ISSN : 2992-7099

¡Justicia fiscal es justicia social!

Adrián Falco

Sociólogo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Posee estudios de posgrado en Economía Feminista por la Universidad Nacional de San Marcos de Perú y sobre Políticas Públicas e Integración Regional por FLACSO. Actualmente coordina el área de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y es Secretario Ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC).

2 febrero, 2024

América Latina y El Caribe poseen dos particularidades que ponen de manifiesto, casi como un axioma, una realidad que se respira en cada esquina. La riqueza en nuestra América está concentrada en muy pocas manos y paradójicamente la pobreza, que se mide en abundancia, acaricia muchas manos más. Esa desigualdad criminal se mide en números que asustan. El 1% de la población en la región posee el 41% de la riqueza (Cañate, 2020). En términos más sencillos, si queremos repartir 10 dólares entre 10 personas, solo 1 de ellas se llevará 4 dólares mientras que los 6 restantes tendrían que dividirse entre 9. Así es la justicia capitalista.

Por otro lado, la puerta de entrada para resolver estas inequidades está en los sistemas tributarios, que como se imaginarán están hechos a la medida de las élites. Estos sistemas que recaudan impuestos lo hacen mal y por consiguiente recaudan poco. Básicamente recaudan mal y poco por dos características que son centrales, pero no definitivas: baja presión tributaria y sistemas de recaudación regresiva. Cuando hablamos de presión tributaria estamos hablando del peso que tienen los impuestos sobre el Producto Interno Bruto (PIB). En América Latina y El Caribe (ALC) el promedio es de 27,1% mientras que en los países más avanzados (OCDE) alcanza el 34,1% (OCDE et al., 2022). ¿Qué significa esto? Que en los países más ricos se pagan más impuestos.

En la misma línea sumamos la otra característica, el sistema de recaudación regresivo. Este sistema, presente en todos los países de nuestra América, pone el peso de la recaudación en los impuestos indirectos; estos son impuestos que paga toda la población sin medir su capacidad contributiva o, lo ponemos más fácil, su dinero en el bolsillo, en el banco, el salario, etc. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) o añadido es un ejemplo de esto. Si el Estado recaudara más por impuestos directos, los y las trabajadores/as seríamos más felices ya que quienes pagarían más serían los que ganan más. Empresas, empresarios, élite adinerada, etc. ¡Atención! Antes de continuar. Aquí no hay revancha de clase, solo lo que llamamos justicia fiscal.

Pero no nos quedemos con esta explicación, vayamos a las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para tener una explicación basada en evidencia. En los países europeos, por impuestos a la renta y las ganancias, se explica el 60% de la recaudación en promedio, siempre medido sobre el PIB, en América Latina el 43%. Por otro lado, mientras el impuesto al valor agregado o añadido o los impuestos generales al consumo explican el 50% de la recaudación en nuestra región, en la OCDE solo llegan el 32,1% (OCDE et al., 2022). Traducimos al español: en Europa los que más pagan son los que más poder adquisitivo tienen, en nuestra región es exactamente al revés.

Ahora, a las dos características que mencionamos tenemos que sumar algunos elementos más que perjudican directamente el incremento de la recaudación de impuestos, y ustedes saben que sin recursos no hay Estado posible. O al menos no el Estado que pretendemos. Esos elementos que impactan en la baja recaudación son: elevado gasto tributario como incentivos a la inversión, resistencia de las élites a aceptar reformas tributarias, problemas estructurales como: alta informalidad, evasión y planificación tributaria ejercida como maniobras elusivas de personas y empresas (guaridas fiscales, empresas offshore, etc.).

Pero vayamos por partes. Cuando hablamos de “gastos tributarios” o “renuncia tributaria” nos referimos a aquellas medidas que toman los gobiernos para, por ejemplo, atraer inversión. Puede suceder que eliminen impuestos y/o beneficien a determinados sectores con rebajas impositivas con la promesa de que el inversor en cuestión genere empleos, mejore la infraestructura en una ciudad, etc. A nosotros nos gusta llamarlo “beneficios a cambio de nada”. ¿Por qué? Simplemente porque la evidencia indica que las empresas que invierten en nuestros países no se rigen por los impuestos que tendrán que pagar. Estas empresas ya han hecho su planificación fiscal valiéndose de toda su estructura de empresas offshore para triangular diferentes operaciones y así determinar, de antemano, cuántos impuestos pagarán y en dónde.

Para esto siempre viene bien recordar una respuesta de Paul O’Neill, en 2001, cuando comparecía ante el senado norteamericano defendiendo su postulación para ser secretario del Tesoro; le preguntaron qué cambios específicos en los impuestos aplicaría para aumentar la inversión de las empresas, O’Neill respondió: “Como empresario, nunca tomé una decisión de inversión basada en los impuestos que debía pagar. Si estás regalando dinero, lo tomaré. Si quieres darme incentivos fiscales para algo que voy a hacer de todos modos, lo tomaré. Pero los buenos empresarios no hacen las cosas por incentivos fiscales” (1).

Entonces y a raíz de estos antecedentes queda por contar que América Latina y El Caribe pierde anualmente el 3,7% de su PIB por gastos tributarios o por beneficios a las empresas a cambio de nada (OCDE et al., 2023). ¿Qué se podría hacer con esos recursos? En principio duplicar la inversión en educación en todos los países de nuestra América.

Repasando lo que tenemos hasta ahora: sistemas tributarios regresivos basados en impuestos indirectos, amplia brecha en la presión fiscal comparada con la OCDE (12 puntos porcentuales de diferencia en detrimento de nuestra región) y elevado y desproporcionado gasto tributario. Pero la pregunta que hay que hacerse ahora es ¿esta realidad en qué marco está ocurriendo?

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) la pérdida de recaudación en ALC por evasión del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre el valor agregado se ubica en torno a los 325.000 millones de dólares, lo que equivale al 6,3% del PIB (CEPAL, 2020). Por otro lado, y según Tax Justice Network, las empresas multinacionales están transfiriendo ganancias por valor de 1.15 billones de dólares a paraísos fiscales cada año, lo que representa pérdidas de 311 mil millones de dólares anuales en ingresos fiscales directos para los gobiernos de todo el mundo (TJN, 2023).  Según la CEPAL, en 2015, los flujos financieros ilícitos derivados de las manipulaciones de los precios de comercio habrían rondado los 93.000 millones de dólares o un 1,5% del PIB regional (Gómez y Morán, 2020).

En el caso de las personas físicas, la utilización de jurisdicciones de baja o nula tributación para ocultar patrimonios es una práctica extendida. Estos paraísos fiscales, además de una baja tasa impositiva, ofrecen esquemas de escaso control y regulación, en particular en cuanto a la procedencia de los fondos y a la información de los beneficiarios finales. Según un estudio de Vellutini et al (2019), titulado “Estimating international tax evasion by individuals”, la riqueza mantenida en el extranjero habría alcanzado los 7,8 billones de dólares en todo el mundo en 2016, lo que equivale al 10,4 % del PIB mundial. Hoy en América Latina y El Caribe la riqueza de 107 multimillonarios de la región asciende a 408 mil millones de dólares (Latindadd, 2021).

Para esto Saez y Zucman (2019) plantean que “la forma adecuada de gravar a los ricos en el siglo XXI es hacerlo por medio de tres instrumentos: un impuesto a las empresas, un impuesto progresivo sobre la renta y un impuesto progresivo sobre la riqueza. El impuesto a las empresas asegura que todas las utilidades se graven, ya sea que se distribuyan o no. El impuesto progresivo sobre la renta asegura que los que ganan más paguen más. Y un impuesto progresivo sobre la riqueza permite que los individuos que poseen un alto patrimonio neto contribuyan con una cantidad que refleje su verdadera capacidad de pago” (2).

Si regresamos a nuestras aliadas, las estadísticas, podemos identificar que la OCDE recauda 4 veces más en impuestos a la renta de las personas físicas, en términos relativos al tamaño de su economía. Mientras que en América Latina la recaudación de este impuesto representa un 2,3% del PIB, en los países de la OCDE representa un 8,1%. Lo mismo ocurre con el impuesto a la propiedad el cual en nuestra región se encuentra en niveles de 0,8% del PIB mientras que el promedio para la OCDE es de 1,9% (OCDE et al., 2023). Hay espacio fiscal para gravar a los más ricos sin afectar las partidas del presupuesto público, ya de por sí escaso.

Otro ejemplo es la riqueza offshore. Se calcula que el 22% de la riqueza latinoamericana no está en nuestra región sino en guaridas fiscales (Jorratt, 2021). Debemos luchar incesantemente para derrumbar la red de servicios financieros offshore que permite esconder dinero fuera de nuestras fronteras y lejos del alcance de los fiscos, la constitución de sociedades cáscaras e interposición ficticia de personas, la triangulación de operaciones con intermediarios, la triangulación de operaciones con intermediarios en el exterior y otras prácticas.

Para comenzar a ganar esta batalla contra el fraude tributario y poder recaudar más para redistribuir mejor y reparar más rápido el tejido social, urge tomar medidas desde los gobiernos, tanto de manera individual y colectiva atendiendo a algunas de estas sugerencias que estamos impulsando desde las organizaciones sociales y la academia.

  1. Acceso a la información financiera y acuerdos de intercambio de información: Es muy importante que las administraciones tributarias, los organismos de control del mercado financiero y también la sociedad civil tengan pleno conocimiento de las actividades que se realizan tanto dentro como fuera de nuestros países con relación a las finanzas. Esta medida sólo será exitosa con más convenios entre países que habiliten el intercambio de información.
  1. Registro público de beneficiarios finales y activos: Contar con registros públicos de dueños de empresas, fideicomisos, fundaciones y activos (vehículos, inmuebles) nos ayudará a saber quién es dueño de qué y en dónde.
  1. Endurecer penas por delitos tributarios: Es importante modificar los códigos penales para que aquellos que defrauden financieramente al Estado y/o evadan impuestos sean penalmente castigados con penas de prisión efectiva.
  1. Coordinación tributaria regional y global: Abogar por el fortalecimiento de espacios supranacionales de intercambio de experiencias y recomendaciones de políticas públicas. La Plataforma Tributaria de América Latina y El Caribe (PTLAC) impulsada por la CEPAL y algunos gobiernos de nuestra región (Colombia, Chile, Brasil, entre otros) es un ejemplo. Al mismo tiempo fortalecer la reciente Convención Fiscal en Naciones Unidas que busca democratizar el debate sobre la tributación global.
  1. Fortalecimiento de las administraciones tributarias: Dotar a las administraciones tributarias de nuestros países tanto de recursos humanos como tecnológicos. La lucha contra la evasión y la elusión de impuestos se complejiza permanentemente gracias a nuevas formas de fraude y para combatir esas prácticas se requiere formación continua de sus cuadros.

Finalmente y en un plano más coloquial tenemos que preguntarnos una vez más ¿por qué es importante debatir sobre el sistema tributario y los impuestos? Porque urge ponerles rostro, voz, nombre y apellido a las desigualdades para que, literalmente, tomen vida y así trazar una línea directa con el fraude tributario y su impacto.

En Quito, Ecuador, por ejemplo, en el Barrio la Colmena, vive Juan Córdoba Sánchez. Es albañil. Vive junto a su madre de 93 años y junto a su sobrina de 16 años. Juan paga por su casa, de una habitación, un alquiler de USD 60 dólares mensuales. Gana por su trabajo USD 100 al mes, cuando tiene suerte. Al mismo tiempo que Juan lucha por esos USD 100, Ecuador pierde por evasión tributaria el 7.7% de su PIB, cerca de 7 mil millones de dólares al año. ¿Cuántos alquileres podría pagar Juan con ese dinero?; ¿Cuántas habitaciones podría construir?; ¿Qué cuidados podría darle a su madre? La justicia fiscal que perseguimos se llama Juan, su madre y su sobrina.

En Asunción, en Paraguay, en el Barrio Bañado Sur a orillas del río Paraguay, vive Mariel Rodríguez, madre de 5 niñas y único sostén económico, físico, espiritual de su hogar. Su ingreso por juntar cartón en la calle no llega a cubrir su alimentación y la de sus hijas. Recibe del Estado dos bonos. El bono alimentario familiar de 90 mil guaraníes y el bono familiar de 40 mil guaraníes. Suma en total 130 mil guaraníes por mes, unos 18 dólares. “Cuando el rio sube, flota la pobreza” dicen en el barrio. Al mismo tiempo Paraguay es el país con menor presión tributaria de la región, 13.4% sobre el PIB.  En Paraguay los ricos nos pagan impuestos. En el año 2021 salió a la luz que la empresa Mobiel Zone había evadido impuestos por 600 millones USD durante 5 años. Una buena casa en Paraguay (en el barrio Luque) para Mariel y sus hijas podría costar, en promedio, 800 millones de guaraníes, unos 100 mil dólares. 6.000 mujeres como Mariel hubiesen tenido casa si el Estado hubiese perseguido, encarcelado y cobrado esos impuestos a los evasores. La justicia fiscal aquí se llama Mariel y sus 5 niños.

Pero también podemos hablar de servicios públicos de calidad que nos incluyan a todos/as. Guatemala, por ejemplo, registra en comparación, la inversión en educación más baja de la región. Es exigua la inversión en primaria y preprimaria y también es imposible garantizar la educación bilingüe. Al mismo tiempo Guatemala tiene una presión tributaria del 12% sobre el PIB y una evasión del Impuesto a la Renta de más de 2 mil millones de dólares por año. ¿Cuántas salas de preprimaria podrían construirse? ¿Cuántos salarios de docentes podrían pagarse? La justicia fiscal se llama aquí educación de calidad para todos y todas.

No importa donde vivas, siempre habrá un Juan, una Mariel, una escuela sin calefacción o sin pizarras. No naturalicemos esta realidad. Hay un camino posible reformando el sistema tributario. Justicia fiscal es justicia social.

*La presente colaboración fue la Ponencia presentada en el Coloquio “Injusticia fiscal y desigualdad extrema: desafíos y alternativas para la implementación de impuestos a la riqueza en México”, realizado del 21 al 22 de noviembre de 2023 en las instalaciones del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM. Agradezco al Dr. Adrián Escamilla Trejo y al Dr. John M. Ackerman por la invitación a este evento apoyado por el Proyecto PAPIIT IA303123 “Democracia, concentración del ingreso y desigualdad extrema: Desafíos estructurales y alternativas para la implementación de impuestos a la riqueza en México”.

NOTAS

(1) El intercambio puede verse aquí: https://www.c-span.org/video/?c4686196/user-clip-paul-oneill-tax-incentives

(2) Citados en: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2021). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2021 (LC/PUB.2021/5-P), p. 82.

REFERENCIAS

Cañate, R. (2020). Ahora o Nunca. Impuestos a la riqueza y las grandes fortunas en América Latina y el Caribe. Informe elaborado para Latindadd con base en la investigación preliminar realizada por Gustavo Viñales, Carlos Grau y Cecilia Alonso, integrantes de CINVE – Uruguay. https://impuestosalariqueza.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Impuestos-a-la-Riqueza.pdf

CEPAL (2020). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2020: la política fiscal ante la crisis derivada de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). http://repositorio.cepal.org/handle/11362/45730

CEPAL (2021). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2021. Los desafíos de la política fiscal en la recuperación transformadora pos-COVID-19. http://repositorio.cepal.org/handle/11362/46808

Gómez, J. C. y Morán, D. (2020). Estrategias para abordar la evasión tributaria en América Latina y el Caribe: avances en su medición y panorama de las medidas recientes para reducir su magnitud. Serie Macroeconomía del Desarrollo, No. 215 (LC/TS.2020/125). CEPAL. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/98857a8e-ad37-4f1b-9d0d-2acc73172136/content

Jorratt, M. (2021). Impuestos sobre el patrimonio neto en América Latina. Serie Macroeconomía del Desarrollo, No. 218 (LC/TS.2021/117). CEPAL. https://repositorio.cepal.org/items/0797bd90-eb53-4af1-bf30-eab093837d8c

Latindadd [Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social] (2021). Impuestos a la riqueza y grandes fortunas en América Latina: situación y avances recientes en la región. https://www.latindadd.org/2021/09/27/impuestos-a-la-riqueza-y-grandes-fortunas-avances-en-lac/

OECD et al. (2023). “América Latina (países seleccionados): Gastos tributarios y relación entre los gastos tributarios y los ingresos tributarios del gobierno general, 2021 o más reciente: Porcentaje del PIB y porcentajes”, en Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, 1990-2021. https://doi.org/10.1787/5f899e33-es

OCDE et al. (2022). Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, 1990-2020. https://oe.cd/RevStatsLAC

Saez, E. & Zucman, G. (2019). The triumph of injustice: how the rich dodge taxes and how to make them pay. W. W. Norton & Company.

TJN [Tax Justice Network] (2023). The state of Tax Justice 2023. https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2023/

Vellutini, C., Bousquet, L. & Poniatowski, G. (2019). Estimating international tax evasion by individuals. Taxation Papers, No. 76. European Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union. https://data.europa.eu/doi/10.2778/300732

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