En la noche del 5 de abril de 2024, Ecuador se convirtió en escenario de un acontecimiento que agitó las bases del derecho internacional y desencadenó una serie de reacciones diplomáticas sin precedentes para los dos países de América Latina involucrados. Fuerzas policiales, bajo la dirección del gobierno de Daniel Noboa irrumpieron en la embajada de México en Quito, la capital del país, en flagrante violación de la soberanía nacional del Estado “amigo” al atacar su sede diplomática para capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se encontraba refugiado en dicho local diplomático desde diciembre, en lo que, como es sabido, cada país soberano en su calidad de “quien otorga asilo político” es el que tiene la facultad y determina si las acusaciones que existan sobre una determinada persona (cuales quiera que estas sean), son o no válidas.

Desde el punto de vista del derecho internacional, la invasión a la embajada mexicana en Ecuador constituye una clara violación de las normas y tratados que regulan las relaciones diplomáticas entre Estados. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 establece claramente la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, mientras que la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 garantiza el derecho de asilo a personas perseguidas por motivos políticos.

La incursión militar no solo ha resultado en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países, sino que, además, trae una serie de repercusiones tanto a nivel nacional como internacional, lo que podría conducir a una escalada de conflictos y tensiones entre México y Ecuador, perjudicando la implementación de los acuerdos comerciales, educativos o económicos existentes entre ambos países.

Tal situación complicaría también la cooperación interinstitucional en los ámbitos científico, académico, tecnológico, de innovación y transferencia de conocimiento entre los involucrados. Además, afectaría directamente la movilidad estudiantil de cientos de jóvenes ecuatorianos que estudian becados en México, así como la colaboración e intercambio de personal académico, de innovación tecnológica y de proyectos de investigación. 

Este hecho no puede ser examinado de manera aislada, sino que debe entenderse en el contexto más amplio de la política latinoamericana y la influencia del neoliberalismo, la extrema derecha y la emergencia de un neofascismo en construcción en la región. El gobierno de Noboa, al servicio de las élites oligárquicas ecuatorianas y regionales, y subordinado a los intereses del imperialismo estadounidense, representa una clara manifestación del sello neoliberal de las acciones de gobierno y las tendencias y visiones del mundo que ha dominado la política de algunos países en la región latinoamericana durante los últimos años, sobre todo de los que sufrieron retrocesos democráticos (como el caso de Ecuador, de la mano de Lenin Moreno y Guillermo Lasso).

La violación de la embajada de México en Ecuador no solo constituye una grave transgresión al derecho diplomático, sino que también revela la vulnerabilidad de las instituciones democráticas frente al autoritarismo estatal del país andino. Esto nos permite interpretar las tensiones políticas y sociales que se encapsulan alrededor de una política improvisada y autoritaria del gobierno de Noboa, que busca alterar el equilibrio institucional en aras de proteger los intereses de una agenda de poder unilateral en crecimiento, y no le importa atropellar el derecho internacional causando una crisis diplomática poco común en la historia reciente.

En este sentido, es crucial tratar de reconocer con mayor claridad ¿qué intereses políticos y económicos motivaron este acto y quiénes se benefician de él?, ¿Acaso el gobierno de Noboa está respondiendo a presiones externas, como las de la CIA y el Comando Sur de los Estados Unidos, en su intento por mantener el control sobre el país y perpetuar el statu quo neoliberal?, ¿Qué intereses están en juego detrás de esta escalada de autoritarismo?

Para acercarnos a las posibles respuestas a estas preguntas, es preciso reflexionar sobre la naturaleza misma del Estado y la ferocidad con que golpea el capitalismo contemporáneo a través de diversas estrategias de desestabilización política, local e internacional. En esto, el Estado no es una entidad neutral, sino que refleja y reproduce las relaciones de poder existentes en la sociedad y en la geopolítica. En el caso de Ecuador, el Estado oligárquico y represivo encabezado por Noboa sirve como instrumento de dominación de las élites económicas y políticas que buscan perpetuar, en medio de disputas inter-burguesas, su hegemonía a cualquier costo, contribuyendo con ello, inclusive, a la articulación internacional de las extremas derechas y la provocación a naciones “amigas” y aliadas, que en este caso, por cierto, se encuentra en la encrucijada ni más ni menos que de su proceso electoral por la presidencia de la república, lo que enrarece aún más las intenciones de un hecho de tal magnitud.

Desde allí, lo ocurrido en la embajada mexicana en Quito representa un intento desesperado por parte de las élites oligárquicas en ascenso, por mantener su hegemonía y dominación mediante la represión y las acciones de coerción hacia cualquier forma de oposición política (en este caso, encarnada en personajes como Glas). El gobierno de Noboa revela así un patrón de comportamiento característico de regímenes autoritarios que actúan en beneficio de los intereses de las élites locales y de los intereses político-económicos extranjeros, sirviendo como peones del imperialismo norteamericano que, en esta medida protegerá, o tolerará sus acciones, por violentas y violatorias de toda clase de derechos humanos e internacionales que éstas sean.

Dicho acontecimiento se inscribe en un contexto más amplio de ascenso de gobiernos conservadores en América Latina y la aplicación nuevamente de políticas neoliberales, personificadas en figuras como Milei o Bukele y en contextos de extrema violencia social, como lo que precisamente ha causado que Ecuador se convierta en uno de los países más peligrosos de la región en los últimos años, con el desbordamiento de la inseguridad y la actividad impune de los grupos delincuenciales. Estas políticas, por cierto, también han exacerbado aún más las desigualdades sociales ya de por sí lacerantes en Ecuador, y han desencadenado un proceso de desestabilización política y del orden social existente, gracias a lo cual se ha justificado el fortalecimiento de los aparatos represores y de las estructuras de dominación controladas por las élites económicas y políticas, que realmente sólo velan por sus intereses.

Ante tales circunstancias, el gobierno de Noboa va recreando un discurso que, aparentemente, responde a las urgentes demandas de seguridad exigidas por la población ecuatoriana en medio del persistente flagelo de la delincuencia. Sin embargo, esta narrativa de corte populista y moralista va orientada en la práctica hacia las exigencias coyunturales del juego político neoliberal y del mercado. Es así como, el accionar de Noboa se presenta estratégicamente como un intento de combatir la corrupción, particularmente dirigido hacia el correísmo a quien acusa insistentemente de las desgracias del país, aunque tampoco logra concretar las promesas electorales de desmantelar las estructuras criminales y combatir el narcotráfico.

Frente a esto, el Ecuador, a pocos días de referéndum y consulta popular, sigue viviendo una situación crítica de inseguridad en medio de un conflicto armado interno y el crecimiento del crimen organizado, revelado por un preocupante incremento de muertes violentas y ataques armados a la sociedad civil durante el reciente feriado de Semana Santa, que dejó 137 víctimas registradas de acuerdo a un boletín presentado por la Policía Nacional. En tanto que, el gobierno de Noboa, mediante decreto ejecutivo, ha logrado imponer el incremento a la tarifa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aumentándola del 12 % al 15 %, con el pretendido fin de asegurar ingresos para mantener la estabilidad financiera del Estado.

El incremento del IVA no hace más que representar una política fiscal aún más regresiva, la cual carga el peso de la crisis económica sobre los estratos más vulnerables y precarizados de la sociedad ecuatoriana, la cual mantiene una economía altamente informal ante la imposibilidad de ser partícipes de actividades formales dentro de lo que sería una economía bien planificada. Este aumento, que se hace notable principalmente en los precios de la gasolina (con un incremento del 7% respecto al valor anterior), impacta directamente en el costo de vida, especialmente en lo referente a alimentos y otros bienes básicos. Es así que la política de Noboa, en lugar de abordar las raíces estructurales del conflicto social, la inseguridad pública y precariedad económica, impone medidas que únicamente intensificarán las disparidades económicas, agravando aún más la ya compleja situación que vive Ecuador.

En consecuencia, este sombrío escenario se presenta como el preludio de un incierto laberinto político que hunde al país en una crisis internacional. En medio de esta encrucijada, la errática política puesta en marcha por el Estado, parece más bien un mal acto de performance mediático, marcado por una actitud de arrogancia e indiferencia hacia el derecho internacional y los clamores de justicia de la sociedad ecuatoriana, que un genuino ejercicio de búsqueda de justicia, que para ello se supone, postulan y proponen estos personajes sus proyectos de gobierno en tiempos de elecciones o de referéndum y consultas populares.