimientos emancipadores en nuestra América, particularmente en los casos de Guatemala, Cuba, Chile y Nicaragua; la clara condena al derrocamiento de los presidentes Jacobo Arbenz en Guatemala y de Salvador Allende  Gossens de Chile ; la defensa de las revoluciones de Cuba y Nicaragua, asediadas por los Estados Unidos de América y sus vecinos geográficos, temerosos de un “contagio” revolucionario y, la política de asilo a los perseguidos políticos por los regímenes de derecha, particularmente las dictaduras militares que agobiaron a muchas de las naciones de América Latina y el Caribe, fundamentalmente en el siglo pasado.

Hay matices en estas defensas del derecho a la autodeterminación, por ejemplo, en el caso de Cuba, en el que si bien defendimos el derecho a darse el régimen que más ajustara a sus aspiraciones nacionales, en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Punta del Este, Uruguay, en enero de 1962, México planteó la existencia de una “incompatibilidad” entre el marxismo leninismo y la democracia que la OEA dice defender. Cuba fue expulsada de la organización y México mantuvo sus relaciones de manera ininterrumpida con la isla.

El caso del Golpe de Estado en Chile al Doctor Salvador Allende Gossens, llevó a México a acciones que incluyeron un asilo masivo a perseguidos políticos y, al llegar a territorio mexicano el último de los asilados, el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez ordenó el rompimiento relaciones diplomáticas con el régimen de Augusto Pinochet (en ese año de 1973 y se reanudaron 14 años después).

México había roto sus vínculos diplomáticos en años anteriores: con Guatemala, en 1958, por un ataque armado del ejército de ese país en contra de pescadores mexicanos; con República Dominicana en 1969, mandatado por la VI Reunión de Consulta de la OEA y con Nicaragua, en mayo de 1979, en el desarrollo de la Revolución Sandinista, por las violaciones a derechos humanos del dictador Anastasio Somoza Debayle.

También, defendió con decisión el triunfo de la Revolución Sandinista frente a los intentos de los Estados Unidos de desconocerlo e involucrar a la OEA en una salida que nada tenía que ver con la lucha armada del pueblo nicaragüense. Auspició salidas negociadas a los movimientos armados revolucionarios de El Salvador, Guatemala y Colombia.

Fue precisamente con la irrupción de los políticos neoliberales en la jefatura del Estado, primero de manera tímida y después abierta y sin rubor alguno, que el gobierno mexicano fue acercándonos a las políticas estadounidenses en materia económica y comercial y, desde luego, en materia ideológica. Este cambio fue apenas perceptible en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, gobierno del que hay que destacar solamente que los principios históricos de política exterior se inscribieron en la Constitución Política.

Esto luego fue evidente y brutal en el de Carlos Salinas de Gortari, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que no se salvaguardaron a fondo los intereses nacionales de México, como si no los tuviera, y de allí, se desató un verdadero maratón de firma de estos tratados con muchos países y regiones del mundo, dándole al comercio el espacio central de la política exterior.

A Salinas de Gortari, reconocido como el “padre del neoliberalismo en México”, le siguió Ernesto Zedillo Ponce de León, un gris economista neoliberal, que continuó lo iniciado por Salinas de Gortari, sin cambiar una coma a las políticas recomendadas por el Consenso de Washington, y agregó en política exterior hacia la región, los términos de cooperación técnica y científica horizontal, que en adelante se usarían para favorecer a empresas mexicanas que se instalaron en el área. El acercamiento ideológico con EEUU siguió creciendo. Blandiendo la bandera de un cambio deseado por la ciudadanía y terminar con la muy prolongada presencia del PRI en la presidencia, llegó Vicente Fox Quesada, un empresario poco exitoso, presidente de Coca-Cola en México, cuyo gobierno pasó con pena y sin gloria, por las constantes metidas de pata de él y de su administración.

En lo internacional, más de lo mismo, es decir, el comercio era la política exterior y la vergüenza del exabrupto con el presidente Fidel Castro Ruz (el “comes y te vas”), en una reunión convocada por las Naciones Unidas en la que México brindó los sitios de reunión. Y todo este vergonzoso hecho, para no incomodar al presidente George W. Bush con la presencia del jefe de Estado de Cuba, repito, en una reunión convocada por la ONU.

En la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, puso primero a un secretario que en su currículo tenía el haber sido miembro del Partido Comunista Mexicano (Jorge Castañeda Gutman, hijo del gran Canciller Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa), quien hacía mucho tiempo había abandonado esa ideología, y que creyó que haciéndose amigo del general Collin Powell, Secretario de Estado norteamericano, iba a resolver el problema de la migración mexicana a Estados Unidos (lo que llamó “la enchilada completa”), pero que fracasó estruendosamente, por lo que tuvo que renunciar y, luego, Fox nombró a un desorientado e incompetente secretario, Luis Ernesto Derbez, que gastó recursos y energías tratando de ser el secretario general de la OEA, como si esa posición fuera más importante que ser el Canciller de México.

En esta etapa, “intelectuales” y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuestionaban abiertamente el que se mantuvieran los principios de política exterior, soslayando el origen histórico de su observancia. Sugerían que su aplicación no fuera obligatoria, sino casuística.

Mediante un fraude a López Obrador, apoyado desde luego por Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa llegó a la presidencia de México. Esta falta de legitimidad lo llevó a cometer errores graves y peligrosos para la seguridad nacional, pues declaró la guerra al crimen organizado, decisión que costó a México decenas de miles de muertos y desplazados y, sin reparar en las consecuencias, comprometió al país en la Iniciativa Mérida, un mecanismo ideado por Estados Unidos, así se dijo, “para acabar con el tráfico de drogas a su territorio”.

Por más que se insistió ante Calderón Hinojosa en que la vía armada no era la correcta, y que no era prudente aceptar ese plan estadounidense, pues la contraparte no desalentaba el consumo de estupefacientes exitosamente, no controlaba el trasiego de armas y dinero, así como que en ese escenario México pondría los muertos y la descomposición social, firmó no solamente ese mecanismo, sino que autorizó el ingreso de miles de armas a nuestro territorio atendiendo un plan estadounidense llamado “Rápido y Furioso” para identificar el destino de las mismas al estar en territorio de México. Esta última acción puede considerarse como traición a la patria, pues con esas armas perdieron la vida, y siguen perdiéndola, miles de mexicanos.

Lo más grave respecto del sexenio de Calderón Hinojosa ocurrió más recientemente, ya durante el gobierno de López Obrador, cuando quien fue Secretario de Seguridad Pública de Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, fue detenido por la agencia antidrogas estadounidense y se encuentra en Estados Unidos, esperando juicio, acusado de asociación con cárteles de la droga. Contra viento y marea Calderón mantuvo en el cargo a García Luna. Además, en más de una ocasión, ese presidente panista, declaró que México era “aliado” de los Estados Unidos, sin reparar en las consecuencias que pudo haber tenido semejante afirmación para nuestra Seguridad Nacional.

Los dos gobernantes panistas neoliberales abrieron las puertas de manera irrestricta a agentes de varias agencias de seguridad nacional de los Estados Unidos, que llegaron a participar en operativos militares, portando armas, y se sabe que tenían oficinas en los Estados Mayores de las secretarías de Defensa Nacional y de Marina-Armada de México. Al término del mandato de Calderón, nuevamente mediante delitos electorales, llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto, del PRI. Este gobernante fue el que llevó más lejos la subordinación de México a la política de los Estados Unidos.

En efecto, tuvo varios secretarios de Relaciones Exteriores de pertenencia partidista diferente: José Antonio Meade Kuribreña, de procedencia panista; Claudia Ruíz Massieu, del propio PRI y Luis Videgaray Caso, “priísta de última hora”, todos ellos identificados con la derecha y desde luego, notorios neoliberales desde su formación académica. Los dos primeros mantuvieron una actitud discreta en materia de su encargo, aunque muy cerca de Estados Unidos, pero el tercero, Videgaray Caso, evidenció que era el momento de quitarse las máscaras, sobre todo en temas regionales, buscando asociarse aún más con los Estados Unidos.

Los ataques y sanciones impuestas por Estados Unidos y países de la Unión Europea, así como por naciones vecinas al gobierno de Venezuela, fue el campo propicio escogido por la administración de Peña Nieto para mostrar su posición respecto de países de izquierda latinoamericanos.

México se sumó al llamado Grupo de Lima, creado en agosto de 2017 y conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú (al que se sumaron también posteriormente Guyana Haití, Santa Lucía y Bolivia, este último país durante el gobierno golpista de Jeanine Añez), dedicado a atacar a Venezuela, imponiéndole sanciones. Videgaray se unió al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, un rabioso esbirro de Estados Unidos, promoviendo en el marco de la Asamblea General de la OEA celebrada en Cancún en agosto de 2017, la aprobación de una resolución más de condena al régimen venezolano y que fue rechazada. El gobierno de Peña Nieto, aplicó sanciones económicas y financieras y prohibió la exportación de alimentos a Venezuela.

Todo este vergonzoso escenario ha cambiado desde diciembre de 2018. El nuevo presidente mexicano anunció el retorno al respeto de la Constitución que establece la obligación del jefe de Estado de guiar su actuar internacional observando los principios constitucionales. Estos principios lo son también del Derecho Internacional Público y están asentados en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

A la toma de posesión de AMLO asistieron representantes de muchos países, entre ellos, Estados Unidos con el vicepresidente Mike Pence y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, para solamente resaltar la presencia de estos representantes de Estados confrontados. Con toda la oposición política en contra, AMLO realizó una visita oficial a Washington, invitado por el entonces presidente Donald Trump, para la firma del nuevo tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos.

En esta ocasión, el presidente Trump, fue verdaderamente prolífico en elogios al mandatario mexicano y López Obrador, sin dejar de recordar ofensas del pasado, agradeció a Trump las muestras de respeto hacia México. Frente a las últimas elecciones en EEUU, López Obrador mantuvo una actitud respetuosa hacia ese proceso político interno y, cuando la oposición le exigía felicitar y “reconocer” el triunfo del actual mandatario, el jefe de Estado mexicano hizo lo correcto: esperar que los procedimientos legales internos de los Estados Unidos declararan a Joe Biden presidente electo, para felicitarlo.

Fue impresionante observar la cantidad de voces que auguraban relaciones muy tensas con la nueva administración estadounidense y que, hasta ahora, no ha ocurrido. Por el contrario, hay una relación de cooperación muy estrecha. Una vez más, se equivocaron y los vínculos marchan bien… Uno de los temas de controversia que veían los opositores, era el de la migración indocumentada hacia territorio de los EEUU e incluso allí hay una buena cooperación y entendimiento, partiendo de la base de la visión de AMLO de las causas que llevan a mexicanos y centroamericanos, principalmente del llamado Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), a abandonar sus países de origen en busca de una vida mejor.

Y conociendo las causas, había que actuar en consecuencia: México donó tres millones de dólares a estos tres países para atemperar las causas de la migración e invitó a los Estados Unidos a hacer su parte, con inversiones significativas que, el presidente Biden ha dicho, hará en breve. Además, está asesorando en la implementación del programa “Sembrando Vida” en estos países, programa que tiene éxito en territorio mexicano.

El presidente López Obrador se entrevistará este mes de junio, en territorio mexicano, con la Vicepresidente Kamala Harris, designada por Biden para atender el problema de la migración indocumentada. Constatamos la nuevamente buena dirección de la política exterior con: