La UNAM padece múltiples problemáticas, la mayoría de las cuales arrastra desde hace décadas. De entre ellas podemos destacar: la amenaza por continuar con la gratuidad de la educación, la tecnificación, el porrismo, la percepción de falta de democratización en la comunidad y, en consecuencia, la perpetuidad de familias o grupos en la alta burocracia. Esto nos deja claro que la universidad no sólo es perfectible, sino que la modificación de su estructura y el desecho de su proyecto educativo neoliberal, son medidas necesarias y apremiantes. 

Los espacios que hacen más evidente la necesidad de la transformación de la universidad son las aulas: espacios en los que el terror recurrentemente ha sido implementado como forma de control de los estudiantes y, que además, no olvidemos son el principal escenario de la formación del alumnado. 

El 25 de abril de 2023, Ietza Abril Soler Cano, estudiante de la ENP Plantel 3 “Justo Sierra”, decidió quitarse la vida debido a la violencia psicológica y verbal que ejercían tres de sus profesores en su contra. A raíz de que se hizo público su caso, más estudiantes empezaron a compartir sus experiencias con estos profesores y cómo sufrieron afectaciones emocionales tras tomar clases con estas personas, demostrando que Ietza no era “una niña de cristal” y tampoco la única víctima. En algunos de los testimonios de los estudiantes que pude consultar personalmente, sale a la luz la negligencia de las autoridades de este plantel al no remitir a los interesados para denunciar frente a la Defensoría de los Derechos Universitarios, e incluso al inhibir la denuncia. Lo cierto es que Prepa 3 no es la única escuela que tiene esta problemática y que probablemente todos los alumnos que hayan pasado por la UNAM en las últimas dos décadas tienen alguna amarga experiencia de violencia con un profesor. 

¿Por qué si es un mal tan pernicioso, no se le está tomando la debida importancia? ¿Por qué seguimos viviendo esa violencia en las aulas? La falta de una respuesta contundente de parte de las autoridades universitarias responde a la institucionalización de esta violencia, que no acaba en el salón de clases, sino que alcanza a aquellas personas y órganos que por sus acciones u omisiones permiten que exista. Por ello podemos hablar de que esta es una violencia sistémica. La aceptación de tal afirmación implica que reconozcamos el papel que juega la misma institución en la perpetuación de esta violencia, y que reconozcamos por lo tanto que el problema no es el o la profesora, sino la institución en su conjunto. 

En este marco, ¿de qué le sirve a la universidad que haya profesores crueles que afecten el desarrollo de sus estudiantes? Esto sirve en medida que se convierte en una herramienta de sojuzgamiento, lo cual suele llevar al estudiante a reducir su vida escolar a lo que sucede dentro del aula de clases, esto con tal de evitar ser ridiculizado frente a grupo o que su calificación se vea afectada. De esta forma puede ser que los estudiantes no detecten las problemáticas de sus planteles, lo cual, favorece la organización estudiantil, el cuestionamiento de lo que está mal, es decir, lo que está más allá de las aulas. 

Esta herramienta de control se trata de un arma de doble filo porque si bien contribuye a la sumisión en la que nos encontramos, y a que nos mantengamos enfocados en cumplir con las demandas académicas que se nos imponen, es también el combustible de muchos movimientos estudiantiles. Los colectivos de gran parte de los planteles de la ENP han identificado el abuso de autoridad de algunos profesores solapado por las autoridades como una de las principales problemáticas de sus escuelas, por este motivo es uno de los puntos más recurrentes en los pliegos petitorios presentados por alumnos de nivel bachillerato.

El 30 de enero de este año, en la Prepa 6, tuvimos un gran ejemplo de lo anterior. Durante una mesa de diálogo llevada a cabo en el Auditorio “Sonia Amelio”, entre autoridades, colectivos y demás comunidad del plantel, un estudiante que tomó el micrófono pidió que levantaran la mano quienes alguna vez sufrieron violencia de parte de sus profesores. La mayor parte de los alumnos presentes levantamos la mano. La discusión en torno al punto del pliego petitorio que se estaba discutiendo, en el que se exigía la implementación de medidas que sancionaran las prácticas antipedagógicas y violentas de algunos profesores nos llevó muchas horas. Esto también dejó en evidencia que la UNAM proporciona pocos foros en los que sus estudiantes puedan compartir sus experiencias dentro de las aulas, positivas o no, y que a mi consideración es una de las deudas históricas de esta universidad con su comunidad. 

Si la universidad quiere evitar la inconformidad del alumnado que lleva a las tomas de instalaciones, marchas y demás actitudes iconoclastas, tiene inevitablemente que sancionar la violencia y el abuso que ejerce gran parte de su plantilla docente. Lejos de tener afanes punitivistas, los estudiantes queremos justicia, estamos cansados de la impunidad, de no querer –o, no poder, por las crisis de ansiedad– entrar a una clase por miedo a que el o la profesor@ nos vaya a violentar. Sabemos que la violencia que está tan arraigada en la sociedad, la UNAM no la puede erradicar, sin embargo, todavía debemos cambiar aquellos órganos dentro de la universidad que la perpetúan, y que en realidad son los encargados de levantar las quejas, del proceso de investigación, y de dictaminar sanciones, mismos órganos que en ocasiones han desempeñado deficientemente sus funciones y le quedan mucho a deber a las víctimas. 

La UNAM nos queda a deber a los estudiantes al no poder garantizarnos una educación libre de violencia; una educación que no nos orille a, incluso, acabar con nuestras vidas. La educación que reivindico es una que nos motive a ir día con día a la escuela, que sea crítica de las estructuras de opresión dentro y fuera de estas, una educación que sea un alivio para aquellas personas que viven violencia en otros espacios.