Facultad de Derecho
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Argentina 1985 se sitúa en el contexto histórico en el que Argentina recupera su democracia después de sufrir una dictadura. Las personas que fueron víctimas claman justicia, y un tribunal civil decide tomar el caso para juzgar a los responsables por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Fue a través del Juicio a las Juntas que por primera vez un juzgado civil ordenó una condena a una dictadura militar.
Las películas que mantienen viva la memoria histórica, a pesar de lo dolorosa que esta pueda llegar a ser, son muy valiosas para los procesos de formación y generación de conciencia en las personas que habitan una nación. Condenar hechos atroces que separaron familias, rompieron con los sueños de las personas, y suspendieron los derechos humanos deben ser recordados para no regresar a un pasado similar.
Argentina después de la dictadura militar, y una vez que se restableció el orden democrático en el país, tomó la valiente decisión de juzgar y encarcelar a los principales responsables de los crímenes cometidos, a tan solo dos años de haber restaurado la democracia. Sin embargo, esta decisión trajo complicaciones al momento de buscar efectuar los juicios. Las personas que contaban con una carrera judicial preferían no participar en el desarrollo de la investigación porque temían por su vida, o porque eran escépticos de la causa y los resultados que tendría el juicio.
La complicación anterior llevó al fiscal Julio César Strassera, principal responsable de acusar a los militares de la dictadura, a la integración de un equipo joven, que no necesariamente contaba con una carrera judicial, pero sí con convicciones de justicia. Uno de los retos a los que se enfrentaron, y que se narra en la película, es que debían demostrar que los actos cometidos fueron sistemáticos, es decir, que todos los dirigentes estaban al tanto de lo que sucedía, que se operó en distintas regiones de todo el país a través del mismo modus operandi durante el gobierno de los nueve comandantes, por lo que eran los responsables de los crímenes.
No se podía investigar con la policía, porque ellos fueron parte de la operación, así que el joven grupo procedió a investigar por su cuenta los centros clandestinos de detención en todo el país y a realizar una recopilación de las declaraciones de todas las víctimas que decidieron sumarse. Destaca el papel de los medios de comunicación que colaboraron con un papel activo en la causa, apoyando con la difusión de convocatorias para buscar a las víctimas por medios como la radio y posteriormente con la denuncia pública de amenazas, así como la transmisión en vivo del juicio.
En la película se tocan temas como la importancia de hablar de la injusticia extrema, lo que hace pensar en la fórmula de Radbruch, la cual establece que la injusticia extrema no puede ser aceptada como derecho. Es decir, no podemos admitir, bajo ninguna circunstancia, ninguna norma emitida que ponga a las personas que habitan un determinado territorio en condiciones de vulnerabilidad, violando sistemáticamente sus derechos humanos.
Otro tema que se pone sobre la mesa es hasta dónde llega la responsabilidad por el servicio público y el esfuerzo para hacer justicia. El fiscal adjunto, Luis Moreno Ocampo, tenía la idea de que el juicio debía ganarse en tribunales, en la sentencia y en las calles, además de que los testigos eran héroes y se debían cuidar, plantea que hay que arriesgarse y no ser condescendiente. Las convicciones crean formas de vida, y si se es coherente con lo que se piensa y con cómo se actúa, las acciones se llevan a todas partes, a las aulas, el transporte, al trabajo, así como a los espacios públicos en toda su extensión.
En palabras de Julio Strassera el actuar del Estado fue “feroz, clandestino y cobarde (…) al margen de todo orden jurídico”. Durante el juicio que se narra en la película, los militares acusados y sus defensas intentaron usar el argumento de que estaban en una guerra y con eso tratar de justificar su actuar, a lo que el abogado Strassera cuestiona: “¿Se puede considerar acción de guerra las detenciones en la madrugada por bandas anónimas?, ¿es una acción de guerra la tortura y matanza de quién no puede oponer resistencia?, ¿son objetivos militares los recién nacidos?”.
Con lo anterior queda claro que las acciones de los militares fueron violentas, injustificadas, desproporcionadas y que no podemos permitirnos como sociedad volver a pasar por un episodio similar, “¡Nunca más!”.
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