En el Ecuador los acontecimientos políticos se han precipitado en el mes de mayo del 2023, al punto que el día 17 de mayo el presidente Guillermo Lasso resolvió el cierre del parlamento, pero esa medida a la par implicó la reducción del periodo de su gobierno y condujo a que días después el Consejo Nacional Electoral convoque a comicios generales para el próximo 20 de agosto y una probable segunda vuelta para octubre del 2023. Lasso dejará la presidencia en noviembre.

A su vez la resolución presidencial se dio como respuesta a la realización del juicio político que le planteó la Asamblea Nacional en el mes de abril, bajo la acusación de peculado en contratos de la empresa estatal naviera Flota Petrolera Ecuatoriana – Flopec, y cuyas sesiones presenciales iniciaron el 16 de mayo, con la intervención de los parlamentarios acusadores y la exposición de defensa del presidente Lasso. Era bastante probable que perdiera el juicio.

El decreto presidencial, número 741, se atiene al artículo 148 de la Constitución, que le permite este tipo de medida, coloquialmente conocida como “muerte cruzada”: el primer mandatario y el parlamento se van a la casa.

Una decisión política de esta magnitud lleva a varias lecturas, en el presente artículo ponemos el acento del análisis en las implicaciones del acortamiento del periodo de tiempo del gobierno de Guillermo Lasso, que ahora se va en noviembre del 2023, cuando debía durar hasta mayo del 2025. Planteamos que ello implica una dura derrota a los sectores de derecha y evidencia la quiebra social del modelo neoliberal, incapaz de dar alternativas a la población frente a la aguda crisis que atraviesa el país. 

Proponemos que el análisis del gobierno de Guillermo Lasso debe ser leído dentro de una etapa política 2017 – 2023, que se abrió con el gobierno de Lenin Moreno (2017 – 2021) y que culmina en los presentes días, y que debe ser comprendida desde el concepto de “retorno neoliberal” y el eje conductor ha sido la aplicación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se suscribió a mediados del 2018, en el mandato de Moreno, y cuya evaluación favorable de cumplimiento lo emitió el FMI a fines del 2022, en el régimen de Lasso, destacando que era la primera ocasión, en lo que va del siglo XXI, de acatamiento pleno de un gobierno ecuatoriano a los dictados del organismo multilateral.

A inicios del siglo XXI el Ecuador vivió la primera crisis económica, que provocó el derrocamiento del entonces presidente Jamil Mahuad, proveniente de las filas de la Democracia Cristiana, entre cuyos funcionarios estaba Guillermo Lasso; ese régimen fue tumbado en el contexto de una revuelta cívico – militar. Desde allí las fuerzas de derecha quedaron muy maltrechas y fueron derrotadas en procesos electorales sucesivos. 

Luego se vivió una década 2007 – 2017 de régimen neodesarrollista en el contexto de tres gobiernos de Rafael Correa que aplicó un modelo de capitalismo bajo control estatal, un hecho medular de esa etapa fue el proceso constituyente 2007 – 2008 y la aprobación de la Constitución vigente hasta la fecha.

El retorno neoliberal se posibilitó desde el viraje neoliberal de una fracción del movimiento Alianza País, durante el gobierno de Moreno (2017 – 2021), en una reconversión bajo el control de la embajada de los Estados Unidos de América en Quito, dando paso al ya mencionado acuerdo con el FMI.

A su vez Guillermo Lasso siempre representó la carta directa de los gremios de gran empresa y la banca privada, el mismo era un banquero (gerente – propietario del Banco de Guayaquil), defendió públicamente un discurso neoliberal, a su alrededor conformó un movimiento político, llamado CREO (Creando Oportunidades), fue candidato presidencial en tres ocasiones: 2013, 2017, 2021. Para la última ocasión tuvo alianza con el partido tradicional de la derecha ecuatoriano, el socialcristianismo, y allí alcanzó el triunfo basado en un discurso de liberalismo y anti – progresismo.

La columna vertebral del gobierno de Lasso (2021 – 2023) estuvo conformada por los líderes de los gremios empresariales, mencionemos unos casos: el actual ministro de Economía, Pablo Arosemena, fue presidente de la Federación de Cámaras de Comercio; el actual ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, es un abogado de empresas petroleras transnacionales; el ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio Prado, fue presidente de la Federación de Bancos Privados del Ecuador. Y, por si fuera poco, puso al frente de la Empresa Coordinadora de Empresas Estatales – Emco, a su lugarteniente en el Banco de Guayaquil, Hernán Luque, quien en la función estatal armó una trama de corrupción y ello fue el leiv motiv del juicio político levantado contra el presidente en el parlamento.

Pues bien ese gobierno, presidido por banqueros, liderado por los representantes de los principales gremios de la gran empresa privada, que además fue mimado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, durante su visita en el 2021, el Secretario de Estado Antony Bilken expresó lo siguiente: “los Estados Unidos se enorgullecen de apoyar en el Ecuador a un líder democrático en nuestro hemisferio; nuestra relación bilateral creció mientras trabajamos de cerca para fortalecer la seguridad regional y promover el desarrollo económico inclusivo” (1), se refiere al presidente que ahora debe salir por la puerta de atrás.

Es la debacle del régimen condecorado por el Fondo Monetario Internacional, el cual en su declaración de diciembre del 2022 indicaba: “El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la sexta y última revisión del acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Ecuador. La decisión del D. E.  permite efectuar un desembolso inmediato DEG 497 millones…con la conclusión de esta revisión final, Ecuador ha completado su primer programa respaldado por el FMI en más de dos décadas. El acuerdo de 27 meses en el marco de SAF a favor de Ecuador fue aprobado por el D.E. el 30 de septiembre de 2020” (2).

Este es el gobierno que se ve obligado a irse en la mitad de su mandato, ante la aguda presión social y política, arrastrando consigo un descrédito de las medidas neoliberales que lo caracterizaron. 

Esa presión social y política se expresó previamente en las urnas en febrero del 2023 y antes en las calles en el paro de junio del 2022.

El gobierno de Lasso ya quedó muy malherido en febrero, con los desastrosos resultados alcanzados en las elecciones de ese mes. El poder ejecutivo impulsó, en aquella ocasión, una consulta popular alrededor de un cuestionario sobre medidas en el tema de seguridad, que buscaban ganar un respaldo ciudadano, pues bien, allí el régimen obtuvo apenas un 43% de votos favorables, mientras que el 57% de la votación fue por la opción negativa a la mencionada consulta (Rosero y Erazo: 2023, 203). Era un claro y contundente No a la consulta y un No a Lasso.

En ese mismo proceso electoral el movimiento político liderado por Lasso, el movimiento Creo, apenas alcanzó una votación del 13% en las elecciones para prefectos y alcaldes, no ganó ninguna prefectura, y solo obtuvo 25 alcaldías de un total de 223 alcaldías en juego.

En el parlamento nacional nunca alcanzó a consolidar una alianza de fuerzas políticas que lo sostuviera, ni siquiera el otro partido de derecha, el Socialcristiano, lo respaldo. Es más, sus ex – aliados formaban parte de las bancadas que llevaron adelante el juicio político.

Sostenemos que de entre los diversos campos en los cuales se fue deteriorando el régimen, los niveles determinantes se desenvolvieron alrededor del socioeconómico y el de la seguridad, al que se añadieron las denuncias de corrupción.

El nivel socio – económico entendido como el relacionado con las condiciones de vida de la población, en especial la cuestión de fuentes de trabajo y los servicios públicos como salud y educación. El deterioro ha sido terrible. La situación a la que condujo la pandemia no ha logrado ser revertida. Pues los factores estructurales. A la pandemia se sumó el cumplimiento fiel, a rajatabla, del convenio con el FMI, con rubros como la reducción del estado, la disminución de la inversión pública y la desregulación laboral.

Para evidenciar la gravedad de la crisis en el ámbito laboral, se presenta el siguiente cuadro sobre la evolución del tipo de empleo en el Ecuador: 

Cuadro No. 1. Evolución del nivel de empleo en Ecuador 2019-2022  (en %)

Rubro	2019 (dicb)	2021 (septb)	2022 (septb)
Desempleo	3.8	4,9	4,1
Empleo Inadecuado	56,7	61,1	60,3
Empleo Adecuado	38,8	33,5	35,5

Fuente: Boletín estadístico Instituto Nacional de Estadísticas – Inec y portal web Primicias (3). Elaboración: Del autor.

La lectura del Cuadro No. 1 evidencia que hoy en el Ecuador casi dos de cada tres ciudadanos/as no tienen un empleo adecuado. Cabe indicar que la población económicamente activa del Ecuador alcanza a 8,6 millones de personas. Para el Inec el concepto de “empleo inadecuado” incorpora subempleo + trabajo no remunerado + otro empleo no pleno. El concepto de “empleo adecuado” implica que recibe el salario mínimo legal y trabaja 40 horas a la semana o más.

A esta grave situación se añadió el crecimiento del narcotráfico transnacional, de mafias locales conectadas con carteles extranjeros, los enfrentamientos por zonas de control, la expansión del fenómeno del sicariato, que ha afectado especialmente a zonas cercanas a puertos marítimos, aeropuertos, en especial ciudades en la zona litoral como Esmeraldas o Guayaquil; en esta última se registró en el año 2022 una tasa de homicidios de 48 por cada cien mil habitantes, que dejo ese año un total de 1537 asesinatos en la mencionada ciudad – puerto (4). Algo no visto antes en el Ecuador.

Este agudizamiento de la crisis es la que ha conducido al creciente desprestigio del régimen conservador – neoliberal, que ahora se va a la mitad de su periodo de mandato.

Pero hay que señalar también que durante estos dos años ha habido una importante lucha popular contra el régimen neoliberal, por ejemplo, una huelga de maestros de la enseñanza pública, aglutinados alrededor de la Unión Nacional de Educadores – Une, que incluso implicó una huelga de hambre para demandar el cumplimiento de la nueva ley de educación intercultural, en mayo del 2022, y el Paro Nacional Indígena – Popular de junio del 2022 en oposición a la política de eliminación de subsidios estatales. De aquel Paro también el régimen de Lasso salió golpeado, debió retroceder en sus políticas, y lo que fue más grave, el propio Guillermo Lasso renegó de los acuerdos de diálogo suscritos por la dirigencia indígena y sus ministros. Un derechista consumado incapaz de escuchar las demandas populares.

Para terminar, señalemos que las fuerzas sociales y políticas que emergen fortalecidas en la oposición al gobierno son, por un lado, el partido Revolución Ciudadana, que tiene como líder al ex – presidente Correa, y, por otro lado, al movimiento social indígena, en especial a la Confederación de Nacionalidades Indígenas – Conaie (Unda e Hidrobo: 2023, 180). Ambas fuerzas, junto a otras organizaciones, promovieron el voto No en la consulta planteada por el gobierno, alcanzando un 58% de la votación (5).

Las ya mencionadas elecciones seccionales de febrero de este año también fueron importantes para posicionar a estas fuerzas, los de la Revolución Ciudadana alcanzaron un 36% de la votación, y obtuvieron 52 de las 221 alcaldías, entre ellas las de las principales ciudades, y el movimiento Pachakutik, cercano a la Conaie, alcanzaron un 16% de la votación y obtuvieron 27 de las 221 alcaldías en juego, principalmente en provincias de la región andina y amazónica.

En conclusión, la resolución de la crisis política vía “muerte cruzada” tiene varias lecturas, pero la de mayor relevancia estratégica es el deterioro agudo de la opción conservadora – neoliberal y el recorte de la influencia política e ideológica de las tendencias de derecha en el Ecuador. 

Las fuerzas neoliberales aspiraban, en su estrategia de retorno neoliberal, en el segundo momento, con el gobierno del banquero Lasso, a avanzar significativamente en su programa de medidas, largamente acariciadas, desde la época del gobierno de Sixto Durán Ballén, allá por el año 1994, como la privatización de la seguridad social, la venta de las empresas estatales en el sector de telecomunicaciones, energía eléctrica y la refinación petrolera, la eliminación de los subsidios a los combustibles. Muy poco de eso lo lograron, nuevamente se han quedado con las narices largas.

Notas

(1) Declaración del Secretario de Estado Anthony Blinken en el portal web de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

(2) Fondo Monetario Internacional – Comunicado de prensa 22 / 425. Ver texto completo del comunicado: https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/12/14/pr2245-imf-executive-board-concludes-review-of-the-extended-fund-facility-for-ecuador#:~:text=Con%20la%20conclusi%C3%B3n%20de%20esta,el%20Comunicado%20de%20Prensa%20No.

(3) Portal web Primicias: https://www.primicias.ec/noticias/economia/subempleo-desempleo-cayeron-septiembre/

(4) Portal web Primicias: https://www.primicias.ec/noticias/sucesos/guayaquil-ciudades-violentas-homicidios/(5) Los datos electorales provienen de los boletines del Consejo Nacional Electoral (CNE).