Revista Tlatelolco, PUEDJS, UNAM
Vol. 1. Núm. 2, enero-junio 2023
* Doctorante del programa de posgrado en estudios latinoamericanos (UNAM), en el Campo 3, Estado y Sociedad: Instituciones, procesos y movimientos sociales en América Latina. Maestro en Estudios Latinoamericanos (UNAM) y Licenciado en Economía (IPN). Temas de Investigación: El Estado y procesos sociales en Venezuela y Bolivia. Correo electrónico: maik858@hotmail.com.
El arribo de gobiernos de izquierda en América Latina ha significado una amenaza para las fuerzas reaccionarias de la región, porque su apuesta por el control de la renta natural amenaza los intereses trasnacionales de los países del Norte Global. Por lo que, en medio de múltiples estrategias de desestabilización de estos gobiernos, la ofensiva hegemónica mundial ha hecho uso y abuso de su poder mediático debido a la reestructuración neoliberal mundial de los mass media, para crear un discurso que se ha configurado más bien como un mito: el mito de la dictadura. Un mito que ha adquirido mayor radicalidad en países como Venezuela y Bolivia. Este artículo tiene como objetivo realizar una mirada crítica a este discurso emanado del poder mediático para dar cuenta de su falsedad discursiva en dichos países y mostrar cómo ésta es una de las estrategias mediáticas predilectas para el establecimiento de Estados de excepción dentro de la región.
Mito, dictadura, mass media, estado de excepción, hegemonía.
The arrival of leftist governments in Latin America has meant a threat to the reactionary forces of the region because their commitment to the control of the natural rent threatens the transnational interests of the countries of the Global North. Therefore, during multiple strategies of destabilization of these governments, the world hegemonic offensive has made use and abuse of its media power by the global neoliberal restructuring of the mass media, to create a discourse that has been configured rather as a myth: the myth of the dictatorship. A myth that has acquired greater radicality in countries such as Venezuela and Bolivia. This article aims to take a critical look at this discourse emanating from the media power to account for its discursive falsehood in these countries and show how this is one of the favorite strategies for the establishment of states of exception within the region.
Myth, dictatorship, mass media, state of exception, hegemony.
El arribo de gobiernos de izquierda en el mapa político latinoamericano significó un reto para las ciencias sociales, porque su caracterización conceptual ha devenido en múltiples formulaciones teóricas dentro de la academia. Sin embargo, justo porque dichos gobiernos han representado una amenaza para los intereses de los poderes hegemónicos mundiales —en especial estadounidenses— y aprovechándose de la consolidación de los mass media como un cuarto poder mundial, se ha desplegado una ofensiva premeditada de mistificación de estos gobiernos, pero en mayor medida en países como Venezuela y Bolivia dando como resultado la edificación del discurso de la dictadura como uno de los planteamientos fundamentales que ha utilizado el discurso del poder para denostar a estos países y desde ahí a los gobiernos de izquierda y antineoliberales en la región.
De esta manera, lejos de representar un discurso científico serio para comprender la realidad boliviana y venezolana, éste más bien se reduce a un mito, un discurso dirigido a desplegar una ofensiva discursiva decadente destinada a desprestigiar a dichos países.
En este contexto, este artículo tiene como principal objetivo hacer un análisis crítico de diversos medios digitales, portales de noticias y documentos académicos de dicho discurso, desde la concepción teórica elaborada por Armand Mattelar, que en su crítica a los medios de comunicación hegemónicos del poder, en su afán de mistificar la realidad son creadores de mitos y en este caso tanto en Bolivia como en Venezuela desde el discurso del poder mediático se ha edificado el mito de la dictadura, que si bien representa la estrategia mediática por excelencia de la ofensiva neoautoritaria (Arizmnedi y Beinstein, 2018) de nuestro tiempo para derrocar a dichos gobiernos.
De esta forma el artículo, va a dar cuenta de la configuración de los mass media como cuarto poder en la vuelta de siglo y su articulación con la tendencia a los nuevos golpes de Estado en la región. Posteriormente desmitificaremos cada configuración del mito de la dictadura en sus diversas vertientes: el sub-mito de la falta de libertad de expresión, el sub-mito de la falta de democracia y el sub-mito de la violación de los derechos humanos.
La mundialización neoliberal del capitalismo trajo consigo la consolidación de holdings mediáticos que han logrado imponer una verdadera dictadura dentro del planeta, consolidando a estos como un cuarto poder en la vuelta de siglo. Así mismo, “la libertad de expresión” adquirió un fundamento mercantil, porque esta tiene su fondo en el poder de elección que tiene el lector, el televidente o radioescucha de “acceder” y “elegir” cualquier tipo de información o contenido que tenga a la mano (Pazos, 2020). De esta manera, al igual que el consumidor que tiene en el mercado un abanico abierto y diverso para poder satisfacer sus “deseos”, los medios de comunicación están ahí para satisfacer las demandas de información del consumidor, por tanto, si se regula el mercado de los medios se estaría coartando la “libertad” de los individuos y de los medios. De manera que, los estados deben de impulsar leyes para que los propios medios se “autorregulen” gracias a las elecciones de los individuos “libres” escogiendo a los que les ofrezcan un mejor contenido. De este modo, mediante esta ideología neoliberal los medios lograron consolidarse como un poder autónomo derrotando las regulaciones impuestas por los Estados, inclinándolos a su servicio, aliándose con los poderes trasnacionales y hegemónicos e imponiéndose como un poder por encima de los demás poderes políticos.
La reestructuración neoliberal de la economía capitalista vino a consolidar grandes monopolios o holdings mediáticos mundiales, los cuales controlan aproximadamente el 70% de los contenidos y la información del planeta, mientras que los medios restantes locales se encargan de repetir lo que emanan los primeros. Dichos medios son Time Warner Inc., Walt Disney, Viacom/CBS y News Corporation (Pazos, 2020), mientras que en América Latina destacan cuatro grandes grupos mediáticos, Televisa en México, O Globo en Brasil, Clarín en Argentina y el Grupo Cisneros en Venezuela accediendo al 60% de la rentabilidad de los mercados y las audiencias de la región latinoamericana. De esta manera, en la globalización neoliberal los medios han logrado concentrar un poder económico-político inédito en la historia de la mundialización en esta vuelta de siglo.
Así, estos han buscado aliarse a los poderes hegemónicos mundiales inventando nuevas formas de estado de excepción en el planeta. Venezuela fue el país en el que se implementó la primera forma de golpe de Estado mediático, el 11 de abril de 2002 contra el presidente Chávez, fueron los medios de comunicación los encargados de armar un montaje destinado a derrumbar la presidencia e imponiendo una presidencia espuria en menos de dos días. Esta táctica mediática golpista, se estrenó en Venezuela demostrando de forma contundente como los mass media pueden consolidarse como un poder a la par del ejecutivo, legislativo y judicial, un Cuarto Poder que de forma despótica podría imponerse por encima de los anteriores.
Así mismo, en el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en 2018 esta dinámica continuo y sin duda fue indispensable para la consolidación del mismo, fue el consenso mediático mundial el que intentó darle certeza a la supuesta falta de credibilidad de las elecciones impulsada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en voz de su líder Almagro quien mediante un tweet desacreditó los resultados dando paso a las agresiones de los movimientos de ultraderecha y lograr el golpe de Estado junto con las fuerzas del orden, quienes se acuartelaron e incitaron también la renuncia del presidente Evo Morales.
Esto sin duda representa una nueva tendencia mundial que en medio de la disputa por la hegemonía mundial y ante la crisis epocal del capitalismo (Arizmnedi y Beinstein, 2018) los medios de comunicación son sin duda el elemento fundamental de una tendencia al estado de excepción planetario y es el mito de la dictadura la punta de lanza de esta ofensiva.
Sin duda, tanto Venezuela y Bolivia han sido víctimas de una agresiva campaña mediática en medios locales e internacionales destinada a descalificar cualquier acción política económica y social. Campaña que proviene principalmente de los medios occidentales y tiene como objetivo desplegar la desinformación con argumentos como falta de libertad de expresión y democracia, autoritarismo, crisis económica, represión y dictadura, constituyen algunos de los testimonios mediáticos más usados. Lo que significa en verdad un nuevo bloqueo mediático basado en un “silencio ruidoso” (Tirado, 2019) que, a diferencia de los bloqueos mediáticos del siglo pasado basados en el silencio, este tiene como referencia bombardear con desinformación mediática continuamente en radio, tv, internet y redes sociales.
Una mirada panorámica a los encabezados y matrices de opinión a nivel mundial dentro de la web muestran que el término “dictadura” se ha convertido en el desplegado predilecto para denostar a Venezuela y Bolivia: Infobae portal de noticias argentino, “La dictadura chavista mando el avión presidencial de Nicolás Maduro a la Habana” (2021); “La dictadura de Nicolás Maduro amenazó a la oposición venezolana y prometió más detenciones” (2021); Diario de las Américas portal estadounidense, “Salió el dictador de Bolivia, pero sigue la dictadura” (Sánchez, 2020); “FEDECAMARAS, la iglesia y la dictadura en Venezuela” (Aguiar, 2021); The New York Times “Lo que necesitamos entender de la dictadura de Nicolás Maduro” (Gallegos, 2019); The Washington Post, “La dictadura de Nicolás Maduro llegó al 2021 plenamente consolidada, aunque sobre una economía y sociedad devastada” (Toro, 2021); Human Rights Watch “La dictadura de Maduro” (Vivanco, 2017); El Nuevo Herald “Bolivia y las otras dictaduras de la región que debemos mencionar” (Ortiz, 2021); del portal de noticias alemán DW “La lucha de la oposición en Venezuela: No todo se vale para salir de una dictadura” (Ospina-Valencia, 2020); de Colombia el portal DeJusticia “¿Por qué Venezuela es una dictadura?” (Rodríguez, 2017); en España El Independiente nos menciona “Venezuela en dictadura” (Peñalver, 2017); El Mundo en su Editorial “Dictadura en Venezuela” (2017); El País “Venezuela es una dictadura, tanto como la de Pinochet y la de Franco” (Márquez, 2019); en el portal El Periódico “Por qué Evo Morales es un dictador: así ha muerto la democracia en Bolivia” (Araoz, 2018); en México El Universal “Evo el dictador o de cómo se “cayó” el sistema en Bolivia” (Márquez, 2019); siendo estos solo una pizca de todos los encabezados que podemos localizar en la web y sin contar las redes sociales y la televisión.
De esta manera, a nivel mundial se ha consolidado un discurso premeditado dentro de los mass media, una ofensiva mediática destinada a derrocar gobiernos de izquierda en Latinoamérica, manipulando la opinión pública internacional, mediante la formación de mitos. Los medios de comunicación masiva son responsables de la elaboración de mitos en la realidad social, porque logran invertir la realidad, dejándola indescifrable a primera vista y propulsando un dominio más efectivo sobre el sujeto social, “el mito pues, doméstica la realidad, la anexa en provecho de una seudo-realidad, la realidad impuesta por el sistema, la cual no es “real” sino admitiendo la ideología dominante”.
Los medios de comunicación en este sentido se han convertido en una fábrica constante de formación de mitos, buscando invertir el sentido de la realidad social para imprimir un quid pro quo social que legitime el uso de la fuerza y el estado de excepción dentro de los países “incómodos” para las supuestas democracias occidentales. De esta forma, tanto en Venezuela como en Bolivia se ha establecido un mito que intenta no solo invertir su realidad, sino descalificarla para dotarla de un sentido histórico social que no le pertenece, para obtener consensos dentro las clases medias y bajas más conservadoras que podrían ser la base social para el derrocamiento mediante golpes de Estado. En este sentido, los mass media han construido el mito de la dictadura, un mito que tiene como objetivo des-especificar el potencial histórico-político que tienen estos países en contra del avance de la acumulación de capital y la hegemonía estadounidense, pero sobre todo tiene como objetivo crear una ideología dominante que sirva para la derrota de estos gobiernos y apoderarse de las grandes reservas de recursos energéticos de ambos países (petróleo, gas, litio, entre otros).
El mito de la dictadura tiene como objetivo invertir discursivamente el sentido democrático y germinalmente anti sistémico que se ha desarrollado en estos países para imponer la imagen de un “autoritarismo” inédito, que promueva una ofensiva violenta interna y mundial por parte de las fuerzas defensoras de la “democracia” del mundo occidental. Para que este objetivo se logre, los mass media han edificado un discurso que poco a poco ha ido trasladándose al medio “académico”, legitimando esta mirada. Los elementos más importantes que fundan el mito de la dictadura son, la falta de libertad de expresión, la falta de democracia y la violación a los derechos humanos. Y más que ideas, configuran mitos en sí mismos que han de soportar la noción mistificada de dictadura por lo que podríamos aludir que existen tres sub-mitos que soportan el “discurso de la dictadura”.
El sub-mito de la falta de libertad de expresión, sin duda es uno de los argumentos más usados contra Bolivia y Venezuela para denominarlos “dictaduras”. En el portal de Human Right Watch se publica “Venezuela: Ataques contra la libertad de expresión deben cesar inmediatamente” y a continuación mencionan “el Gobierno de Nicolás Maduro frecuentemente usa señalamientos y otras formas de hostigamiento para amedrentar e intentar silenciar a quienes lo critican por expresar sus ideas contrarias a sus políticas, o denuncian violaciones de Derechos Humanos, e incluso contra actores humanitarios, atentando contra el derecho de la libertad de expresión” (HRW, 2021) dicho “informe” incluso cita a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet quien ha señalado que en el país “los periodistas y los defensores de los derechos humanos que critican al Gobierno siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública” y existen “restricciones a la libertad de expresión”. Por otro lado, la ONG Reporteros Sin Fronteras en 2020 evaluó a Venezuela en el lugar 147 de 180 países en torno a la libertad de expresión, mientras que la organización Espacio Público registró 399 casos de violación de la libertad de expresión (Torrealba, 2021).
Mientras que, en Bolivia durante el periodo del presidente Evo Morales, la embestida mediática no ha sido tan grande como en el caso venezolano, sin embargo, el mito del control de la regulación autoritaria de los medios de comunicación sigue la misma tónica. Evo Morales estableció una ley de medios que le da un control de la radiodifusión del 33% al Estado, 33% al ámbito privado, 17% para el sector social comunitario y 17% restante para los pueblos indígenas originarios y campesinos, lo que llevó a un vuelco de la política neoliberal de los anteriores gobiernos que detentaban el 80% para el sector privado y 20% para el Estado (Ochoa, 2011).
Entre estos y otros argumentos, es que las organizaciones como Reporteros sin Fronteras han denominado —y de ahí todos los medios nacionales e internacionales— a Venezuela como el “interminable autoritarismo” y a Bolivia como el lugar donde “la prensa es asfixiada y víctima de ataques sistemáticos” (RSF, 2020). Por otro lado, Human Rights Whatch (HRW) en la mayoría de sus informes considera que en Venezuela existe una falta de libertad de expresión, pues la presión sobre los medios opositores es muy rigurosa porque supuestamente el chavismo ostenta la mayoría de los medios de comunicación del país y sobre todo “sabotea” las páginas de internet de medios opositores al gobierno (HRW, 2020).
En contraste, en Venezuela y Bolivia se desenvuelve una guerra mediática y psicológica abierta, con el fin de debilitarlos para el establecimiento de golpe de Estado blando o abierta invasión militar. Dentro de las dinámicas de esta guerra psicológica, sin duda Fernando Casado (2015) es un periodista destacado porque ha logrado descifrar y hacer un análisis sobre las estrategias mediáticas que se han desplegado en Venezuela —que aplican perfectamente a Bolivia—, y como los medios a nivel mundial han logrado un consenso para articularse con esta guerra psicológica. Casado da cuenta por medio de entrevistas a reporteros, jefes de editoriales y directores de medios que existe una línea bien definida e impuesta dentro de estos consorcios mediáticos para difamar a Venezuela. Los reportajes y abordajes mediáticos deben estar articulados con una línea editorial de menospreciar, banalizar, caricaturizar y demonizar cualquier acción de Chávez y Maduro. Dichas líneas editoriales van desde demostrar que Venezuela es un país armado y peligroso, que existe una economía desastrosa y sobre todo que hay una falta de libertad de expresión y democracia.
Por el contrario, a lo que manifiesta el mito de la dictadura en Venezuela, en lo que concierne a los medios digitales masivos las cadenas privadas de televisión y de cable, acaparan el espectro radiofónico, 81% de los canales privados globales cubren la programación, los regionales el 9% y nacionales solo el 10%, siendo la mayor parte de la programación los canales globales de los consorcios mediáticos internacionales con ideología abiertamente de opositora (González, 2021). De las 10 cadenas de televisión más vistas en Venezuela cuatro son de dominio público, mientras que seis son de origen privado con un acercamiento a postulados de la oposición. En términos de audiencia las cadenas del oficialismo como son VTV, TeleSur y TVES no superan el 5% de la audiencia nacional. Así mismo, el 65% de los venezolanos disfrutan de TV de paga, que en su mayoría son transnacionales y opositoras, mientras que el 35% acceden simplemente a las emisiones abiertas donde la mayoría es opositora. De los seis periódicos más importantes solo uno es de dominio estatal mientras que los otros cinco (84%) son de origen privado, con influencia opositora y en algunos casos como El Nacional y El Universal de tendencia golpista, así como el Ultimas Noticias que pertenece a la familia del entonces candidato a la presidencia Henrique Capriles quien ha sido gobernador del Estado Miranda y candidato de la oposición a la presidencia en dos ocasiones. En la radio, la hegemonía de los medios privados se repite ya que el 97.2% de la misma es privada y el 3.8% es pública. En síntesis, el control de los medios de comunicación privados asciende al 80.4% los cuales responden a intereses opositores y hegemónicos vinculados a los medios trasnacionales estadounidenses (López, 2015).
Por otro lado, en Bolivia la situación se repite, pero en menor escala, ya que los medios impulsados por el gobierno han fracasado desarrollándose en mayor proporción las radios comunitarias locales puesto que en Bolivia más que la televisión o la prensa, la radio es el medio hegemónico del país. La prensa no es predominante a nivel nacional y, más bien, está localizada en los departamentos y la mayoría de la oposición liberal y de extrema derecha. Los periódicos más destacados son El deber de Santa Cruz, La razón de la Paz del grupo Prisa, El Mundo de extrema derecha, El País, La Palabra del Beni y La Misión, todos con una ideología opuesta al gobierno y pertenecientes a familias empresariales vinculadas a los medios televisivos, financieros y energéticos (Repsol, BBVA, Iberdrola) como el caso del periódico del grupo Prisa antes mencionado, La Razón, el cual era un medio muy cercano a los presidentes Jorge “Tuto” Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada “Goni”.
En el medio televisivo el 70% de las audiencias son Unitel, ATB, Red Uno y Bolivisión. La primera es la cadena opositora más grande a Evo Morales, ATB pertenece al grupo Prisa y Red Uno propiedad de Ivo Kulijis empresario que fue candidato de la derecha a la vicepresidencia de Bolivia y Bolivision de capital mexicano-estadounidense. Mientras que el capital privado controla la mayoría de los medios, el Estado solo posee una cadena pública muy precaria, Canal 7, tiene cobertura nacional lo cual ha sido una ventaja ya que ha logrado posicionarse como la cuarta cadena más vista detrás de los consorcios privados” (Bajo y Serrano, 2009).
Lejos de que se esté violando la libertad de expresión, este mito representa más bien un simulacro que mediante un quid pro quo presenta las cosas invertidas y lo que se está viviendo más bien es el despliegue de una guerra mediática y psicológica para derrocar a los gobiernos legítimos de Venezuela y Bolivia mediante la búsqueda manipulada del consenso mundial. De esta manera, el mito de la falta de libertad de expresión representa una de las coartadas predilectas del discurso del poder mediático mundial que ha generado mejor eficacia en la “opinión pública” internacional para justificar la noción de la supuesta dictadura boliviana y venezolana.
Ahora pasemos al segundo sub-mito que refuerza la noción de la dictadura y que está interconectado con el mito mediático y es el sub-mito de la falta de democracia que bebe de una de las “promesas” que dejó el discurso de la “globalización” y que fue el mito de la transición a la democracia (Arizmendi, 2002), que al tener como fundamento la caída de los regímenes de partido único y de partido de Estado e incluso con la caída de las dictaduras militares, se insistió en la transición mundial a la democracia. Formulaciones como las de Samuel Huntington sobre la “tercera ola democratizadora” (1994) o la de “El fin de la historia” de Francis Fukuyama (1991), aluden a que el desarrollo de la modernidad ha llegado un punto tan alto que el sistema político que representa la democracia “americana” hace caduco cualquier otro sistema político y la historia del siglo XX lo ha demostrado.
De esta manera, la ilusión romántica que trajo el discurso de la globalización como era de transición de la democracia, impactó en la vida política de Bolivia y Venezuela por que a la llegada del gobierno de Evo Morales y de Hugo Chávez se ha condenado una y otra vez que estos no han respetado las normas básicas de la democracia representativa (americana) y que más bien se han impuesto en el poder por medio de la fuerza y la manipulación, representando más bien un regreso a ese pasado antidemocrático que significaron las dictaduras en América Latina. Los mass media, así como las academias más allegadas al discurso del poder, han logrado extender el mito de la dictadura a los cuatro vientos bajo el abrigo del discurso del mito de la globalización en su vertiente como era de transición a la democracia (Arizmendi, 2002).
Al dar una mirada panorámica a los medios digitales en los diversos portales de noticias hegemónicos a nivel mundial, podemos afirmar que existe un conceso en determinar que en dichos países no existe la democracia: El Mundo, “Venezuela y el difícil camino a la democracia” (Del Palacio, 2019); HRW, “¿Por qué la democracia venezolana todavía está en riesgo?” (Vivanco, 2015); El país, “La democracia solo se construye con democracia” (Stalin, 2021); Comercio Exterior, “¿Cómo ayudar a la democracia en Venezuela?” (Trak, 2020), BBC, “Crisis política en Venezuela” (D Olmo, 2020); Infobae, “Estados Unidos dijo que “sigue manteniendo reservas” sobre la falta de democracia en Nicaragua, Venezuela y Cuba” (Infobae, 2022); Washington Post, “¿Venezuela se “arregló”? Es una mala noticia para la democracia”, (Mely, 2022); DW, “Poder judicial y erosión democrática en Venezuela” (DW, 2022) y “Bolivia: entre la anarquía y la democracia en riesgo” (DW, 2019), The New York Times, “El colapso de Venezuela explicado en cinco pasos” (Fisher y Taub, 2017); “Latinoamérica reclama igualdad y democracia” (Castañeda, 2019) y “Tristes lecciones desde Bolivia” (Corrales, 2019); El universal, “Bolivia: la democracia no tiene quien le escriba” (Flores, 2022).
Sin embargo, a contrapelo de esta dimensión ilusoria que representa el mito de la globalización como era de transición a la democracia lo que está mundializándose más bien es la forma americana de la democracia. Noam Chomsky, quien define al sistema democrático americano con el término de deterring democracy, un sistema democrático que hace uso y abuso de los sistemas electorales, para impulsar mediante partidos políticos y coaliciones, que los electores definan únicamente a sus “representantes”, justificando así la marginación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones, por lo que, demos (pueblo) jamás se convierte en una autoridad política efectiva (kratos) (1991). Siguiendo este argumento entonces, lo que se ha venido mundializando no es la democracia, sino, más bien la democracia “americana” como “democracia disuasiva”, como una forma de sistema político que tiende a la re-edición de configuraciones del Estado autoritario (Arizmendi, 2011).
Desde la noción de la democracia americana como democracia disuasiva, el discurso del poder ha cuestionado la democracia impulsada en Bolivia y Venezuela, democracias que se caracterizan por la negación de convertirse en “democracia disuasiva” y, por tanto, abiertas al ataque mediático mundial bajo el argumento de que dichos países no respetan la democracia. Argumento falso porque si lanzamos una mirada panorámica a los procesos electorales en Bolivia y Venezuela la historia es otra. Tanto en los gobiernos chavistas como en el gobierno de Evo Morales se han realizado al menos a once procesos electorales y en ambos casos han resultado victoriosos en la gran mayoría de ellos, reconociendo las victorias de la oposición en sus respectivos países. Las siguientes tablas muestran los procesos electorales más importantes, en los que se han enfrentado, Chávez, Maduro y Evo Morales a sus opositores, siendo estos los presidentes que más triunfos han obtenido en contiendas electorales.
TABLA II. Resultados electorales en Bolivia:
Elecciones presidenciales y referendos (2005-2019)
| MAS | Oposición | ||||
| Número de votos | % de votos | Número de votos | % de votos | % Participación | |
| Elección presidencial de diciembre de 2005 | 1,544,374 | 53.74 | 821,745 | 28.59 | 84.50 |
| Elección Asamblea Constituyente julio de 2006 | 1,320,533 | 50.69 | 399,631 | 15.34 | 84.48 |
| Referéndum revocatorio de agosto de 2008 | 2,103,872 | 67.41 | 1,017,037 | 32.59 | 83.33 |
| Referéndum constituyente de 2009 | 2,064,417 | 61.43 | 1,296,175 | 38.57 | 90.24 |
| Elección presidencial de diciembre de 2009 | 2,851,996 | 63.91 | 1,190,603 | 26.68 | 95.67 |
| Elecciones presidenciales de 2014 | 3,057,618 | 61.01 | 1,228,624 | 24.52 | 87.89 |
| Referéndum constitucional de febrero de 2016 | 2,506,562 | 48.66 | 2,645,048 | 51.34 | 84.45 |
| Elecciones presidenciales octubre de 2019 | 2,889,359 | 47.08 | 2,240,920 | 36.51 | 88.31 |
Fuente: Órgano Electoral Plurinacional (Atlas electoral): https://atlaselectoral.oep.org.bo/#/inicio
En el caso de los presidentes del chavismo (Chávez-Maduro), han disputado once elecciones, han resultado vencedores en diez de ellas, siendo derrotados únicamente en el referéndum Constitucional de 2007. El presidente Chávez aceptó la derrota emitida por el conteo oficial del órgano electoral, pese a la campaña mediática que se desplegó por el “NO”. Así mismo, no se menciona la derrota en las elecciones a la Asamblea Nacional de 2015, donde la oposición obtiene la mayoría parlamentaria, después de más de una década de ser una minoría y que el presidente Maduro tuvo que acatar, pese a las pretensiones golpistas que manifestaron al tomar protesta de esta, hecho que intentaron consumar tiempo después.
Por otra parte, en el caso de Bolivia se observa que entre los ocho procesos electorales en los que participó Evo Morales, incluido el de 2019 donde es acusado de fraude y depuesto mediante un golpe de Estado, resulta victorioso en siete, mientras que el único proceso electoral donde es derrotado fue en el referéndum al artículo 168 de la Constitución, el cual pretendía incluir la figura de la reelección en el sistema político boliviano por más de dos periodos. Dicho resultado, fue acatado por el mandatario, igual ante una campaña de desprestigio por parte de las oligarquías y los grupos de poder opositores, lo que decantó en una batalla judicial en la que Evo resultaría victorioso y accede a su derecho de postularse. Sin embargo, justo este elemento fue el detonante para la alianza entre los grupos de derecha y ultraderecha en Bolivia nacional e internacional para desplegar la campaña del supuesto “fraude electoral” por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) en mancuerna con grupos de choque, la policía encuartelada y la milicia opositora a Morales en Bolivia, logrando implementar un golpe de Estado un mes después de las elecciones que terminó con la imposición de la presidencia de facto de Jeanine Añez.
Ambos procesos sociales, representan una afrenta ante la democracia disuasiva de la modernidad americana, el hecho de ir más allá de la pura elección de representantes, sino como se observa, en la participación de referendos asociados a la forma que debe adquirir de reproducción social nacional, enmarcados en decisiones como los procesos constituyentes o las reformas a los artículos estratégicos de la Constitución que incluyen la recuperación de sectores clave de la economía o la defensa de los mismos por medio de la “polémica” reelección del ejecutivo, sin duda representan formas contrahegemónicas abiertas al embate de las fuerzas hegemónicas planetarias, que les adjudica ser supuestas “dictaduras”, por ser naciones en defensa de su soberanía y así justificar una ofensiva sin cuartel.
Estas son las “dictaduras” peculiares que están compuestas de múltiples procesos electorales y referendos y que resultan en los “dictadores” con más procesos electorales ganados, con más votos en dichos países y con el reconocimiento de sus derrotas electorales, pero sobre todo “dictadores” que aceptan tener una oposición política y ser observados por organismos internacionales como el Centro Carter (The Carter Center), fundado por el expresidente Jimmy Carter, un instituto creado para vigilar los procesos electorales en distintos países, ha dado fe de la veracidad de los procesos electorales en Venezuela, comparándolo incluso con el sistema alemán.
El mito de la falta de democracia en Venezuela y Bolivia, se consolida como tal, porque lo que impera aun dentro de la democracia de estos países es sin duda la democracia liberal, representativa, que tiene la peculiaridad de impulsar formas más avanzadas de esta, como dar a la población la posibilidad de elección mediante referendos elementos estratégicos de la reproducción social, el establecimiento de constituyentes que promuevan la defensa contrahegemónica de la nación en contra de la ofensiva no del capital trasnacional.
El último de los sub-mitos articula a los dos anteriores puesto que ante la supuesta falta de libertad de expresión y la ausencia de democracia en Bolivia y Venezuela, estos han causado una grave violación de los derechos humanos, por lo que no queda más remedio que denominarlos mediáticamente como “dictaduras”.
El centro de esta discusión gravita en torno a las ONG que se han propuesto como defensoras de los derechos humanos. Estas instituciones se han jactado de denominar dictaduras a Bolivia y Venezuela, tomemos por ejemplo las declaraciones de José Vivanco representante de Human Right Watch para Latinoamérica:
La degradación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela es tal que Nicolás Maduro ha optado por abandonar incluso su fachada democrática … En Venezuela la absoluta concentración de poder le ha permitido al ejecutivo cometer todo tipo de abusos sin rendir cuentas a nadie … La prensa está sujeta a un acoso cada vez mayor. (Vivanco, 2017)
Por otra parte, “las recomendaciones deben centrarse en independencia judicial, elecciones libres y fin de la represión” (Taraciuk y Rapido, 2022); DW, “Venezuela: corrupción, crisis humanitaria y violación DD.HH. (DW, 2022).
Esto ha llevado a este organismo a lanzar “recomendaciones”, alterar el orden constitucional por motivos “humanitarios” invadir naciones, como es el caso de Venezuela en el que abiertamente se pide la intervención “humanitaria”, que no es otra cosa que decir invasión militar:
Ante las legítimas demandas del pueblo venezolano que se establezca un calendario electoral, se libere a los presos políticos, se reestablezca la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional y se permita ayuda internacional humanitaria, el gobierno se inventó una constituyente bajo su control. (Vivanco, 2017)
La historia del uso de los derechos humanos y por consiguiente de la ayuda humanitaria para invadir naciones, tiene su origen con la caída del régimen soviético, el mito de la globalización como era de la mundialización de la democracia proyectó que la libertad, la democracia y la justicia, deberían ser los valores absolutos que rigieran las naciones ante la caída del mundo soviético, por lo que la “intervención humanitaria” para salvar dichos valores, se volvió el pretexto perfecto que generara la nueva “responsabilidad de proteger” y por tanto poder dejar ocultos y sin cuestionamiento los crímenes de guerra del pasado (Chomsky, 2005). Esta “responsabilidad de proteger” dio pie a la “ideología de los derechos humanos”, término desarrollado por Jean Bricmont para dar cuenta de esta nueva forma de política exterior hegemónica estadounidense postguerra fría, para justificar las intervenciones políticas y militares, golpeando la soberanía de las distintas naciones (Bricmont, 2005).
La “ideología de los derechos humanos”, bebe de la fetichización de la vida social, en la que en apariencia todos somos iguales y por tanto lo que se debe preservar en principio es esa igualdad abstracta es decir la igualdad como entes privados y no en igualdad económica (Bricmont, 2005). Dicha ideología ha traído un nuevo fetichismo en la sociedad burguesa, un fetichismo inédito que, a lado del mercado y el Estado, los “derechos humanos” se han venido posicionando como un proto-Estado mundial que viene a imponerse por encima de las soberanías nacionales, violando cualquier constitución y cualquier derecho internacional:
Los legisladores de los documentos que conforman la actual Carta Internacional de los Derechos Humanos se convirtieron en el Soberano que dicta y rige las leyes para el comportamiento de los Estados que conforman la comunidad internacional. Esto se contrapone directamente al principio de soberanía popular, donde el pueblo como soberano se constituye mediante un texto jurídico, dígase Constitución, que le da vida y legitimidad al Estado, pues ahora, esta legislación surgida de la ONU impone ciertas condiciones y obligaciones a los Estados para con sus ciudadanos y la comunidad internacional. (Cepeda, 2020, p. 235)
De este modo, es que se viene avanzado a la concreción de una especie de aparato Estatal mundial, un sujeto autónomo por encima de cualquier soberanía nacional, que intenta de manera muy ofensiva imponer las sanciones, los valores y las normas del capital internacional hegemónico.
En el caso venezolano es imprescindible mencionar que la llamada “crisis humanitaria” es una crisis producida por elementos externos que aprovechándose de las debilidades estructurales de la economía venezolana han logrado producir un éxodo y malestar dentro de la sociedad venezolana. De manera abiertamente cínica y expansionista, el Almirante Kurt Tidd, quien fuera jefe del Comando Sur en 2018, detalla un plan “maestro” para derrocar al gobierno de Maduro. En su planteamiento se encuentra el impulso de la infracapitalización del país, fuga de divisas, bloqueo de las importaciones, bloqueo financiero mediante la anulación del crédito internacional y el deterioro de la moneda venezolana para “incrementar la inestabilidad interna hasta un nivel crítico” buscando deteriorar las condiciones económicas de los más pobres, quienes son la base social de apoyo del chavismo. De esta manera, “justificar y asegurar a través de métodos violentos el respaldo internacional al derrocamiento … a través de todos los medios abiertos y las capacidades de la guerra psicológica del ejército de los EE. UU. … Promover la solicitud de despliegue de una fuerza militar de la ONU para la imposición de la paz” (Tidd, 2019). En este contexto, es que contra Venezuela y el gobierno de Maduro a la cabeza, se ha desplegado una guerra económica que, mediante desabasto selectivo y programado, ataque a la moneda e hiperinflación inducida (Curcio, 2020) han producido una situación de crisis social, que ha sido el caldo de cultivo perfecto para justificar el discurso de la “ayuda humanitaria” y la “violación de los derechos humanos”. Y es sobre la base de esta guerra es que se despliega la ofensiva mediática basada en el mito de la violación de los derechos humanos: “La ONU analiza la pobre situación de los derechos humanos en Venezuela” (Taraciuk y Rapido, 2022); “Venezuela: corrupción, crisis humanitaria y violación de DD.HH.” (DW, 2022); El país, “Venezuela queda fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU” (Singer, 2022).
La “ideología de los derechos humanos” en este contexto está inserta dentro de una tendencia neoautoritaria a la construcción de un proto-Estado mundial, puesto que su despliegue requiere de la imposición de formas de acumulación más violentas dentro de Latinoamérica, por medio de la generalización de Estados de excepción (Arizmnedi y Beinstein, 2018), que permitan hacer de la excepción la regla en el establecimiento de dicha “igualdad, democracia y justicia”. Para lograr este fin se ha hecho uso y abuso de la “ideología de los derechos humanos” impulsando nuevas formas de golpe de Estado e incluso —como es el caso venezolano— abierta pretensión de invasión militar mediante el disfraz de “ayuda humanitaria”. Ante esto, las diversas instituciones encargadas de “velar” por los derechos humanos a nivel mundial, tal como HRW, Amnistía Internacional, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), son instituciones que simulan el respeto de los derechos humanos y más bien son los organismos que mejor representan esta tendencia histórica neoautoritaria mundial.
Estas instituciones son brazos del poder político-militar de Estados Unidos, ONG que supuestamente no están vinculadas al aparato de poder estadounidense, sin embargo, no son tal, ya que son organismos hacen lo que la CIA hacía antes de forma encubierta. Ahora estas organizaciones funcionan como un aparato que no necesita encubrirse y despliegan abiertamente sus pretensiones desestabilizadoras sobre la región latinoamericana mediante el financiamiento directo del departamento de los Estados Unidos o el congreso americano, auspiciadas bajo el discurso de la protección de la “democracia” y los “derechos humanos”.
De esta manera, tenemos a HRW la cual es la ONG más reconocida a nivel mundial que pretende monitorear los derechos humanos. Creada en medio de la Guerra Fría, esta organización fue concebida como un eje anti-soviético, financiado por la Fundación Ford, la cual fungía como intermediario de la CIA (Norton y Sequera, 2020). Ahora financiada por el magnate George Soros, HRW es un ente indirecto del gobierno estadounidense para implementar sanciones en Venezuela y apoyar los golpes de Estado que se han desplegado en ambos países. Por medio de su representante para Latinoamérica, José Vivanco quien es aliado cercano de las fuerzas de derecha de la región. Mediante diversos informes hacia Venezuela sumamente parciales, puesto que sus fuentes corresponden a medios y especialistas abiertamente opositores al gobierno chavista al menos en un 76% (MPPCI, 2008), le ha valido las críticas a nivel mundial por hacer eco de acusaciones sin fundamento y sin sustentar, lo que lo llevó a ser un informe que no alcanza “los estándares mínimos de erudición e imparcialidad, precisión y credibilidad” (Norton y Sequera, 2020). HRW ha sido el promotor de sanciones y artífice principal de la supuesta “intervención humanitaria” en dicho país y fue uno de los actores claves en aplaudir el golpe de Estado al presidente Evo Morales en 2019.
Al mismo tiempo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, (USAID por sus siglas en inglés), es otra organización que se ha encargado del fomento del intervencionismo mediante la careta de organización defensora de los derechos humanos y la democracia, financiando a grupos opositores, partidos políticos de derecha y ultraderecha en Venezuela (Primero Justicia-Voluntad Popular). Dentro de la administración Trump, a USAID se le otorgaron 654 millones de dólares en “ayuda” para derrocar al gobierno de Maduro, de los cuales 435 millones fueron para financiar a la oposición de derecha, que dentro del monto se asignó 128 millones de dólares sólo para financiar a Juan Guaidó (Norton, 2020).
USAID ha sido la agencia de los Estados Unidos por excelencia para intervenir y desestabilizar gobiernos antagónicos a los intereses hegemónicos a nivel mundial, disfrazando las actividades de la CIA con trabajo humanitario, capacita y entrena “trabajadores de ayuda humanitaria” y junto con las oposiciones golpistas desarrollan operativos militares y de inteligencia para desestabilizar gobiernos de izquierda en toda América Latina, tal y como fue el intento de ingresar por la frontera colombiana la “ayuda humanitaria” a Venezuela, montaje que fue develado tiempo después por Max Blumenthal y The New York Times.
Así mismo, USAID participó en el golpe de Estado a Evo Morales, mediante el impulso a las violentas turbas que presionaron al gobierno a renunciar (Norton, 2020), además de estar detrás del levantamiento de indígenas en la zona amazónica en defensa del medio ambiente, los cuales llevaban grupos paramilitares de choque entrenados en Estados Unidos para oponerse a Evo, comunicándose hasta doce veces al día con autoridades estadounidenses (Calloni, 2019).
Además de estas dos instituciones, existe la Fundación Nacional para la Democracia, (NED por sus siglas en inglés), creada en el gobierno de Ronald Reagan y que era el brazo “humanitario” para impulsar las dictaduras militares en los años 70-80. En 2008, Evo Morales después del intento de golpe de Estado expulsa al embajador estadounidense Philip Goldeber, lo cual derivó en la aparición de documentos que mostraron la infiltración de la CIA en la empresa Yacimientos Petrolíferos Bolivianos y en el país desde los años 50, financiando directamente partidos opositores y programas de entrenamientos de jóvenes líderes que serían llevados a Estados Unidos para encabezar posteriormente los principales partidos de derecha y ultraderecha boliviana (Calloni, 2019). En este contexto, la supuesta violación de los derechos humanos en Bolivia y Venezuela, lejos de existir, significa más bien un mito, una estrategia utilizada para desplegar una violenta ofensiva para un golpe de Estado o invasión militar en dichos países.
El mito de la dictadura es la punta de lanza mediática de la ofensiva neoautoritaria mundial contra Bolivia y Venezuela, un discurso configurado más bien como un mito para justificar el derrocamiento de dichos países, un arma más dentro de la ofensiva de guerra híbrida desplegada ya por más de veinte años. Una ofensiva neoautoritaria que, en medio de la carrera por la disputa en la hegemonía global, EU busca apropiarse de las reservas estratégicas de petróleo y litio de estas naciones para poder contrarrestar el crecimiento de China. El objetivo sin duda del mito de la dictadura es producir una psicología de masas que alenté un posicionamiento por el estado de excepción dentro de la región, mediante masas reaccionarias que acudan al llamado de grupos de derecha y ultraderecha de la región.
Venezuela y Bolivia, lejos de ser dictaduras, son Estados contrahegemónicos (Arizmendi, 2014) que han hecho uso de la renta natural fundamento de su proyecto antimperialista y en alianza con su nación o nacionalidades han buscado contrarrestar, hasta cierto punto y en medio de múltiples contradicciones, los efectos devastadores de la acumulación mundial de capital.
Es en este sentido, es obligación del discurso crítico dar cuenta entonces de estas mistificaciones mediáticas para contrarrestar la ofensiva hegemónica de nuestra época, abrir paso a procesos legítimos y democráticos de lucha social y producir discursos contrahegemónicos que detengan y reviertan la ofensiva neoautoritaria. Es fundamental, construir mejores medios, realmente democráticos, para crear sociedades con pensamiento crítico, y solo se puede hacer mediante la lucha por medios contrahegemónicos.
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