1. INTRODUCCIÓN

El derecho a la libertad de expresión de las mujeres, se había circunscrito casi exclusivamente al tema de las mujeres periodistas y en menor medida, a las defensoras de derechos humanos y activistas, aunque ha sido cada vez más difícil separar estas categorías. Sin embargo, en la actualidad, el derecho a la libertad de expresión de mujeres y niñas requiere mayores espacios de análisis y de formalización en la política pública, tanto en lo referente a dar voz a las mujeres en general, como en el derecho a la denuncia en particular.

También se puede ver que cada vez son más conocidos y difundidos los casos de mujeres que exigen justicia en México ante diferentes tipos de violencia. Ya son incontables los casos mediáticos, y los que son publicitados en redes sociales, son tantos, que nos muestran con mucha claridad, que cada vez que las mujeres exponen, denuncian, visibilizan de alguna forma a los agresores de violencia contra mujeres y niñas (1) salen las hordas en defensa de los victimarios.

Esta defensa tácita de la violencia y por el estatus quo de los patrones patriarcales, tiene innumerables consecuencias en las víctimas, por decir lo menos, y se pueden identificar dos vertientes de efectos: la individual, en el propio ser bio-psico-social de las mujeres y que tiene enormes costos en la salud, bienestar y a la vida de las víctimas.

La segunda vertiente, se deriva de la defensa cohesiva para el agresor o agresores a partir de la existencia ancestral de una sociedad inquisitoria, patriarcal, que implica generar las mordazas fácticas. Esto es, parte desde el sustrato mismo de la normalización de la violencia contra las mujeres y donde se suprime, en los hechos y en la vida cotidiana, el derecho a la libertad de expresión para las mujeres y evidentemente para las niñas.

Las victimas no serán capaces de llegar a la denuncia y quienes hacen eco de sus denuncias, también son víctimas de linchamiento social. (2) En esta mordaza, en esta normalización de la violencia contra las mujeres, participan activa y sistemáticamente las instituciones de educación, en donde tradicionalmente se considera que son las escuelas de educación básica, los principales espacios de riesgo para las niñas víctimas de acoso sexual.

Pese a ello, actualmente se ha visibilizado un espacio institucional nunca antes visto en denuncias masivas, se trata de la feroz defensa institucional para los docentes universitarios que han sido denunciados por cometer acoso sexual en universidades públicas y privadas. Tanto ha sido el auge de estos casos, que han surgido organizaciones, colectivas, defensoras y áreas de  unas pocas universidades que han reaccionado rápidamente a esta demanda social.

Estos casos que son parteaguas en la promoción de la libertad de expresión y denuncia para las mujeres víctimas de violencia son El Laboratorio de Derechos Humanos, Comunicación y TIC, Cineastas Unidas, UADY sin Violencia, la Dirección de Programas de Incidencia en la Universidad Iberoamericana, como iniciativas para dar voz a mujeres en el ámbito universitario público y privado.

Pero no dejan de aparecer nuevas denuncias y tampoco deja de estar presente la resistencia y protección a los agresores, llegando a criminalizar a las víctimas o a disolver el problema de diferentes formas administrativas en perjuicio de las mujeres.

La denuncia en estos espacios universitarios tiene un factor común: la supresión de la libertad de expresión para las víctimas, las mujeres, las sometidas, las locas, las putas, presas (Lagarde, 2005) “En muchas ocasiones, las mujeres ni siquiera intentan defenderse, golpear, gritar o simplemente correr, huir. Por el contrario, enmudecen y se quedan paralizadas ante la fuerza sobrenatural masculina a la que se enfrentan (sobrenatural en relación a la naturaleza femenina inferior de las mujeres). Cuando logran articular palabra, suplican clemencia. Se trata de un estado semihipnótico en las mujeres logrado no solo por el violador, sino por la sociedad y su cultura de predominio y privilegios masculinos y debilidad femenina” (2005:269).

En este trabajo, se exponen las principales claves de los mecanismos del patriarcado institucionalizado (individuos, familia y sociedad), que operan estructuralmente para suprimir el derecho a la libertad de expresión de las niñas y mujeres. Así también las principales guías que la agenda pública deberá observar para hacer efectivo el derecho a la libertad de expresión que sin duda incluye la denuncia pública y denuncia formalizada ante cualquier acto violento contra mujeres y niñas en México y particularmente en las instituciones de educación superior que tienen como misión generar el conocimiento científico, democrático, respetuoso de los derechos humanos, para que la sociedad conozca e introyecte estos valores en toda la estructura social.

Considerando, que esta discusión es aún poco o nada abordado desde este punto de vista por lo complejo de las relaciones causales e institucionales y que no se realizan desde la voz de las víctimas, defensoras, activistas, donde todo ocurre a un tiempo, es momento de reunir las piezas: Sea este trabajo un ejercicio pleno de libertad de expresión para las mujeres universitarias que exigen justicia.

2. JUSTIFICACIÓN

Existe una insuficiencia en el tema de la libertad de expresión que está signado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), sin embargo, su tratamiento refiere al derecho a la información y establece: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa…”.

Por su parte, el artículo 13° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, señala en su artículo 42, inciso II, que corresponde a la Secretaría de Gobernación el diseño de una política integral con perspectiva de género para promover la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual de 1999 de la relatoría especial para la libertad de expresión, señala referente a la mujer y libertad de expresión, que la falta de acceso a una educación igualitaria constituye en sí misma una violación directa al derecho de las mujeres a buscar y recibir información. Por lo que, al sufrir violencia por razón de género en las instituciones educativas, las mujeres están siendo violentadas en sus derechos humanos. Es una verdad tautológica la violación a los derechos humanos de las mujeres versus violencia contra mujeres en los espacios educativos.

Como se ve, el camino de la denuncia no está sembrado de la diversidad necesaria de espacios de denuncia, lo que parece una contradicción en los mecanismos para alcanzar o pretender alcanzar la justicia. Se alude a que se cuenta en toda esta normatividad, claramente especificadas las alternativas legales e institucionales para ejercer el derecho de denunciar un hecho violento al igual que cualquier ciudadano le asiste ese derecho.

Pero  es precisamente esta omisión de lógica patriarcal, la que impone una serie de obstáculos a la libertad de expresión y de denuncia que requieren las mujeres y las niñas que no vivimos las mismas realidades institucionales que los varones, porque las mujeres pagan con su propio cuerpo el acceso a la libertad de expresión, el derecho a la denuncia pública y el acceso a la justicia.

3. EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EN LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DENUNCIA PÚBLICA PARA LAS MUJERES.

Los resultados de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, muestran que siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida y, de esta población, la mitad declara que la violencia sexual sólo es superada por la violencia psicológica, sin embargo, estas violencias no son necesariamente excluyentes.

De la población que declaró esta violencia, en el Estado de México se encuentra la mayor prevalencia con cerca de ocho de cada diez mujeres víctimas y la menor prevalencia es para el estado de Chiapas con cerca de cinco de cada diez. Estas cifras no revelan necesariamente que ocurran menos casos en una entidad que en otra y que la brecha entre ambos extremos tampoco resulta en una situación demasiado distinta para todo el país.

El ámbito de la violencia según esta encuesta, es aún más revelador, puesto que el ámbito escolar es definido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CNDH,2014) como el espacio donde se tiene acceso a los derechos universales entre ellos la educación, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y el derecho a un desarrollo integral y señala que, cuando se ejerce violencia contra las mujeres en este ámbito, se obstaculiza su desarrollo y su autonomía personal. Esta violencia puede ejercerse por las personas que tienen un vínculo docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica.” (INEGI; 2021).

En dicho ámbito escolar, la ENDIREH reporta que poco más de tres de cada diez mujeres mayores de 15 años que han asistido a la escuela han experimentado violencia y poco más de una de cada diez han experimentado violencia sexual en ese entorno. La entidad con mayor prevalencia es Querétaro con cuatro de cada diez mujeres, mientras que Chiapas es el estado de la de menor prevalencia con cerca de dos de cada diez. Igualmente, el que al menos dos de cada diez declaren que la escuela es un ambiente de riesgo de violencia sexual, ya es una llamada de atención urgente para la agenda pública y agenda educativa.

Con respecto a los agresores en este ámbito, los compañeros fueron los perpetradores en cinco de cada diez casos y cerca de dos de cada diez declararon que su agresor fue un maestro. Respecto al lugar de la agresión, solo tres de cada diez casos declaran que ocurrió fuera del plantel escolar, es decir, que el 70 % de los casos de ocurrencia dentro del plantel revelan que es la propia instalación escolar de la que se sirven los agresores sexuales de mujeres en este país.

El capítulo II de la  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla de la violencia laboral y docente en su artículo 10 especifica que ésta violencia es la que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, siendo independiente de la existencia de una relación jerárquica y consiste en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Es decir, que tanto el actor como quien lo encubre o lo apoya en la comisión de este delito, está cometiendo dicha violencia.

Por lo anterior, se concluye que es el ámbito escolar uno de los espacios de mayor riesgo para el desarrollo y la vida de las mujeres y las niñas y son los pares varones y maestros quienes la ejecutan en primera instancia, pero al ser el espacio escolar el escenario de esta violencia, son todos aquellos que en él se encuentran los posibles cómplices por acción u omisión.

Es alarmante que este espacio necesario para el desarrollo de la vida y el supuesto bienestar de las mujeres, las niñas y sus familias, constituya un espacio de alto riesgo para nosotras y también es aquí donde se genera la principal mordaza a la libertad de expresión y denuncia de estos casos, pues las cifras de la encuesta no corresponden con las cifras de quejas y denuncias ante instancias de defensa de derechos humanos y de procuración de justicia.

La pregunta es entonces, ¿qué impide a las mujeres su libertad de expresión y de denuncia, de abrir públicamente esta información para la seguridad propia y la del resto de mujeres que ahí conviven con los depredadores? Sin satanizar a los varones, es menester dar el reconocimiento merecido a la labor de algunos docentes y comunicadores que han dado apoyo, seguimiento y voz a mujeres y niñas víctimas de violencia, y dado que los varones gozan de un privilegio de voz y derecho a la libertad de expresión, han sido fundamentales para dar a conocer estos casos.

4. EL PODER DEL PATRIARCADO: EN PERSECUCIÓN DE LA VOZ DE LAS MUJERES

La estructura patriarcal es una relación de poder tejida ancestralmente, donde no es el varón necesariamente quien debe adoctrinar a su prole sobre esta obligación de subyugación de las mujeres o de todo lo que representa lo femenino. Es la prole en su totalidad la que está al servicio de la reproducción de estos patrones.

Este postulado puede explicarse de distintas formas teóricas y hallar elementos válidos e importantes, para este ensayo, abordaremos lo que a nivel de comprensión de las estructuras de poder, ofrece Michael Foucault desde una visión de lo micro-social como la unidad donde se siembran desde su concepto de arqueología que da lugar a discursos interpretativos donde se construyen y se arraigan los patrones de conducta y que trascienden la temporalidad: Es donde las relaciones que se dan cara a cara se expanden al resto de los espacios de socialización intemporales y por lo tanto se institucionalizan.

Foucault admite la posibilidad de arqueologías diversas, por lo que en su planteamiento se comprende porque se defiende un discurso y acciones a favor de la libertad de expresión de las mujeres y las niñas, mientras se protegen los espacios de poder y de violencia sexual del patriarcado. De aquí que a nivel de subjetivación y de introyección de las relaciones de poder, las conductas, las instituciones, los discursos disruptivos, no logran incorporarse mientras exista un interés en preservar las relaciones de poder previas.

“…no se puede hablar en cualquier época de cualquier cosa; no es fácil decir algo nuevo; no basta con abrir los ojos, con prestar atención, o con adquirir conciencia, para que se iluminen al punto nuevos objetos, y que al ras del suelo lancen su primer resplandor.” (Foucault; 1970,73).

Pero entonces, ¿es inevitable la violencia, la mordaza a la libertad de expresión para mujeres y niñas víctimas de violencia es eterna? El mismo Foucault da una expectativa para el cambio y la transformación cuando habla de la “derivación en nuevas reglas de formación a partir de reglas que están ya actuando -pero siempre en el elemento de una sola y única positividad-…se efectúa la sustitución de una formación discursiva por otra (o de desaparición y de la aparición pura y simple de una positividad)…la desaparición de una positividad y la emergencia de otra, implica varios tipos de transformaciones, yendo de las más particulares a las generales”  (1970;289).

Las voces de las mujeres no han podido ser calladas, confrontando una positividad pero desde un espacio de relativo poder. Es decir, que se trata de un cambio y transformación que ha formado su propia arqueología, no son eventos aislados, están alojados en la lucha histórica de las mujeres reclamando espacios de seguridad para sí mismas. Pero sobre todo, reclamando y apoderándose de la voz propia del derecho a la libertad de expresión y de denuncia.

Esto es, que la emergencia de la que habla Foucault es la confrontación de adversarios que ocupan distintos espacios de poder y por lo tanto distintos valores y leyes y donde el dominio patriarcal se hace cargo de la vigilancia y castigo del actor disruptor: las mujeres y peor aún, las mujeres que ya se supone se encontraban sometidas y adoctrinadas en el patriarcado y habiendo “aprobado” los diferentes niveles de adoctrinamiento. Porque no hay que olvidar que las instituciones son los espacios donde se construye predominantemente la arqueología del poder patriarcal.

En esta propuesta de Foucault se comprende la estructura de poder que escala los niveles de escolaridad y aquí se explica porque son los propios colegas hombres y mujeres que se aferran con ferocidad a la protección de los agresores como vínculo con toda la historia personal que les ha permitido penetrar los niveles de poder patriarcal, aquellos que piensan que no les corresponden sin su alianza con el poderoso, pues fue otorgado por Él.

La lucha por la justicia para las mujeres que denuncian violencia sexual en las universidades se trastoca en la más disruptiva porque se trata del poder positivado en el patriarcado y el poder sexual que es el dominio del cuerpo físico y psíquico de las mujeres, es el tomarlo todo, incluso la vida. Desde la lucha de las mujeres, es el recuperarlo todo, incluyendo la voz.

Defender al agresor sexual en el ámbito escolar es defender al violador al feminicida, al que por derecho pertenece el cuerpo, el sexo, la voz y el espacio que generosamente le entregan a las mujeres en cada título universitario donde se le encomienda también defender a su dominador y volverse el celador y verdugo de quien falte a ese mérito.

Las mujeres denunciantes, las mujeres y hombres que apoyan, defienden en complicidad a las denunciantes, quedan automáticamente en riesgo, de perderlo todo, y de quedar en la exclusión y señalamiento público. Por eso es tan complicado encontrar aliadas y aliados.

5. LA TRANSFORMACIÓN Y LA LUCHA POR LOGRAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LAS MUJERES EN LAS UNIVERSIDADES DE MÉXICO

Los movimientos de mujeres universitarias se han diluido en esta institucionalidad del poder. Sin demeritar la investigación y los aportes de las diferentes áreas de la academia en todo México, es cierto que no son las mismas mujeres que han tenido que salir a denunciar públicamente y penalmente a los agresores, sobre todo a los agresores sexuales tanto de alumnas como de docentes dentro de las universidades públicas y privadas. Dar voz a las sin voz vuelve a ser un acto de valor revolucionario para las universitarias que deciden recuperar su derecho a la libertad de uso de la voz, de expresión de denuncia pública.

Colectivas independientes, activistas, defensoras, mujeres periodistas, y sin duda un puñado de comunicadores y colegas docentes, han persistido en la lucha por la visibilización de la violencia sexual y laboral contra las mujeres en universidades públicas y privadas en México y Latinoamérica.

Las redes sociales han permitido la comunicación pronta y expedita entre todas ellas y sus aliados. Pero igualmente han encontrado más violencia en las mismas redes por parte de los agresores y de sus decenas de aliados en el patriarcado.

Los estudios específicos no son aún numerosos y la razón es la misma, el castigo que ante el riesgo de la pérdida de estatus quo, representa hablar sobre la libertad de expresión y denuncia pública en ensayos e investigaciones académicas que cuestionen el alma mater o la fuente de la verdad absoluta representada en las universidades y en sus hombres y lo que en ellas representa el patriarcado y su arqueología.

Red Lucerna y el Laboratorio de Derechos Humanos, Comunicación y Tic (@RedLucerna  @DHLabMx), son espacios de mujeres organizadas en México para la denuncia y contra la violencia contra mujeres en espacios de cultura y de mujeres docentes. Realizan foros de análisis académico, elaboran guías de defensa, protección y denuncia, apoyan la libertad de expresión y denuncia que hacen las mujeres víctimas.

Consorcio Oaxaca es una colectiva en defensa de las mujeres que ha realizado un análisis de la violencia donde reveló que sólo en el año 2021 se registraron 685 casos de violencia de género contra mujeres y de ellos, 270 fueron contra niñas y adolescentes.

“En marzo de 2020, profesoras y estudiantes de la Universidad del Istmo campus Ciudad Ixtepec denunciaron que tres profesores de la licenciatura de Derecho ejercían violencia sexual y hostigamiento contra ellas, y a pesar de que las autoridades educativas lo saben, su actuar ha sido a favor de estos presuntos acosadores.” (Consorcio; 2021)

El caso de la violencia sexual en universidades de Oaxaca es un estudio de caso que ha llamado la atención de la prensa internacional, que se ha difundido lo suficiente, donde se han pronunciado diferentes instancias de protección a las mujeres a nivel nacional. Lo que hace de este caso el de mayor persistencia en la mordaza de la voz de las denunciantes al punto de que se ha logrado una recomendación de la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca por acreditar la comisión de la violencia de género en contra docentes y contra alumnas, hostigamiento laboral contra un docente que apoyó a las denunciantes.

Por esta razón se expone el caso que ilustra cabalmente los postulados que sustentan el patriarcado desde la visión de Foucault y su concepto de arqueología en las estructuras de poder y la vigilancia y castigo socialmente introyectado, por medio de los cuales se logra ocultar y sostener el delito y la violación al derecho de denuncia, al derecho de libre expresión y denuncia publica de mujeres víctimas de violencia y violencia sexual en instituciones que son  directrices de los valores (patriarcales).

“El 8 de marzo de 2020, salimos a las calles de Juchitán de Zaragoza en el Istmo de Tehuantepec a hacer la denuncia pública del acoso sexual que sufrieron alumnas de la carrera de derecho en la Universidad del Istmo (UNISTMO), plantel Ixtepec, Oaxaca y por el hostigamiento laboral contra quienes apoyamos a las alumnas”

Es de llamar la atención de especialistas en procesos democráticos, internacionalistas, colectivas y feministas todo el despliegue de los recursos echados a andar para proteger al patriarcado.

Las preguntas son muchas, pero empecemos por una de ellas:

1. ¿Cómo es que bajo este rectorado se logra con tal agilidad la creación de un comité “especial” de profesores y profesoras que pueden impunemente revictimizar a víctimas de acoso sexual con los documentos de las denuncias en mano, documentos sellados por la defensoría del estado, documentos que tienen secrecía por tratarse de delitos sexuales?

Hay que recordar, quién es el representante histórico de la arqueología del patriarcado colonial en universidades públicas de Oaxaca. Se trata de Modesto Seara Vázquez, un ciudadano y político español, con filiación en la izquierda estalinista del PSOE histórico, defenestrado después por los políticos jóvenes de su propio partido tras el fin del franquismo e inicio de la transición democrática en España y que a través de sus relaciones y complicidades con políticos del otrora régimen de partido único en México, lo refugiaron en la vida académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Para 1988 con el respaldo del entonces gobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez funda la Universidad Tecnológica de la Mixteca, como un “proyecto educativo”. Así fue como Modesto Seara da rienda suelta a lo que llamó “nuevo modelo de universidad, concebido como una universidad para el desarrollo” que lo diseñó -dice-, para “trascender su función educativa, y entenderla como un instrumento cultural para transformar la sociedad”.

Este sistema que ostentosamente llama “modelo” tiene como esencia un libro de autoría del rector, editado y publicado por él mismo: “Nuevo modelo de universidad“, que es la referencia obligada cuando se pregunta cuál es el modelo del SUNEO y dónde se encuentra la lógica del dogma del Gulag, metáfora de las universidades donde Modesto Seara dirige el separatismo, convoca al espionaje y se premia al delator que agrada al capataz para corregir a los desviados o exterminar a los irredentos. Tal como lo propone la estructura de vigilar y castigar desarrollada teóricamente por Foucault a quien ya se hizo referencia previa. En este sistema, el rector se niega abiertamente a la rendición de cuentas, a toda observación y aplicación de ninguna norma que no sea la propia.

Con base en este control dictatorial de Modesto Seara, el 18 de marzo de 2020, luego de la denuncia pública, y de la exigencia de atender los casos de los agresores sexuales de alumnas, el rector ordenó que se hiciera una investigación por una “comisión especial” que el 18 de marzo urdió la revictimización. Las alumnas que ya habrían denunciado ante la Defensoría de los Pueblos de Oaxaca y en la Fiscalía General del estado de Oaxaca los delitos de que fueron objeto a manos de dos profesores de la carrera de derecho del campus Ixtepec y para lo cual presentaron sus pruebas y sus testimonios.

Pero eso no fue importante ni para las autoridades estatales ni mucho menos para la comunidad académica del SUNEO, quienes obedecen a pie juntillas, el Gulag de Modesto Seara. Éste cuenta en su libro con todo un decálogo en las páginas 158-161: donde se asienta: Gimnasia obligatoria, luego la normatividad administrativa donde el rector es la autoridad máxima que regula y controla toda la estructura vertical y dictatorial. Qué claridad en el ejemplo de institución carcelaria donde Foucault realizó sus principales observaciones de las estructuras de dominación, poder, vigilancia y control. El patriarcado ilustrado, el patriarcado que amordaza operativa y eficazmente a las mujeres, en primer lugar, y a todo el clan al servicio mantener esta estructura.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El sistema patriarcal está anquilosado en la sociedad y permea toda su estructura, construye y se recicla eficazmente con la participación de todas sus instituciones e institucionaliza su lógica en cada individuo y espacio.

En esta lógica asimétrica, las mujeres juegan el papel de sometimiento que recicla a la perfección y normaliza la violencia contra las mujeres de la que la supresión del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la denuncia pública es inherente.

Los espacios para ejercer la libertad de expresión y denuncia para mujeres y niñas seguirán siendo tomados, arrebatados, en la construcción de una nueva relación de fuerzas y equilibrio de poder. Es decir, de igualdad y ejercicio de derechos, entre ellos la libertad plena de expresión en todos los ámbitos, sobre todo el educativo.

En este ámbito la universidad es un espacio estratégico para recuperar la voz, la libertad de expresión y ejercer el derecho a la denuncia pública y al acceso a la justicia. Esto es porque es en estos recintos donde se genera el conocimiento de vanguardia, las directrices de la revolución científico-social, de cuestionamiento acerca de aquello que vulnera al ser humano y su entorno. Es donde se normaliza la arqueología del poder o se rompen y construyen estructuras a favor de la dignidad y la libertad del ser humano o se retrotrae.

La acción de las colectivas, defensoras, denunciantes y sus aliados es y seguirá siendo fundamental para construir una nueva arqueología de relaciones equilibradas, libertarias. donde los espacios de expresión escrita también son espacios de libertad de expresión.

NOTAS

(1) ​​Todas las violencias contra las mujeres son por definición potencialmente feminicidas.

(2) Véase el caso de la actriz Verónica Castro que fue denunciada en redes sociales por el periodista Jorge Carbajal quien decide dar voz a una de las víctimas que por estas complicidades institucionales y patriarcales no puede realizar la denuncia en las instancias de procuración de justicia sin la intervención de quien se arriesga a ser otra víctima por la defensa del caso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Focault M. (1970), La arqueología del saber, Epaña, Ed. Siglo XXI.

Focault M (1998), Historia de la sexualidad, México, Ed. Siglo XXI.

Focault M. (2012), Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, Madrid, S. XXI.

Ilescas, V (2002), Ay amor ya no me quieras tanto. Nuestros hogares. Seguridad o muerte latente, México, El Colegio de la Frontera Norte.

Lagarde, M (2005), Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas, México, UNAM.
Ley General de Acceso a Una Vida Libre de Violencia. Disponible  en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/669252/LGAMVLV_010621.pdf