ISSN : 2992-7099

Las finanzas sub-nacionales en la 4T: el caso de Veracruz

Job Hernández Rodríguez

Job Hernández Rodríguez

Licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana. Maestro y Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Profesor en distintas instituciones de educación superior (UNAM, UAM, UACM y COLVER), donde ha impartido cursos de economía, ciencias políticas, estudios latinoamericanos y sociología. Autor de diversos artículos de investigación científica sobre economía y política en México y América Latina. Los más recientes son: “México: del neoliberalismo a la Cuarta Transformación”, publicado por la revista brasileña Crítica Marxista (IFCH-UNICAMP), y “La 4T: ¿Hacia una nueva transformación inconclusa?” incluido en el número 98 de la revista Argumentos, de la UAM-X.

20 marzo, 2024

La crisis de la deuda

Haciendo historia, fue Miguel Alemán el primero en dejar endeudado a Veracruz, con un monto de 3,505 millones de pesos. Su sucesor, Fidel Herrera, hizo que esta cifra pasara a 17,971 millones de pesos, como resultado, fundamentalmente, del ejercicio irresponsable del gasto y de mecanismos “novedosos” pero lesivos, como la bursatilización. La siguiente vuelta de tuerca en el endeudamiento de Veracruz fue durante el sexenio de Javier Duarte. La deuda bancaria y bursátil alcanzó un nuevo tope de 49,597 millones de pesos debido a la contratación de 24 créditos. A esto se sumó un pasivo circulante de 17,542 millones de pesos, integrado por cuentas por pagar a contratistas, proveedores y terceros institucionales (Barcelata, 2018, pág. 21).  

Al interior de esta situación destacó la deuda de la Universidad Veracruzana ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cercana a 3,000 millones de pesos por concepto de retención indebida del ISR. También el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) experimentó un riesgo de quebranto financiero por sumar 115,00 millones de pesos de déficit actuarial y una disminución drástica de su reserva técnica, que pasó de 6,000 a poco menos de 1,000 millones de pesos. 

Como consecuencia de todo esto, los indicadores de solvencia se deterioraron. Para 2016, las obligaciones financieras representaban 124.5 por ciento de las participaciones federales y el costo de la deuda pasó de 581.5 mdp en 2010 a 5,200 mdp en 2016, un monto diez veces mayor (Barcelata, 2018, pág. 28). Las calificadoras no tardaron en reducir la nota de Veracruz a un grado de riesgo de insolvencia fuerte.  

Finalmente, los efectos combinados de la crisis estructural y el default financiero ocasionaron un deterioro muy fuerte de los indicadores sociales. De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2020, pág. 14 Y 16), de 2008 a 2018 la pobreza moderada en Veracruz aumentó 9.8 por ciento pasando de 34.3 a 44.1 por ciento, lo que significó que más de 800 mil personas se sumaran a esta condición. La pobreza extrema también se incrementó, de 16.8 a 17.7 por ciento (80 mil personas más). En contrapartida, la población no pobre y no vulnerable disminuyó de 12.9 a 10.9 por ciento durante el periodo referido. Así, 61.8 por ciento de los veracruzanos -5.1 millones- estaba en situación de pobreza en 2018, lo que representaba 10.6 por ciento o un millón más que en 2008. 

 

Finanzas sanas y fuertes

Como podrá advertirse, la situación era poco menos que grave en el momento del cambio de estafeta en la gubernatura en 2018.  La Cuarta Transformación enfrentó en Veracruz una situación especialmente delicada. 

En consecuencia, se emprendió una política de reordenamiento, estabilización y saneamiento de las finanzas públicas de múltiples aristas, destinado a contener el nivel de endeudamiento, cumplir con los compromisos de pago más urgentes y  reforzar los ingresos propios. 

En primer lugar, se implementó una serie de medidas de austeridad dirigidas a limitar el gasto superfluo y ostentoso en la administración pública estatal. En lo que va del sexenio el gasto operativo pasó de 19,507 a 13,598 millones de pesos, lo que representa un ahorro de casi 6,000 millones de pesos o 30.29 por ciento (SEFIPLAN, 2022).

Por el lado de la recaudación, se puso en práctica una política de acercamiento y  mejoría de los servicios, con la finalidad de incrementar los ingresos propios. En términos reales se han recaudado 10,231 millones de pesos anuales entre 2019 y 2022 aún con la pandemia y la crisis de confianza derivada de las malas acciones de la administración Duarte. 

En el caso del Instituto de Pensiones (IPE), la reserva técnica pasó de 931.5 a 2,229 millones de pesos de 2016 a 2023. Además, se ha logrado contener el déficit del IPE hasta alcanzar un equilibrio de corto plazo en sus estados financieros, sobre todo por el incremento de los ingresos, que han pasado de 6,795 millones de pesos en 2018 a 9,492 mdp en 2022, lo que representa un aumento de 16 por ciento (SEFIPLAN, 2022). Con esto, se logró alejar el peligro de quiebra de una institución cuya situación era especialmente crítica al inicio del sexenio. 

Por el lado de la deuda, el gobierno afrontó los compromisos de pago heredados por las administraciones anteriores con diferentes actores. Así, para 2022 se habían pagado 12,950 millones de pesos por concepto de adeudos en créditos fiscales con el SAT, derivados de los impuestos no pagados durante el gobierno de Javier Duarte, entre los que destacan 3,325 mdp de la Universidad Veracruzana. En el mismo tenor, se han saldado 842 millones de pesos por diversos juicios y 2,563 mdp derivados de las controversias interpuestas por diversos ayuntamientos para reclamar los recursos que indebidamente se les retuvieron en 2015 y 2016 (SEFIPLAN, 2022).

En términos generales, la deuda total pasó de 87,207 millones de pesos en 2018 a 67,207 mdp en 2023, una reducción de 19,800 mdp o 22.7 por ciento. Al interior de esto, la deuda bancaria y otros pasivos disminuyeron de 59,654 mdp a 56,825, mientras que las cuentas de orden pasaron de 27,553 a 10,582 millones de pesos. En la misma dirección, los créditos de corto plazo han disminuido progresivamente, pasando de  4,788 millones de pesos en 2017 a cero en 2023, con lo que se alcanzó un presupuesto equilibrado (SEFIPLAN, 2023). 

La contención de la deuda mejoró la posición de Veracruz en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al pasar de un nivel de endeudamiento “en observación” a otro “sostenible y mostrar todos los indicadores del semáforo en verde desde el segundo trimestre de 2020.  

En la misma dirección, el reordenamiento financiero orientado a la disminución de la deuda y al incremento de los ingresos propios, así como al pago puntual de los compromisos contraídos con anterioridad y a la reducción del gasto operativo mediante la política de austeridad, ha repercutido en la mejoría de la percepción que sobre Veracruz tiene los inversionistas y otros agentes financieros, en un proceso continuo de recuperación de la confianza. En el caso de las calificadoras internacionales es indudable que las notas otorgadas han mejorado sensiblemente: en el caso de Moody’s, por ejemplo, la entidad pasó de la calificación B- en 2017 (con obligaciones consideradas especulativas y sujetas a un riesgo crediticio alto) a la A- en 2022 (con obligaciones de calidad intermedia-alta y con riesgo crediticio bajo). Así, de acuerdo con las calificadoras, actualmente Veracruz tiene una adecuada calidad crediticia y un riesgo moderado o bajo de incumplimiento de sus obligaciones, con perspectiva  de pasar en el corto plazo a las mejores posiciones existentes si se mantiene el rumbo, lo que permite acceder a crédito en condiciones más favorables y alienta la llegada de nuevas inversiones (SEFIPLAN, 2023). 

En los últimos meses, esta mejoría en las notas otorgadas por las calificadoras fue reforzada por una medida de inteligencia financiera: la contratación de un seguro ante el incremento sustancial de la tasa de interés que caracteriza a la economía mundial después de la pandemia. Para Veracruz dicho aumento en la tasa de interés tenía un efecto negativo considerable porque una buena parte de su deuda a largo plazo fue, precisamente, contratada por las pasadas administraciones a tasa variable. De los 19 créditos actuales, 15 están en esa condición, sumando 37,356 millones de pesos de un total de 48,156 mdp, lo que representa 77.5 por ciento del total. Las consecuencias de la política de incremento de la tasa de interés, seguida por el Banco de México con el objetivo de contener la inflación, hubieran sido catastróficas para las finanzas estatales. La contratación de la cobertura tipo Swap ante este eventualidad ha significado un ahorro de 1,040.52 millones de pesos hasta 2023 (SEFIPLAN, 2022).  

Todas estas medidas de saneamiento y fortalecimiento financiero han permitido a Veracruz una recuperación de sus niveles de inversión pública, después de afrontar una reducción en 2019 provocada por la crisis heredada. Así, para 2020 se volvió al nivel de 2018 cercano a los 9,000 mdp y para 2021 se alcanzaron los 11,000 mdp, de los cuales se destinó 65 por ciento a infraestructura y 24 por ciento a mejoramiento social. El monto de la inversión pública en 2021 fue el tercer mejor resultado en 16 años, un logro importante tomando en cuenta el estado en que se encontraban las finanzas públicas al inicio del sexenio.

En 2022 la inversión pública en el Estado fue equivalente a 3.47 por ciento del presupuesto total, mientras que el promedio para los países latinoamericanos es de 4.6 por ciento y los integrantes de la OCDE es de 7.7 por ciento.  Evidentemente hace falta un esfuerzo adicional de poco más de un punto porcentual para alcanzar el promedio latinoamericano. Como porcentaje del PIB, la inversión pública en Veracruz fue de 1.14 por ciento en 2022, cercana al 1.6 por ciento del promedio latinoamericano, aunque algo más lejana del 3.1 por ciento de los países de la OCDE.  De acuerdo con esto, un objetivo alcanzable a corto plazo sería estar en el promedio de los países de América Latina y el Caribe, equivalente a 11,800 millones de pesos. Y un objetivo a largo plazo será tener un nivel de inversión similar al promedio en la OCDE, equivalente a 22,800 millones de pesos, lo que implica duplicar el monto actual.

En resumen es incontrovertible que, con las medidas tomadas a partir de 2018, las finanzas veracruzanas entraron en una etapa de reordenamiento y estabilización que posibilitó el aumento de los niveles de inversión pública.  Si se continúa por este camino, será posible alcanzar los niveles óptimos requeridos para modernizar la infraestructura productiva y mejorar la calidad de los recursos humanos, dos elementos indispensables para detonar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los veracruzanos (que es el objetivo final de una política de finanzas sanas y fuertes). 

 

Referencias

Barcelata, H. (2018). Crisis y derrumbe de las finanzas públicas. Veracruz 2010-2016. Oficina de Programa de Gobierno.

Coneval. (10 de Septiembre de 2020). Informe de Pobreza y Evaluación 2020. CONEVAL. Obtenido de https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx

SEFIPLAN. (2022). Comparecencia 2021-2022. Cuarto Informe de Gobierno. SEFIPLAN.

SEFIPLAN. (2023). Comparecencia 2022-2023. Quinto Informe de Gobierno. SEFIPLAN.

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