Apenas han pasado unas semanas y ya se muestran las contradicciones del discurso electorero del actual presidente Milei con las medidas que se comenzaron a implementar. El famoso rugido contra la “casta”, acompañado con el encendido de una motosierra, se transformó en un cálido maullido que acompaña las decisiones del equipo económico del ex presidente Mauricio Macri. Las primeras resoluciones tomadas por el flamante ministro de Economía, Luis Caputo más conocido como endeudador serial (1), destinadas a evitar un “colapso financiero” –que llevaría  la inflación a un 15000 %, según el primer discurso como presidente de Javier Milei– fueron detalladas en un programa de diez puntos, cuyo principal eje está dado sobre una base de estanflación.

En una situación insólita de por sí, durante la campaña, aparte de ir contra la “casta”, Milei declaró constantemente cuáles iban a ser las políticas a implementar. No calló nada, no dejó nada en la oscuridad y, sin embargo, consiguió el 55 % de la votación en segunda vuelta. En el discurso de apertura repitió muchas veces la frase “no hay plata” y era respondido con gritos de apoyo; amenazó con la represión y la gente le contestaba: “¡policía!, policía!”. Dos días después, ya era claro que la casta a la que se refería era la población en general, no la casta política anunciada en toda su campaña.

La política económica que comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2024 prevé una inflación del 20% mensual; un “sinceramiento” del precio del dólar oficial que sube de poco más  de 300 a 800 pesos ya instituido; un impuesto a los salarios; y, el quite de obligaciones a los exportadores agropecuarios, especialmente el sector sojero. También se terminarán los subsidios al transporte, las gasolinas y la energía eléctrica y no se renovarán los contratos de los empleados públicos con menos de un año de antigüedad.

El punto principal de la política pauperizadora de Milei es la finalización de las obras públicas; el estado dejará de lado la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura necesarias para el funcionamiento del país y será “concedida” al sector privado sin que medie licitación de ningún tipo, con el agregado de que las obras ya licitadas pero no comenzadas, serán anuladas. Esta medida ocasionará el despido de alrededor de 250 mil trabajadores de manera inmediata con todas las consecuencias que caben con esta acción.

Con el pretexto de disminuir el gasto público el nuevo gobierno redujo a la mitad los ministerios y bajó el nivel de las secretarías de educación  pública, de trabajo y previsión social, sumándolas al ministerio de Capital Humano (en un principio, la salud pública estaba incluida pero luego quedó como ministerio). También desapareció el ministerio de Mujeres y Diversidad y otros fueron incorporados a los ministerios existentes como secretarías. En realidad, esta “merma” de burocracia apenas alcanza el 0.4% del PBI, irrisorio ahorro según se ve.

Un punto importante es la suspensión por un año de las pautas publicitarias, lo que dejaría en la indefensión a muchas publicaciones periódicas al igual que medios electrónicos y digitales. De acuerdo con algunas expresiones, el único medio a salvo de esta política de restricción, sería el multimedio Clarín, un pulpo mediático totalmente diversificado y extendido en todo el país, que tomó fuerza después de que la dictadura militar (1976-1983) le “concediera” el monopolio del papel periódico.

Ahora bien, definido como anarco-capitalista, el actual presidente de Argentina deja en manos de una fantasmal ley del mercado los precios de los productos del consumo diario. La carne y las verduras aumentaron entre 40 y 50 por ciento en menos de una semana, lo mismo que las gasolinas y el precio de las rentas de inmuebles (ya cotizadas en dólares). Y, de acuerdo con los últimos movimientos oficiales, se viene una cadena de DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) para liberar controles y, sobre todo, para proceder a la privatización tanto de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Aerolíneas Argentinas (empresa recuperada dos veces durante los gobiernos peronistas de los últimos años y ahora en superávit), entre otras muchas empresas estatales. La utilización de los DNU se debe a una razón fundamental: la ínfima minoría de congresistas en ambas cámaras que mantiene el gobierno, pues ni aun con la alianza de los partidos de derecha podrá lograr mayoría legislativa. El ejemplo que ahora retoma Milei, lo dio el propio Mauricio Macri que hizo lo mismo al comienzo de su gobierno.

Macri, el mejor ejemplo de casta mileiseana, se apoderó de dos sectores donde navega con velas desplegadas: la economía y la seguridad. En el primer rubro, el autor de todo el plan de desmantelamiento sigue las líneas comenzadas desde el gobierno de Macri, ahora más rápidas. Con el segundo, Patricia Bullrich asegura la represión inmediata ante los posibles y probables conflictos sociales, sean huelgas, marchas o tomas de edificios y bloqueos de carreteras. Ya la propia Bullrich dio a conocer un decreto que contiene las medidas represivas ante las marchas callejeras y bloqueos.

Pero también hay respuestas desde el campo popular, pues por lo menos, las advertencias de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de otros sectores sindicalizados, al igual que de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos, ya se van haciendo presentes ante la posibilidad de la suspensión de los juicios a los genocidas y la posible liberación de los encarcelados.

Notas

(1) Luis Caputo fue ministro de finanzas de Mauricio Macri. Durante su permanencia endeudó el país por cien años con préstamos tomados a un alto interés anual, además de participar, aunque no de forma directa, en el voluminoso préstamo del Fondo Monetario Internacional por la insólita cantidad de ¡55 mil millones dólares!, monto que por primera vez se concedía a un país, por encima de las normas de procedimiento del organismo internacional. También, el apellido Caputo está ligado al financiamiento del grupo Los Copitos que atentó de manera fallida contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández).