Revista Tlatelolco, PUEDJS, UNAM
Vol. 1. Núm. 1, julio-diciembre 2022
* Doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Córdoba. Investigadora Adjunta de CONICET, Universidad de Buenos Aires, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). Coordina el Observatorio de Lawfare en la Unidad de Análisis Geopolítico del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG); Co-coordinadora del CLAJUD, organismo jurídico del Grupo de Puebla, junto a Carol Proner y Baltasar Garzón; integrante del Grupo de trabajo de Estudios sobre EE. UU. de CLACSO y del Grupo de Integración Regional y Sistema Mundo de CLACSO. ORCID: 0000-0003-2537-8758 Correo electrónico: silvinamceleste@gmail.com
En las últimas décadas, desde el sector de seguridad de gobiernos de países centrales, así como desde revistas especializadas, se viene desarrollando la noción de lawfare como guerra por la vía legal y como componente de guerras híbridas. En América Latina, se ha revelado como una herramienta de desestabilización que da cuenta de dinámicas novedosas a la vez que podría mostrar continuidades con eventos del pasado ¿es lo mismo golpe blando que lawfare? ¿es el lawfare un componente de los “golpes blandos de Estado”? y ¿qué características coinciden con las intervenciones y golpes perpetrados, por ejemplo, durante la Guerra Fría? Se propone recurrir a la perspectiva histórica y al análisis documental para desentrañar los posibles vínculos del lawfare con procesos de desestabilización de gobiernos y golpes de Estado durante la Guerra Fría, principalmente aquellos donde prevaleció la guerra psicológica y política, el Operativo Éxito (PBSUCCESS) contra Jacobo Árbenz en Guatemala (1951-1954). Para plantear el contrapunto con la actualidad, se expondrán algunos ejemplos sobre la injerencia de EE. UU. en el Lava Jato, como caso paradigmático de lawfare en América Latina.
guerra psicológica, lawfare, desestabilización, EE. UU., América Latina, PBSUCCESS.
In recent decades, from the security sector of core countries’ governments, as well as from specialized publications, the notion of lawfare has been understood as war by legal means and as a component of hybrid wars. In Latin America, it has been revealed as a destabilizing tool that incorporates new dynamics while it could show continuities with past processes. A soft coup détat is the same as lawfare? is lawfare a component of soft coup détatat? What characteristics could be similar to those used in interventions and coups perpetrated, for example, during the Cold War? A historical perspective and documentary analysis will be used to unravel the possible links of lawfare with processes of destabilization of governments and coups during the Cold War, mainly those organized around psychological and political warfare, such as the PBSUCCESS against Jacobo Árbenz in Guatemala (1951-1954). To establish the counterpoint with the present, some examples of EE. UU., interference in Lava Jato will be presented as a paradigmatic case of lawfare in Latin America.
psychological warfare, lawfare, destabilization, EE. UU., Latin America, PBSUCCESS.
El lawfare es uno de los temas más polémicos de la agenda política y mediática de América Latina en los últimos cinco años, vinculado a procesos de desestabilización, golpes de Estado “blandos” y cambios en la correlación de fuerza a nivel regional (Romano, 2019 y 2020a). A su vez, ha adquirido particular vigencia con el enfrentamiento de Rusia y Ucrania, siendo el lawfare parte del conflicto. Ejemplos son las múltiples denuncias de Ucrania contra Rusia en foros internacionales, a las que Rusia ha reaccionado; así como las sanciones económicas, que forman parte del repertorio de castigos a Rusia (Goldenziel, 2022; Tropin, 2020). A casos de lawfare internacional, se suman las disputas por el mar del Sur de China, o las demandas de Palestina a Israel (Kittrie, 2016). En estos y otros casos, el lawfare es identificado con la utilización de la ley como un arma para lograr objetivos militares, en el marco de guerras asimétricas, no convencionales, etc. (Dunlap, 2001, 2009; Kittrie, 2016). Se lo plantea como parte de las nuevas guerras híbridas (Andrei Josan, 2015; Munoz Mosquera y Bachmann, 2016), desde una perspectiva que caracteriza el nuevo tipo de amenazas impulsadas por países como China o Rusia (y actores vinculados a ellos) revitalizando el relato de Guerra Fría. Estos enfoques se basan en una noción de relaciones internacionales y derecho internacional en la que EE.UU. y las potencias occidentales se ven amenazadas por el uso de estrategias de lawfare por parte de sectores o gobiernos no aliados, como un arma para debilitar el liderazgo de EE.UU.
En América Latina, se retoma la noción de lawfare como “la guerra por la vía legal/judicial”, pero se la articula con aportes críticos realizados desde diversas disciplinas, que terminan por construir una explicación inversa a la concebida por los antecedentes mencionados anteriormente: sería una de las estrategias utilizadas por las potencias occidentales y élites locales para lograr sus objetivos, particularmente en espacios periféricos, como una herramienta de reproducción de la dependencia y la colonialidad (Mutua, 2000; Comaroff y Comaroff, 2006; Irani, 2017). Lo definen como una guerra política por la vía judicial, o como la persecución por la vía judicial-mediática para eliminar al enemigo político (Zaffaroni, Caamaño y Vegh Weis, 2021; Proner, et. al., 2018; León Castro, 2020). Este abordaje guarda un importante vínculo con lo planteado desde los países centrales, en cuanto al significado e impacto de lawfare como parte de procesos de guerras híbridas, pero, en los casos abordados desde América Latina, se focaliza en el rol de esta guerra para la reproducción neoliberal (Ramina, 2022; Dornelles, 2022; Amorim y Proner, 2022). Se trataría de una guerra que articula diversas dimensiones y actores, locales e internacionales, para cubrir intereses económicos, políticos y geopolíticos deliberadamente ocultos a la opinión pública y que, en última instancia, se corresponden con la restauración o refuerzo de la vía neoliberal (Romano 2020b; Vollenweider y Romano, 2017). A su vez, esta multidimensionalidad, diversidad de actores y estrategias propias de la guerra híbrida, emparentan al lawfare con la guerra psicológica y política aplicada en América Latina durante la Guerra Fría (Romano, Tirado y Sojo, 2019) y las estrategias implementadas por EE. UU. para ampliar su hegemonía.
Desde este ángulo, suele entenderse al lawfare como componente de los golpes blandos, entendidos como procesos de desestabilización orientados al “cambio de régimen” o el derrocamiento de gobiernos, centrados en herramientas de poder blando (soft power), instrumentos institucionales, legales y burocrático-administrativos que no requieren de la actuación directa de las FFAA (Fuerzas Armadas), que además cuentan con la injerencia directa o indirecta de EE.UU. En este vínculo con los golpes blandos, no queda claro si el lawfare es “un tipo de golpe en sí mismo”, o si es una herramienta más de desestabilización, pero incapaz por sí misma de concretar un golpe blando.
Para abordar en parte estas dudas, se propone recurrir a la perspectiva histórica, con el ánimo de identificar continuidades y rupturas del lawfare con procesos de desestabilización y derrocamiento de gobiernos durante la Guerra Fría. Existen pocos antecedentes que afirmen la existencia de lawfare en ese período, y se encuadran en una lectura abiertamente crítica al modo de operar de la Unión Soviética (Bartman, 2009; Deeks, McCubbin y Poplin, 2017). No obstante, ante los numerosos casos de lawfare y la probada injerencia de EE.UU. en América Latina y el Caribe, parece pertinente revisar la relevancia de la guerra psicológica y política en la actualidad, revisitando estrategias de intervención durante Guerra Fría, en búsqueda de hilos conductores, principalmente aquellas donde prevaleció la guerra psicológica y política, organizadas en torno al poder blando, pero que no descartan el uso de la fuerza, como el plan de desestabilización y derrocamiento de Jacobo Arbenz (Guatemala, 1951-1954), el Operativo Éxito (PBSUCCESS). Partiendo de ese caso, se expondrán algunos ejemplos sobre la injerencia de EE. UU. en el Lava Jato, como caso paradigmático de lawfare en América Latina, considerando el fuerte impacto político-económico generado a partir del derrocamiento de Dilma Rousseff y la prisión de Lula da Silva. Reconociendo los numerosos antecedentes existentes sobre los casos abordados, se privilegiarán las fuentes primarias con contenido sustantivo sobre la injerencia de EE. UU., como documentos desclasificados del Departamento de Estado de EE. UU. y documentos filtrados por Wikileaks, The Intercept y Brasil Wire. Se recurrirá también a bibliografía y artículos de prensa. Se concluye señalando las principales diferencias y algunos aspectos que podrían trazar una continuidad entre la Guerra Fría y el derrocamiento de Arbenz y el Lava Jato como caso ejemplar de lawfare; se entiende que el lawfare es una de las estrategias de desestabilización, que, combinada con otras contribuye al “cambio de régimen”, acorde al modo de operar de las guerras híbridas.
Concluida la Segunda Guerra Mundial, EE. UU. procedió a liderar el proceso de reorganización del orden mundial occidental. Las principales instituciones internacionales, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), formaron parte de la proyección de los intereses de EE. UU. a nivel internacional, respaldados por la expansión de una economía organizada en torno a un vasto complejo industrial militar. En el marco de crecientes tensiones con la Unión Soviética, se fue organizando el terreno geopolítico para un enfrentamiento indirecto permanente, calificado de Guerra Fría. América Latina, en la esfera de influencia de EE. UU., tuvo un rol principal como proveedora de recursos estratégicos y materias primas, así como receptora de bienes y servicios en el marco de programas de asistencia para el desarrollo y de seguridad impulsados desde EE. UU. (Romano, 2012). Los procesos emancipadores, que reivindicaban la soberanía y la autodeterminación, el nacionalismo y el anti-imperialismo de posguerra, fueron percibidos como una amenaza, asociados al inminente avance del comunismo en la región (González Casanova, 1979). En ese contexto, se firmaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (1947) y la Carta de la Organización de los Estados Americanos (1948), para garantizar una “América para los americanos”.
Como parte de la doctrina de contención del comunismo a nivel internacional, la institucionalidad del Estado estadounidense se reorganizó en torno a un Estado de Seguridad Nacional (ver, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional (1947) (Wills, 2010). En esta reconfiguración destacó la importancia otorgada a la guerra psicológica, destinada a “facilitar el desarrollo de un entendimiento informado e inteligente a nivel nacional e internacional sobre el rol y el progreso de EE. UU. en cuanto a los lineamientos de guerra, sus acciones y las metas del gobierno” (FRUS, Psychological and political warfare, Doc. 270). Este tipo de guerra incorporaba operaciones encubiertas:
Actividades conducidas o financiadas por este gobierno contra Estados o grupos extranjeros hostiles, o a favor de Estados aliados, que se planean y ejecutan de modo tal que el gobierno estadounidense no aparece como responsable, a los fines de poder desentenderse de tales hechos y personas [Incluía] propaganda, guerra económica … asistencia a movimientos insurgentes, guerrillas y grupos de refugiados, así como el apoyo a grupos anticomunistas locales en países [énfasis añadido] que estén amenazados por el comunismo en el mundo libre. (Foreign Relations of the United States 1945–1950, Emergence of the Intelligence Establishment. Doc. 274)
La guerra psicológica formaba parte del aparato de la guerra política, una “guerra por otros medios” (tal como la bautizara el mismo George Kennan del Policy Planning Staff) que abarcaba desde acciones abiertas como alianzas políticas, medidas económicas, y propaganda, hasta acciones encubiertas y apoyo clandestino a socios o amigos en otros países, guerra psicológica, así como el apoyo e incentivo de resistencia de base en países enemigos (Patterson y Holly, 2003, p. 413).
En este escenario, el anticomunismo constituyó uno de los ejes ordenadores y legitimadores de la reproducción ideológica y la justificación a nivel nacional e internacional, de las intervenciones de EE. UU. durante la Guerra Fría (Chomsky y Herman, 1979). Una división entre “nosotros” y “ellos”, entre “nosotros” y el “enemigo”, que fue mutando a otras formas de nominarlo, incluso después de la implosión de la Unión Soviética: eje del mal, regímenes no democráticos o autoritarios, Estados fallidos, Estados terroristas (Chomsky y Herman, 2000, p. 68-70). En la actualidad, Think Tanks como la Rand Corporation, recomiendan retomar la estrategia de guerra política, frente al avance inminente de China y Rusia (Romano y Lajtman, 2020). Esta guerra es definida como la utilización, a nivel internacional, de una o varias herramientas de poder (diplomático-político, comunicacional/cibernético, militar/de inteligencia y económico) para influenciar o afectar de alguna manera la toma de decisión de un Estado (Rand Corporation, 2019). El eje estaría puesto en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo, como nunca, la guerra cibernética para la persuasión (guerra psicológica) (p. 2). Lo mismo apuntan del Center for Strategic and International Studies (CSIS) (Gompert, Cevallos y Garofala, 2016) y el Congressional Research Service (CRS, 2019), que aconsejan un retorno a la guerra política tal cual fue definida durante la Guerra Fría, poniendo el eje en las herramientas de poder blando, pero sin descartar el uso de la fuerza. Estas herramientas incluyen al lawfare, la guerra por la vía legal.
El derrocamiento de Arbenz constituye el ejemplo por excelencia del modo en que, a pesar de las tensiones y diferencias, se articularon el Departamento de Estado, el de Defensa, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Casa Blanca, para fomentar la presión diplomática, económica y política, así como la organización y apoyo a fuerzas paramilitares, en el marco de un plan de guerra psicológica y política contra un gobierno clasificado como comunista. Se consagró como el primer operativo encubierto exitoso de la CIA en América Latina, luego del golpe a Mossadegh en Irán (Acosta Matos, 2006).
El gobierno de Arbenz (1951-1954) fue concebido como cabeza de playa del comunismo en la región debido a sus políticas reformistas basadas en los principios de autodeterminación y soberanía, materializadas en lineamientos de control del capital extranjero y redistribución de la tierra mediante una reforma agraria (Gleijeses, 1991). En efecto, el principal conflicto fue por la expropiación de tierras ociosas propiedad de la United Fruit Company (UFCO): “El principal problema que enfrenta el gobierno de Estados Unidos en Guatemala es con relación a los intereses privados estadounidenses. Influenciado por comunistas y nacionalistas, el gobierno de Guatemala comenzó la expropiación de importantes propiedades estadounidenses” (FRUS, 1952–1954, The American Republics, Volume IV, Relations of the United States and Guatemala, Doc. 424).
La UFCO y su equipo de abogados y lobistas (que incluía a los hermanos Allen Dulles, director de la CIA y a John Foster Dulles, secretario de Estado), presionaron al gobierno estadounidense para derrocar a Arbenz y así evitar un “efecto dominó” de reformismo en la región centroamericana (Schlesinger y Kinzer, 1987). De modo tal que no se trataba únicamente de los intereses económicos de una empresa, sino de los objetivos geopolíticos de EE. UU. en su esfera de influencia:
La continuación de la tendencia actual en Guatemala pondrá en peligro la unidad del hemisferio occidental contra la agresión soviética, y la seguridad de nuestra posición estratégica en el Caribe, incluyendo el Canal de Panamá … los objetivos inmediatos del comunismo son la eliminación de los intereses económicos estadounidenses (FRUS, 1952–1954, The American Republics, Volume IV, Relations of the United States and Guatemala Doc. 424).
Si bien el gobierno estadounidense estaba decidido a cambiar el rumbo de la política guatemalteca, advertía la necesidad de evitar mayores suspicacias a nivel de la opinión pública internacional. “Nada dañaría más los intereses estadounidenses que la adopción prematura de una política agresiva. Esto proporcionaría una valiosa arma de propaganda para los comunistas” (FRUS, 1951, The United Nations; The Western Hemisphere (1951) Guatemala, p, 1433). En otro documento se refuerza esa misma idea: “Debemos rechazar cualquier acción que tenga la apariencia de intervención unilateral en Guatemala, pues eso podría volver a la gente en contra de Estados Unidos” (FRUS, 1952–1954, The American Republics, Volume IV, Relations of the United States and Guatemala, Doc. 424). En todo momento, se buscaría evitar que quedara en evidencia el involucramiento de EE. UU. en los sucesos que estaban ocurriendo en Guatemala.
Es por eso por lo que se implementaron operativos encubiertos dirigidos por la CIA, involucrando diversas agencias estadounidenses, sectores locales opuestos al gobierno de Arbenz, así como gobiernos de países limítrofes de Guatemala. El primero, el PBFORTUNE, no generó los resultados esperados. Le sucedió entonces el Operativo Éxito (PBSUCCESS), que incluyó cuatro vías que operaron en paralelo y por momentos en simultáneo: la presión diplomática, la presión económica, la propaganda y la intervención armada. A lo largo del operativo, prevalecieron las primeras tres, intentando mantener una fachada de legalidad y de apego a las normas en el contexto de contención del comunismo internacional (Patterson y Holly, 2003, pp. 136-139).
Dos reuniones fueron fundamentales para la manufacturación de consenso contraria al gobierno guatemalteco: la Cuarta Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores (1951) y la Décima Conferencia Interamericana de marzo de 1954. Con respecto a la Cuarta Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores (Washington, marzo-abril 1951), la agenda del evento escrita por el secretario de Estado estadounidense, detallaba los temas a abordar:
1. Cooperación política y militar para la defensa de las Américas y para prevenir y rechazar toda agresión en el marco de los acuerdos interamericanos y en concordancia con la Carta de las Naciones Unidas; 2. Reforzar la seguridad interna de las repúblicas americanas; 3. Cooperación económica de emergencia: producción y distribución para asuntos de defensa; producción y distribución de materiales escasos y utilización de los servicios necesarios para satisfacer las necesidades económicas internas de las repúblicas americanas. (FRUS, The United Nations; the Western Hemisphere, Vol, II, Fourth Meeting of Foreign Ministers, p. 937)
Esa agenda contrastaba con el pedido de la mayoría de los Cancilleres de América Latina, que señalaban como problema urgente la necesidad de planes de desarrollo y asistencia económica y no la expansión del comunismo. No obstante, bajo la presión de EE. UU., la resolución más importante surgida del evento fue la relativa a la lucha contra del comunismo (Boersner, 1996, p 191-192). Años después y como parte premeditada del PBSUCCESS, se planeó la Décima Conferencia Interamericana en Caracas (marzo de 1954), según documentos desclasificados:
La amenaza de una conferencia de la OEA o de ministros de relaciones exteriores debe ser realizada y reiterada en el modo debido. El objetivo de la conferencia es proporcionar evidencia de que Guatemala constituye una amenaza para la solidaridad hemisférica y para la seguridad interna de las naciones debido a la agresiva subversión comunista [Traducción]. (Patterson y Holly, 2003, pp. 106)
En dicha Conferencia, efectivamente, se acusó a Guatemala de ser punto de partida de la expansión soviética en América. El secretario de Estado John Foster Dulles sentenció: “La dominación o el control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por parte del movimiento comunista internacional… constituiría una amenaza a la soberanía y la independencia política de los Estados [por lo tanto] exigiría un llamado a implementar las acciones apropiadas de acuerdo con los tratados existentes” (Gleijeses, 1991, p. 272). Esta declaración fue conocida como la “resolución anticomunista N.º 93”, que allanó el camino para la intervención militar (Selser, 2009, p. 87). En otras palabras, se utilizó la reunión como fachada legal para legitimar una intervención con objetivos políticos y geopolíticos.
La presión económica implicaba entre otras cuestiones, la suspensión de créditos y/o préstamos, boicot, bloqueo, suspensión de compras de productos esenciales para la balanza de pagos de una economía, etc. Esta presión estaba legalizada, por ejemplo, a través de la “enmienda Kent” de julio de 1951, para la suspensión de toda la asistencia económica y financiera a aquellos países que exportaran material estratégico al bloque comunista (FRUS, 1951, The United Nations; the Western Hemisphere (1951) Guatemala, p. 1442).
Desconociendo que la presión económica es calificada como acto de intervención en los Cap. IV art. 19 y 20 de la Carta de la OEA, el gobierno de EE.UU. llevó a cabo una campaña de desestabilización contra el gobierno de Árbenz, presionando por la vía de los términos de intercambio, así como en decisiones financieras que afectaron al país. Entre otras medidas, figuraban las siguientes: “1) no se le dará asistencia prioritaria a Guatemala en las actuales circunstancias; 2) las cuotas de materiales que se hallan bajo el régimen de restricciones cuantitativas serían recortadas…” (FRUS, 1952–1954, The American Republics, Volume IV Relations of the United States and Guatemala, Doc.415). A esto se sumó el recorte de créditos y préstamos en aquellos rubros que no perjudicaran, como efecto colateral, la economía de EE. UU. Por ejemplo, el gobierno estadounidense se negó a ayudar a Árbenz en un proyecto para construir una carretera hacia el Atlántico (que amenazaba el monopolio del transporte de la IRCA, empresa de ferrocarriles que formaba parte del Holding de la UFCO) (Jonás, 1979, p. 98), pero cuidando sus intereses:
Considerando la situación en Guatemala, lo ideal es mantener aquellos acuerdos que son convenientes para Estados Unidos, por ejemplo, los programas que proveen de material estratégico para Estados Unidos … se prevé mantener préstamos del Banco Mundial y del ExImbank vinculados con la producción y transporte de material estratégico o que beneficie directamente a Estados Unidos. (FRUS, 1951. The United Nations; The Western Hemisphere (1951) Guatemala,1425-1426; 1438-1439)
En 1953 la CIA solicitó 2,735 millones de dólares para el PBSUCCESS (Patterson y Holly, 2003, p. 86). Entre las actividades planeadas como parte de la guerra psicológica (septiembre, 1953) se enunciaban: penetración del partido comunista, de los sindicatos y otras organizaciones comunistas; penetración de las fuerzas armadas, tanto en el círculo de la alta jerarquía como entre los jóvenes oficiales; estudios de “factores morales” entre los estudiantes, los trabajadores, las fuerzas armadas, los funcionarios, los terratenientes, comerciantes y profesionales; publicación de fotos que mostraran el estatus de vida de los líderes comunistas del país en comparación con los peones y campesinos (Patterson y Holly, 2003, p. 113).
En uno de los informes exhaustivos sobre la operación, se especificaban las actividades de guerra psicológica y el presupuesto destinado a cada una:
“Desarrollo de redes de inteligencia, $8,000; organización de redes de rumores $4,000; subversión $10,000; propaganda $5,500; las redes de rumores se están expandiendo al interior de Guatemala, en El Salvador, Nicaragua y Honduras … Se imprime un boletín del CEUAGE en Honduras y se distribuye clandestinamente en Guatemala … también está la estación de radio en El Salvador, desde donde se han iniciado algunas transmisiones… Se han creado comités en México, El Salvador y Nicaragua para organizar la propaganda e introducirla en Guatemala; para comprar espacios de publicidad en prensa y radio en diferentes espacios de América Latina” [Traducción]. (Patterson y Holly, 2003, Doc. 61).
En otro informe se insiste en apoyar la difusión de artículos que descalifiquen al gobierno de Árbenz en la prensa, o bien la publicación de libros al respecto; así como la compilación de toda la información posible sobre el deterioro de las condiciones económicas, fotos de la reforma agraria fallida, evidencias de que “solo los comunistas son los que ganan dinero”, para esparcirla por toda América Latina (FRUS, Guatemala, 1952-1954, Doc. 63).
El rol de las FFAA en el golpe al gobierno era un asunto esencial, en particular considerando que Árbenz era un excoronel muy respetado. Era central quebrar la moral del ejército y sembrar la duda y desconfianza en Árbenz. El embajador de EE. UU. en Guatemala advertía sobre la necesidad de impedir a toda costa que Árbenz terminara su mandato, evitar que ese proyecto persistiera en próximas elecciones democráticas:
Estoy completamente convencido de que la continuidad de esta administración hasta 1957 resultará en un mayor y peligroso avance del comunismo en este país … Por lo tanto, yo recomendaría al Departamento seleccionar las Fuerzas Armadas Guatemaltecas como la principal área donde debe ser realizado cualquier esfuerzo fructífero en contra del gobierno. (FRUS, Truman Administration. Retrospective Volumes. Guatemala 1952-1954. Doc. 79).
Esto se concretó mediante el entrenamiento y conformación de grupos paramilitares liderados por el coronel guatemalteco Castillo Armas desde el exilio, con la aprobación y apoyo de gobiernos de países limítrofes (FRUS, 1952–1954, The American Republics, Volume IV, Relations of the United States and Guatemala, Doc. 413). En efecto, la intervención armada, como penúltimo punto del PBSUCCESS, se llevó a cabo con tropas mercenarias entrando por la frontera con Honduras a mediados de junio de 1954, sumada a ataques aéreos aislados. Se generó un escenario de guerra que provocó la renuncia de Jacobo Árbenz y comenzó de inmediato la persecución de los funcionarios de gobierno y sectores afines al gobierno que tuvieron que refugiarse en las embajadas. El último paso del PBSUCCES era que excoronel Castillo Armas asumiera el gobierno de transición anticomunista. Así lo hizo, con el apoyo técnico y financiero del gobierno de EE. UU. promoviendo una urgente regresión del proceso reformista (Romano, 2017).
Aunque la intervención directa de grupos mercenarios no fue el pilar del PBSUCCES, se reveló como necesaria. No obstante, es fundamental destacar que el gobierno de EE. UU. insistió en cuidar la fachada legal de la intervención. En el marco del gobierno guatemalteco anticomunista de transición, entre septiembre y octubre de 1954 se concretó en el Comité Anticomunista de la Cámara de Representantes de EE.UU. una sesión especial sobre la lucha contra el comunismo en Guatemala, a la que asistieron los perpetradores del golpe, brindando testimonios y mostrando supuestas pruebas de la penetración del comunismo en su país a través del gobierno de Jacobo Árbenz (Congreso de Estados Unidos, Subcomité sobre América Latina, 1954). A esto se sumó una compilación sobre la penetración comunista en Guatemala (US Department of State, A case of Communist Penetration, Guatemala. Inter-American Series, Public Service Division, Washington DC, 1957). Tanto las pruebas presentadas ante el Congreso, como la compilación del Departamento de Estado, fueron develadas como testimonios no veraces, pruebas falsas y construidas como parte de la estrategia de propaganda anticomunista.
En la última década, en el marco de tensiones y desacuerdos con gobiernos y proyectos de corte progresista, varios organismos del gobierno de EE. UU. vienen operando activamente en una lucha contra la corrupción que tiene un alto impacto político, económico y geopolítico. Esta lucha, que cuenta con el apoyo de sectores políticos y económicos de influencia a nivel local, se dirime especialmente en los tribunales, articulada con la desmoralización y criminalización en el ámbito de la opinión pública, se articula asimismo con mecanismos de desestabilización económica, y puede incluir operativos encubiertos organizados en las embajadas de EE. UU.
El Lava Jato en Brasil es el caso paradigmático de lawfare en América Latina. Se trata de una mega causa judicial que involucra especialmente a funcionarios del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, que implicaba en primera instancia a Petrobras, la estatal de petróleo, y que luego se extendió a la translatina Odebrecht (principal contratista de infraestructura en varios gobiernos de América Latina). Este juicio desató el impeachment contra Dilma Rousseff y logró el encarcelamiento de Lula da Silva previo a las elecciones presidenciales de 2018.
Existen numerosas pruebas del modo en que el gobierno estadounidense y organismos del sector privado de ese país se involucraron en la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos en el marco del Lava Jato. A pesar del perfil bajo que mostró el gobierno de Obama al momento del impeachment contra Dilma Rouseff, documentos filtrados muestran una colaboración premeditada y sistemática en la causa judicial, que incluyó la presencia física de funcionarios estadounidenses en Brasil (Barrocal, 2019). En efecto, Sergio Moro (juez a cargo de la causa) y Deltan Dallagnol (fiscal) han sido acusados de “traición” por actuar en conjunto con autoridades de EE. UU. Es significativo que, en una de las conversaciones filtradas, Dallagnol bromeara diciendo que “la prisión de Lula es un regalo de la CIA” (Brasil Wire, 2021).
El grupo de abogados de la defensa de Lula da Silva advirtió tempranamente (2017) que el expresidente era víctima de un caso de lawfare, donde el aparato judicial guiado por intereses políticos determinados se articuló con los medios de comunicación para criminalizar e intentar expulsar de la política al líder del PT. Las sospechas de instrumentalización del aparato judicial con fines políticos fueron ampliamente probadas por los documentos filtrados que muestran que Sergio Moro y Deltan Dallagnol acordaron con otros jueces y funcionarios del aparato judicial para evitar que Lula se presentara a elecciones presidenciales. En el mismo nivel de gravedad, ponen en evidencia la presencia física de personal del Departamento de Justicia de EE. UU. en Brasil, sumado a nuevos documentos que dan cuenta de la presencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) antes del impeachment (Fishman, Viana y Sale, 2020).
Una de las claves del Lava Jato, es que resultó “innovador” a nivel regional por su método para obtener pruebas y usar la figura de la delación premiada a amplia escala (sistema en el que se premia al delator con una reducción o anulación de la pena). Esta novedad forma parte de los programas de asesoramiento impartidos por el gobierno estadounidense a miembros del sector judicial de Brasil y la región, como el Programa Puentes, en el marco de las reformas judiciales. Entre los alumnos más destacados encontramos a Sergio Moro, Juez a cargo del Lava Jato (WikiLeaks, 2009).
Sergio Moro, Juez Federal de la 13ra Sala Federal de Curitiba a cargo de la causa, adquirió un rol mediático activo a lo largo del juicio, mostrando una aceitada relación con medios de comunicación concentrados. También existen evidencias sobre su vínculo (y el del aparato judicial de Curitiba) con asesores legales estadounidenses presentes en Curitiba durante el Lava Jato, así como las relaciones institucionales y personales de Moro con burós de abogados, universidades y think tanks estadounidenses en las que dio conferencias afirmando que Lula era culpable, mucho antes de concretarse el debido proceso y la sentencia (Brasil Wire, 2019). Desde EE. UU. se afirma: “Brasil se ha transformado en uno de los aliados más cercanos del Departamento de Justicia de EE. UU. en la lucha contra la corrupción … es difícil imaginar en la historia reciente una relación de cooperación mejor que la sostenida entre el Departamento de Justicia de EE. UU. y los fiscales brasileños” (Departamento de Justicia EE. UU., 2017).
Como muestran los documentos, esta cooperación se llevó a cabo por medio de acciones, contactos y decisiones tomadas incluso por fuera de los acuerdos bilaterales y los canales legales, propiciando la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos. Actualmente, está siendo investigada la trama de actores e intereses implicados en la manufacturación del Lava Jato, incluido el propio Juez Sergio Moro (Giuliano, 2021).
La desmoralización y criminalización de Dilma Rousseff y Lula da Silva en la opinión pública constituyó el corazón del Lava Jato, junto con la instrumentalización política del aparato judicial y se sostuvo durante años, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es uno de los aspectos más estudiados y con vínculos trazados de forma clara con las características y objetivos de la guerra psicológica (enunciados en la primera parte de este texto). El dato más contundente es que el juez a cargo de la causa, Sergio Moro, entregó a los principales medios de prensa una conversación privada (obtenida de forma ilegal) entre Dilma Rousseff y Lula da Silva que desató un escándalo (Ribeiro, 2018: 576). Aunque al poco tiempo Moro destacó que había sido un acto indebido, el impacto y el consenso negativo generado en la opinión pública en torno a los mandatarios del PT, era difícil de revertir. También destaca el rol de la revista Veja, que publicó una nota de portada culpando a Lula da Silva y Rousseff de todos los escándalos de corrupción, titulada: “Dilma e Lula sabiam de tudo, diz Alberto Youssef a FP” (Bonin, 2014). Basaron esta publicación en la delación premiada de un involucrado en la causa, que negó luego el conocimiento de esta información (Gazeta do Povo, 2014). Otro momento de gran alcance mediático fue la detención de Lula da Silva. Con la prensa y decenas de policías en la puerta de su casa, sin la presencia de sus abogados, lo obligaron a salir y lo transportaron al aeropuerto. Se dedicaron cientos de portadas de diarios y numerosas horas de televisión para mostrar la imagen de Lula conducido por la Policía, reforzando la idea de que la corrupción –como exclusividad del PT– estaba siendo abatida por el juez Sergio Moro (Vollenweider y Romano, 2017).
También desde EE. UU., los medios contribuyeron a la proyección del Lava Jato y la criminalización del Partido de los Trabajadores, a la vez que realzaron el papel “heroico” del juez Moro, como puede apreciarse en los siguientes titulares: “Brazil workers party leader intoxicated power falls from grace” (The New York Times, 2016); “Ex presidente de Brasil sentenciado a casi diez años de cárcel por corrupción” (The New York Times, 2017); “Former Brazilian president Lula convicted of corruption and money laundering” (The Washington Post, 2017); “A Judge´s bid to clean up Brazil from the bench” (The New York Times, 2017); “Lula, once Brazil’s most popular politician, faces ruling that could send him to jail” (The Washington Post 2018); “Brazilian court upholds corruption conviction of former president Lula, potentially ending his political career” (The Washington Post, 2018); “Corruption busters: Sergio Moro” (Americas Quarterly, 2016) “What is the long-term impact of the Petrobras scandal?” (Latin America Advisor, 2017).
Es clave mencionar que esta proyección del Lava Jato en medios internacionales no fue necesariamente articulada de forma deliberada desde el gobierno estadounidense (por ejemplo, una bajada de línea desde el Departamento de Justicia), sino que responde a una pauta ideológica en la que las corporaciones mediáticas, que recurren a voces expertas de Think Tanks de alto impacto, tienden a defender el orden instituido y desmoralizar sectores políticos y gobiernos con tendencias nacionalistas, antiimperialistas, de democracias sustantivas, etc. (Chomsky y Herman, 2000; Romano, 2016).
En el marco del Lava Jato, miembros de la diplomacia de EE.UU. apoyaron la desestabilización y el impeachment contra Dilma Rousseff. Un dato importante es la presencia de Liliana Ayalde como embajadora al momento del juicio a Rousseff, funcionaria que había sido embajadora en Paraguay durante la preparación del juicio y derrocamiento de Fernando Lugo (2012) (Brasil Wire, 2015b). También destaca que durante la última sesión del impeachment, agentes del FBI intervinieron para desencriptar archivos del gobierno, situación conocida por el Fiscal General, Rodrigo Janot, tal como lo hizo saber en sus reuniones con miembros de la Embajada (Brasil Wire, 2021). Por su parte, Michel Temer (vicepresidente durante el gobierno de Rousseff), quién asumió como presidente de transición luego del impeachment, fue uno de los que se reunía con personal de la Embajada, informando sobre la situación del PT, sus debilidades y principales problemas (WikiLeaks, 2006).
El espionaje y la participación de la Embajada en estas acciones, es previo y encuentra hilos conductores con las tensiones por el monopolio de la estatal Petrobras de las reservas de hidrocarburos de Presal, descubiertas en plataforma submarina brasileña en 2005. En uno de los cables de la Embajada (2009), José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (en ese tiempo candidato a elecciones y luego del impeachment, Canciller de Michel Temer) aseguraba que de llegar a la presidencia cambiaría las leyes que regulaban el sector petrolero (Brasil Wire, 2015a). El tipo de información que manejaba la embajada de EE. UU., sus informantes clave, etc., dan cuenta de verdaderos operativos encubiertos llevados a cabo sin ningún tipo de consideración por la legislación nacional e internacional con respecto a la no injerencia en asuntos políticos internos.
Las sanciones económicas, a individuos o gobiernos son una herramienta de poder blando de EE. UU. implementada desde la Guerra Fría, y son consideradas como herramienta de lawfare (Dunlap, 2009). En el Siglo XXI se usan de modo sistemático, especialmente bajo la ley anticorrupción de EE. UU. (Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y los mecanismos legales asociados (Koheler, 2015). Las sanciones no tienen por objetivo el daño económico, sino que se orientan a la desestabilización y derrocamiento de gobiernos, bajo la fachada de lucha contra la corrupción (Romano, Tirado y García Fernández, 2017).
El Departamento de Justicia demandó a Odebrecht en diciembre de 2016, otorgando enorme proyección internacional al caso, facilitando la articulación ya existente entre poderes judiciales, organismos de inteligencia e investigación criminal con gobiernos de la región para cooperar con agencias de EE. UU. (Romano, Kaplin y Feirman, 2016). La causa Odebrecht se ubica como la mayor sanción monetaria impuesta por las autoridades judiciales de EE. UU. en la historia de vigencia de la FCPA, en 3.6 mil millones de dólares. También en el marco del Lava Jato, destaca la multa contra Petrobras, obligada a pagar 1.8 mil millones de dólares (Romano y Britto, 2021).
Pero el impacto del Lava Jato no se limita a las multas a compañías translatinas, sino que implicó un cambio de rumbo de la economía brasileña, con un efecto dominó de quiebra, descapitalización y privatización de empresas nacionales (Campos, 2019) y un mayor involucramiento de EE. UU. en seguridad y desarrollo tecnológico. Destaca el caso de la nacional de aviación Embraer, que pasó a manos de la estadounidense Boeing, así como los múltiples acuerdos con EE. UU. para compartir o ceder patentes y la presión de EE. UU. para obtener un lugar preferencial en las inversiones en infraestructura, en disputa con China y en el vacío dejado por Odebrecht (Romano, 2020a: 359-363). En este sentido, la continuidad con procesos de desestabilización y golpe durante la Guerra Fría es enclave de los intereses geoeconómicos y geopolíticos en juego.
Los intereses del Lava Jato, ocultos a la opinión pública, se articularon en torno a una importante disputa por la proyección cada vez más significativa de Brasil a nivel internacional. En el centro está el yacimiento de hidrocarburos del Presal. En documentos filtrado por Wikileaks, una empresa estadounidense vinculada a cuestiones de seguridad, Stratfor, advertía:
Brasil ha mencionado varias veces que el Atlántico del Sur es un Amazonas azul y que ningún país del Norte debe ocuparlo … Desde que Lula está en el gobierno, ha mostrado signos de apoyo a la postura de Argentina con respecto a Las Malvinas. No quieren tener al Reino Unido cerca de las reservas del Pres-Sal … Brasil está aumentando su capacidad militar de cara a la próxima década. De modo que cualquier cosa que pueda hacerse respecto del desarrollo de doctrina militar o de industria militar es de interés. (Kozloff, 2013)
En efecto, en documentos previos, se vinculaba también la reserva del PreSal, con el rol de Brasil a nivel internacional y un “peligroso acercamiento a China”, que preocupaba a los socios de la OTAN (Brasil Wire, 2015a). Dos meses después del impeachment, se le quitó a Petrobras el monopolio sobre el Presal y se abrió a licitación. Durante el gobierno de Bolsonaro, se nombró a Brasil como aliado extra-territorial de la OTAN.
Otro ejemplo es el del uso de la base militar de Alcántara (ubicada en el Amazonas brasileño) por parte de fuerzas de seguridad de EE. UU., uso que fue denegado durante el gobierno de Lula da Silva y que fue habilitado bajo la gestión de Temer. Desde entonces, representantes de empresas estadounidenses como Lockheed Martin, Boeing, Vector Space Systems y Microcosm visitaron la instalación y demostraron interés en utilizarla para el lanzamiento de satélites. En efecto, a partir de 2018, se firmaron acuerdos para habilitar lanzamientos espaciales desde esa base, con tecnología estadounidense (Lajtman y Romano, 2018).
El escenario de desestabilización institucional, política y económica generada por la persecución política por la vía judicial contra el PT en una cruzada contra la corrupción, tuvo como principal objetivo la desarticulación del andamiaje institucional del Estado brasileño, articulado en torno a empresas estatales con proyección regional e internacional, en particular aquellas vinculadas a sectores estratégicos: hidrocarburos, energía eléctrica, aviación, etc. El Lava Jato habilitó una “guerra de todos contra todos” (Costa Pinto, et. al, 2019), un vaciamiento de la política, allanando el terreno a la derecha conservadora, con ideales anticomunistas fuertemente arraigados. Esta tendencia también fue impulsada desde EE. UU. con Donald Trump y su campaña anticomunista contra Cuba y Venezuela. Al asumir el gobierno, Bolsonaro prometió acabar con la corrupción y “destruir a aquellos que defiendan ideas comunistas” (La Vanguardia, 2019), a la vez que reivindicó el golpe de Estado de 1964 contra Joao Goulart (Página 12, 2019).
Considerando los mecanismos de desestabilización contra el gobierno de Jacobo Arbenz en el marco de los objetivos de guerra psicológica y política, se expuso que una de las vías fue la presión diplomática, en particular a través de las Organización de Estados Americanos, para otorgar un marco aparentemente legal y de apego a la norma para justificar una posible intervención (que en los hechos ya estaba operando), con el objetivo de fabricar un consenso en contra de Guatemala a nivel de organismos regionales y con proyección en organismos internacionales. La otra estrategia fue la presión económica, desestabilizando y debilitando a una economía dependiente de EE. UU., propiciando, por un lado, la desmoralización y la pérdida de apoyo de grupos económicos y políticos locales comprometidos con los proyectos del gobierno. Asimismo, en términos más profundos, condujo a la criminalización de las políticas nacionalistas y antiimperialistas promovidas a partir de la intervención del Estado en la economía. No obstante, fue la propaganda uno de los componentes clave del PBSUCCESS, estructurada en torno al relato anticomunista y proyectada en prensa y radio para desmoralizar, dividir y quebrar el apoyo al gobierno y proyectar esa imagen a nivel internacional. Contó con campañas de noticias falsas (hoy, fake news), relatos de enriquecimiento de miembros del gobierno (similar al relato de la corrupción en la actualidad), la presencia sistemática de noticias negativas o críticas con respecto al gobierno en medios locales e internacionales, repetidas por diversos medios (hoy denominadas campañas mediáticas). También se reveló como fundamental el rol de las Fuerzas Armadas.
Retomando lo anterior, en términos generales, podrían señalarse algunas diferencias relevantes entre los procesos abordados. Mientras el Lava Jato, como caso ejemplar de lawfare se apoyó principalmente en el aparato judicial y su articulación con los medios de comunicación, en el operativo de derrocamiento de Árbenz, la fachada legal estuvo presente, pero no fue determinante. El intento de legalizar la intervención en Guatemala, en la Décima Conferencia Interamericana, o la presentación de pruebas (falsas) contra el gobierno de Árbenz, iba en esa dirección. Pero el pilar del PBUSCCESS fue la guerra psicológica, otorgando un lugar clave a la propaganda y mecanismos de desestabilización dentro del gobierno y sectores afines mediante operativos abiertos y encubiertos, incluida la desestabilización económica. En aquel momento, las campañas o programas de guerra psicológica y política implicaban una articulación deliberada y premeditada de los Departamentos de Estado y Defensa, operativos encubiertos y propaganda coordinada entre agencias del Estado y periódicos o radios locales e internacionales. En los procesos de lawfare actuales, sigue siendo fundamental el linchamiento mediático para la desmoralización y criminalización de líderes políticos en medios de comunicación y redes sociales. La diferencia es que, en virtud de la reproducción ideológica del capitalismo neoliberal, no se requiere necesariamente de un plan premeditado (aunque en ocasiones pueda generarse) para que el gobierno de EE. UU. articule con los medios de prensa más renombrados o las voces expertas consideradas como legítimas. Esto, porque en general comparten una línea político-ideológica en la que cualquier gobierno o sector político que promueva la nacionalización de recursos, reclame soberanía y autodeterminación y ponga en evidencia las asimetrías del sistema liberal internacional, es caracterizado como autoritario, antidemocrático, antiliberal, etc.
Otra gran diferencia, es el rol activo, y en última instancia indispensable, de las FFAA en el golpe de Estado de 1954. Durante la Guerra Fría las FFAA tenían presencia “natural” en la política y fueron parte clave para concretar el derrocamiento del gobierno y organizar el gobierno de transición. En la actualidad, en países como Brasil, las FFAA tienen una gravitación indudable, pero, salvo acciones concretas en contra del PT, no parecen aspirar (todavía) a un lugar privilegiado o más protagónico en la esfera política formal, y el papel jugado en el Lava Jato ha sido subsidiario en comparación al del aparato judicial.
Lo que se presenta como una continuidad importante es el modo en que tanto el gobierno, como el sector privado estadounidense, llevan a cabo diversas estrategias de presión política y diplomática, desestabilización y presión económica, desprestigio y desmoralización en la opinión pública, con el aditivo del rol protagónico otorgado a procesos judiciales, para dar un aspecto de apego a las normas y resguardo del Estado de derecho y la democracia. En este ámbito, es de relevancia el rol adoptado por los medios de comunicación articulados deliberadamente o no con el aparato judicial, clave para la desmoralización, criminalización e incluso eliminación del enemigo de la esfera política formal. Preocupa el rol asumido por las embajadas estadounidenses, que persisten en llevar a cabo operativos encubiertos, atentando contra todo tipo de legislación vigente, y con un fuerte impacto en la política local.
A modo de síntesis, el lawfare forma parte de “una guerra por otros medios” contra cualquier alternativa al orden instituido que provenga de una izquierda organizada y con importante gravitación en la política, identificada en última instancia como una “amenaza comunista”. El anticomunismo aparece como un hilo conductor con la Guerra Fría, momento en el que constituía una de las premisas y razón de ser de la guerra psicológica y que, con el paso de las décadas, en particular luego de la implosión soviética, se fue naturalizando al punto de concebirse como algo “correcto” o incluso “necesario”.
Los métodos y objetivos de la guerra psicológica y la guerra política se condensan hoy en los procesos de lawfare y operan contra cualquier gobierno o sector político que intente reclamar autodeterminación y soberanía, u otorgar centralidad al Estado frente al mercado, tal como ocurrió en Guatemala. Esta dinámica busca ser obstaculizada o neutralizada por la vía del encumbramiento del aparato judicial en reemplazo del rol activo y directo de las FFAA durante la Guerra Fría, y que, a pesar de la diferencia, logra efectos similares en términos de propagación de miedo y tendencias anti-políticas, siendo el Poder Judicial el menos democrático, el más elitista y con mayores conexiones sociológicas, históricas e ideológicas con las derechas golpistas de la Guerra Fría. El lawfare se muestra como una continuidad de la implementación de guerra psicológica, operando en el marco de las denominadas guerras híbridas. Constituye una de las herramientas de desestabilización para el cambio de régimen, en contextos político-económicos de disputa real, con una hegemonía estadounidense en decadencia.
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