Revista Tlatelolco, PUEDJS, UNAM
Vol. 1. Núm. 2, enero-junio 2023
* Maestra y Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador (UCE). Líneas de investigación: elites y oligarquías en los países andinos (Ecuador, Perú y Bolivia), Estado y dominación en los Andes centrales; Estado y movilización social en los gobiernos progresistas. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0105-6105. Correo electrónico: grace.nogales@gmail.com.
Después de diez años (2007-2017) de mantener en el poder un proyecto de gobierno identificado en el mapa latinoamericano como parte de la ola progresista, actualmente Ecuador es uno de los cuatro países de la región que figura dentro del espectro de la derecha y que no ha logrado ingresar en la segunda ola de gobiernos identificados con la izquierda. Este viraje nos enfrenta a varias interrogantes respecto a los límites y potencialidades de los procesos de democratización política, económica e ideológica que demandan este tipo de proyectos que proponen horizontes de transformación. No es posible responder a estos cuestionamientos sin analizar la historia del país, particularmente los mecanismos mediante los cuales se han ido configurando los grupos de poder en el Ecuador, caracterizados por dos elementos consustanciales: la vigencia de sus prácticas oligárquicas y su reproducción a través de elementos como el linaje y el prestigio social.
Elites, oligarquías, Estado, Ecuador, progresismo.
After ten years (2007-2017) of maintaining in power a government project identified on the Latin American map as part of the progressive wave, Ecuador is currently one of the four countries in the region that appears within the spectrum of the right and that it has not managed to enter the second wave of governments identified with the left. This shift confronts us with several questions regarding the limits and potential of the processes of political, economic and ideological democratization that demand this type of projects that propose horizons of transformation. It is not possible to answer these questions without analyzing the history of the country, particularly the mechanisms by which power groups have been configured in Ecuador, characterized by two consubstantial elements: the validity of their oligarchic practices and their reproduction through elements such as lineage and social prestige.
Elites, oligarchies, state, Ecuador, progressivism.
Actualmente, América Latina se ha transformado en un escenario de disputa política de intensos contrastes. Los resultados en los procesos electorales en los últimos dos años son un claro reflejo de este dinamismo. Los proyectos políticos que se reivindican bajo los principios de la izquierda han sido caracterizados como una oleada de gobiernos progresistas en la región.
En este escenario, los países del cono sur han transitado en distintos momentos por ese camino. Hoy, dos de los países cuyas economías y sistemas políticos mostraron más reticencia a permitir el ascenso de los proyectos de izquierda tienen como presidente a dos representantes que provienen de la lucha social, Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile. En ambos países los resultados de estos procesos electorales son consecuencia del desgaste del neoliberalismo como proyecto hegemónico.
Sin embargo, en el caso de la región centro andina, encontramos una situación política compleja en donde el posicionamiento ideológico de las fuerzas que se disputan el control de la administración del Estado ha derivado en una polarización profunda en la población. Parecía, por ejemplo, que, tras el golpe de estado de 2019 en Bolivia, las fuerzas del Movimiento al Socialismo (MAS) y los simpatizantes de Evo Morales se diluían en una arena política dominada por el nuevo bloque conservador en el poder, pero la realidad no podía estar más lejos del cálculo realizado por los partidarios de este bloque ultraconservador, lo cual quedó demostrado en las elecciones de octubre de 2020 cuando Luis Arce (MAS) ganó la presidencia en primera vuelta.
En el caso de Perú, la llegada al poder del maestro rural Pedro Castillo (Perú Libre), no solo constituyó el resultado de la profunda crisis de hegemonía que experimenta la élite de ese país, sino que alcanzó en la sociedad peruana (principalmente en el ámbito urbano) un carácter de “anómalo”. Esto se expresa en las permanentes obstaculizaciones que encontró el mandatario desde el inicio de su gestión (julio de 2021) y en su posterior caída, una vez que el Congreso Nacional decidió vacarlo del cargo en diciembre de 2022.
En Ecuador, encontramos un escenario completamente diferente que expresa, más bien, la recomposición del bloque de poder de la derecha. Afectado por la división de los sectores progresistas de la política, principalmente la izquierda partidista y las organizaciones sociales e indígenas, el país no logró consolidar una alianza política viable para hacer frente a la candidatura del representante de la banca, Guillermo Lasso (CREO), quien ganó las elecciones presidenciales de 2021. Este proceso electoral, uno de los más polarizados de la historia del Ecuador, dio cuenta del desgaste de los gobiernos conducidos por Alianza País, en el marco del distanciamiento y ruptura con los sectores sociales que inicialmente constituyeron su base social.
Como vemos, el escenario regional se ha convertido en un dinámico campo de batalla cuya explicación debe situarse en las distintas crisis institucionales que, en un primer momento, dieron vida a la primera ola progresista y que son el resultado de un acumulado de contradicciones, que encontró su punto de inflexión en el cono sur en la primera década del siglo XXI, como consecuencia de la descomposición social provocada por la política neoliberal.
Sin embargo, más allá de esta coyuntura, los procesos y modos de ser de las clases políticas de estos países son la construcción de un complejo mecanismo de dominación diseñado a pulso desde la conformación misma de la república y que ha ido adaptándose a las necesidades de transformación impuestas por la ampliación del mercado mundial, del cual Ecuador no pudo mantenerse al margen en su rol de economía periférica.
En el caso específico del Ecuador podemos observar —a lo largo de su historia— una fuerte concentración del poder económico anclado a redes familiares (Navarro, 1976; Fierro, 1991; Pástor Pazmiño, 2017), cuyo intereses y mecanismos de acumulación han incidido en los distintos procesos de consolidación del proyecto nacional de este país. Por tanto, la disputa abierta con los distintos sectores sociales que interpelan este poder no puede ser entendida sin una mirada a los mecanismos que han permitido la continuidad de estos sectores y de sus prácticas de concentración del poder económico y político.
En este sentido, el presente artículo realiza una revisión histórica de las prácticas de dominación que han marcado al Ecuador desde su configuración como República, identificando los elementos de continuidad y los procesos de remozamiento de sus élites con el objetivo de aportar otro abordaje analítico a la actual derechización que experimenta el proyecto político ecuatoriano luego de 10 años de progresismo. Dicha revisión nos permite observar, en un contexto más amplio, los mecanismos de supervivencia y rearticulación de los grupos de poder incluso frente a coyunturas sociales y políticas con potencialidad transformadora.
Se parte de la premisa de que en Ecuador las élites políticas han mantenido prácticas de concentración del poder que nos remiten a un modo de ser oligárquico, aún en escenarios de reconfiguración del pacto social como, en este caso, el periodo identificado como progresista. Estas prácticas, confrontadas con proyectos políticos que en su momento han interpelado el poder de las elites permiten analizar el reacomodo de las derechas en su afán de mantener su papel como bloque hegemónico.
Para ello, este trabajo recurre a una revisión histórica de la conformación del proyecto de Estado nación ecuatoriano, identificando la formación de los grupos de poder político y económico y su influencia en el proyecto de Estado, así como los procesos de cuestionamiento de su hegemonía, los cuales, en palabras de René Zavaleta (1986), configuran los momentos constitutivos del proyecto nacional.
Metodológicamente, esta revisión se centra en documentos histórico sociológicos que analizan la formación del Estado Oligárquico en los países latinoamericanos, particularmente en Ecuador como un elemento indispensable para caracterizar a los sectores de poder de este país. El artículo retoma también estudios históricos que incluyen el abordaje del poder familiar como elemento de análisis de la formación del Estado nación ecuatoriano. Como se desarrollará a lo largo del texto, estos dos ejes (las prácticas oligárquicas ligadas a la supervivencia de redes de poder familiares) son indispensables para el estudio de las elites en el caso de los países andinos, en general, y del Ecuador en particular.
Por tanto, en esta revisión se ha puesto énfasis en un conjunto de elementos teóricos que tanto en Ecuador como en los andes centrales, permiten entender las particularidades del ejercicio de la dominación y de las cuales no se pueden prescindir para caracterizar a los sectores que han conducido el proyecto estatal, es decir, sus élites.
En América Latina, los estudios sobre la dominación han sido diversos, sin existir propiamente el desarrollo de una teoría sobre las elites. Por un lado, podemos identificar el análisis de los procesos de conducción política y económica de la región y, por otro, la configuración de un amplio debate respecto al modo de ser de los estados latinoamericanos y su clase dirigente; debate en el cual la reflexión sobre el carácter oligárquico del Estado y su superación (modernización), en el marco del desarrollo del capitalismo en Latinoamérica, ocupan un papel central.
El estudio de las clases dominantes en América Latina ha colocado como uno de sus principales ejes de discusión al concepto de oligarquía, como herramienta sociológica para la caracterización de los grupos que concentran el poder político y económico en la región, dejando a la noción de aristocracia asociada al pasado o al análisis de la mentalidad de la clase dominante.
Según Juan Bosch (1970) el concepto de oligarquía se empezó a usar en Hispanoamérica a principios del siglo XIX para nombrar a la “capa social” que se hallaba en la cúspide del poder económico y político en América:
A los ojos del lector de Aristóteles del siglo XVIII o de los primeros años del XIX, nada podía parecerse más a una oligarquía griega que la situación del Brasil, de las Islas francesas e inglesas del Caribe, de los Estados del Sur de Norteamérica, de los países americanos de lengua española, pues América vino a ser el único lugar del mundo occidental, en los tiempos modernos, donde la producción y la sociedad quedaron organizados a base de esclavos abajo y vamos arriba. (p. 40)
Entonces, la especificidad de los procesos históricos latinoamericanos, marcados de forma indeleble por la colonización europea, permitieron el desarrollo de toda una tradición de pensamiento orientada a reflexionar sobre este fenómeno, es decir, sobre el tipo de Estado resultante de la concentración del poder en un sector de carácter oligárquico que, en mayor o menor medida, impuso una salida autoritaria al vacío institucional ocasionado por las independencias.
En tal sentido, el concepto de oligarquía abre un amplio debate que va desde las características que adquiere este término para América Latina, el uso que la sociología y la política han hecho del mismo, hasta la permanencia que ha tenido el sector considerado como oligárquico en la vida política de los Estados latinoamericanos. Para el caso de Ecuador este concepto está presente en el análisis de otros fenómenos sociológicos y económicos que marcan su desarrollo como el gamonalismo y la hacienda.
Como punto de partida de la construcción de dicho concepto, podemos citar a la caracterización de las oligarquías como una clase social vinculada a la posesión de la tierra y a mecanismos de producción pre capitalistas basados en la servidumbre y la esclavitud. Así mismo, al considerar la extrapolación al ámbito político y social de los intereses económicos de un sector que concentró la riqueza basado en la apropiación de la tierra y la mano de obra, la noción de oligarquía se empieza a asociar también a una forma de ejercer el poder, la cual configura un tipo Estado.
Como lo señala Eduardo Saxe-Fernández (1999):
En una república oligárquica … gobiernan los pocos; un grupo cerrado exclusivo: oligo, que se conciben a sí mismos como ʿlos mejoresʾ (aristoi). Esa aptitud, ser mejor, significa que el grupo conformado por esos individuos en su conjunto representa una tal porción del poder político y del poder económico, incontrastable para cada uno de los otros grupos existentes, así como para el conjunto o una coalición de ellos (i.e. los puede dominar juntos o por separado). (pp.33-34)
Así, la noción de oligarquía también se puede entender asociada a un grupo que, basado en su poder económico, logra concentrar el poder político, el cual se encuentra al servicio de la reproducción de sus intereses de clase. Bajo esta idea, el carácter de oligárquico del Estado latinoamericano —en general— quedó anclado a un periodo de la historia de la región comprendido entre 1850 y 1880, caracterizado por la apropiación de los recursos de la región por parte de una clase de propietarios de origen colonial que se beneficiaron de la independencia, mediante el control de los factores productivos y del poder político (Carmagnani, 1984).
De manera particular, para el caso de los países andinos, la tradición sociológica considera que la supervivencia del Estado oligárquico se extiende hasta mediados del siglo XX, cuando los gobiernos de corte nacional-popular llegan al poder (Ansaldi, 2000). Así, en Ecuador podemos encontrar un debate que aún se encuentra abierto respecto a la transformación de sus clases dirigentes en el marco de la superación del Estado oligárquico, en la medida en que este proceso se encuentra asociado con la modernización de sus sistemas económicos y políticos. Es importante que las propuestas de democratización que ha experimentado el país, el progresismo, por ejemplo, se inserten en este debate.Esta discusión es posible si tenemos en cuenta que:
La oligarquía no es, formalmente hablando, un tipo específico de gobierno … Bajo los más diversos regímenes políticos puede haber oligarquías, sin que ello quiera decir … que unas deban ser idénticas a las otras … Lo esencial es comprobar si existe o no tal minoría y si, en su caso, detenta realmente una porción sustancial de la riqueza que le permita, de un modo u otro, hacer prevalecer sus intereses. (Carrión y Aguilar, 1980, p. 81)
Por tanto, en este artículo se hace referencia constante a la supervivencia de prácticas oligárquicas, pues si bien, como se abordará más adelante, el Estado ecuatoriano atravesó varios momentos de transformación y procesos de modernización administrativa, los cuales dieron paso a la configuración de un proyecto de burguesía nacional, existe una supervivencia de prácticas o modos de ser asociados a lo que se entiende por poder oligárquico.
Finalmente, es importante señalar que dicha formación histórico social tiene su expresión en la familia “notable”, la cual le permitió a la clase dominante configurar su red de poder y reproducirla a lo largo del tiempo apelando a nociones como el prestigio y el linaje, y transfiriendo a sus descendientes tanto su riqueza, como su capital político y social, bajo esquemas de articulación (alianzas matrimoniales y sociales) que han permitido la supervivencia de sus estructuras de dominación aún en contextos de potencial transformación.
Por tanto, al estudiar la clase dominante en el Ecuador, nos referiremos también a grupos familiares que conforman bloques de poder oligárquicos. Este tipo de organización no es ajena a la historia de la región latinoamericana ni a la estratificación social del siglo XIX de sociedades como la europea o la norteamericana; no obstante, como se explicará a continuación, el mantenimiento de la familia como núcleo básico de los grupos de poder tiene una particular supervivencia en países andinos como el Ecuador, impactando en sus mecanismos de generación de la riqueza, así como en sus estrategias de organización política.
Este artículo retoma la propuesta teórica de Marta Elena Casaús (2018), quien analiza la concentración del poder a partir del estudio de las:
Redes de poder familiar entendidas como el conjunto de familias que configuran la élite de poder y que conforman en cada país el núcleo oligárquico. Estas redes están ligadas por … factores que le confieren una unidad y homogeneidad que le permiten constituirse como estructura[s] de larga duración. (p. 8)
Este enfoque aporta a la comprensión del componente simbólico de la dominación en países en donde persiste el linaje como elemento de legitimación del poder, con la consecuente preeminencia del privilegio sobre el mérito en la selección de los sectores que conducen al Estado. El privilegio reproduce ese círculo cerrado que caracteriza a la oligarquía y su supervivencia constituye un freno para procesos de movilidad social y circulación al interior del bloque de poder, necesarios para construir cualquier proyecto disruptivo, llámese progresismo o de otra tendencia.
En tal sentido, este trabajo se propone realizar una revisión sintética de los momentos clave de configuración de las élites económicas y políticas en el Ecuador, identificando las estrategias que han permitido a los grupos de poder, configurados en torno al privilegio, mantener vigente su incidencia en la historia nacional y rearticularse en coyunturas en que su hegemonía se encuentra amenazada.
Ecuador inicia su vida republicana después de la disolución del proyecto de integración regional denominado Gran Colombia (1819-1931). Esto significó el triunfo de los intereses comerciales y políticos de las elites locales, las cuales resintieron el proteccionismo de estas nuevas configuraciones territoriales. Este proceso destaca porque evidencia el carácter fragmentado que tuvieron las recién creadas repúblicas, las cuales constituyeron sociedades regionales (Núñez, 1991, p. 16). Ello generó a su vez, que las clases que se disputaron el poder asumieran distintas estrategias para lograr su hegemonía en este contexto de fragmentación y disputa entre poderes locales.
A lo largo del siglo XIX, hasta las tres primeras décadas del XX, el poder político constituyó la expresión directa del poder económico, oscilando entre los hacendados serranos, los latifundistas del litoral y, luego de la apertura comercial auspiciada por la Revolución Liberal, los dueños del capital financiero, cuyos intereses no estaban divorciados de los propietarios de la tierra, pues la acumulación que derivó en la fundación de los primeros bancos estuvo directamente relacionada con la renta cacaotera, en el caso de la costa; por ejemplo el Banco Comercial y Agrícola (1825). En el caso de la sierra, los terratenientes que se insertaron en la dinámica de competencia por el poder económico y, por ende, político, fundaron el Banco del Pichincha en 1906, logrando así su cuota de representación durante el periodo de la plutocracia (1912-1925).
La administración del Estado ecuatoriano durante el siglo XIX estuvo determinada por el caudillismo, el cual constituyó la amalgama del poder terrateniente y militar. En esta dinámica, la familia aristocrática (familia ampliada) jugó un rol fundamental pues los emparentamientos entre los militares que participaron en la independencia y las damas de familias terratenientes permitieron al sector hacendatario proyectarse como una clase dirigente con hegemonía nacional por la vía del autoritarismo, puesto que se trataba de una época en la cual primaron los golpes de Estado así como los gobiernos de facto legalizados por Constituciones a la carta.
Así mismo, mediante la influencia directa que tuvo la clase dirigente sobre la población de las haciendas, sometida a la servidumbre, que para esa época constituía el sector mayoritario del país, dicha autoridad permeó a la sociedad, naturalizando su poder y convirtiéndola también en una clase dominante.
En este escenario, la presencia de los viejos apellidos de la elite hacendataria, heredera de la encomienda, constituyó una vía de legitimación de la capacidad de disputar el control de la política nacional, igual que los espacios de poder a nivel regional (Quito, Guayaquil, Cuenca, entre otros). Esto, debido a que la hacienda, la cual se consolida sobre las concesiones de tierras hechas por los cabildos a los encomenderos durante la Colonia (Hurtado, 1977, p. 37), constituyó no sólo un mecanismo de dominación económica sino también política e ideológica en donde se reproducían las relaciones asimétricas de una sociedad basada en el privilegio y el derecho divino.
En esta dinámica, por ejemplo, podemos ubicar al matrimonio del militar venezolano Juan José Flores, primer Presidente del Ecuador, con la terrateniente Mercedes Jijón de Vivanco, descendiente de los Condes de Casa Jijón; unión de la cual se derivan sociedades que marcaron la vida política del país en los siglos XIX y XX, como por ejemplo la alianza Flores Jijón y Caamaño, coalición terrateniente que formó parte de la “Argolla”, apelativo con el que se denominó a los gobiernos “progresistas” (1883-1895) previos a la Revolución Liberal, en los cuales confluyeron intereses liberales y conservadores.
Las alianzas entre familias permitieron, a su vez, la imposición de un proyecto centralista, frente a las tendencias federalistas de las oligarquías regionales, pese a que todo el siglo XIX, hasta la primera mitad del XX, el país experimentó varios enfrentamientos armados en los cuales se intentó establecer proyectos autonomistas. Aquello profundizó el sentimiento regionalista, escalando a nivel de la sociedad la confrontación política y económica que mantuvieron las élites de las principales regiones del país: la sierra norte (Quito), la costa (Guayaquil) y la sierra sur (Cuenca y Loja).
Estos conflictos fueron, a su vez, la expresión de los alcances que tuvo poder hacendatario, el cual constituyó una compleja estructura económica, política y social que incluso contó con una milicia propia. Esta situación se mantuvo hasta la institucionalización del Ejército Nacional durante la segunda década del siglo XX. Por tanto, la disputa caudillista, atravesada por reivindicaciones de corte regional, estuvo marcada en el fondo por una confrontación enfocada al control de la tierra y de la mano de obra entre las distintas facciones de la clase terrateniente vinculadas a la hacienda huasipunguera (sierra) y la hacienda cacaotera (costa), lo cual se expresó en la permanente tensión entre los límites del poder central y el poder local, teniendo en cuenta —como se ha dicho— la presencia de un desarrollo desigual y desarticulado entre las distintas regiones del país.
El control del Estado benefició el monopolio terrateniente serrano pues su concentración de la mano de obra, en detrimento de las haciendas costeñas que demandaban cada vez más fuerza de trabajo, cumplía una doble función, la económica, que les permitía acaparar los recursos derivados de la producción agrícola y obrajera y, la política, que al impedir la libre movilidad de la población servil también contenía el desarrollo cada vez más acelerado de la Costa (principalmente la ciudad de Guayaquil) como grupo de poder capaz de disputar la hegemonía de la sierra.
Aunque esta confrontación fue vista por algunos autores (Quintero, 1983; Hurtado, 1977) como un proceso de diseminación del poder político, gracias al cual los dueños de la tierra asumieron las atribuciones de un Estado todavía endeble; el poder de los hacendados nunca entró en contradicción con los intereses del poder central, al menos durante el primer periodo republicano puesto que los poderes locales (municipios y gobernaciones) mantuvieron una articulación con los intereses del gobierno nacional mediante la coordinación del Ministerio de Hacienda.
Por tanto, la concentración del poder político y económico a lo largo del siglo XIX dan cuenta de la presencia de un proyecto oligárquico en los cimientos sobre los cuales se edificó el Estado nación en Ecuador; una estructura que a lo largo de la historia ha sido muy difícil de transformar, principalmente por lo poco permeable de las fronteras que se establecieron en los círculos de poder político y económico, lo cual ha limitado el proceso de circulación de élites.
Esta concentración nos remite, a su vez, a reflexionar en torno al poder de las familias “notables” en el siglo XIX, las cuales encarnaron el poder de la hacienda, pues la continuidad de su dominación se dio en el marco de una débil institucionalidad estatal o, al menos, débil desde el punto de vista de la construcción de un proyecto verdaderamente republicano, pues este fue muy funcional para garantizar los intereses de los sectores oligárquicos, manteniendo a la estructura administrativa de este país como un reducto de la institucionalidad colonial.
La Revolución Liberal (1895) marca la transición entre el siglo XIX y el XX y da paso a la emergencia de la política de masas durante la primera mitad del nuevo siglo. Este proceso revolucionario se propuso modernizar y democratizar al Estado, es decir, construirlo como la expresión del interés público, sin embargo, no consiguió romper las lógicas del privilegio y la “caporalización” del Estado (Quintero, 1983) que caracterizaron al modo de dominación oligárquico.
Dicha dominación, sin duda, se construyó sobre la base ideológica del poder terrateniente que, a nivel nacional, estructuró todo un aparato jurídico destinado a mantener la dinámica del trabajo servil (por ejemplo, la prisión por deudas y los códigos de enjuiciamiento civil aplicados para su incumplimiento). Esto fue posible por la presencia de los terratenientes en las instancias de representación política como el Congreso y, a nivel local, como representantes del Estado, actuando como juez y parte.
A la lógica del control se sumó además el rol que jugó la hacienda en la reproducción de la vida social y cultural del indígena y el mestizo. Al interior de ella también estaban la escuela, la iglesia y la fiesta así como su espacio de arraigo (huasipungo o pedazo de tierra), lo cual la dotaba de un sentido comunitario basado en relaciones paternalistas (el “amo” no solo castiga sino también provee) que no fueron fáciles de reemplazar cuando esta constelación social se rompió, principalmente por la ausencia de un sentido de identificación entre la población servil y el Estado, la misma que no contaba con el privilegio de la ciudadanía (voto censitario).
Sin embargo, la disputa interoligárquica que tuvo lugar a lo largo del siglo XIX respecto a la ampliación o limitación de las atribuciones de los gobiernos regionales, no alteró los mecanismos de dominación a nivel local. Los sectores oligárquicos supieron adaptarse a los cambios y, para ello, la familia aristocrática jugó un rol importante. En periodos en que el cargo era nombrado directamente por el Ministro de Hacienda, los terratenientes locales se preciaban de sus alianzas, y en muchos casos emparentamientos, con el poder central. Y, en periodos en que se establecían mecanismos de elección, los hacendados movilizaban a sus peones como clientela política, haciéndolos votar aún sin cumplir con el requisito de ser alfabetos.
Este poder, que se consolidó durante el primer periodo de la República a partir del remozamiento de los sectores aristocráticos tradicionales mediante el uso de la familia como red de poder, rebasó las fronteras de lo local y mantuvo articulaciones con el Estado-nacional. Por tanto, aún con la configuración de un nuevo proyecto nacional de orden liberal y tendencias burguesas (hacia el final del siglo XIX), el país reprodujo una lógica autoritaria y vertical, en la esfera política, la cual constituyó el correlato de las relaciones precapitalistas en la esfera económica.
Si bien el periodo liberal aportó importantes transformaciones sociales en Ecuador, como la separación de la iglesia y el Estado, la democratización de la educación y —con ello— la emergencia de un sector de clase media contra hegemónico (Cueva, 1972), así como la universalizad del voto; en la esfera económica permitió el despunte de la oligarquía cacaotera. La eliminación de la prisión por deudas, permitió la libre circulación de la mano de obra de las haciendas de la sierra a los latifundios de la Costa, manteniendo mecanismos de explotación del trabajo semiserviles.
Este nuevo ciclo de acumulación (cacao) posibilitó la inserción del país en el mercado mundial, pero sin una modificación de su estructura productiva (primario-exportadora de base agrícola) ni de su clase dirigente. Como correlato, en la esfera política se abrió un nuevo periodo de dominación de la oligarquía local, caracterizado por el poder de la banca (plutocracia), sellando de esta manera la alianza entre un sector terrateniente más modernizante y un sector comercial con preeminencia del capital agroexportador y financiero. Este reacomodo del poder oligárquico se produjo gracias a la participación de los dueños de las haciendas y sus ejércitos personales (montoneras) en el proceso revolucionario, cuyos intereses se impusieron a los sectores más radicales.
Es importante mirar al sector dirigente resultante de este proceso, que puede definirse como uno de los “momentos constitutivos” (Zavaleta, 1986) del Estado ecuatoriano. Según Andrés Guerrero (1991), la primera mitad del siglo XX vio la emergencia de un particular tipo de burguesía en el Ecuador:
Se define un género de burguesía local plenamente constituido, cuyo fundamento económico no es la acumulación de capital a través de un proceso de producción social, sino un proceso de acumulación de capital en base a las diversas tareas (funciones) de circulación de la renta de la tierra (cacaotera) necesarias para su realización en el mercado mundial y, luego, el consumo individual de las diversas clases sociales entre las cuales se distribuye. (p. 70)
Entonces, luego de la Revolución Liberal se produjo un reacomodo al interior de la oligarquía. Viejas familias, “venidas a menos” como los Luzárraga, Carbo, Icaza, Pareja, Vítores y Novoa dieron paso al ascenso de nuevos clanes como Aspiazu, Seminario, Puga, Morla, Sotomayor, Wright y Baquerizo (Núñez, 1991, p. 73). Este proceso se derivó de un sistema de alianzas familiares que cooptó a un emergente sector comercial, asimilándolo a la estructura de dominación del Gran Cacao, ya sea por vía matrimonial o mediante otro tipo de alianzas comerciales.
En tal sentido, si bien la política basada en el ejercicio del gamonalismo estuvo presente en varios países latinoamericanos en virtud de que los procesos de concentración de la tierra y explotación de la mano de obra fueron parte de la formación estructural de la región, en el caso de Ecuador el mismo adquirió trascendencia por varios factores. En primer lugar, porque este modo de dominación no se remite a lo local solamente, sino que se inserta en los mecanismos de administración gubernamental y en la construcción del proyecto de Estado-Nación, irradiando en las instituciones democráticas “modernas” formas de dominación anacrónicas basadas en el privilegio y el paternalismo. Este fue uno de los mecanismos que apuntaló la supervivencia de prácticas oligárquicos, aún frente a proyectos de corte burgués como la Revolución Liberal.
En segundo lugar, porque en el país no ha habido un proceso de transformación radical de este modo de dominación, solo un remozamiento conducido de manera vertical, pues desde las distintas esferas de la vida económica, política y cultural del país, se ha limitado la participación de los sectores populares. Para ello, la supervivencia de prácticas como el clientelismo, el paternalismo y el caudillismo han sido claves, así como la persistencia de círculos exclusivos en donde priman lógicas basadas en el privilegio.
El ciclo de acumulación basado en la exportación de banano (segunda mitad del siglo XX), que siguió al del cacao, no alteró las prácticas de la elite económica, la cual afincó su competitividad en mecanismos rentistas como las políticas proteccionistas del Estado y la expoliación de los trabajadores (aunque la producción bananera insertó relaciones de trabajo salariales, estas no carecían de precarización). Incluso, se benefició de ventajas naturales como la fertilidad de la tierra o los desastres naturales que afectaron la producción en Centroamérica y redirigieron la demanda del mercado hacia países como Ecuador.
El proceso de modernización capitalista que experimentó el Ecuador durante la segunda mitad del siglo XX y que tuvo su correlato en la esfera política con el fortalecimiento de la estructura administrativa del Estado y la emergencia de la política de masas (se rompió el monopolio bipartidista de los liberales y conservadores, para dar paso a la fundación de varios partidos nuevos, entre ellos el comunista y el socialista), significó un muñequeo entre la necesidad de un nuevo proyecto de desarrollo acorde a las demandas del mercado mundial y los rezagos del pasado que permitían mantener el orden establecido sin alterar la lógica del privilegio.
En tal sentido, los distintos ciclos de acumulación que marcaron la historia del país fueron incorporando en el bloque de poder dominante a sectores con nuevos intereses económicos, consolidando, para la década de los treinta del siglo XX, una oligarquía predominantemente terrateniente y agroexportadora, con conexiones con el capital comercial, financiero y, en menor medida, industrial.
Este proceso estuvo marcado por la emergencia de nuevas facciones con tintes burgueses dentro de bloque de poder, provenientes principalmente del litoral. Sin embargo, aunque este sector se nutrió de una emergente burguesía, esta priorizó prácticas oligárquicas como la captura del poder político para garantizar la continuidad del poder económico, la apelación a la intervención militar para combatir la “amenaza” de la organización obrera en ascenso, el mantenimiento de una economía agroexportadora y dependiente del capital extranjero (principalmente con el inicio de la explotación petrolera el último cuarto del siglo XX) y la reproducción de una dinámica de acumulación anclada a la concentración de la tierra y a las familias que ostentaron este poder históricamente.
Durante la transición del cacao al banano tenemos la presencia de tres tipos de grupos: 1) Las viejas familias oligárquicas que remontaron la crisis cacaotera gracias a la concentración del crédito por su participación en el sector financiero (por ejemplo los Aspiazu y los Seminario); 2) Los nuevos propietarios burgueses que adquirieron tierras baratas o que se beneficiaron de la confiscación de las mismas por su relación con la banca; y 3) Un sector de la clase media que se favoreció de los proyectos de colonización hacia las tierras del Litoral y la Amazonía. Estos grupos continuaron con la producción de cacao, pero también se abrieron hacia otros cultivos como café, azúcar y banano.
En el caso de los más grandes latifundios cacaoteros como el Tengel y la Clementina (propiedad de la familia Durán Ballén), pudieron conservar sus tierras gracias al capital extranjero al cual entregaron su control completo, a diferencia de otras haciendas que tenían participación extranjera, pero seguían siendo administradas por propietarios locales.
A esta élite habría que sumarle un nuevo proceso de remozamiento, derivado de la incorporación de importantes grupos económicos de poder regional fundados por inmigrantes que llegaron al país desde principios del siglo XX, principalmente libaneses —dedicados al préstamo y la usura—. Su incidencia y participación fue determinante en la transformación de la realidad económica y política del litoral y, paulatinamente, de todo el Ecuador.
Los nuevos ricos tuvieron que adherirse a los mecanismos de la oligarquía tradicional para insertarse en los espacios de poder. La oligarquía guayaquileña despreciaba a los inmigrantes. Por tanto, igual que ocurrió con los militares independentistas sin buena cuna (como Juan José Flores) o la clase burguesa emergente del periodo del banano, los inmigrantes tuvieron que recurrir al matrimonio para insertarse en el círculo de exclusividad de la ciudad que, para ese entonces, representaba todo el estilo de vida opulento de la elite moderna.
Como señala Jorge Núñez (2019):
Las familias guayaquileñas usaban el término ʻpachicheʼ para referirse al italiano pobre que llegó al puerto y ʻturcoʼ para calificar al inmigrante sirio libanés. A Guayaquil también llegaron españoles, italianos y alemanes pobres, pero al ser más blancos y rubios, fueron de más fácil asimilación (por ejemplo, los alemanes Moeller y los italianos Tosi). En esta ola de migración ubicamos las raíces de Jaime Nebot [líder del Partido Social Cristiano], hijo de padre catalán y madre libanesa. Toda la marginalidad se terminó cuando un joven turco de la familia Dassum se casó con una Arosemena (sobrina de Presidente de la República). A partir de ese momento, turco con plata era persona blanca que podía entrar a la oligarquía y que podía entrar al Club de la Unión y los fueron cooptando. (Comunicación personal, 10 de diciembre de 2019)
Ahora bien, a pesar de que la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por la irrupción de gobiernos de corte nacionalista y con un proyecto progresista (luego de la Revolución Juliana tuvieron lugar en el país dos dictaduras militares) el aparato oligárquico y burgués ecuatoriano continuó administrando al Estado como una propiedad de carácter privado, asumiendo los costos de las pérdidas y ganancias de los grupos económicos. Es decir, como señala Jorge Núñez (comunicación personal, 10 de diciembre de 2019), las clases dominantes se transformaron, pero no sus mecanismos de dominación.
En este contexto, la élite gobernante funcionó durante toda la segunda mitad del siglo XX como un enlace entre los intereses de los grupos de poder, y de estos con el capital internacional, favoreciendo la acumulación del sector privado (de carácter concentrador y monopólico) y transnacional por intermedio del Estado. Dicha élite estuvo conformada por representantes directos de los grupos de poder económico que alcanzaron hegemonía durante cada periodo de acumulación o, en el caso de las dictaduras militares, como parte del aparato “técnico” y burocrático que respaldó sus administraciones.
Así, el siglo XX en su conjunto se puede sintetizar como un periodo de transformaciones orientadas a garantizar la continuidad de la hegemonía señorial de la clase dominante (no homogénea pero sí amalgamada) afincada en ventajas de orden pre capitalista como la posesión de la tierra, la explotación de la mano de obra y el proteccionismo estatal. Estos factores permitieron la acumulación de grandes fortunas, primero con el boom cacaotero, luego con el desarrollo de la agroindustria (banano, principalmente) y, posteriormente, con su proyección hacia otros sectores de la economía que vieron en esta amalgama la imposibilidad de constituirse de manera independiente a sus intereses.
En Ecuador, este modelo concentrador y vertical dio forma al proyecto de Estado a lo largo del siglo XX. La clase dominante, fortalecida durante los ciclos de acumulación, actuó también como clase dirigente, manteniendo su representación en los distintos proyectos políticos que dieron forma al Estado moderno. Estos ciclos, indudablemente, estuvieron precedidos de una confrontación de carácter regional y burguesa, en donde la cooptación de la clase media y las Fuerzas Armadas sirvió para canalizar el descontento social (Revolución Juliana, dictaduras militares de los 60 y los 70), así como la inauguración de la política de masas que encabezó el cinco veces presidente (entre 1943 y 1972), José María Velasco Ibarra, un personaje de investidura aristocrática pero con la capacidad de acercarse física y discursivamente a la población.
Los años 50, hasta mediados de los sesenta, estuvieron marcados por la irrupción de la industria bananera ecuatoriana en el mercado mundial y la profundización de la estructura agroexportadora en el mercado del banano. En este periodo, destacan dos aspectos. Uno, la consolidación del sector agroindustrial como eje de la política económica ecuatoriana y, dos, la modernización relativa derivada de esta industria que a la postre permitió dos cosas. Por un lado, la formación y consolidación de una clase obrera más o menos estable y, por otro, el crecimiento del mercado nacional.
Durante el periodo bananero el país experimentó una primera etapa de desarrollo industrial, pero orientada a los productos de consumo primario, principalmente alimentos y textiles, a diferencia del boom del petróleo en el marco del cual se intenta desarrollar una industria capaz de sustituir las importaciones. Y es que, para 1950, el país todavía estaba atado estructuralmente al pasado. Al menos el 71% de la población era rural; existía deficiencia en los sistemas de transporte y comunicaciones, así como en los servicios de agua y energía; la presencia mano de obra era abundante, pero poco calificada, y la disponibilidad de crédito para actividades fuera del sector agropecuario era reducida (Salvador Gordillo, 1992, p. 120-128).
Por tanto, el desarrollo industrial estuvo liderado por un sector textil alimenticio, principalmente de la Sierra, el cual, a decir de Víctor Hugo Torres Dávila (2012), constituyó una burguesía industrial demasiado débil y dependiente para presionar por el fomento de este sector. La formación de esta burguesía fue el resultado de la transformación de la hacienda serrana, a consecuencia de la presión que las relaciones capitalistas ejercieron sobre el sector agrario. De este modo, siguiendo las reflexiones del autor, la nueva burguesía (“el hacendado-burgués”) constituyó una fracción de una clase más compleja a la que estuvo atada mediante lazos familiares (pp. 104-111).
Si bien en ese periodo los sectores populares como conglomerado crecen, construyen ciudades y le dan vitalidad al Estado, no participan de su administración. La democracia, como concepto práctico y de ampliación y participación estatal estaba captada por un bloque de poder en donde confluyeron prácticas oligárquicas con un proyecto nacional desarrollista.
La dictadura militar que se instaló entre 1963 y 1966, presidida por el Capitán de Navío Ramón Castro Jijón, puso en marcha el Plan General de Desarrollo Económico y Social elaborado por la JUNAPLA (Junta Nacional de Planificación) con lo cual se dio continuidad a la “iniciativa terrateniente de modernización agraria” (Torres Dávila, 2012, p. 108) que impulsó el desarrollismo de las décadas de los cincuenta y sesenta; iniciativa que se materializó en la reforma agraria que (1964) puso fin al modelo de dominación hacendatario.
Como parte del proceso de alineamiento de “la fracción agraria modernizante albergada dentro del Estado oligárquico” (Torres Dávila, 2012, p.113) al programa de la Alianza por el Progreso, conducido por Estados Unidos en América Latina, la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización (1964) permitió a los empresarios serranos, imponerse a los sectores terratenientes más retardatarios. Por tanto, aunque la transformación de las relaciones de producción resultantes del paso del sistema hacendatario al de plantación y, posteriormente, la llegada del boom petrolero demandaron del país procesos de modernización tanto en el ámbito económico como político, dichos procesos estuvieron constreñidos a la dirección de una clase dominante con un pie en el pasado oligárquico y otro en el presente capitalista. Por tanto, en el caso ecuatoriano no se terminó de consolidar una burguesía nacional capaz de conducir un proyecto realmente modernizador y democratizador.
Cuando en el país se inicia la era petrolera (setentas) los militares vuelven a tomar el poder por las armas para conducir un nuevo periodo de desarrollismo, el cual tuvo mayor éxito gracias a la enorme cantidad de recursos económicos que inyectó el petróleo. Este constituyó un momento definitivo en el proceso de modernización capitalista puesto que el país dio un paso más decisivo hacia la industria, en base a la diversificación que le imprimió a la economía el hidrocarburo. Además, se dio paso a una nueva Ley de Reforma Agraria (1973) que, aunque pretendía ser más eficaz que la primera, no tuvo una gran incidencia en la distribución de la tierra.
La dictadura militar tuvo dos momentos. El primero, de 1972 a 1976, luego de que Guillermo Rodríguez Lara derrocara a Velasco Ibarra y asumiera el poder bajo una bandera nacionalista, revolucionaria y anti oligárquica. Rodríguez Lara, quien en un acto emblemático presidiera la caravana que llevó hacia Quito el primer barril de petróleo extraído del oriente ecuatoriano, lideró un gobierno desarrollista enfocado en la generación de programas de asistencia, principalmente a los campesinos. En términos simbólicos, este gobierno dejó un importante legado, pues muchos años después la ciudadanía, principalmente de la sierra, pedía el retorno de los militares al gobierno frente a la incapacidad de los posteriores regímenes democráticos de distribuir la riqueza petrolera.
El segundo momento de la dictadura estuvo a cargo de un Triunvirato Militar (1976-1979) que se dedicó a preparar el terreno para un retorno pactado hacia la democracia, una vez que los florecientes sectores industriales vislumbraran un terreno electoral propicio para asumir la hegemonía del bloque de poder. Para ello, se establecieron comisiones jurídicas para reformar la Constitución de 1945, estructurar el sistema de partidos y expedir una Ley Electoral.
Una vez diseñado este nuevo marco legal (en 1978 se aprobó la nueva Constitución), el Ecuador se dispuso a retornar a la democracia. Para ello, se dio paso a la inscripción de nuevos partidos, la mayoría de ellos vigentes hasta la actualidad. Por ejemplo, la Izquierda Democrática (social-demócrata), la Democracia Popular (demócrata-cristiano), el Movimiento Popular Democrático (marxista). Adicionalmente, se reinscribieron la Concentración de Fuerzas Populares, el Partido Social Cristiano, el Partido Comunista del Ecuador y el Frente Radical Alfarista (posteriormente Partido Socialista-Frente Amplio).
En las elecciones de 1979 salió vencedor el candidato de CFP, León Roldós Aguilera, quien descendía de una familia golpeada por la crisis cacaotera. Roldós, un abogado que provenía del movimiento de estudiantes universitarios y cuyo rol fue protagónico durante la dictadura, venció al Partido Social Cristiano, lo cual también puede ser leído como el ascenso de la incipiente burguesía industrial a la cabeza del bloque de poder.
Debido al distanciamiento de Roldós con su padrino político (Bucaram) durante su gestión gubernamental, así como en virtud de lo que representó como mediador político de un emergente sector industrial con intereses distintos al bloque agroexportador, este gobierno fue truncado. En 1981, Roldós y su esposa fallecieron en un accidente en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el cual hasta la actualidad no ha sido esclarecido ni juzgado. Lo reemplazó su vicepresidente, Oswaldo Hurtado, quien dio continuidad a las políticas económicas destinadas a fortalecer a un sector empresarial con fuertes raíces en la agroindustria y la banca.
El terreno quedó listo para la consolidación de los gobiernos empresariales en la década de los 80 y 90, los cuales diseñaron el marco jurídico para la implementación de un proyecto nacional de corte neoliberal. Si bien es cierto, existió una mayor democratización de las instancias de representación política con la creación de nuevos partidos políticos, la consolidación de las organizaciones populares —con el movimiento indígena como el principal articulador de la resistencia al modelo neoliberal— y la llegada de los sectores medios a espacios de representación en el Poder Legislativo (Pachano, 1991), las reminiscencias autoritarias del modo de ser oligárquico se mantuvieron vigentes en el “moderno” Estado de la pos dictadura. El privilegio continuó siendo el mecanismo principal de articulación entre el Estado y la sociedad civil pues las instituciones encargadas de reproducirlo no se transformaron.
De hecho, durante el periodo neoliberal la cooptación de la educación superior se consolidó con la proliferación de universidades privadas administradas por integrantes de los mismos grupos de poder, que no dejaron de estar representados directamente en todas las esferas del poder político, económico e ideológico (por ejemplo, los medios de comunicación). Por otro lado, la estabilidad institucional no duró más allá de mediados de la década de los 90 cuando se sucedieron una serie de derrocamientos presidenciales, esta vez protagonizados por la movilización de los sectores populares inmersos en contextos de precarización, explotación y exclusión.
Por su parte, los “modernos” partidos políticos, si bien incorporaron sectores de clase media, no dejaron de estar dirigidos por representantes de familias notables, ligadas a su vez a grupos de poder económico, evidenciando la supervivencia de mecanismos de dominación oligárquicos aunque el bloque de poder se haya vuelto más heterogéneo y con una mayor interpelación de poderes económicos de carácter regional.
Como se ha revisado, la crisis institucional que dio paso a la llegada de un gobierno que se ubicó dentro de la primera ola progresista desplegada en América Latina, es decir, el gobierno de Rafael Correa Delgado (movimiento Alianza País-AP), quien se mantuvo frente al país de 2007 a 2017; fue el resultado de la profundización de la desigualdad y la ampliación de las brechas sociales, en el marco de un proyecto económico (neoliberalismo) en el que el Estado permitió la expoliación directa de la clase media y los sectores populares, contradiciendo incluso el espíritu capitalista, el cual requiere ampliar la capacidad de consumo.
El feriado bancario del 1999 y la posterior dolarización de la economía, en el año 2000, constituyeron la expresión de la magnitud del poder e incidencia de la banca, aliada a los sectores oligárquicos, que continuaron presentes en el Estado moderno. La Ley que preparó el terreno para la crisis bancaria se aprobó durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, descendiente de una de las más poderosas familias cacaoteras y emparentado con grupos de poder vinculados al rampante capital comercial y financiero (Wright).
La profundización de la crisis económica e institucional presente entre 2000 y 2007 constituye el marco en el que Ecuador se suma a la lista de países que optan por un proyecto político alternativo que, en términos generales, representó una amalgama entre la construcción de una figura política al margen de las tendencias del sistema tradicional (outsider) y la articulación de movimientos y sectores progresistas en torno a dicho proyecto electoral.
Sin duda, el gobierno de Rafael Correa constituyó un proyecto de ruptura frente a las continuidades históricas que venimos revisando. Algunos elementos que dan cuenta de ello son la configuración de un nuevo pacto social (Constitución de 2008), la modernización y profesionalización de la institucionalidad pública, la recuperación del rol del Estado como ente regulador, el proyecto de transformación y democratización de la educación superior, la aprobación de leyes encaminadas a desestructurar poderes fácticos (Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado y Ley de Comunicación), el incremento de la inversión en el sector social, la implementación de políticas redistributivas y la participación en instancias de articulación regional (UNASUR).
Sin embargo, el gobierno de Alianza País tuvo varios momentos, muchos de ellos caracterizados por el distanciamiento de los movimientos sociales y los sectores progresistas, complementado con la derechización del partido de gobierno. La propuesta de transformación de la matriz productiva no pudo ser cristalizada debido al peso que continuó teniendo la economía primaria y exportadora, dependiente de productos agrícolas, los hidrocarburos y, más recientemente —en concordancia con el proyecto de su nuevo socio comercial, China—, la minería. De hecho, las políticas vinculadas a la ampliación de los proyectos extractivos, fueron el detonante para un distanciamiento total del movimiento indígena, que en reiteradas ocasiones protagonizó movilizaciones fuertemente reprimidas.
Es importante destacar que la estructura de los grupos de poder económico, señalados antes, no se modificó sustancialmente, si bien se intentó aplicar normativas, encaminadas por un lado a contener el poder de la banca y, por el otro, a mejorar la recaudación de impuestos, lo cual impactó a grupos económicos como la bananera Noboa, aunque el sector que más aportó en este ámbito fue la clase media, la misma que —dicho sea de paso— incrementó ampliamente su capacidad de consumo.
El último gobierno de Alianza País, presidido por Lenin Moreno Garcés (2017-2021), no solo fue la consecuencia del desgaste y el deterioro del proyecto político de AP, que en su momento fue incapaz de renovar sus cuadros, evidenciando el peso una política personalista; sino que actuó como bisagra entre el nuevo sector hegemónico y los grupos de poder tradicionales. Por tanto, este gobierno preparó el terreno de desestructuración institucional, necesario para el retorno del modelo neoliberal, asumido posteriormente por Guillermo Lasso.
El intento fallido de retomar el poder por parte del sector político que aún se asume como progresista, tras romper con el AP de Lenin Moreno y formar una agrupación propia signada por la imagen de Rafael Correa (Movimiento Revolución Ciudadana-RC) preparó el terreno para el regreso al gobierno de una derecha articulada al poder financiero y agroexportador. En principio, porque la propuesta electoral que candidatizó a Andrés Arauz estuvo marcada por la división entre los sectores de izquierda. Por otro lado, porque dicha propuesta aparecía ahora asociada al statu quo, es decir, a los sectores que ya gobernaron el país.
El triunfo de la derecha, representada por Guillermo Lasso, puede entenderse como el triunfo de grupos económicos cuya presencia no es ajena a la historia nacional, como lo venimos revisando. Si bien estos sectores ahora se encuentran articulados bajo la figura de Guillermo Lasso Mendoza, representante de una burguesía financiera emergente, también integran a las tradicionales oligarquías agroexportadoras, las cuales se han convertido en elite de poder regional con la capacidad de presionar al Estado desde su papel de autoridades locales (el Partido Social Cristiano-PSC, por ejemplo) y con representación directa en la Asamblea Nacional y otras funciones del Estado.
Recordemos que el PSC respaldó la candidatura presidencial de Lasso. Ahora bien, aunque este partido varias veces ha expresado su salida del actual proyecto de gobierno, su demostración pública de apoyo durante las movilizaciones indígenas de 2022 fue uno de los factores que mantuvo fuerte al mandatario ante la amenaza de derrocamiento que entrañaba la intensidad de la protesta social. Además, en junio de 2022 cuando en la Asamblea Nacional se votó por la muerte cruzada (destitución del Primer Mandatario) con base en el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, solo se obtuvieron 80 de los 94 votos necesarios. Una vez más, la bancada del PSC fue un factor determinante para este resultado.
Así, en este análisis, que busca identificar las conexiones entre la continuidad y la ruptura de las prácticas oligárquicas de poder en Ecuador como un marco de interpretación de la actual de crisis social que vive el país, es importante resaltar la supervivencia de modos de ser y hacer política anacrónicos que, ideológicamente, han actuado como dispositivos para mantener la hegemonía de un círculo cerrado que, como hemos venido mirando con esta revisión histórica, no ha alterado sus fronteras, si bien ha experimentado modificaciones y transformaciones al interior de su propia esfera.
Por tanto, una de las últimas imágenes de la supervivencia del Ecuador señorial lo constituye la fotografía oficial de la familia de Guillermo Lasso durante su posesión en el Palacio de Gobierno (Carondelet). Esta fotografía es emblemática por la carga simbólica que presenta, pues es la imagen de la “familia notable” en el poder, la que —como vimos— fue un elemento para acumular capital social (prestigio) durante el paso de la colonia a la República y legitimar el derecho a mandar.
Demostraciones públicas como la foto citada, que puede ser vista en cualquier medio de comunicación, se suman a otras similares como la boda del hijo del Vicepresidente de la República, para la cual se colocó un cerco en el centro histórico, o los mensajes racistas de la Viceministra de Educación, Alexandra Cárdenas, en sus redes sociales, la cual tuvo que renunciar por este hecho. Sin contar con el retorno de los discursos de odio racial expresados desde otros espacios que son dispositivos de control social como los de las cúpulas de La Universidad San Francisco de Quito o los medios de comunicación.
La cuestión que debemos considerar es lo que significa para el proyecto de Estado nación ecuatoriano la supervivencia de fenómenos como la legitimación a partir elementos como el linaje y la procedencia social, o la vigencia de prácticas de concentración de la economía a partir de redes familiares (en detrimento de la presencia de sectores gerenciales y técnicos). De acuerdo a autores como Balmori et al. (1990), la preeminencia de la familia notable en las esferas del poder del Estado, empezó a declinar en el mundo (incluidos varios países de América Latina) en el último tercio del siglo XIX, cuando su mediación perdió vigencia frente a la configuración de instituciones más modernas.
En tal sentido, la vigencia simbólica, pero también pragmática de los lazos familiares como mecanismos para acceder y concentrar el poder económico, político e ideológico, dice mucho sobre el carácter anacrónico del Estado ecuatoriano. A ello se suma también la confrontación regional como una expresión de la disputa interelite y que se ha extrapolado a la esfera social como un fenómeno característico de la sociedad ecuatoriana, el regionalismo, aportando otro elemento a las complejidades que entraña el construir un proyecto de nación a la medida de los grupos de poder.
Por tanto, el retorno de la derecha al gobierno en el caso del Ecuador implica, por un lado, que nunca estuvo totalmente ausente. Es por ello que prácticas anacrónicas como las citadas no pudieron ser trastocadas aun después de una década (ciclo progresista) en la que se abrieron varios frentes de disputa orientados a transformar/modernizar la economía, las instituciones políticas y los aparatos de reproducción ideológica. Al no haber tocado las fibras más sensibles de la estructura de poder, dicha disputa no logró romper las barreras de una sociedad vertical, permitiendo su recomposición de forma más o menos rápida con el retorno de la derecha al poder. Esto no quiere decir que en el fondo no exista un conflicto irresuelto en ebullición que continúa queriendo estallar, como lo demostraron la intensidad de las protestas sociales de 2019 y 2022.
Por otro lado, que los mecanismos de adaptación y remozamiento de las elites en el poder siguen siendo efectivos, lo cual permite que sectores sociales en ascenso sean cooptados por los grupos de poder tradicionales, tanto en la esfera política como económica, lo que hasta el momento ha contribuido a seguir canalizando las transformaciones sociales desde arriba. Esto implica crear las condiciones institucionales para que permanezca vigente un proyecto de estado funcional a la acumulación de una elite rentista y dependiente, con actividades poco diversificadas.
Si bien en el ámbito de la política se evidencia una mayor heterogeneidad en lo que respecta a los grupos dirigentes, producto de las disputas abiertas por sectores progresistas en las últimas décadas, rezagos como el personalismo en la conducción de los partidos o el vaciamiento ideológico de la clase media están muy presentes en la cultura política del país, más allá de la presencia de un grupo perteneciente a esta clase que apoyó la protesta social encabezada por los indígenas. En tal sentido, proyectos con potencialidad transformadora todavía se encuentran latentes en el horizonte ecuatoriano.
En febrero de 2023 se realizarán las elecciones seccionales (autoridades locales), en las que RC espera recuperar espacios de poder, teniendo en cuenta la importancia que estos sectores han tenido tradicionalmente para presionar al gobierno nacional. Ahora bien, en las próximas elecciones presidenciales (2025) todavía está por verse si puede ser posible la unidad de la izquierda, actualmente fragmentada, y si dicha unidad se va a articular alrededor del movimiento RC o si surge en el panorama un nuevo outsider con la capacidad de interpelar a la institucionalidad (de cuyo lado se ubican tanto el partido de Gobierno como los ex funcionarios de la Revolución Ciudadana). Hay que tener en cuenta, no obstante, que dicha figura (outsider) puede aparecer tanto de lado de la derecha como de la izquierda.
Tanto en el presente como en el futuro escenario habría que tener en consideración la persistencia de un sector con un ascendente oligárquico que, como se ha revisado a lo largo de este artículo, tiene la capacidad de emerger cuando la coyuntura política y sus intereses se lo permiten, como sucedió con el actual gobierno de Guillermo Lasso, en donde las condiciones sociales se presentaron favorables para su llegada a la Presidencia.
A lo largo de este artículo se ha hablado de la continuidad de prácticas oligárquicas en el ejercicio del poder, haciendo referencia a la capacidad de un grupo cerrado —aunque no homogéneo— para mantener su incidencia en la construcción del poder estatal. En ciertos periodos, esta incidencia es indirecta y, en otros —el periodo neoliberal, por ejemplo— recurre a la participación directa en el gobierno. Según Juan Paz y Miño (2020), la figura de Guillermo Lasso se inserta dentro del proyecto de restauración del modelo empresarial-neoliberal.
Aunque se requiere una investigación aparte para profundizar en la estructura actual de los grupos de poder económico, luego del reacomodo que experimentaron a partir de la década de los 90 y, más específicamente durante el periodo progresista, es importante resaltar que los grupos y familias identificados en los estudios de los 80 y 90 no se han modificado sustancialmente, más allá de que ciertos sectores se independizaron y constituyeron grupos propios (Pástor Pazmiño, 2017).
En esta dinámica podemos ubicar al grupo PROINCO de Quito, el cual se consolidó a lo largo de la década de los 90 con la participación de “viejas familias oligárquicas (los Calistos, los Durán–Ballén) y familias de la nueva burguesía comercial y financiera de la sierra norte emparentadas o asociadas con aquellas (los Wright, los Paz)” (Jorge Núñez, 2008, p. 96). Este grupo, del cual forma parte el Banco de Guayaquil, liderado por Lasso en esa misma década, constituyó la expresión del emergente capital comercial y financiero, el cual entró en competencia con el capital agroexportador del litoral. Es importante señalar que, pese a los vaivenes de la política, uno de los principales ejes de negocio de este grupo, la cadena de supermercados la Favorita (Wright), continúa siendo uno de los más poderosos del Ecuador. Ya hablamos antes de los mecanismos de acumulación de este grupo.
Ahora bien, según Jorge Núñez (2008, p. 97), el brazo político de este sector, en los noventa, era el Partido Democracia Popular (renombrado como Unión Demócrata Cristiana), el cual llegó al poder en 1998 con Jamil Mahuad, el artífice del feriado bancario. Guillermo Lasso, quien ya se había consolidado como miembro de la elite económica, fue uno de los donadores para la campaña de Mahuad y, posteriormente, se desempeñó como su ministro de Economía. En este periodo el Partido Social Cristiano actuó como socio de la Democracia Cristiana pues ya se había empezado a articular una alianza entre este emergente sector de la sierra y el Grupo de Guayaquil (Núñez, 2008, p. 97).
Entonces, cuando hablamos del mantenimiento de prácticas oligárquicas nos referimos a la vigencia de la articulación entre grupos de poder económico, los cuales establecen alianzas para asumir el control directo del Estado en beneficio propio. Esto se evidencia, por ejemplo, cuando el gobierno retoma políticas neoliberales encaminadas a achicar el Estado y reducir su capacidad de regulación frente al sector privado, como sucede actualmente en Ecuador.
Si bien en el país hay una emergencia de sectores vinculados a un capital más modernizante (sector comercial y de servicios) e incluso historias de emprendimiento como las de un joven Guillermo Lasso constituyendo empresas a los 20 años, el hecho es que estos sectores requieren aliarse a las viejas clases dominantes para entrar en el juego del poder. De esta manera, las élites económicas terminan constituyendo nuevamente la expresión del rentismo en lugar de la productividad, profundizando en el país a la dependencia y primarización económicas. Es así que en la coyuntura actual el capital financiero ha retomado su hegemonía y, como contraparte, en el ámbito de la política, la administración del estado vuelve a convertirse en la expresión de lo que Núñez identifica como una “pugna interoligárquica” (2008, p. 86)
Esta larga historia de disputa por la concentración del poder no habría podido seguir su curso sin la presencia de alianzas familiares que han dejado en la periferia de este juego a los sectores medios y populares, quienes en los últimos años han retomado el camino de la protesta social frente al desgaste del sistema político ecuatoriano y al avance de poderes fácticos como el narcotráfico. En tal sentido, el sector oligárquico constituye uno de los pilares del sistema político ecuatoriano y forma parte de la estructura y de la cultura política nacional.
Por tanto, el análisis de las familias de poder permite hacer un acercamiento minucioso a los posibles rumbos de la política nacional y regional. Como se ha mencionado, la “familia notable” constituye el material por excelencia de la oligarquía andina, pues pocas regiones del mundo condensan tal nivel de endogamia política en la conformación de las estructuras del poder.
En esta dinámica podemos ubicar el retorno de un discurso ultraconservador que ha retomado fuerza con el gobierno de Guillermo Lasso, miembro del Opus Dei, quien junto a su esposa se ha declarado defensor de la “familia tradicional” (patriarcal, conservadora y católica), lo cual ha derivado en la oposición a demandas como la legalización del aborto o los derechos de las diversidades sexo genéricas. En este mismo discurso se insertan el retorno de la filantropía y la caridad, los cuales reemplazan a las políticas de justicia social.
Esto evidencia el carácter anacrónico de un sistema que parece volver sobre sus propios pasos y cuyos elementos estructurantes en el ámbito de lo simbólico no pudieron ser alterados ni siquiera durante el periodo progresista. Esta ausencia de una revolución cultural que cuestione la esencia de la estructura de dominación podría explicar la relativa facilidad con la que la derecha ha recuperado sus espacios de poder. La consolidación de su hegemonía, sin embargo, aún se encuentra en disputa.
Ansaldi, W. (1992). Frívola y casquivana, guante de hierro en mano de seda. Una propuesta para conceptualizar el término en oligarquía en América Latina. En P. Funes (Comp.), América Latina: Planteos, Problemas, Preguntas (pp. 13-20.). Editorial Manuel Suárez.
Ansaldi, W. (2000). La democracia en América Latina, más cerca del oportunismo que de los principios. Sociohistórica, 7, 219-227.
Bagú, S. (1975). Tres oligarquías, tres nacionalismos: Chile, Argentina y Uruguay. Cuadernos Políticos, 3, 6-18.
Balmori D., Voss S. y Wortman M. (1990). Las alianzas de familias y la formación del país en América Latina. Fondo de Cultura Económica.
Bosch, J. (1970). Breve historia de la oligarquía y Tres conferencias sobre el feudalismo. Alfa y Omega.
Büschges, C. y Schröter, B. (Coords.). (1999). Beneméritos, aristócratas y empresarios: identidades y estructuras sociales de las capas altas urbanas en América hispánica. Editorial Iberoamericana.
Carmagnani, M. (1984). Estado y sociedad en América Latina, 1850-1930. Crítica.
Carrión, J., y Aguilar, A. (1980). La burguesía, la oligarquía y el Estado. Nuestro Tiempo.
Casaús, M. (2018). Guatemala: linaje y racismo (Quinta Ed.). Flacso.
Cueva, A. (1972). El proceso de dominación política en el Ecuador. Planeta.
Fierro Carrión, L. (1991). Los grupos financieros en el Ecuador. Centro de Educación Popular.
Granja, M. (1992). La burguesía bancaria 1980-1984. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Guerrero, A. (1991). La semántica de la dominación: el concertaje de indios. Libri Mundi.
Hurtado, O. (1977). El Poder Político en el Ecuador. Ediciones de la Universidad Católica.
Larrea Maldonado, C. (1992). Empresas transnacionales y cambios en la exportación bananera ecuatoriana, Una reinterpretación. En Banco Central del Ecuador. El Ecuador en la Posguerra Tomo I (pp. 151-200). BCE.
Lipset, S. M., y Solari, A. E. (Comps.). (1967). Élites y desarrollo en América Latina. Paidos.
Navarro, G. (1976). La concentración de capitales en el Ecuador. Soltierra.
Núñez, J. (1991). Elites y sociedades regionales en la audiencia de quito, 1750-1809. En J. Núñez (Ed.), Historia de la Mujer y la Familia (pp. 171-224). ADHILAC-Editora Nacional.
Núñez, J. (2008). Huellas de la Cultura Ecuatoriana. Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Palomeque, S. (1990). Cuenca en el siglo XIX. La articulación de una región. FLACSO-Abya Yala.
Pástor Pazmiño, C. (2017). Los Grupos Económicos en el Ecuador. Ediciones Tierra.
Paz y Miño Cepeda, J. J. (21 de diciembre de 2020). Empresarios presidentes. Historia y Presente. https://www.historiaypresente.com/empresarios-presidentes/
Ponce Leiva, P. (2006). Historiografía sobre élites en la América hispana. Crónica Nova, 32, 21-50. https://hdl.handle.net/10481/22674
Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Aníbal Quijano. Antología Esencial. De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder (pp. 777-832). CLACSO, https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201009055817/Antologia-esencial-Anibal-Quijano.pdf
Quintero, R. (1983). El mito del populismo en el Ecuador: análisis de los fundamentos del Estado Ecuatoriano moderno (1895-1934). FLACSO.
Ramírez Gallegos, R. (2013). Tercera ola de transformación de la educación superior en Ecuador. Hacia la constitucionalización de la sociedad del Buen Vivir. Senescyt.
Ramírez Gallegos, R. (Coord.). (2012). Transformar la universidad para transformar la sociedad. Senplades,
Roitman Rosenmann, M. (2008). Pensar América Latina. El desarrollo de la sociología latinoamericana. CLACSO.
Salvador Gordillo, G. (1992). Estrategia y Política de Desarrollo Industrial en el Ecuador. 1950-1972. En Banco Central del Ecuador. El Ecuador en la Posguerra. BCE.
Saxe Fernández, E. (1999). La nueva oligarquía latinoamericana: ideología y democracia. EUNA.
Solimano, A. (2015). Elites económicas, crisis y el capitalismo del siglo XXI. La alternativa de la democracia económica. Fondo de Cultura Económica.
Torres Dávila, V. H. (2012). Estado e industrialización en Ecuador: Modernización, fricciones y conflictos en los años cincuenta. Abya Yala.
Torres Dávila, V. H. (2020). La Huella del Reformismo Interamericano en Ecuador. Revista de Historia, 27(1), 101-134.
Villavicencio, A. (2017). Calidad, excelencia y evaluación en la universidad ecuatoriana. Universidad Andina Simón Bolívar & Paradiso Editores.
Ycaza, P. (2000). Poder central y poder local en el primer período republicano. En J. Núñez (Comp.), Antología de Historia (pp. 289-307). FLACSO.
Zavaleta Mercado, R. (1986). Lo nacional-popular en Bolivia. En Obra Completa (Tomo II, pp. 143-379). Plural.
Puede ser una imagen de 12 personas, personas de pie, personas sentadas e interior
Posesión de Guillermo Lasso como presidente Constitucional del Ecuador el 24 de mayo de 2021. Fuente: @LassoGuillermo [Twitter].
Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, todos los derechos reservados 2023. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa, y su dirección electrónica. De otra forma, requiere permiso previo por escrito de la institución.
REVISTA TLATELOLCO: DEMOCRACIA DEMOCRATIZANTE Y CAMBIO SOCIAL, Vol. 1, Núm. 2, enero – junio 2023, es una publicación semestral, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04510, a través del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, Av. Ricardo Flores Magón No. 1, Piso 13, colonia Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México, Tel. 5551172818 ext. 49787, URL: https://puedjs.unam.mx/revista_tlatelolco/, correo electrónico: revistatlatelolco@puedjs.unam.mx. Editor responsable: John Mill Ackerman Rose. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de Título: 04-2022-111112043400-102, ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: John M. Ackerman Rose, Av. Ricardo Flores Magón No. 1, Piso 13, colonia Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México, Tel. 5551172818, ext. 49787. Fecha de última modificación: 28 de febrero de 2023.
El contenido de los textos es responsabilidad de los autores y no refleja forzosamente el punto de vista de los dictaminadores, o de los miembros del Comité Editorial, ni la postura del editor de la publicación.
Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados siempre y cuando se cite la fuente completa y la dirección electrónica de la publicación.
