El pasado 18 de febrero, en el marco de la llamada marcha por la democracia convocada por partidos políticos de la oposición, algunas organizaciones de la sociedad civil y líderes empresariales, Lorenzo Córdova Vianello -otrora consejero presidente del Instituto Nacional Electoral-, con voz “afectada” tomó el micrófono para lanzar una emotiva arenga en defensa de la democracia. Su discurso, en honor de la verdad y muy probablemente debido a las pifias cometidas durante las dos versiones previas de la manifestación, ha cobrado matices interesantes hasta hace poco tiempo inimaginables. 

En el contexto de un proceso electoral en el que el debate de las ideas ha sido reemplazado por una guerra sucia que exhibe ya un protagonismo alarmante y que dista mucho de la convivencia democrática, Córdova y sus patrocinadores, impelidos por la necesidad apremiante de hallar eco en una sociedad cada vez más recelosa a la que históricamente ellos mismos han desdeñado, transigen ahora con la idea de que las instituciones siempre sí son susceptibles de toqueteos, en tanto no se mancille el servicio que han prestado en la construcción de los valores democráticos en nuestro país.

Sin embargo, a juzgar por la manera como se ha configurado la clase política en México y por el evidente distanciamiento de los partidos políticos respecto de la sociedad y de sus demandas más apremiantes, la defensa que ahora endereza un Córdova Vianello de vestiduras rasgadas se emparenta más con la apología de un régimen aristocrático que con una democracia participativa, representativa, real y efectiva.

Lorenzo Córdova se apresura en reconocer que aún hay asignaturas pendientes, pero desliza la idea de que podría ser peor si se produce una reforma promovida por el presidente López Obrador, a lo que no duda en calificar como un retroceso hacia el autoritarismo. Los argumentos del ahora activista político “sin partido”, lucen teóricamente irreprochables si se los juzga a la luz de la sospechosa e insostenible ortodoxia de que existe una y no muchas democracias posibles.

A escala global, la democracia goza del apoyo mayoritario, de modo que el verdadero reto que la sociedad civil tiene delante de sí en este momento no consiste en indagar si la democracia constituye o no la mejor forma de gobierno posible, sino en responder, desde una postura ética, si el ejercicio de la ciudadanía reducido a su sola comparecencia en las urnas ha bastado para asegurar la inclusión de amplios segmentos de la sociedad en el pacto social del que se desprenden el Estado y las instituciones de gobierno. 

No hay que ir muy lejos en busca de una respuesta: al menos en México, las reglas de la democracia y el sistema de partidos no han procurado los espacios necesarios para alentar la participación ciudadana en la esfera pública, al contrario, han maniobrado mediante acuerdos cupulares en el sentido de reducir el margen de incidencia de la sociedad civil en la configuración y en la gestión de las instituciones de gobierno, así como respecto al diseño, ejecución y evaluación de la política pública.

El propio Joseph Stiglitz ha reconocido que, tras cuarenta años de neoliberalismo, el valor de la democracia está en entredicho como nunca, pues no sólo prevalecen dolorosas asimetrías económicas y políticas, sino que estas se han consolidado como la base sobre la cual se encumbran actualmente regímenes atravesados por la corrupción y la impunidad que han medrado cínicamente embozados tras el discurso de los valores democráticos.

Mal que nos pese, la democracia en México, en apego al libreto del neoliberalismo pergeñado sobre las tesis de Francis Fukuyama, se ha esgrimido desde los centros de poder político y económico como coartada retórica para justificar la hegemonía de una visión del Estado y del gobierno que, en aras de la libertad individual y el libre mercado, ha condenado a la indefensión a millones de mexicanos que hoy se debaten en la pobreza y en la imposibilidad de incidir en la agenda pública. Los intereses de las instituciones del gobierno y de la clase política que detenta su control desde una óptica patrimonialista, dejaron de coincidir hace mucho tiempo con los de una ciudadanía, que si bien fungió en su oportunidad como fuerza democratizadora, sirvió a la vez como subterfugio para prolongar la agonía de un régimen autoritario en profunda crisis desde la década de los ochenta en el siglo pasado.

La noción de democracia sin adjetivos a la que se refirió años atrás Enrique Krauze, en medio del delirio academicista de la transición democrática, es ahora enarbolada por un personaje que, durante su gestión al frente del INE, no dudó, por una parte, en hacer mofa de los pueblos originarios desestimando su derecho a disentir, y, por otro lado, en defender una serie de obscenos privilegios de la burocracia electoral con cargo al erario.

Adherirse de modo irreflexivo a esa postura implica renunciar al escrutinio de la realidad inmediata de México y del resto de América Latina, donde hemos vivido la democracia como un anhelo largamente postergado y no como un hecho irrefutable.

No. La corrupción, la impunidad, la injusticia, la iniquidad, la compra del voto, el uso clientelar de la voluntad ciudadana, la extorsión y el chantaje político que el sistema electoral reconoce como incipientes falencias no son sólo eso, sino taras gigantescas que en realidad impiden el ejercicio de la democracia y que obligan a repensar las posibilidades de esta a partir de otros abordajes, con formas de deliberación horizontales, de discusión y de toma de decisiones en ámbitos locales, de manera que, la irrupción de múltiples contrahegemonías actúe como mecanismo de inclusión y forme parte del devenir democrático sobre el cual erigir un mundo en el que haya cabida para la soberanía del pueblo, entendido como la suma de intereses en pro del del bienestar colectivo. 

Nunca más un México sin nosotros.