La elección por tercera vez de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores – PT) como presidente, ocurrida en 2022, trajo, en algunos sectores de la sociedad brasileña, la expectativa de llevar a cabo cambios estructurales y políticos que, en cierto modo, fueron sofocados – entre otros factores – desde el golpe político-jurídico-mediático, perpetrado en 2016 contra la presidenta Dilma Roussef. En los años siguientes, el país tuvo un gobierno vinculado a los sectores militares que fue elegido, en parte por la propaganda mediática y una narrativa “anti-PT” y, en parte, por las innumerables manipulaciones realizadas en las redes sociales y redes de comunicación digitales, como la difusión masiva de mentiras (fake news, negacionismo climático, falsos tratamientos para contener el COVID-19, involucrando a miembros del poder judicial, políticos, entre otros), la apología de armar a la población, entre otros absurdos, agravado por el contexto de la pandemia de COVID-19 (2020-2022) que precarizó aún más la vida de la mayoría de la población. En ese contexto, el Estado brasileño adoptó como gestión la privatización y precariedad de los bienes públicos, el estancamiento de las políticas sociales, el llamado “techo de gasto” que restringió los financiamientos en políticas públicas, entre otras medidas.

Cuando me refiero a la “expectativa” que se ha abierto a partir de 2023, es porque no podemos olvidar que el Estado brasileño, -como otros-, tiene desde su formación en el siglo XVI, un carácter colonialista, racista y genocida, que siempre ha privilegiado a las élites blancas, agrarias y al complejo militar y policial. Desde la constitución de la República en 1889, el país también ha vivido varios años de dictaduras empresarial-militares, es decir, siempre ha estado aliado con el agronegocio, la minería, la industrialización y la (re)actualizada retórica del “desarrollo” (que se da a costa de la violación de derechos, la invasión de tierras indígenas y de otros pueblos y comunidades tradicionales y de la precarización de la vida, entre otras violencias cotidianas y estructurales).

Como lo señala el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (2021), al abordar la situación política en Brasil, “es imposible no hablar de la guerra multicentenaria que se está llevando a cabo contra los pueblos indígenas en el país”, y que “parece haber llegado a los momentos finales de una ofensiva masiva, cuyo objetivo es el exterminio físico y metafísico de estos pueblos”. Esta guerra es “dirigida por el capital exportador agrario y el evangelicalismo fanático, el primero un enemigo tradicional de los pueblos indígenas, el segundo con una influencia cada vez mayor en las políticas públicas”.

Para otro antropólogo, José Carlos dos Anjos (2019, p.518), “el orden soberano que va de lo infrapersonal a lo macropolítico no deja espacio para fuerzas divergentes. Articula deseo e interés en el mismo plano de inmanencia. Bajo este plano, el fascismo palpita como el horror de las diferencias no domesticables”.

Es sobre la base de innumerables demandas políticas actuales y resistencias históricas, realizadas por diversos grupos, como los movimientos negros, indígenas, sin tierra, sin hogar y otros movimientos minoritarios, que tenemos la percepción de que ha llegado el momento de que, una vez más, el Estado permita que estas minorías/diferencias tengan, al menos, voz y mayor agencia en las acciones del gobierno federal, en la formulación y ejecución de políticas públicas y sociales y en la formación de gabinetes ministeriales, secretarías y organismos públicos – un ejemplo en este sentido fue la sugerencia y posterior creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas, que hoy tiene como ministra a la líder indígena Sonia Guajajara, además de la reestructuración de la institución indigenista Fundação Nacional do Índio, denominada ahora como Fundação Nacional dos Povos Indígenas, vinculado a este Ministerio y que cuenta, por primera vez en su historia, con una presidenta indígena, la líder Joenia Wapichana2.

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Este texto tiene como objetivo observar críticamente lo que diferentes análisis han llamado “intensificación” y/o “avance de la derecha” o incluso de la “nueva derecha”, como un contexto aún persistente de prácticas colonialistas, racistas y genocidas, presentes en afectos micropolíticos y dinámicas sociales que se insertan, a su vez, en el momento de grandes catástrofes planetarias – lo que el filósofo Malcom Ferdinand (2022) llama “Plantationoceno”. En este sentido, no pretendo profundizar en estos dos acontecimientos, solo pretendo abordarlos desde una perspectiva que busca aportar al debate algunos referentes y cuestiones que pueden dar pistas para comprender el actual proceso político brasileño.

El primer acontecimiento es la toma de posesión del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, como hecho ejemplar de esa percepción de que habría un cambio significativo, a través del acto simbólico en que el ingresa al Palacio do Planalto (sede del gobierno federal, en Brasilia-DF), el 1 de enero de 2023, acompañado por personas que representaban a las minorías: Raoni Metuktire, un liderazgo indígena histórico, Ivan Baron, activista de la lucha contra el capacitismo, Francisco Carlos do Nascimento e Silva, de 10 años, negro, nadador y residente de la periferia de São Paulo, Murilo de Quadros Jesus, profesor, Jucimara Fausto dos Santos, cocinera de la Asociación de Empleados de la Universidad Estadual de Maringá/Paraná, Wesley Viesba Rodrigues Rocha, metalúrgico, Flávio Pereira, artesano y miembro del movimiento Lula Livre, además del perro “Resistência” (ver Figura 1). Fue la primera vez que esta tradicional ceremonia de intercambio presidencial tuvo como protagonistas a otras personas de la sociedad brasileña. Como el anterior presidente no estuvo en la ceremonia de entrega de la banda presidencial, Lula la recibió de manos de una mujer negra, Aline Sousa, activista del Movimiento Nacional de Recolectores de Materiales Reciclables (MNCR), lo que indicó que el “pueblo brasileño” lo pasó la banda.

Figura 1: Toma de posesión del presidente Lula, 01/01/2023

Fuente: Carta Capital https://www.cartacapital.com.br/politica/posse-de-lula-foi-tema-politico-mais-pesquisado-no-google-em-2023-veja-o-ranking/

Transmitido en vivo por varios canales de televisión y redes sociales, este acto indicó a la nación el deseo de que era hora de que las minorías tuvieran voz y cuerpo, en un nuevo gobierno que prometía hacer un cambio significativo en relación a la política de austeridad adoptada en los últimos seis años, y que podría reconocer el papel de los movimientos sociales y de las minorías en la consolidación de un Estado democrático, haciendo cumplir la “Constitución Ciudadana” (como se llama la Constitución Federal de Brasil, promulgada en 1988), garantizando derechos y retomando las políticas sociales de los anteriores gobiernos del PT, iniciadas en 2003, pero paralizadas desde 20162.

Algunos sectores de la sociedad brasileña verían en este acto no sólo la transición hacia un nuevo gobierno, sino también la iniciativa de apertura para que esas otras voces y cuerpos, de las minorías, puedan ser el centro de las políticas públicas del gobierno federal. Sin embargo, si es cierto que las políticas que siguieron han aplicado más en educación, cultura y vivienda, también es cierto que las acciones gubernamentales siguen muy centradas en nociones de crecimiento económico y desarrollo. Así, lo que se observa es lo que señaló Anjos (2019, p.519), que la

[…] nación se representa constantemente al margen del desarrollo como una epopeya de colonización de recursos y tierras infinitamente desocupadas. La producción de invisibilidad para el sistema de derechos permite restaurar el momento colonial como el pasado persistente que insiste en reencarnarse en cuerpos quilombolas e indígenas, en comunidades no blancas de pescadores y comunidades ribereñas. En los proyectos de desarrollo que afectan a los quilombolas y a los pueblos indígenas, el Brasil emerge como una sociedad del terror.

En otras palabras, hay un modelo de país que pretende, a todo costo, ser una copia de las sociedades euroreferenciadas y que, si bien no es directamente explícito en las acciones gubernamentales, opera en las formaciones discursivas de diferentes sectores, tanto en la política formal y en las mentes de los miembros de otras instituciones y de la sociedad civil, en un esquema muy singular que busca

[…] socavar la resistencia o impedir la recomposición de cualesquiera formaciones socioespirituales con cierto grado de libertad frente al nomos del Estado brasileño y, en particular, de aquellas formaciones constituidas por su relación inmanente con la tierra como una condición existencial para el continuo generador de vida en todas sus formas, de aquellas comunidades, en resumen, que son ‘propiedad’ de la tierra que habitan y no dueñas de ella (Viveiros de Castro, 2021).

Este modus operandi quedó bastante expresado en la aprobación, en 2023, por la Cámara de Diputados, de un proyecto de ley que define un período temporal (el año 1988) para que las medidas de titulación de tierras indígenas en Brasil sean realizadas por los órganos que aprueban los títulos, el llamado “marco temporal” que, meses después, fue revocado por el Tribunal Supremo Federal3.

Así, aunque el proyecto de Lula, para su tercer mandato presidencial, esté, al menos en teoría, guiado por esta reanudación de expectativas de cambios estructurales, podemos entender que su acción política esta frenada por la lógica de la gubernamentalidad (Foucault, 2008) que añade, en la misma mesa de negociación, sectores completamente divergentes. Me refiero, aquí, a los procedimientos de “alianza” que Lula opera con empresarios, terratenientes, políticos de diferentes partidos miembros de la élite nacional del llamado “centrão”, y, al mismo tiempo, con movimientos sociales, colectivos negros e indígenas, entre otros segmentos. Además, uno de los grandes desafíos del tercer gobierno de Lula es lidiar con una Cámara de Diputados ultraconservadora y elitista (como siempre lo fue) y que se basa en el trípode “buey-bala-biblia”4. Sabemos que el juego político normalizado por las medidas de conciliación de clases requerirá del tipo de alianza prevista y/o formalizada para que, quizás, parte de las demandas de las minorías sean atendidas, sin embargo, existe un diálogo con los mismos sectores que quieren que las minorías desaparezcan, siendo “sólo una pieza de un mecanismo de violencia física”, donde el Estado “gestiona la intensidad del terror social, pero no siempre lo aplica directamente” (Anjos , 2019, p.520).

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El segundo acontecimiento que analizo aquí tuvo lugar el 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión del presidente Lula, cuando Brasilia fue tomada por varias caravanas de autobuses que traían a grupos, inicialmente considerados por los medios corporativos y oportunistas como “insatisfechos” con los resultados de las elecciones. Eran grupos de personas impulsados por constantes discursos de odio, transmitidos, en los últimos años, a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, y perpetrados, a diario, por el anterior presidente, un ex militar admirador de la dictadura y la tortura, un individuo innoble, racista y etnocida, quien antes de ocupar este cargo fue diputado durante varios mandatos, pero hizo campaña abiertamente contra las máquinas de votación electrónica y el sistema electoral brasileño. Este acto fue fuertemente financiado por empresarios de sectores como el transporte de carga, de la minería, del agronegocio (plantations), entre otros, y estuvo marcado por la depredación de edificios y bienes públicos, obras de arte y mobiliario histórico del Tribunal Supremo Federal, del Congreso Nacional y del Palacio do Planalto, todo con la connivencia y apoyo de la Policía Militar y miembros de la propia seguridad patrimonial, como luego se evidenció (Figura 2).

Figura 2: Policía Militar observa destrucción de bienes públicos, el 08/01/2023

Fuente: Poder 360 https://www.poder360.com.br/justica/1-ano-depois-ministros-do-stf-falam-sobre-o-8-de-janeiro/

El gobierno electo y otras autoridades dudaron en tomar una medida más contundente, esperando que el gobernador del estado del Distrito Federal (vinculado al ex presidente y a los financiadores de la campaña de odio) tomara alguna medida para contener la ola de destrucción. Sólo mucho más tarde, la policía y las Fuerzas Armadas pudieron arrestar a cientos de personas, que vestían camisetas de la selección brasileña de fútbol, banderas del país y otros símbolos (biblias, carteles y camisetas que alababan el ex-presidente). Estos grupos de extrema derecha alegaron que las urnas electorales de 2022 habían sido manipuladas, que los miembros del Tribunal Supremo habían “traicionado al pueblo” y que la llegada de Lula a la presidencia sería una afrenta a la “familia” y a la “moral”. Negaron la Constitución Federal y pidieron una “intervención militar”. Los medios televisivos, que hasta entonces se inclinaban a ver todo esto como “manifestaciones”, tuvieron que cambiar su discurso y posicionarse contra los actos de destrucción, dado que uno de los principales contenidos agresivos del anterior presidente era culpabilizar, de manera genérica, los “medios” de “distorsionar” sus palabras – ¡en una repetición de acciones mentirosas que otro presidente, de cierto país imperialista del norte, también hizo cuando perdió las elecciones!5

Gran parte de estas manifestaciones pro-Dictadura, pro-armamento y anti-diferencias/minorías han ido ganando terreno en un proyecto de poder o, en términos del filósofo Byung Chul-Han (2018, p.89), de una “psicopolítica”, en el sentido de que los big data promueven “patrones colectivos de comportamiento de los que no seríamos conscientes como individuos”. En esta configuración, los imperativos genocidas, racistas y colonialistas se reactualizan constantemente en las prácticas cotidianas, en las acciones del Estado y de sus órganos represivos, dinamizados en actitudes extremadamente violentas que se intensificaron en los últimos años en Brasil, a medida que existía cierta legitimidad al hacerlo, que se encontró en la figura del expresidente y sus seguidores6.

Según Viveiros de Castro (2021), la

Constitución promulgada en 1988 fue un logro político, parcial pero decisivo, de las fuerzas no fascistas del país. Precisamente por esta razón, ha estado sufriendo ataques cada vez mayores por parte de los operadores del fascismo, el agronegocio y otras fuerzas de derecha incrustadas en el Congreso y los grandes medios corporativos (que son una pieza central de la maquinaria de derecha). Al reconocer los derechos originales e imprescriptibles de los pueblos indígenas a sus tierras y forma de vida, no es sorprendente que los enemigos de los indios vean la Constitución como una amenaza, especialmente si realmente se implementara.

Así, más que ver un “avance de la derecha”, hay que entender que el hecho de que un gobierno, que toma medidas favorables a la izquierda o a lo que la política occidental define como “progresista”, tenga el poder del Estado para unos años, no significa que sus formas estructurales colonialistas, racistas y genocidas se transformen de la noche a la mañana, ya que el mismo partido que hoy gobierna el país, una vez más, toma medidas “desarrollistas” contra pueblos y comunidades tradicionales, las mismas que involucra defender e incluso añadir a su mandato. En gobiernos anteriores, el mismo partido replicó el modelo de gestión del “crecimiento”, invirtiendo fuertemente en mucho financiamiento para el agronegocio, otorgando áreas para la minería, la extracción de petróleo y la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, afectando drásticamente los territorios de los pueblos indígenas7, entre otros procesos que podríamos calificar de colonialidad persistente.

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Cuando reflexionamos sobre los dos acontecimientos, el primero, el cambio de presidencia, con sus ceremonias que se repiten cada cuatro años, pero que tuvo un impacto simbólico muy significativo en las minorías, las políticas de izquierda y los movimientos sociales y, el segundo, un acto violento, deplorable, con sesgo fascista, que pretendía decir que las minorías no son importantes, que hay que extirparlas, defendiendo el regreso de la Dictadura – nos llama observar los elementos de una forma política que ha estado cada vez más dominada por discursos y prácticas fascistas de reactualización de las mentalidades colonialistas.

No podemos olvidar que el poder político, en Brasil, tiene un rostro que es blanco y masculino: si bien el gobierno de Lula reconoce la importancia de la diversidad étnico-racial y de género y se alía favorablemente con las luchas sociales por los derechos de los pueblos indígenas, negros, mujeres, LGBTQIA+, personas con discapacidad, entre otras minorías y pueden operar medidas para reducir las desigualdades, su cuerpo directivo, su lógica política subjetiva y sus prácticas de gobierno siguen guiándose por una forma eurocéntrica de percibir cuál es el papel del Estado y de la democracia representativa. Tanto es así que el acto de recuerdo del fatídico 8 de enero de 2023, realizado en 2024, no trajo las personas que acompañaron al presidente Lula en su toma de posesión para hablar en el evento – que ensalzaba la “inquebrantable democracia brasileña”, que, a pesar de los ataques, había “ganado” –. Incluso los movimientos sociales tuvieron un papel protagónico de fuerza en la defensa intransigente de los derechos y la búsqueda de una sociedad justa e igualitaria.

Entonces podemos preguntarnos: ¿de qué democracia están hablando? ¿La del Occidente moderno-colonial, que siempre ha decidido reprimir las manifestaciones populares en nombre de una supuesta “libertad”? ¿“Democracia racial”, que oculta la esclavización violenta de los africanos y el genocidio indígena, en nombre de la idea de que somos “un solo pueblo”? ¿Una “democracia” que no demarca las tierras de los indígenas, quilombolas y otras comunidades tradicionales? ¿Aquella que permite perseguir y asesinar a líderes, luchadores y luchadoras ambientalistas vinculados a movimientos sociales?

Como dice Anjos (2019, p. 520), “el civilizado en los trópicos está bañado en sangre. La paz es entonces indistinguible de la guerra interminable de un poder al margen de la ley debido a la insuficiencia del Estado y de la plena potencia de la sociedad civil blanca para el monopolio racial de la violencia legítima”. Con esto, vemos que, ante la posibilidad de continuidad de un gobierno racista e innoble, que podría profundizar aún más la violencia contra las minorías (que son, en realidad, la mayoría de la población) y la precariedad de la vida, la población decidió, mediante votación, darle a Lula8 una nueva oportunidad, con la esperanza de un cambio, que si bien, no es radical en la estructura política brasileña, al menos es uno que recupera medidas sociales y políticas públicas que aumentan las posibilidades de vida frente a la catástrofe planetaria cada vez más presente.

Sin embargo, creo que una nueva realidad, en este sentido, sólo será efectiva si dejamos de mantener ideas genocidas y colonialistas y transformamos radicalmente el rumbo político al darnos cuenta de que el colonialismo estableció la expansión de las plantations, lo que culmina en visibles y drásticas mutaciones climáticas que reproducen desigualdades raciales, sociales y de género. Es necesario considerar que este sistema de subalternización se basó en la idea de raza, la cual era operada para clasificar a la población, indicando una supuesta diferencia en la estructura biológica que se asociaba con la inferiorización de unos en relación a otros, respectivamente, no europeos y europeos, como nos recuerda el sociólogo Aníbal Quijano (2005).

Además, conceptos como biopolítica (Foucault, 2008) y/o necropolítica son fundamentales para comprender

[…] las diversas formas en que, en nuestro mundo contemporáneo, se utilizan las armas de fuego en aras de la máxima destrucción de personas y la creación de “mundos de muerte”, formas nuevas y únicas de existencia social, en las que vastas poblaciones están sometidas a condiciones de vida que les otorgan el estatus de “muertos vivientes” (Mbembe, 2018, p.146).

El Estado busca establecer formas de vida y territorios unificadores y uniformadores que, en general, se crean sin la participación de las comunidades que los habitan. Muchas veces se intenta desmantelar los modos de existencia de los pueblos de la tierra, ya que se les impone otro tipo de codificación, regida por el Estado, que transforma las tierras de estos colectivos en propiedad privada y título de propiedad, para que queden disponibles para el mercado (Krenak, 2019).

Es en y a través de la pluralidad de conocimientos y prácticas de los pueblos de la tierra que se constituyen las (r)existencias frente a las catástrofes a escala planetaria. Por el contrario, la gente que apoya a la derecha se está movilizando diciendo “¡no, no queremos dejar nuestra cómoda (?) vida!”, “¡no, no vamos a renunciar a nuestra superioridad (imaginaria)!” y, así, hacen la labor de ser fieles “soldados” de las élites que, de hecho, están cómodamente ubicadas en sus espacios de poder, cada vez más ricas e intocables, dada la intensa explotación del trabajo intermitente, anclado en – falsa – idea de “emprendedor”, con sus empresas abarrotadas (que postulan una noción decrépita de “riqueza”) y la continuidad de modelos eurocéntricos de gubernamentalidad que perpetúan las violencias estructurales.

Finalmente, quisiera volver a lo que afirma el filósofo Gilles Deleuze (2008, p.222) respecto de la posible distinción entre sociedades de control y sociedades disciplinarias, a saber, que “lo esencial ya no es una firma o un número, sino una cifra: la cifra es una contraseña, mientras que las sociedades disciplinarias están reguladas por consignas (tanto desde el punto de vista de la integración como de la resistencia). El lenguaje numérico del control se compone de cifras que marcan el acceso a la información o el rechazo”.

Al reflexionar sobre el contexto actual de la política brasileña, yo considero que no podemos dejar de recordar el contenido de la persistencia de la colonialidad, ni las medidas psicopolíticas de las cifras producidas por las empresas de plataformas digitales, que ciertamente recurren a viejos argumentos de extrema derecha y conservadurismos, como la defensa de la “familia”, la propiedad y la “seguridad”, muy centrados en la “cosmofobia” eurocristiana monoteísta, que es una formulación propuesta por el quilombola Antônio Nego Bispo (2015), para referirse a la sociedad moderna.

El desafío planteado para comprender las reorganizaciones de las derechas a nivel local y global es analizarlas como componentes de acciones históricas de violencia contra las diferencias y de intensificación de las desigualdades, promovidas, en el caso brasileño, por un gobierno que desdeñó las miles de muertes causadas por el covid-19 y que abrió puertas cada vez más grandes para acciones de agronegocio, minería en tierras indígenas y que no se movilizó para poner fin a los asesinatos de ambientalistas y líderes indígenas y quilombolas.

Mi argumento aquí es que la manifestación fascista del 8 de enero de 2023 constituye parte de las formas de mantener el status quo colonialista y desarrollista que oculta la violencia histórica contra los pueblos indígenas y africanos; además de ser parte del modelo negacionista climático cuando el foco de atención se desvía de las catástrofes planetarias, recurriendo a un debate, en mi percepción, ineficaz, sobre los imaginarios de posible gobierno dentro de las modalidades, estándares y formas de vida hegemónicas. Mientras la Tierra arde en el “nuevo régimen climático” (Latour, 2020), las personas y las comunidades sociobiodiversas son constantemente vulneradas por el Estado-capital, que reproduce los modelos siempre reactualizados del microfascismo – como el filósofo Félix Guattari (1985) ya advirtió – , en la gestión de la población, donde las redes digitales desempeñan un papel cada vez más central.

Referencias

Anjos, J.C. dos. (2019) Brasil: uma nação contra as suas minorias. Revista de Psicanálise da SPPA, v. 26, n. 3, p. 507-522.

Bispo, A. (2015) Colonização, Quilombos: modos e significações. Brasília: INCTI-UnB.

Chul-Han, B. (2018) Psicopolítica: O neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Âyiné.

Deleuze, G. (2008) Conversasões. Editora 34.

Ferdinand, M. (2022) Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho. UBU.

Foucault, M. (2008) Segurança, território, população. Martins Fontes.

Guattari, F. (1985) Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo. Brasiliense.

Krenak, A. (2019) Ideias para adiar o fim do mundo. Companhia das Letras.

Latour, B. (2020) Onde aterrar? Como se orientar politicamente no Antropoceno. Bazar do Tempo.

Mbembe, A. (2018) Necropolítica. N-1.

Quijano, A. (2005) Colonialidade do poder: Eurocentrismo e América Latina. In: Lander, E. (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino- americanas. Clacso, p. 117-142.

Viveiros de Castro, E. (2021) Os Dois “Índios”. Apresentação oral no webinário The Multiplicity Turn: Theories of Identity from Poetry to Mathematics (Stanford University).

Notas

1. Ver: https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2023/joenia-wapichana-e-nomeada-presidente-da-fundacao-nacional-dos-povos-indigenas-funai.
2. El PT gobernó el país entre 2003 y 2016, teniendo durante este período dos mandatos de Lula y dos mandatos de Dilma.
3. Ver: https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2023/povos-indigenas-comemoram-a-derrubada-do-marco-temporal-pelo-stf.
4. Me refiero aquí a diputados vinculados y/o miembros de lo agronegocio, policías, militares e iglesias evangélicas neopentecostales, que son sectores que también incluyen a miembros del Senado.
5. Hay varias similitudes entre lo ocurrido en Brasilia y lo ocurrido el 6 de enero de 2021, donde grupos de extrema derecha, supremacistas blancos, fascistas y negacionistas invadieron la sede del gobierno estadounidense, el Capitolio, también de manera violenta, impulsados por discursos contra el resultado de las elecciones presidenciales de ese país
6. Durante las elecciones de 2022, se produjeron varios casos de violencia provocada por partidarios del innoble candidato contra manifestaciones de apoyo al PT o a sectores de izquierda (MST, movimientos negros e indígenas, ambientalistas, etc.), generando incluso asesinatos, amenazas con armas de fuego, depredación, entre otros absurdos.
7. Ver: https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/justica-reconhece-etnocidio-causado-por-belo-monte-a-indigenas-e-ordena-mudancas.
8. Lula pasó 580 días en prisión, entre 2018 y 2019, por lo que no pudo ser candidato en las elecciones de 2018. Su condena se produjo en medio de una operación político-mediática-legal, que tuvo como protagonista a un juez oportunista, que pronto aceptó ser Ministro de Justicia del gobierno electo en aquelle año, demostrando la total conexión entre el proceso de detención e impedimento a Lula como candidato y, en consecuencia, la apertura electoral para que el innoble, ahora ex presidente, alcanzara la presidencia.