El pasado miércoles 2 de marzo del año en curso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó un tweet crítico hacia el presidente salvadoreño Nayib Bukele y la politica de seguridad que éste ha diseñado contra las pandillas que han asolado al país centro americano en las últimas cuatro décadas. La crítica fue motivada por la reciente inauguración de un mega-complejo carcelario que constituye el emblema de la politica impuesta por Bukele.

Las críticas de Petro pueden entenderse si estamos de acuerdo en que la inauguracion del complejo penitenciario, al que se le ha denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo, constituye la entrada definitiva de Latinoamérica a los regímenes carcelarios que se imponen desde el norte global en el capitalismo tardío. La mega cárcel, construida en una zona rural cercana a Tecoluca, a 74 kilómetros de San Salvador, en un perímetro de 166 hectáreas, está diseñada para albergar 40.000 presos, cuenta con sofisticados sistemas de vigilancia y el complejo administrativo está diseñado para que la población carcelaria realice hasta el más mínimo de los trámites judiciales sin tener contacto con el exterior; también, la condena a 1,310 años de cárcel a Wilmer Segovia y de 945 años a Miguel Ángel Portillo, miembros de la Mara Salvatrucha sindicados de múltiples crímenes, mientras el fiscal general Miguel Delgado declaraba que esa era una muestra de que los pandilleros “no van a salir” de las cárceles, evidencian la intención del un sistema comprometido con aprisionar de por vida a miles de jóvenes salvadoreños.   

Bukele ha inaugurado un sistema carcelario punitivista que violando los derechos humanos busca explotar laboralmente y castigar en el máximo posible a toda su población carcelaria. Entendida la cárcel como negocio, los presos tendrán que trabajar en las condiciones que les sean impuestas, para los grupos empresariales que les sean determinados y desde ya tienen que pagar, ellos o sus familiares, su estadía en la prisión, su alimentación y sus avituallamientos. Bukele ha extremado las medidas punitivas, el encierro de miles de jóvenes catalogados de terroristas y la violacion de derechos humanos porque, luego de décadas de fracasos económicos inducidos, de la profundización de la violencia y del asedio a la política, la lógica basada en el miedo social ha conducido a que sus políticas tengan niveles de aprobación por encima del 80%; en este contexto, Bukele da por segura su reelección en el 2024.

El modelo de Bukele es otra muestra de la creciente presencia del neofascismo en América latina, donde la política ha sido sometida a un incesante asedio; en el Salvador, el autoritarismo se impone luego de décadas de dictaduras y de que la posguerra civil acentúa el dominio norteamericano, el mantenimiento de los privilegios de las élites, el fracaso económico, la violencia estructural y la corrupción, mientras se ha dado una débil y cuestionada gestión de los partidos de izquierda que estuvieron aglutinados en la guerrilla del Frente Farabundo Martí, durante la guerra civil de los años 80. 

El aparente éxito político de Bukele muestra la actualidad de la tesis del teórico fascista Carl Schmitt quien sostenía la necesidad de crear un enemigo interno como condición de existencia de un estado autoritario. En el Salvador el enemigo interno está conformado por los cientos de miles de jóvenes de los estratos marginalizados que no han tenido un lugar en la economía ni en la política salvadoreña desde antes de la guerra civil de los años ochenta; miles de ellos, migrantes hacia los Estados Unidos, iletrados, hijos de la guerra y de familias en descomposición, tampoco encontraron un lugar decente en la economía norteamericana y terminaron construyendo pandillas que funcionan como empresas criminales transnacionales, dedicadas al crimen en un contexto del neoliberalismo que a nivel continental profundizó el neocolonialismo, el narcotráfico, el contrabando de armas y la violencia social.

El discurso de Bukele y de varios de sus seguidores es desembozadamente fascista: los jóvenes prisioneros, muchos de los cuales no han cumplido ni siquiera la mayoría de edad, son retratados como victimarios que no merecen ningún trato humanitario. Renuente a toda explicación estructural, según Bukele, el nuevo complejo carcelario representa el fin de los “privilegios” que tenían los pandilleros en un sistema anterior que les permitía acceder a “prostitutas”, a “playstation”, a “drogas”, a “teléfonos”, y “computadoras”. Haciendo recaer sobre los pandilleros cualquier privilegio que resultaba de negociaciones propias de un sistema estructuralmente corrupto, la creación de su imagen como los enemigos internos, deja incólume y asegura los privilegios de un sector de las élites que se han nutrido por igual de la corrupción estructural del neoliberalismo. 

El enemigo interno le ha permitido a Bukele tomar el control de la asamblea y del aparato judicial, y ha conformado un nuevo modelo de dictadura en la que él y sus allegados son los únicos que toman las decisiones cruciales de una economía y una política que no da señales de distanciarse de las prácticas de la corrupción y del neocolonialismo. En medio del ambiente de guerra contra el enemigo interno, y en medio de permanentes medidas de excepción que ha permitido el encarcelamiento de decenas de miles de jóvenes, muchos de ellos probadamente inocentes,  el presidente ha logrado el control personal de los gastos públicos, sin control judicial ni político, en medio de una campaña fuerte de construcción de obras financiadas con dinero público, exoneración de impuestos a las grandes fortunas del país, y empoderamiento del bitcoin que en el caso del Salvador facilita el lavado de dinero. 

La respuesta de Gustavo Petro a Bukele expresa su posición ante la experiencia colombiana, donde fue muy fructífero para las élites neoliberales nacionales y extranjeras el discurso fascista encargado de crear un enemigo interno. Sólo basta recordar que la guerra contra las FARC durante el período de Uribe, fue el mejor pretexto para impulsar una política de miedo, terror y represión legal e ilegal, que permitió justificar la reprimarización de la economía, el despojo de los pueblos y los territorios y meter a Colombia de lleno en la guerra privatizada transnacional, mientras las élites vinculadas a los negocios transnacionales legales e ilegales se enriquecían más. Algo similar a lo de Ecuador, donde la creación del correismo como enemigo interno permitió que se empoderaran élites mafiosas vinculadas al capital financiero transnacional.