Investigador asociado y docente de la Maestría en Finanzas Empresariales de la Universidad Modular Abierta (UMA). Economista, graduado de la Universidad Católica José Simeón Cañas UCA, cuenta con un post grado en Macroeconomía Aplica y un Magister en Economía, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabajo más de 25 año en el Banco Central de Reserva de El Salvador y finalizó su carrera en dicha institución como Vicepresidente de dicha institución. Actualmente es Presidente de la Junta Directiva de WODIBA Cooperativa de Ahorro y Crédito, Vicepresidente de la Junta Directiva de INFORED S.A. de C.V., buró de crédito; además es asesor en materia económica y financiera, y catedrático en varias universidades.
El Salvador dio un salto con irrupción hacia la adopción de las nuevas tecnologías en relación con el sistema financiero. Se implementó el uso de los activos digitales y las criptomonedas en un afán de acelerar el proceso de incursión en el dicho sistema, para lo cual, el gobierno tuvo que aprobar algunas leyes y regulaciones que son la base para iniciar el proceso de adopción de modelos basados en activos digitales, con vistas de acelerar el proceso de innovación y desarrollo en el sistema financiero y en la economía en general.
El objetivo y las tareas que se derivan de la adopción de las nuevas tecnologías son desafiantes para la administración pública del gobierno salvadoreño por diferentes factores, tales como la regulación financiera (que es bastante cerrada a las innovaciones), la cultura financiera de la población, la prevalencia del paradigma bancario tradicional, la ausencia de infraestructura de pagos digitales en las áreas rurales, el amplio sector de las Micro y Pequeñas Empresas (MyPE’s) operando en la informalidad, los altos costos laborales para las empresas y los elevados niveles de pobreza en la población en general.
Más allá de estas condiciones, es importante señalar cómo a finales de la década del 2000 se produjo una de las irrupciones de mayor relevancia en la era digital, la billetera electrónica, que comenzó a conocerse más con los modelos Telcos de MPesa en África. El modelo se tropicalizó en América Latina con Tigo Money, en los casos de El Salvador y Panamá; esto mientras los bancos competían con cuentas simplificadas en economías como la de México y Colombia. Eran las fases iniciales y el primer desafío era ¿cómo regular un modelo de negocio de una Telco que competía con el modelo bancario?
Luego, comenzaron a emerger las Fintech y el proceso de innovación comenzó a expandirse rápidamente en la medida que fueron emergiendo las monedas virtuales. Las Fintech ahora están incursionando con mejor visión de lo que lo hacían hace 5 años. Cabe señalar que los modelos iniciales estaban basados en el modelo bancario, concebidos en su gran mayoría como pasarelas de pago que usan tarjetas de crédito y débito, que son productos donde predominan los bancos.
Las dificultades de acceso a servicios financieros para lo que se conoce como la “base de la pirámide”(1) son diversas y con diferentes grados de dificultad en las economías. En la primer década del siglo XXI, en África, se produjo una de las más importantes innovaciones en los sistemas de pagos: las transferencias de dinero por medio de una TelCo,(2) que dio origen al modelo M-Pesa, basado en el cash in y cash out,(3) con lo cual prácticamente nació o se conceptualizó de mejor forma el concepto, valga la redundancia, de dinero electrónico, e-money, surgiendo así las billeteras electrónicas.
Esa innovación permitió comenzar a idear nuevos modelos de negocios basados en el e-money que no pasaban por el modelo tradicional bancario, por lo cual se comenzaron a observar los beneficios y el potencial de este nuevo producto, catalogado de inclusión financiera. Entre las ventajas que identificaron en los inicios de la innovación estuvieron:
Pero se tuvo que enfrentar algunos desafíos vinculados a que innovaciones como estas normalmente no cuentan con un marco legal, lo cual dificulta su expansión de forma ordenada y con mayor impacto en los sectores productivos; entre algunas de estas dificultades se pueden mencionar:
En la evolución de los diferentes modelos, las discusiones se volvieron más intensas. Los bancos aceleraron el proceso de adopción de las billeteras electrónicas, mejoraron sus aplicaciones de e-banking y crearon productos nuevos para competir, como las Cuentas Simplificadas en varias economías tales como: México, Colombia, Perú y más tarde El Salvador.
Luego se produjo un nuevo salto en la innovación que ha llevado a migrar el o los conceptos hacia el término Fintech;(4) que implica una perspectiva más amplia para los pagos digitales, con nuevas tecnologías que cambian o mejoran de forma continua el ecosistema digital, cada vez con mayor potencial de inclusión financiera, mayor capacidad de competir con la banca tradicional y la posibilidad de apalancamiento de diferentes modelos de negocios.
Ahora, el dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera está pasando a segundo plano y son las Fintech las que están siendo utilizadas para generar innovaciones en los modelos de negocios. Sin embargo, todavía hace falta mucho por avanzar, dado que, a pesar de la tecnología, todavía no se cuenta con una red de pagos digitales en las áreas rurales y semi urbanas que permitan hacer operaciones en la base de la pirámide, esto es, con “emprendedores”, con las Micro y Pequeñas Empresas que tienen amplias dificultades para el acceso a servicios financieros en el modelo bancario.
Las fallas del modelo bancario son evidentes con los datos de la Encuesta de Demanda de Acceso a Servicios Financieros de 2022, que denota que sólo el 28% de la población tiene una cuenta bancaria y sólo el 11% tiene acceso a crédito, lo cual se deriva de diferentes barreras legales y de mercado. Así, a pesar de la influencia que tiene la banca en la economía, sólo atiende las necesidades de cuenta de ahorro del 28% de la población. Esto parece, luce y es, demasiado bajo para un país que aspira a tener mayores tasas de crecimiento económico para acelerar el desarrollo.
En diferentes mesas de discusión a nivel internacional y local, sobre las barreras a la inclusión financiera, que en la práctica están referidas a la capacidad del sistema bancario de ofrecer servicios y productos inclusivos, hay una especie de consenso sobre las principales barreras que enfrentan las personas (en la faceta de “cliente”), los emprendedores y los propietarios de micros y pequeños negocios, para acceder a cuentas bancarias y créditos. Esto se debe ver desde dos ópticas del mercado, la de la demanda y la de la oferta.
Aquí se presentan los obstáculos a enfrentar por las personas que necesitan acceso a servicios financieros y que encuentran dificultades relacionados a los requisitos que exige la regulación bancaria y de prevención de lavado de dinero, que llevan a generar causas de exclusión como las siguientes:
Bajo estos enfoques característicos del paradigma bancario tradicional, quedan espacios muy reducidos, casi inexistentes para el acceso a servicios financieros por parte de la base de la pirámide productiva (como los campesinos, que casi automáticamente quedan excluidos del modelo bancario). También tienen una implicación: aumentan el nivel de desafío para las políticas públicas en su objetivo de reducir los niveles de pobreza y de informalidad de la economía.
En estas circunstancias son las cooperativas de ahorro y crédito las que logran proveer, con ciertas limitaciones, los servicios financieros a una buena parte de la población; pero que, sin embargo, dificultan su conectividad con el sistema financiero tradicional. Aquí surge la oportunidad de crear servicios financieros inclusivos para los modelos Fintech.
Comprendidas las dificultades por el lado de la demanda, ahora hay que tratar de deducir el complejo andamiaje por el lado de oferta, que bajo una lógica que se dice “economía de mercado”, hay que comprender existe un exceso de regulación, que hace que el modelo de mercado funcione con ciertos grados de distorsión, que implica ineficiencias y que, por tanto, debe discutirse el grado de intervención en la economía para facilitar la ruta hacia un mercado más competitivo. Así, por el lado de la oferta, el sistema financiero, y más preciso el sistema bancario, tiene algunas barreras regulatorias hacia un ambiente más abierto a la competencia:
Hay que destacar que existen otros elementos que condicionan el entorno para transitar del ecosistema tradicional al digital, y que tienen el potencial para resolver integralmente los principales problemas al acceso a servicios financieros.
Entre los retos de la economía en su transición a un entorno digital, ahora nos encontramos con la innovación en boga: los “Activos Digitales”, que tiene un potencial muy amplio para resolver los problemas que enfrenta la economía de un país como El Salvador.
Más allá del uso del blockchain para mejorar el ecosistema digital, la ventaja de la implementación y uso de los activos digitales es su potencial para nuevos métodos de acceso a fuentes de financiamiento, lo que habitualmente llamamos “levantamiento de capital”, pero que reviste algunas diferencias. Y así entramos al tema de la “tokenización de activos”, y en ese sentido podemos referirnos ahora a activos digitales.
El Salvador ya cuenta con una Ley de Activos Digitales y su Reglamento, que abre la posibilidad a un nuevo enfoque para el desarrollo del sistema financiero. Un proceso que está iniciando y donde se construyen las bases para “tokenizar” una variedad de activos. Cabe destacar que la tokenización o digitalización de activos tiene una virtud admirable: puede hacer líquida la propiedad de un activo que usualmente es ilíquido, como un bien inmobiliario, por ejemplo.
En ese recién creado marco de regulación para activos digitales, donde se puede operar además con monedas virtuales como el bitcoin, se establecen algunos beneficios fiscales que intentan promover o hacer atractiva la emisión de activos digitales. Así, el desarrollo de proyectos inmobiliarios, proyectos turísticos, e incluso, proyectos de infraestructura pública, podrían encontrar nuevas fuentes de financiamiento. La tokenización implica un nuevo espectro que puede posibilitar mejores condiciones para la competencia de mercado, porque puede apalancar las capacidades financieras de entidades existentes como las cooperativas, o el surgimiento/entrada de nuevos competidores.
El levantamiento de fondos puede ser bajo la forma de capital, endeudamiento o una combinación de ambos. La forma de hacerlo depende de algunas decisiones corporativas. En todo caso, la tokenización de activos tiene, teóricamente, mejores condiciones que el financiamiento bancario, por ejemplo:
La tokenización también abre la posibilidad a que entidades relativamente pequeñas compitan de mejor forma contra las más grandes. Así, hipotéticamente se puede pensar en una entidad pequeña a la que le es posible:
Esto implica que la tokenización podría contribuir a acelerar el proceso de expansión de la cartera de créditos y de los activos en general, permitiendo además transitar más rápido a un esquema de supervisión, que es un “plus” en la confianza de sus socios y de potenciales clientes. Así, los nuevos esquemas de financiamiento tokenizados abren la posibilidad de que las cooperativas y financieras puedan tener roles más incidentes en el desarrollo de emprendimientos, las Micro y Pequeñas Empresas (PyME’s), que actualmente enfrentan importantes barreras para la expansión de sus negocios; por ello, la tokenización puede constituirse en un elemento diferenciador en el desarrollo empresarial salvadoreño.
No obstante, sabemos que la reducción de la informalidad de la economía y por tanto, el desarrollo empresarial, son una tarea u objetivo de políticas públicas; sin embargo, la tokenización y el uso de activos digitales, puede contribuir para alcanzar esos objetivos.
La transición de los modelos de negocios de un paradigma bancario tradicional hacia uno basado en el uso de activos digitales, a pesar de la Ley de Activos Digitales, todavía tiene grandes desafíos. Parte de las dificultades de la transición tienen que ver con la confusión entre activos digitales y el Bitcoin. El Bitcoin es un activo del Fondo Monetario Internacional al igual que otros organismos, no es bien visto como medio de curso legal y esto hace que la transición hacia el entorno digital tenga una ruta mucho más larga de lo que podría pensarse inicialmente.
Así, a más de dos años y medio de la Ley Bitcoin y cerca de un año de la Ley de Activos Digitales, el uso de estos activos y la tokenización, se están viendo interferidos por vacíos o inconsistencias de la regulación que generan ruido de mercado y que limita la implementación de los nuevos modelos de negocios.
No obstante, los bancos siguen siendo referentes relevantes del sistema financiero, teniendo la conectividad con el mercado internacional por medio del sistema SWIFT,(5) lo cual les sigue revistiendo de mucho poder para establecer las reglas de acceso del sector privado al mercado internacional. Así, los bancos que consideran que algunas entidades que operan con bitcoin, son entidades que ponen en riesgo su acceso al SWIFT (producto que el FMI y otros organismos ven riesgoso con el uso del bitcoin); lo cual es altamente probable que prevalezca en el corto plazo y mediano plazo. Bajo esas circunstancias seguirá prevaleciendo un entorno incompleto para el uso de los activos digitales y por tanto, sus beneficios se verán demorados.
El sector privado y las nuevas empresas de tecnología que se están instalando en el país, deberán redoblar esfuerzos para encontrar opciones de solución a las barreras que están resultando difíciles de derribar. Esto para pensar y diseñar nuevos esquemas (de fondeo) que faciliten la liquidez de los activos digitales y que logren minimizar la dependencia del modelo bancario del uso del SWIFT. Así, el desarrollo de nuevos modelos de negocio pasará por una suerte de condiciones que deben darse:
Como puede esperarse, estas opciones requieren de una discusión intensa, incluso con la banca tradicional, bajo un esquema de diálogo industria – industria, luego diálogo público/privado y finalmente discusión legislativa para su aprobación. La tarea de políticas públicas es de alta relevancia para maximizar el éxito en el diseño de su implementación.
Hay múltiples desafíos que se han venido enfrentando, pero hay otros factores que pueden convertirse en una vista hacia el futuro.
A) Principales problemas estructurales de la economía.
Hay tres problemas que requieren soluciones estructurales, es decir, necesitan el acompañamiento y un buen diseño de políticas públicas, que enfrenten de forma consistente los siguientes problemas:
Enfrentar esos problemas implica una ruta hacia el desarrollo económico y social que, una vez iniciado, debería entrar en un círculo virtuoso. Economías como la de Costa Rica son una muestra del progreso económico y social, y es un estadio de mediano plazo que debemos alcanzar, donde se deben observar menores niveles de informalidad de la economía, exclusión y pobreza.
B) El desafío de la cultura financiera para acelerar la utilización de activos digitales.
Uno de los elementos que puede hacer lento el proceso hacia un ecosistema digital con uso intensivo de activos digitales, es la cultura financiera de la población, con arraigo fuerte en el uso del efectivo, que pone en segundo plano el uso de cuentas de ahorro y medios digitales para su gestión. Así, un proceso para incidir en la cultura financiera de la población toma mucho tiempo y recursos, con el riesgo de replicar múltiples programas de educación financiera que han tenido resultados modestos.
Bajo esas consideraciones se abren dos áreas, la primera, donde la tarea parece más fácil, que es con la población bancarizada, y que supuestamente tiene un mejor conocimiento base para entrar al mundo de los activos digitales y las Fintech; y la segunda, donde se requiere un esfuerzo mayor con la población no bancarizada, y donde las cooperativas y financieras pueden resultar aliados fundamentales para la tarea cultural. Este esfuerzo debe ser en adición al trabajo que ya realizan las instituciones financieras con sus programas de educación, y que, por tanto, requieren una labor ardua en la creación de contenidos, generación de spot, videos, uso de redes sociales, y otros medios de impacto y penetración en la base de la pirámide.
C) Una economía intensiva en MyPE’s operando en el sector informal de la economía.
Según el informe de FUSAI(6) de 2023 presentado en el foro de ASOMI(7) en mayo de 2024, el 95% del parque empresarial son MyPE’s, de las cuales el 60% son administradas o pertenecen a mujeres; además, el 40% son de subsistencia, donde la participación de las mujeres es mayor y alcanza el 75%. El perfil se hace más desafiante en la medida que se observan los datos de las áreas rurales. En general, las PyMEs que operan en la informalidad de la economía rondan el 70%, una cifra muy alta que ha mostrado resistencia a la baja por muchos años y que deja al descubierto la poca efectividad de las políticas públicas para reducir el sector informal.
Reducir el sector informal es clave para la economía. Es una vía para lograr reducir la exclusión financiera, que al final puede llevar a mejores logros en términos de reducción de la pobreza. Pero no existe una política pública con incentivos claros que faciliten la transición de las MyPEs hacia el sector formal de la economía. Bajo las condiciones fiscales actuales, cualquier esfuerzo puede distorsionarse y llevar a un enfoque de recaudación de impuestos más que a la formalización de las PyMEs.
Las nuevas tecnologías, las Fintech y el ecosistema digital para el uso de activos digitales, se vuelven instrumentos complementarios que abren un gran potencial para trabajar en beneficio de la reducción informal de la economía; pero se debe saber diseñar una política pública, llegar a un nivel de fine tuning con políticas económicas complementarias, y debe darse un trabajo conjunto con el sector privado, que permita optimizar los esfuerzos para alcanzar el objetivo; así se puede modernizar el sistema financiero y provocar mejores condiciones para la creación de empleos y crecimiento. Sin embargo, esto debe considerar que las empresas de tecnología no son intensivas en la generación de empleos, por lo que debe recordarse, además, trabajar de forma articulada con una buena política de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).
Las nuevas tecnologías son importantes para modernizar el sistema financiero, pero una economía como la de El Salvador, que tiene abundancia de mano de obra poco calificada para efectos de nuevas tecnologías, debe hacer un esfuerzo para atraer inversiones intensivas y empleos masivos. Por ejemplo, las maquilas de ropa, a pesar de algunas desventajas, deben ser aprovechadas para generar empleo, como lo hicieron en sus inicios algunos países asiáticos, de los cuales podría aprenderse mucho.
De forma complementaria, debe comprenderse que el desarrollo de las MyPEs, que implícitamente lleva a la reducción del sector informal de la economía, puede acelerarse al potenciar los ingresos de las MyPE´s, y eso pasa por el diseño, financiamiento y construcción de una red de pagos digitales en las áreas rurales y semiurbanas que potencie el desarrollo de las empresas con el uso de las nuevas tecnologías.
Los sistemas financieros se caracterizan por tener algunas barreras regulatorias, que hacen complejo el surgimiento de modelos de negocio novedosos; de hecho es normal que no estén contemplados en los marcos de regulación del sistema financiero, y una parte de ellas están referidas a las medidas de prevención de lavado de dinero. Así, es importante una revisión periódica del marco de regulación de prevención de lavado de dinero, para que no sea una causal, o no sea utilizada como una causal del cierre de puertas para potenciales usuarios del sistema financiero y potenciales agentes.
La banca en general muestra mucha resistencia de innovaciones cuando no se generan al interior de su industria, por lo que puede volverse utilizable (eventualmente) el “razonamiento” de directrices sobre prevención de lavado de dinero para “no abrir” las puertas de acceso a servicios financieros por parte de la población de la base de la pirámide y las MyPEs que operan en la informalidad de la economía.
Así, el tema de los servicios financieros digitales enfocados en el acceso de la base de la pirámide y el diseño pertinente de productos financieros adecuados para avanzar en la bancarización o en la inclusión financiera, en la reducción del sector informal y de la pobreza en general, deberían ser altamente discutidos para que puedan tener un tratamiento mejor diseñado y adecuado para la población de menores ingresos. Proponer una reforma de ley que delimite de mejor forma las disposiciones regulatorias en función del perfil de la población de menores ingresos y que operan en la informalidad de la economía, se vuelve estratégico para la reducción de la pobreza.
El entorno actual de la economía es complejo. La economía ha estado sometida a una vorágine de emisión de deuda pública que genera algunos grados de incertidumbre y riesgo para los agentes económicos y que tiene mucha incidencia para limitar la atracción de inversión extranjera directa (IED); así, bajo esa circunstancia, la economía flota o depende cada vez más de las remesas, es decir, de la migración de la mano de obra, que termina socavando la capacidad productiva de la economía, esto mientras el sector exportador pierde competitividad, reflejo de las dificultades de crecimiento y generación de empleo.
Ese entorno macroeconómico condiciona en buena medida la capacidad de la economía para transitar de forma rápida a un ecosistema integral para las Fintech y los activos digitales. En esa medida, es necesario meditar y discutir si se tiene que diseñar una estrategia para establecer una hoja de ruta. Pero las Fintech parecen fundamentales para acelerar el desarrollo del sistema financiero. El uso de activos digitales facilitan las fuentes de fondeo que necesitan los agentes económicos y los sectores productivos en general para el crecimiento y desarrollo de la economía.
Por ello, resulta recomendable que se discutan las prioridades del ecosistema y así establecer bajo consenso y bajo un esquema de diálogo público privado, la hoja de ruta que podría comprender los incentivos para las Fintech, los incentivos para los sectores productivos prioritarios para el crecimiento, las reformas a la regulación bancaria, y la regulación para la prevención de lavado de dinero con énfasis en el acceso a servicios financieros de la base de la pirámide.
Los problemas estructurales son difíciles de resolver en un breve plazo. Las políticas públicas han sido insuficientes o ineficientes para lograr reducir la informalidad de la economía, la exclusión financiera y los niveles de pobreza. La era digital, la economía digital y más precisamente el entorno actual para el uso de activos digitales son una oportunidad para poder enfrentar esos problemas con las nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y un reforzamiento del enfoque inclusivo, para que los beneficios del crecimiento y generación de empleo lleguen a la base de la pirámide.
No obstante, dado el entorno regulatorio y económico actual, se puede esperar que la adopción de activos digitales como parte del ecosistema digital de la economía, tomará más tiempo de lo inicialmente esperado, esto por varias razones:
1.- Se refiere a una forma de clasificar los ingresos de la población de una economía, desde los ingresos más altos (la cúspide) hasta los menores ingresos, donde está la mayoría de la población de una economía.
2.- Forma de referirse a Telecomunication Company.
3.- Una forma de depositar dinero utilizando agentes no bancarios para ser retirados en por un receptor o destinatario, utilizando aplicaciones de teléfonos móviles y por medio de mensajería de texto.
4.- Financial Technology.
5.- SWIFT, acrónimo de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Es una sociedad internacional de derecho belga, propiedad de unos 3500 miembros como socios accionistas, que tiene a cargo una red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades financieras. https://www.swift.com/es.
6.- Fundación de Apoyo Integral. https://fusai.org.sv/.
7.- Asociación de Organizaciones de Microfinanzas. https://asomi.org.sv/.
Alianza para la Inclusión Financiera (2010). “Cómo facilitar las transferencias de dinero por telefonía móvil: Posición adoptada por el Banco Central de Kenia frente al M-Pesa”. (Web). http://www.afi-global.org/en/phoca-publications-case-studies.
Alianza para la Inclusión Financiera (2010). “Documento sobre políticas: Servicios financieros móviles – Ampliar el acceso mediante la regulación” (web). https://www.afi-global.org/sites/default/files/pdfimages/AFI%20Mobile%20Financial%20Services%20Policy%20Note-SP.pdf
Banco Central de Reserva de El Salvador (2016). Encuesta Nacional de Acceso a Servicios Financieros en El Salvador 2016. (web). https://cdn.inclusionfinanciera.gob.sv/wp-content/uploads/2021/06/ENCUES2.pdf
Banco Central de Reserva de El Salvador (2022). Encuesta Nacional de Acceso y Uso a Servicios Financieros (Inclusión Financiera). (web). https://cdn.inclusionfinanciera.gob.sv/wp-content/uploads/2022/12/Encuesta-Inclusion-Financiera-2022.pdf
GAFILAT (2013). Guía para la Regulación ALA/CFT de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Región del GAFILAT. https://gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/guias-17/4580-guia-para-la-regulacion-alacft-av-psav/file
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