Este escrito no pretende ser exhaustivo, pero busca presentar datos y establecer un relato objetivo, alejado de las pasiones políticas, con el fin de ayudar al lector a desmitificar la situación de la inseguridad en Ecuador.

La cuestión de la inseguridad ciudadana en este país es compleja y no se puede atribuir a un solo factor (Carrión, 2019). Desde la década de los ochenta, la percepción de seguridad en la región ha sido controvertida, se afirmaba que Ecuador era una “isla de paz” contrastante con la violencia en Colombia causada por narcotraficantes, paramilitares y conflictos internos, así como los conflictos en Perú, que excluían a Ecuador de esta violencia (Carrión, 2018).

Sin embargo, aquella percepción no era del todo precisa, en la década de los 2000, ciudades como Manta enfrentaron niveles elevados de criminalidad. En 2009, se implementaron medidas específicas, como una ordenanza contra el uso de motocicletas por más de una persona, en un intento por controlar la violencia (Ceballos, 2024).  Durante esta década, Ecuador experimentó un proceso complejo que combinaba factores económicos, políticos y sociales.

Hacia 2010, y especialmente en 2015, se observó una disminución en las tasas de homicidio. Después de pocos años, Ecuador cerró el año 2014 con una tasa de homicidios de un solo dígito (8 casos) por cada 100 mil habitantes, luego de haber alcanzado 20 casos por cada 100 mil habitantes cinco años antes. Para 2015, se proyectó una cifra aún menor, y en 2017 se esperaba llegar a cinco casos por cada 100 mil habitantes (Ministerio de Gobierno, 2019).

Sin embargo, la violencia no desapareció por completo, aunque Ecuador se convirtió en uno de los países más seguros de América Latina según varias fuentes. En 2016, incluso la DEA condecoró al ministro José Serrano por los resultados en la lucha antidrogas (Barreto, 2021).

La presencia de bases militares, como la de Manta, no garantizaba la seguridad, sino que reflejaba una situación más compleja, incluso se indicó que varios barcos de bandera ecuatoriana fueron hundidos con total arbitrariedad (Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la República del Ecuador, 2009).

La multifactorialidad de la violencia en Ecuador incluye la grave situación económica, que ha influido en altos índices de desempleo y falta de acceso a la educación. En 2023, más de 38 mil personas abandonaron el sistema educativo, aumentando el riesgo de que los jóvenes no estudien ni trabajen, convirtiéndose en blancos fáciles para la delincuencia organizada (Machado, 2023). Además, los bajos salarios y la falta de políticas económicas efectivas para incluir a más personas y garantizar sus derechos sociales han contribuido a la complejidad de la situación económica y social del país. En los últimos siete años, las políticas neoliberales han exacerbado estas desigualdades.

Finalmente, el aumento de la violencia en Ecuador no es solo un reflejo de la situación interna, sino también de su papel en la distribución de drogas y en la lucha contra las drogas, influenciado por la situación política y económica en países vecinos como Colombia (Rico, 2021), pues la desmovilización parcial de las FARC y otros grupos armados en Colombia ha llevado a que algunos de sus exintegrantes se adhieran a bandas criminales o no se sumen al proceso de paz (DW Español, 2024).

La falta de una respuesta adecuada por parte de las autoridades ecuatorianas, incluyendo la eliminación del Ministerio de Justicia (Ministerio de Gobierno, 2019) y la fusión entre el Ministerio del Interior y la Secretaria de la Gestión de la Política, ha agravado significativamente la situación en el país (Narea, 2018). La carencia de una estrategia efectiva para enfrentar a estos grupos ha contribuido al aumento de la tasa de homicidios y al auge del narcotráfico en Ecuador (Subsecretaría de evaluación y estudios, 2018). Esto ha generado un aumento de actividades delictivas en Ecuador, especialmente desde 2017, debido a la debilidad de las fuerzas de seguridad y de inteligencia del país (Carrión,2021).

En el año 2021, se evidenció un incremento de la violencia en las cárceles que resultó en la pérdida de vidas de más de 250 reclusos (Álvarez, 2022). Lamentablemente, esta violencia se ha extendido a las calles, lo que refleja una política pública inadecuada y la falta de esfuerzos reales para la rehabilitación de los presos. En este contexto, la pobreza ha sido criminalizada, y las prisiones se han convertido en verdaderos campos de batalla, anticipando conflictos mayores en la sociedad.

La responsabilidad de esta crisis recae en gran medida en gobiernos anteriores que no han tomado medidas efectivas para abordar estos problemas. La evidencia empírica demuestra una correlación entre estas políticas y el aumento de la inseguridad. En el año 2023, Ecuador cerró el año con un total de 7, 878 crímenes registrados hasta el 31 de diciembre, según cifras oficiales, lo que representa una alarmante tasa de 46.5 asesinatos, homicidios, femicidios y sicariatos por cada cien mil habitantes, marcando un récord histórico (Ramos, 2024).

Además, existe un nivel significativo de corrupción dentro del sistema judicial, que incluye a jueces, abogados, policías, fuerzas armadas e incluso a algunos medios de comunicación, como se evidenció en casos famosos como el de “Metástasis”. Esto ha permitido que el crimen organizado continúe prosperando y complicando aún más la situación.

En resumen, la complejidad de estos problemas hace que la situación de seguridad en Ecuador sea particularmente preocupante y desafiante. Es innegable que la cuestión que estamos abordando es de vital importancia, pues lo que estamos presenciando en el país es más que un simple episodio, es un reflejo de una problemática más amplia que está intrínsecamente ligada a la política. Si lo que estamos viendo realmente representa la situación general, implica que no solo ciertos jueces están involucrados, sino que este fenómeno se extiende por todo el país, con consecuencias políticas significativas.

El punto culminante se alcanzó cuando el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado de tres disparos en la cabeza por sicarios después de un mitin político en Quito. El presidente Guillermo Lasso declaró un estado de emergencia nacional de 60 días y convocó a una reunión de seguridad urgente. Posteriormente, siete personas procesadas por la muerte de Villavicencio fueron encontradas sin vida, seis de ellas en el Penal del Litoral cerca de Guayaquil y una en una prisión en Quito. Todas estas personas estaban involucradas en el asesinato de Villavicencio (Ronquillo, 2023).

Hemos sido testigos de acusaciones lanzadas contra diversos partidos políticos, en especial, acusando al correísmo de ser parte de los grupos que podrían ser los autores intelectuales del crimen, aunque esto no ha sido probado, sin embargo, lo que resulta preocupante es la tendencia generalizada de lo que podríamos llamar la ‘narcotización’ de la política. Esta situación no se limita a ciertos partidos políticos; se extiende a todos los niveles gubernamentales, incluyendo municipios y prefecturas (Carrión, 2022).

Varios candidatos han sido relacionados con actividades cuestionables, incluido el tráfico ilegal de drogas, a nivel nacional. Esto subraya la estrecha vinculación entre la política y actividades peligrosas y corruptas, superando las afiliaciones políticas específicas. Ya no se trata de qué partido político está implicado, sino de la urgente necesidad de contar con personas íntegras en el Estado y en los diversos organismos gubernamentales que no colaboren con empresas corruptas. Es importante recordar que actividades como el lavado de dinero a menudo se realizan a través de grandes instituciones financieras, que deben ser sometidas a un control más riguroso.

Nos enfrentamos a una grave crisis que afecta tanto al sector público como al privado, y es una situación de gran complejidad. La lucha debe ser abordada desde dos frentes: el preventivo y el reactivo. En el aspecto preventivo, más allá de las medidas excepcionales tomadas por el presidente Guillermo Lasso, debemos considerar intervenciones más profundas. La declaración de un estado de excepción debido a un conflicto armado interno es un paso significativo, con implicaciones que requieren una cuidadosa consideración en términos de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es crucial que las fuerzas armadas y la policía actúen dentro del marco constitucional durante un estado de excepción, respetando sus responsabilidades y obligaciones.

Cada funcionario y ciudadano tiene un papel que desempeñar en esta situación. En relación con las elecciones recientes, se ha debatido ampliamente la idea de ‘Bukelizar’ el país, una línea comunicativa aparentemente adoptada por el nuevo presidente. Sin embargo, esto no garantiza necesariamente que los acontecimientos sigan el mismo curso que en otros contextos donde se ha aplicado esta política. A pesar de los esfuerzos del presidente por implementar esta estrategia, la respuesta podría ser muy diferente. Como acertadamente, señala Jorge Núñez, codirector del Observatorio de Prisiones de Ecuador: ‘Sigues metiendo gente a la cárcel y sigues haciendo crecer a las bandas. Básicamente estás haciendo el trabajo de reclutamiento tú como Estado’ (Lissardy, 2024).

Las medidas tomadas han sido la militarización del país y la realización de una consulta popular. Esta consulta, compuesta por preguntas específicas, aborda temas que no necesariamente requieren un referéndum, sino que podrían ser tratados por la Asamblea Nacional. Mientras las nuevas preguntas implican modificaciones a la Constitución, abarcando temas más complejos y profundos que no solamente están en relación con la seguridad.

En la actualidad, el presidente parece centrarse en obtener fondos mediante políticas económicas urgentes para hacer frente a desafíos significativos. Aunque parte de su estrategia es obtener recursos para respaldar ciertas políticas públicas este año, la situación parece ser más compleja de lo esperado. La declaración de un “estado de guerra”, por ejemplo, no parece ser una solución viable o suficiente a largo plazo. En este contexto, es crucial destacar que la respuesta a estos desafíos debe comenzar con políticas públicas enfocadas en garantizar derechos fundamentales. Estas políticas deberían centrarse en crear un entorno en el que los jóvenes no solo se alejen de la influencia negativa de las bandas, sino que también participen activamente en la educación, el deporte y la salud, de esta manera, se les ofrecerá acceso a una vida más digna, fomentando su bienestar y el pleno ejercicio de sus derechos sociales. La violencia y la criminalidad en el país son fenómenos complejos y dinámicos que requieren más investigación empírica y un enfoque desapasionado.

Referencias

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Barreto, P. D. (2021). La DEA condecora al ministro José Serrano por los resultados antidrogas. El Comercio. https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/dea-estadosunidos-condecora-ministro-joseserrano.html

Carrión, M. F. (2018). “Una inmejorable plataforma para el crimen organizado, en la Mitad del Mundo” El contagio fin de la isla de paz. Huella en la Luna. http://works.bepress.com/fernando_carrion/834/ .

Carrión, M. F. (2019). “La política, un elemento gravitante de la violencia y la seguridad ciudadana” México Seguridad y construcción de ciudadanía Perspectivas locales, discusiones globales. Publicasocial. http://works.bepress.com/fernando_carrion/754/

Carrión, M. F. (2021). “La inseguridad a la deriva: elementos para construir seguridad”. Scopio. http://works.bepress.com/fernando_carrion/768/ .

Carrión, M. F. (2022). “La violencia en el Ecuador, una tendencia previsible”. Debate 117.  http://works.bepress.com/fernando_carrion/935/.

Ceballos, L. (2024). En Manta, la ordenanza de permitir solo una persona en moto vuelve a debate en medio de la crisis de seguridad que vive el país. El Universo. https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/en-manta-la-ordenanza-de-permitir-solo-una-persona-en-moto-vuelve-a-debate-en-medio-de-la-crisis-de-seguridad-que-vive-el-pais-nota/

Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la República del Ecuador. (2019). ¡A nadie le importó!  Recuperado de:  https://repositorio.dpe.gob.ec/bitstream/39000/3211/1/DEPE-DPE-023-2022.pdf

DW Español. (2024). El papel que jugó Colombia para que Ecuador se haya convertido en un centro de distribución de droga [YouTube Video]. YouTube. https://www.youtube.com/shorts/Gi6Ghjaxp4E

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‌Machado. J. (2023). Más de 38.000 estudiantes no regresaron a las aulas en el régimen Sierra. Primicias. https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/estudiantes-abandono-desercion-escuelas/

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