Introducción

En 2014 se dieron los terribles hechos en contra de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos, también conocida como Ayotzinapa. La reacción social sobre aquellos acontecimientos, era algo inesperado debido a la desmovilización que las universidades públicas han tenido en las últimas 2 décadas y que se ha operacionalizado a través de un fenómeno que Tarrow (2011) describe como la “ola”; en donde la fuerza con que la ciudadanía expresó su repudio a este acontecimiento fue muy grande.  “En ella participan miles de personas junto a los familiares de los estudiantes desaparecidos y organizaciones sociales y políticas que unificaron su reclamo al grito de ‘¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!’” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura [UNESCO], 2014) en diferentes partes del país.  Entre más días transcurrían, resultaba evidente, de una manera más puntual, la actuación de diferentes actores criminales, no solamente dentro de la lógica que conforma la delincuencia organizada en el país, sino que Ayotzinapa comenzaba a configurarse como el entramado de un aparente crimen de estado, que derrumbaba con creces la construcción oficialista de la llamada “verdad histórica”.

Fotografía 1. De propia autoría en manifestación por Ayotzinapa

Para Raphael (2022), la versión del Gobierno de la República también llamada “verdad histórica” recreada en la administración de Enrique Peña Nieto, finiquitó la búsqueda de los estudiantes, manifestando que fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, para posteriormente asesinarlos. En esa versión también se “concluyó” que sus cuerpos habían sido incinerados en un basurero del Municipio de Cocula y, consecutivamente, sus cenizas arrojadas al Río San Juan, todo ello en el estado de Guerrero. 

La administración priísta que tuvo su periodo gubernamental del 2012 al 2018, y que en aquella contienda logró derrotar en las elecciones presidenciales al ahora mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), probablemente no tomó las debidas precauciones para cubrir todos los frentes abiertos en la construcción de la “verdad histórica”, costo que cobraría factura durante todo su gobierno y que finalmente abriría una investigación formal y oficial 4 años más tarde, con la llegada de la nueva administración federal.

Pero para ese entonces, tras la llegada de Enrique Peña Nieto, el Gobierno de México (2012) logró la alineación de las principales fuerzas políticas a través del llamado “Pacto por México”, con el afán de la implementación de las llamadas “reformas estructurales” derivadas de las exigencias de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2017; Gurría, 2007; Sánchez y Corte, 2015; Going for Growth, 2018). Este ensayo también sugiere que el Pacto Por México, suscrito entre las distintas fuerzas políticas, sirvió para armonizar (controlar) el trabajo interinstitucional de los distintos órdenes de gobierno, es decir, la alineación política de los gobiernos estatales y municipales, bajo un enfoque centralista, basado en la federación como un eje rector ineludible en la toma de decisiones dentro del territorio nacional, aún a pesar y por encima de sus respectivas soberanías y marcos constitucionales.

Por ende, y en consonancia con lo anterior, también en materia de seguridad pública se considera que el primer mandatario nunca se mantuvo al margen de la información prioritaria que podía poner en “jaque” la gobernabilidad (France 24, 2021), misma que fue recopilada mediante los diferentes órganos de inteligencia y espionaje que, como se sabe, espiaron hasta 15,000 ciudadanos a través del software Pegasus. La práctica de espiar y vigilar no fue nueva, ya se había hecho desde hacía mucho tiempo atrás, pues solo hay que recordar que el primer antecedente de los servicios de inteligencia del México moderno se remontan a la creación de la Sección Primera de la Secretaría de Gobernación en 1918, durante el Gobierno constitucionalista del Presidente Venustiano Carranza (Gobierno de México, 2022, p.1). 

Es impensable considerar que no hubo ningún seguimiento de los estudiantes normalistas durante el día de las desapariciones, tal y consta en los Informes de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), (s.f, 2014, 2016, 2022) y el informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (2022)  donde claramente se demuestra que los trabajos de inteligencia y contrainteligencia se llevaron a cabo con meses de anticipación a la desaparición de los estudiantes.

Cabe destacar que la  información no solo fue recopilada por el entonces aún existente Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), sino por todos los organismos o fuentes formales e informales que tenían la capacidad de recopilar y proveer  información de las distintas fuerzas policiales y militares o de otro carácter,  como por ejemplo, la Secretaría de Gobernación federal, columna vertebral de la seguridad interior del Estado Mexicano, y que al final desembocaba en el titular del Ejecutivo Federal en turno, Enrique Peña Nieto, con base a los informes que surgieron posteriormente a los hechos.

Lo argumentado sobre la centralización gubernamental, se puede constatar de una manera muy sencilla, pues posteriormente a los hechos ocurridos en contra de los estudiantes normalistas, el representante del Ejecutivo Federal presentó el plan nacional “por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo”, según describe la BBC (2014), en donde contemplaba diez acciones, en el que su línea más destacada, establecía sustituir a las más de 1.800 policías municipales en el país, por 32 cuerpos estatales, una por cada estado, es decir, la eliminación de las policías municipales. El otro planteamiento, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, 2015) fue la existencia de datos recopilados en el caso de Ayotzinapa, que refieren que el Gobierno Federal obtuvo información precisa de distintas fuentes para dar seguimiento a las acciones de los normalistas, con meses de anticipación, por lo que se tomaron “operaciones preventivas” para contrarrestar los riesgos previstos ante las inminentes acciones de los estudiantes normalistas, que tenían como objetivo primario llegar a la Ciudad de México, para conmemorar el asesinato de estudiantes el 2 de octubre de 1968, del entonces Distrito Federal. 

La respuesta del Gobierno peñista después de la desaparición forzada de estudiantes fue intentar exhibir total desconocimiento de la “noche de Iguala”, a pesar de los datos que obvian su intervención, lo que se entiende como una estrategia para desvincularse políticamente de la materialización del crimen acontecido en Iguala, Guerrero. Relacionado con estos hechos coyunturales, Peña Nieto marcó la urgencia de la desincorporación de las policías municipales en un mando único, para ahora sí poder ejercer el control de las policías, ya no solo de “facto”, sino a través de un marco normativo. 

Fotografía 2. De propia autoría en manifestación por Ayotzinapa

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (2014) recreó la hipótesis de que no solo el Gobierno del Estado de Guerrero y el del municipio de Iguala tuvieron conocimiento sobre las reuniones de los normalistas, sino que los 3 órdenes de gobierno poseyeron información previa a la desaparición forzada, tanto de la toma de acuerdos  en asamblea normalista y las tareas predefinidas, así como de la información en tiempo real  durante la concentración y el despliegue de los estudiantes, pero también, sobre el último paradero de los estudiantes, lo que posteriormente se puedo corroborar a través del primer informe de “Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de la desaparición y homicidios de los normalistas” (2014) en el que se señala claramente que:

En la semana del 15 al 20 de septiembre de 2014 se realizó una reunión con estudiantes de casi todas las normales rurales del país para, entre otros temas, preparar la marcha del 2 de octubre, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968. La reunión se hizo en la Normal Emiliano Zapata, ubicada en Amilcingo, Morelos, y había sido convocada por la Federación Estudiantil de Campesinos Socialistas de México. (Grupos Interdisciplinario de Experto Independientes, 2014, p.21).

Al parecer, la visión de la administración de Enrique Peña Nieto y del Partido de la Revolución Institucional (PRI) no preveía la posibilidad del retorno a la carrera presidencial del mayor opositor político de México a las elecciones del 2018, López Obrador, y quien en su regreso a la disputa presidencial, señalaba algunos puntos concernientes con Ayotzinapa,  como el necesario desmantelamiento de la política neoliberal en el país, a través de las llamadas “reformas estructurales”. Pero también, en aquel entonces, López Obrador había enarbolado como prioritario el caso de la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos, como parte de sus promesas para llegar a la presidencia de la República.

Finalmente, el partido en el Gobierno (PRI), perdió de manera contundente las elecciones de 2018 y con la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el caso de Ayotzinapa fue retomado como alta prioridad de Estado, por lo que  se conformó una “Comisión para la Verdad”, con lo que poco después de un año de haber tomado las riendas de la nación se obtuvieron avances significativos en la investigación, lo que pudo constatar que la construcción de la “verdad histórica” era un farsa, aunado a ello, evidenciaba el señalamiento del contubernio de las autoridades sobre el caso de los normalistas como verídico. Alejandro Encinas (2022), Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, afirmó de manera contundente que la desaparición de los normalistas en 2014, realmente constituía un crimen de Estado, “ya que en éste participaron agentes del gobierno, fuerzas de seguridad y autoridades responsables en la procuración de justicia alterando las escenas del crimen; así como ocultando y manipulando información” (Encinas, 2022).

Ayotzinapa es un caso verídico de desaparición forzada, tortura, asesinato y encubrimiento; cometidos por agentes del Estado en contra de 43 jóvenes estudiantes mexicanos, miembros de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” en Iguala, Guerrero, México, secuestrados por autoridades y entregados a una organización criminal conocida como “Guerreros Unidos”. Muy a pesar de las “intensas” investigaciones realizadas por diversas instancias nacionales e internacionales, hasta el día de hoy, el caso aún no ha tocado a las altas esferas de poder que participaron en estos hechos, es decir, a los actores intelectuales, que a través de acción u omisión facilitaron la realización de este crimen. 

 A la postre, tampoco el asesinato de estudiantes y la impunidad, sería un tema nuevo, justo como ya ha ocurrido en otros episodios de atrocidades en México. Mencionaremos tan sólo dos ejemplos que se evocan inmediatamente a la memoria colectiva; el primero, de mediana data, es el artero  “asesinato el 19 de marzo de 2010, de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, víctimas de una ejecución extrajudicial cometida de manera injustificada por elementos del Ejército Mexicano en las instalaciones del Campus Central del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Nuevo León, México, donde ambos estudiaban” (CNDH, 2010, p.55), en el marco de la política criminal adoptada “al vapor” por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), nombrada como la “guerra contra el narcotráfico”, una forma de tropicalización nacional de la “guerra contra el terrorismo internacional” de EE.UU en 2001. Los nombrados de manera oficial “daños colaterales”, o sea, las víctimas de la “lucha contra el crimen”, terminaron siendo una enorme cantidad de mexicanas y mexicanos criminalizados y asesinados, es decir, en suma, las iniciativas policiales y militares del Estado derivaron en una masiva y sistemática violación a los derechos humanos en contra de la población. 

Revisando el proceso histórico, es importante observar un segundo episodio propuesto en este trabajo, que es la matanza de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Ese suceso parece tan lejano en relación a Ayotzinapa, pero al situarlo en perspectiva, se puede observar como una práctica frecuente que han adoptado diversos gobiernos latinoamericanos, que urgen bajo cualquier método,  la implementación de modelos de cooperación para el desarrollo que antagonizan con la pluriculturalidad de sus respectivas naciones. “La cooperación para el desarrollo engloba a la ayuda, puesto que no solo incluye la transferencia de recursos directos, sino que implica, además, cambios de mentalidades y de actitudes por parte de los países donantes con respecto a los receptores” (Maestro, 2000), por lo tanto, su aplicación “haya sido, como haya sido”, independientemente y a pesar de las diversas resistencias o disidencias, por añadidura, tendrá como resultado una serie de efectos, muchos de estos a pesar de los “daños colaterales” dejados en el camino, en “pos” del desarrollo y la modernización.

Haciendo una ligera comparación histórica, entre los sucesos de 1968 y 2010, se puede encontrar que se crearon enemigos comunes: el comunismo como enemigo de occidente y el narcotráfico, al que habría que erradicar, desde luego, usando “todos los medios”. 

En 2012, todas las fuerzas políticas institucionalizadas, incluidas las izquierdistas, cerraron filas para dar paso a una “nueva etapa” de desarrollo en la vida nacional, basada en objetivos supranacionales orquestados por los organismos internacionales hegemónicos, como la “llamada estabilización macroeconómica, centrada en políticas de impulso a los mercados y a la investigación privada, en la reformulación del papel del Estado y una acelerada apertura comercial y financiera a la economía global” (Ordoñez y Valencia, 2021, p.7), en que la aplicación de las reformas estructurales pretendían arrancar de tajo (al menos en el discurso) toda práctica antípoda del “progreso, el desarrollo y la modernidad”, pero desde luego, su implementación sería usando todos los medios, a pesar de todos los daños.

Cooperación para el desarrollo en el marco de las dictaduras Latinoamericanas. Crecimiento, injerencia y los sacrificios del progreso

Si bien los eventos “aislados” descritos con anterioridad no pueden definir la realidad nacional, es importante recordar que ha habido diversos capítulos de represión contras las disidencias y resistencias que se han opuesto, al menos en los últimos 70 años, a los planes de cooperación para el desarrollo de las naciones periféricas,  planes que han sido definidos por las potencias hegemónicas y no por la libre determinación de las soberanías nacionales y de sus ciudadanos, pues hay que tomar en cuenta que:

Muy a menudo la cooperación ha servido y sigue sirviendo para esconder descarnados intereses económicos, comerciales, militares y estratégicos de los donantes y de seleccionados aliados del sur del mundo. Resulta lógico entonces pensar en la cooperación al servicio de una política exterior, orientada por valores e intereses de una particular visión del mundo. (Lo Brutto, 2011, p. 41).

 Tras los anterior, ante la urgencia de la generación de un “Estado moderno”, se justificaron atrocidades cometidas por los gobiernos contra sus habitantes, lo que incluye: tortura, asesinato extrajudicial, desplazamiento y desaparición forzada, entre otros delitos de lesa humanidad, pero bajo la justificante del manto justiciero del desarrollo para el progreso, rumbo a la modernidad, lo que Bauman (1980) explica como parte de la consecuencia de la modernización y la manera en que se manifiesta la sofisticación de una organizativa en la sociedad moderna.

Tal hipótesis se puede fincar en el actuar de las dictaduras militares del siglo XX en América Latina, que forman una parte importante de la historia “oscura” de la región, ya que estas fueron gobernadas por regímenes totales que se manifestaron en casi todos los países del sur del continente, desde la independencia de la mayoría de estos a fines del siglo XVIII y XIX. 

“A partir de la segunda mitad del siglo XX” (Merino, 2019) se comenzaron a experimentar gobiernos establecidos por juntas militares, esto fue particularmente donde el control político se encontraba fragmentado a raíz de la inestabilidad política y social que se vivía durante esta época, además de la fragilidad institucional y la falta de perspectiva sobre la democracia. Más tarde se dio una operación militar secreta llamada “Operación Condor”, llevada a cabo en el Cono Sur de América Latina, que duró desde 1975 hasta el año 1983, que se trató de:

Una plataforma para la estandarización de las prácticas de coordinación represiva presentes en la región. Implicó la puesta a disposición de recursos humanos, materiales y técnicos entre las dictaduras, con el objetivo de facilitar la destrucción de sus opositores, fueran individuos u organizaciones. Como también adelantamos, en la práctica Cóndor sirvió para: la especial, -pero no privativa- persecución y búsqueda de aniquilamiento de los dirigentes; la persecución a los cuadros medios y de base de las organizaciones; la búsqueda de la expropiación de los recursos económicos; y, por último, la búsqueda de desprestigio internacional de las organizaciones por medio de campañas de acción psicológica (Procuración General de la Nación de la República Argentina, 2020, p.1).

La “Operación Cóndor” fue una iniciativa Ideada por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, pero auspiciada, vigilada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, con un objetivo primordial en común, el de eliminar a los opositores políticos de los regímenes militares de la región y evitar la llegada del comunismo internacional. Como se menciona en el informe de la Procuraduría General de la Nación de Argentina (2020), esta operación fue llevada a cabo mediante el intercambio de información de inteligencia y el uso de la fuerza militar para el encarcelamiento, la tortura, el asesinato y el secuestro de miles de opositores políticos y sospechosos colaboracionismo con la URSS. 

La dictadura militar más “famosa” en América Latina fue la de Augusto Pinochet en Chile, quien gobernó el país desde 1973 hasta 1990, imponiendo un régimen de terror y represión contra opositores y disidentes. Su gobierno fue el ejemplo más connotado de una de las muchas dictaduras militares que azotaron la región. Este régimen, como mencionan Kornbluh y Scholotterbeck (2010), gobernó durante la Guerra Fría, en la que se vio involucrado el gobierno chileno con el apoyo de Estados Unidos y que finalizó con un tardío rompimiento. 

Bethell (1984) señala que su visión de política económica estuvo ampliamente inspirada por los llamados “Chicago Boys”, que eran economistas de la escuela estadounidense orientados al libre mercado, por lo que el gobierno pinochetista, “se basó en la liberalización económica, incluida la estabilización monetaria, eliminó las protecciones arancelarias para la industria local, prohibió los sindicatos y privatizó la seguridad social y las empresas estatales”.

Estas políticas económicas produjeron un inicial crecimiento económico, lo que Milton Friedman denominó el: “milagro de Chile” (Angell y Mabire, 1984), pero, por otra parte, para que esta implementación económica se pudiera materializar, el régimen de Pinochet fue responsable de la muerte y desaparición de miles de personas y el exilio de otros miles. Si bien se dio el desarrollo económico, esto se dio por encima de las resistencias y las disidencias.

Otro episodio que también vale la pena recordar, enrolado en el intervencionismo y el surgimiento de regímenes de terror, fue la victoria de la revolución de 1944 en la República de Guatemala, dónde Jacobo Árbenz fue elegido como presidente del país.  Este gobernante con un gran apoyo popular llegó al poder mediante un proceso democrático, fue visto como un reformista, pues estaba decidido a implementar un cambio profundo en la política económica que le permitiría hacer de su país una nación independiente y autosuficiente, sin embargo, el Gobierno de EE.UU no tenía la misma opinión, y  vio en él un gran riesgo regional, pues temía que el izquierdista Partido de la Revolución Guatemalteca, liderado por Árbenz, se volviera demasiado radical y amenazara su influencia en la región,  por lo que, mediante su tradicional política injerencista, según lo relata la CNDH (2022) y usando a la United Fruit Company (UNCO) como ariete, aludió la vulneración a los intereses estadounidenses y en coordinación con la CIA, implementaron una operación llamada PBSUSCCESS, con el objetivo de derrocar al presidente constitucional, lográndolo al poco tiempo de haber puesto en marcha el plan. 

Tras de el derrocamiento de Árbenz, la dictadura en Guatemala comenzó formalmente en 1954, mediante un régimen militar que llevó a cabo una política de represión sistemática contra la oposición, como menciona Figueroa (2023) comenzó con el primer ciclo de terror, lo que incluyó el uso de la tortura, el encarcelamiento y la desaparición de opositores políticos. 

Fernando Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt consideraban que los indígenas eran un grupo ignorante, manipulable y que, por lo tanto, sería fácil que se adhirieran a la guerrilla que estaba en crecimiento. Como resultado, tomaron la violenta y drástica decisión de iniciar un exterminio masivo de indígenas: atacaron a la población bajo una política de destrucción sistemática que desembocó en un genocidio. (Museo de Memoria y Tolerancia, 2013, p.1).

  La “modernidad” versus la resistencia y la disidencia: en esto hay un elemento reiterativo para la vulneración de los derechos fundamentales, utilizando el pretexto del desarrollo. A diferencia del caso chileno con su llamado “milagro económico”, en la realidad de Guatemala la dictadura no obtuvo el mismo destino.

Este modelo de injerencia hegemónica, particularmente estadounidense, apoyando la represión de las dictaduras estratégicamente colocadas, se aplicó prácticamente durante todo el siglo XX, particularmente en la segunda mitad, lo que tuvo como saldo, serias consecuencias para todo el sur del continente. Las dictaduras militares en América Latina como menciona Ferri (2016), causaron mucho sufrimiento a los ciudadanos, y quienes padecieron de represión y crímenes de lesa humanidad, como: la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, causando miles de muertos, como según describe The Center for Justice & Accountability (2009)  hasta llegar a actos de violencia sistemática como genocidio contra población indígena en Guatemala, la cual “es una de las formas más extremas de la violencia organizada” (Lemkim, 1944). Esto ha llevado a que la región al día de hoy, sea mucho más sensible a temas de democracia y derechos humanos que otros lugares del mundo. 

México y la dictadura no presente

Si bien la dictadura más “cercana” de larga data que se tiene conocimiento en México, se dio entre 1876 a 1911, con Porfirio Díaz Mori a la cabeza; resulta preciso hacer algunas consideraciones, pues, aunque sus gobiernos en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI, no estaban representados por regímenes militares que emanaban de golpes de estado, estos eran gobernados por autoridades particularmente civiles, emanados “del voto”, pero en la praxis, la violación de derechos y las garantías, guardaban una gran similitud con aquellos gobiernos que se han descrito en los párrafos anteriores, a través de la configuración de un partido hegemónico.

Yendo un poco atrás, al triunfo de la revolución mexicana, se fraguaron diferentes episodios, como por ejemplo el golpe de estado dado por Victoriano Huerta contra el presidente Francisco I. Madero, y como lo menciona la Secretaría de Cultura (2022) hecho que tuvo como consecuencia el asesinato de este y del vicepresidente José María Pino Suárez en febrero de 1913. Ante la llegada por corto tiempo del golpista a las riendas nacionales. 

Huerta se convirtió en presidente de México el 19 de febrero de 1913, siguiendo un modelo común en América Latina por el que los jefes militares también controlan la vida civil. Aunque Huerta es generalmente caracterizado como un contrarrevolucionario, lo cierto es que él aumentó considerablemente el presupuesto para la educación de las poblaciones indígenas, creó un ministerio de agricultura, favoreció los intereses de las petroleras británicas (habían reconocido su gobierno) sobre los de las estadounidenses, y estableció una Oficina Nacional del Trabajo. Algunas de las raíces de las políticas de los gobiernos siguientes se pueden encontrar en los 17 meses del gobierno de Huerta. (United States Legislative Information, 2022, p.1). 

Llama mucho la atención que, para la visión estadounidense, según sus propios registros, un golpista que asesinó a un presidente electo pudo ser considerado como presidente legítimo. Aunque Huerta duró poco tiempo en el poder, los estragos dejados en estos episodios aún perduran en la memoria nacional.

Durante las primeras dos décadas posrevolucionarias, las luchas intestinas y la pugna por el poder, eran prácticas repetitivas, sin embargo, entrando a los años 30s, la estabilidad comenzó a permear, y se configuró el juego político enmarcado en una aparente democracia, donde cada cierto tiempo se daba un cambio de rostro a través de elecciones “libres”, pero bajo el manto de la misma institución política. Primeramente, con el Partido Nacional Revolucionario (PNR), creado por el presidente Plutarco Elías Calles, en 1928. En aquellos momentos, “la institución más poderosa para la competencia política, y el lugar adecuado para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la lucha por el poder público. Así pudo auspiciar relevos de gobierno por medio de elecciones y en condiciones de estabilidad social” (Casasola, 1992). 

Posteriormente, con la ruptura entre prominentes figuras políticas, se generaría una reconfiguración, ahora del llamado Partido de la Revolución Mexicana (PRM), hasta que por fin en 1946, se realizó la última reestructuración del partido oficialista hegemónico, con el nombre de Partido de la Revolución Institucional (PRI), con el que se gobernaría hasta el año 2000, cuando tiene lugar un aparente cambio de timón y el partido oficialista “pierde la presidencia por primera vez en su historia” (Salmerón, 2000), tras  haber gobernado durante tantas décadas. El PRI tendría un punto de retorno como ya se ha mencionado en este trabajo, en el periodo presidencial del 2012 al 2018, justamente con Enrique Peña Nieto a la cabeza.

En los años de las dictaduras latinoamericanas, el PRI se basó en un sentido de apariencia democrática pero con un verdadero Estado autoritario. Fue la institución política que, en las riendas de la nación, dio estabilidad política y auge económico al país, además de que durante las décadas en que gobernó, se afianzaron las primeras instituciones modernas del Estado Mexicano. Pero de ahí emanaron episodios fatídicos evidentes en los gobiernos de la época, como: la matanza de jueves de corpus, también conocida como el “halconazo”, o la matanza de estudiantes en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco de la ciudad capital en 1968, o como uno de los episodios de mayor represión de que se tiene memoria, llamada la “guerra sucia”, como se menciona en el informe de la  Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado del Gobierno de México (2006) en el que evidencia que fueron desaparecidas y asesinadas  miles de personas. 

Relativo a todo lo que se ha descrito, no es casualidad que en su momento el escritor peruano liberal Mario Vargas Llosa (1990), hubiera señalado a México como la “dictadura perfecta”, que, sin ser oficialmente una, en la forma de gobernar tenía una enorme similitud con los regímenes totalitarios de la época; a pesar de la cara que ofrecía a la comunidad internacional con su “juego a dos bandas” en el que por un lado se erigía como un régimen de corte socialista que mostrada gran simpatía como gobiernos afines a las pretensiones de la URSS, pero al  mismo tiempo mostraba un gran apuntalamiento de las políticas doctrinarias estadounidenses, como la doctrina Truman, según Gómez (2022), enmarcada con la lucha contra el comunista internacional. 

Aquella máscara autoritaria no salía del territorio nacional, con una muy buena aceptación y reconocimiento en el concierto internacional. México tenía un nombre relevante en el exterior, pero como se ha dicho, en la práctica interior, se conformaban gobiernos, que, sin ser formalmente considerados dictaduras de corte militar, eran altamente represivos, por ello cabe resaltar que “ha habido sucesos dolorosos que, no sólo no forman parte de la historia oficial, sino tampoco de la memoria colectiva. Un ejemplo es la llamada “guerra sucia” de los años setenta, que tuvo como consecuencia cientos de desaparecidos que no forman parte del discurso político, ni del imaginario social” (Ruiz, 2019). Como se ha dicho, esta fue una de las épocas más oscuras de la historia de México, pues se trató de una serie de violaciones graves a los Derechos Humanos perpetradas por el Estado Mexicano durante el periodo de 1968 a 1982. 

La Guerra Sucia se trató de una represión estatal que se conoce como una "guerra no declarada", el Estado mexicano desarrolló una serie de métodos para reprimir a los diversos movimientos estudiantiles, sociales y políticos, mediante la práctica de la desaparición forzada, la tortura, el asesinato, las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento de activistas, la censura de la prensa y el control de la información. Estas prácticas fueron denunciadas por numerosos organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A pesar de todo el historial de graves violaciones a derechos humanos que se dieron durante varias décadas, el nombre de los diferentes gobiernos en México se mantuvo impoluto a estas acusaciones; solo hay que recordar que la realización de los Juegos Olímpicos en 1968 fue a unos días del asesinado de decenas de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco (Najar, 2020). 

Como se ha visto, sin ser episodios aislados, las masacres de estudiantes han generado una gran controversia dentro y fuera de México, pues ha puesto de manifiesto los problemas de impunidad y corrupción que afectan al país, pero que en realidad estas formas de violencia de Estado, conforman una tradición histórica de gobiernos en México, que han atentado contra su propia población y donde la clase estudiantil ha sido represaliada de manera constante, desde Tlatelolco hasta Ayotzinapa. 

Fotografía 3. De propia autoría en manifestación por Ayotzinapa

La clase estudiantil y el principio de “sí” repetición

Para aproximarnos a la conclusión e hilar todo lo que se ha relatado, resulta fundamental versar sobre la historia de las normales rurales en México. Ya para el año 2014, tan solo se contaba con 17 escuelas rurales en todo el país, donde laboraban aproximadamente 800 docentes, con una población estudiantil activa de alrededor de 6600 alumnos. La Normal Rural “Isidro Burgos” o también conocida como Normal de Ayotzinapa es una de ellas y al momento de los acontecimientos del 26 de septiembre, contaba con 522 alumnos y 52 docentes. Tenía ya tiempo que las normales rurales dejaban de encajar con las políticas gubernamentales adoptadas a partir del periodo neoliberal, aunque la historia nos dice que no siempre fue así:

Apenas terminada la guerra revolucionaria, se empezaban a establecer las instituciones para forjar una nación conforme a los principios de la Constitución de 1917. El proyecto tendría sus tendencias oficiales (fortalecer un Estado laico, la asimilación de la población indígena) y populares (la redistribución de la riqueza, la justicia social), así como sus enemigos acérrimos (el clero y sus aliados de la clase hacendada) Las normales regionales –que luego pasarían a ser normales rurales– reflejan este contexto de incertidumbre, esperanza y hostilidad. De las normales rurales fundadas en 1922 (otra en Gómez Palacio, Durango) sólo Tacámbaro sobrevivió, pero tuvo que cerrar temporalmente en 1924 y trasladarse de lugar en lugar hasta que llegó a su ubicación actual en Tiripetio, en 1949. Otras normales rurales fundadas en estos primeros años como las de Molango, Hidalgo, en 1923 y San Antonio de la Cal, Oaxaca, en 1925, vivieron experiencias parecidas. Algunas cerraron por falta de recursos, otras por falta de alumnos (en algunos estados no había suficientes primarias para reclutar estudiantes). Para 1926 el sistema se iría fortaleciendo con una expansión de los planes de estudio, la fundación de planteles como Ayotzinapa y El Mexe y el mismo empeño de las comunidades que aportaban recursos, mano de obra, y materiales para que se construyeran más normales rurales. (Padilla, 2022a).

En esta narrativa se entiende lo prioritario que resultaba el “espíritu” de las normales rurales para el desarrollo comunitario de la época. La Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, forjó su nombre en honor a un docente quien fue en su momento inspector de misiones culturales de la Secretaría de Educación Pública, el profesor Isidro Burgos Alanís, quien posteriormente fue nombrado director de la Escuela Normal de Tixtla. 

En sustitución de su fundador Rodolfo A. Bonilla; arribó al municipio de Tixtla de Guerrero el 1 de septiembre de 1930, la escuela normal no tenía edificio propio, por lo que al poco tiempo despues, logró que le fuera cedida para tal fin, la antigua Hacienda de Ayotzinapa, a donde fue traslada la escuela, que a partir de entonces fue conocida como la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (Gobierno del Estado de Guerrero, 2010) 

Parte del legado del profesor Raúl Isidro Burgos se expresó en una cita de remembranza en que expresó lo siguiente:

La mayor parte de nuestras comunidades rurales ofrece, entre numerosas carencias, la de una casi total desorganización, que las sitúa en el más amplio subdesarrollo. Sus niveles económico, social y cultural son apenas perceptibles. Muchas carecen de tierras de cultivo, otras de agua potable y comunicaciones en casi todas. Las causas están diseminadas. (Forbes, 2014).

Era la realidad nacional de aquella época se mantenía a las zonas rurales, no solo de Guerrero sino de todo el país, en una marginación insoslayable:

Para la década de 1930 las normales rurales serían la columna vertebral de la educación rural. La intensa movilización popular durante el cardenismo, la adopción oficial de la educación socialista, el reparto agrario, la nacionalización del petróleo, la formación de cooperativas, ligas agrarias y sindicatos, así como la expansión del mismo sistema de normales rurales (su número de planteles llegó a 35), hizo que esta década marcara la llamada época de oro de estas escuelas. Este contexto de cambios estructurales, redistribución de riqueza y concientización de masas, ayuda a explicar por qué un periodo tan corto tuvo repercusiones tan duraderas. (Padilla, 2022b, p.23).

Muchas comunidades que se encontraba en la periferia del centro del país y al sur, estaban en franco abandono, en ese sentido, el general Lázaro Cárdenas del Río esperó “sembrar semillas” que pudieran “germinar” en esas zonas altamente marginadas y aparentemente infértiles, para volverlas sitios donde se pudieran cosechar “frutos dulces”, para el desarrollo y el progreso de las comunidades, pero no en el sentido del desarrollo del capitalismo global.

Los efectos de la confrontación entre el bloque capitalista y el comunista durante la Guerra Fría, marcó a las normales rurales, pues a través de un discurso crítico se comenzó a cuestionar de manera profunda la forma en que se concebían las relaciones de poder en el mundo y en la propia nación, 

Los estudiantes de las Escuelas Normales Rurales también se posicionaron en el conflicto internacional de la guerra fría. Ni la historiografía de dicho conflicto, ni la de las Escuelas Normales Rurales habían sugerido la posibilidad de tal conexión; pero la hubo. En una época en la que, en México, el corporativismo funcionaba como sistema de gobierno, tal posicionamiento lo hicieron como miembros de un organismo estudiantil que los representaba y que necesariamente estaba adscrito al andamiaje corporativo del Estado posrevolucionario. A partir de algunas evidencias documentales, localizadas en los desclasificados del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), concretamente, el archivo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), ha sido posible develar esa conexión. (López, 2020, p.3). 

No resulta extraño que los registros gubernamentales sobre las actividades en las normales rurales se han mantenido como una constante y como ya se ha visto, incluso hasta en la actualidad. Las normales rurales a partir de los años 60s pero particularmente durante los 70s y los 80s, vieron por parte del Estado, un recrudecimiento de la lucha en contra del comunismo internacional. A la par del reconocimiento de las de las dictaduras militares en América del Sur, México siguió la misma doctrina adoptada por la hegemonía del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, con la persecución en contra de las disidencias y de aquellos “semilleros” que intentaran el cambio en oposición a las políticas internacionales instaladas por los grandes poderes internacionales. Las normales rurales desde esa época comenzaron a ser vistas como los enemigos públicos del estado, pues representaban semilleros de guerrilleros disidentes (Beltrán y Ferrer, 2021) inspirados en el marxismo o en la de la teología de la liberación de Paulo Freyre.

El desdén y la persecución configurada desde el Estado, también ha tenido una marcada tendencia el desmantelamiento de la educación pública, y por adición, de las normales rurales, por ejemplo la reducción presupuestal, pues “en 2015, las Escuelas Normales en conjunto recibieron recursos por 1,195 millones de pesos; en 2021 la cifra se desplomó a 170 millones de pesos, lo que supone una contracción de 85% en términos nominales y de 88% en términos reales” (Vargas, 2021).  Eso ha generado como consecuencia, el descenso del número de normales rurales de manera significativa al punto de la “extinción”. 

Al parecer la educación pública es incompatible con la aplicación de las disposiciones internacionales, pues “se procedió a definir la educación como una oportunidad, un privilegio al que sólo podría accederse si se aceptaba cumplir con reglas impuestas para mostrar el dominio incuestionado de un nuevo orden” (Sosa, 2011). No hay que olvidar que para la construcción del sistema normativo, más allá de la costumbre, lo que inminentemente termina materializando, es la pretensión de las élites políticas y económicas, sobre aquello que desde su recreación del mundo globalizado debe ser enmarcado de manera favorable o mediante su respectiva criminalización.  

En México se comenzó a dar una serie de intentos para modificar aquella “visión” del pasado, ahora entendida como soberanista, e instar al uso de la “legítima” fuerza del Estado para controlar someter, neutralizar o aniquilar cualquier tipo de disidencia que atentara contra el supuesto desarrollo emanado del modelo neoliberal; nuevamente, a pesar y por encima de cualquier enemigo recreado de la modernización. 

  Las normales rurales tienen ssu origen en el proyecto de la Revolución Mexicana y en los principios de justicia social. En un “México donde subsiste la pobreza y la falta de oportunidades, [estas escuelas] siguen siendo necesarias” (Padilla, 2021, p. 22). En la lógica neoliberal, la descripción de las normales rurales, en su totalidad representaba una antípoda, que chocaba profundamente con la visión del estado moderno planteado durante la implantación de las primeras etapas de este modelo, ahora imperante. 

La aplicación del programa de focalización y condicionamiento para la determinación de los beneficiarios individuales de gastos educativos se constituyó en la base de una nueva política compensatoria que el Banco Mundial aplicó con el nombre de modernización. Ésta, desde luego, estuvo precedida de la disponibilidad mental y anímica de los gobiernos de erradicar otras concepciones prácticas significativas en la definición de estrategias de gasto y orientación de los programas educativos en nuestros países. Al descartar el objetivo de asegurar la universalidad de la educación, es decir, lo que la define como derecho social y responsabilidad del Estado (Sosa, 2007).

Fotografía 4. De propia autoría, en manifestación por Ayotzinapa.

Normales rurales, represión y las reformas estructurales

Añadido a todos los factores estructurales, el Estado de Guerrero, desde hace al menos la segunda mitad del siglo XX, ha sido una entidad en constante conflicto, donde diversos grupos, ya sea bajo causas legales o actividades ilegales, se han enfrentado en diferentes escenarios, lo que ha tejido un contexto de desigualdad y lucha de poder que ha desembocado en diferentes formas de violencia. 

Según el informe que presentó la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de México (2022) a través de elementos de análisis de contexto evidenciados en el caso Ayotzinapa, se identificaron los primeros 3 puntos, en suma, mediante este trabajo se han agregado otros más, como consideraciones que se han observado en este caso y que intentan abonar a una mayor comprensión del contexto: 

1.  Como ya es de público conocimiento, la desaparición forzada y homicidio de Arturo Hernández Cardona, dirigente social el 03 de junio de 2013, causó la movilización de estudiantes normalistas de la Normal Isidro Burgos, que enfrentaron a las autoridades de Iguala y tomaron las oficinas del Ayuntamiento, además de generar diversos estragos, aunado a la quema de documentación, como una forma de presión para la presentación con vida del líder social, que se supo fue secuestrado y posteriormente asesinado (ahora se sabe) por órdenes del entonces presidente municipal, José Luis Abarca, quien en suma, tenía nexos con el cártel “Guerreros Unidos”. Aunado a lo anterior, a través de la alianza criminal entre autoridades y estructuras de la delincuencia organizada, se instrumentó una amenaza directa en contra de los estudiantes normalistas a fin de que no regresaran a la ciudad pues de lo contrario se tomaría represalias en contra de ellos.
2. En el Estado de Guerrero, en ese momento existía una disputa territorial en la región entre diferentes estructuras criminales, particularmente entre el llamado Cártel de Guerreros Unidos contra el Cártel de los “Rojos”, no sin dejar de mencionar los nexos y alianzas que estas organizaciones criminales guardaban con los diferentes órdenes de gobierno, lo que evidencia la aquiescencia o complicidad de la delincuencia organizada con diferentes estructuras del Estado Mexicano. 
3. El acuerdo en asamblea adoptado por parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México -como lo describe el Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes (2014)- convino que la Normal Isidro Burgos fuera sede para la concentración de estudiantes y posterior traslado a la conmemoración del crimen del 02 de octubre a la Ciudad de México, lo que explica por qué la actividad de los estudiantes comenzó a ser un elemento de riesgo victimal, ante la conjugación entre autoridades y estructuras criminales.   
4. Como parte de las acciones de inteligencia, contrainteligencia y espionaje, el Estado mexicano, ha emprendido una serie de acciones para monitorear en todo momento el proceder de grupos, organizaciones o actores, que desde la visión de cada administración, pueden ser causa de ingobernabilidad. Esto no es nuevo, el “primer antecedente de los servicios de inteligencia del México moderno se remonta a la creación de la Sección Primera de la Secretaría de Gobernación en 1918, durante el Gobierno constitucionalista del Presidente Venustiano Carranza” (Gobierno de México, 2022). Por ende, desde antes y posterior al acuerdo entre los grupos normalistas, los 3 órdenes de gobierno tuvieron conocimiento del proceder, la planeación y la organización de los estudiantes, no solo de los de Ayotzinapa sino de otras normales rurales; tanto previo a la desaparición forzada, durante ella, así como posterior a la misma. 
5. Las políticas neoliberales han contribuido a la comisión de crímenes de Estado en varias partes del mundo, estas  se han implementado con el objetivo de promover un supuesto crecimiento y estabilidad macroeconómica, sin embargo, a menudo han llevado a una desigualdad creciente, el empobrecimiento de la población y la marginalización de grupos sociales enteros. De ahí han surgido organizaciones criminales que cubren la oferta-demanda de bienes y servicios en un amplio mercado de consumidores de alto valor adquisitivo, tanto en México como fuera de las fronteras nacionales, lo que, en suma, ha provocado una mayor inestabilidad social, violencia y conflictos, que han contribuido a la comisión de crímenes de estado en colaboración o aquiescencia con organizaciones criminales, lo que Peter Lupsha (1997) refiere como la etapa simbiótica, en la que el crimen organizado y el Estado forman un mismo ente. 
6.  Si bien la ejecución material e intelectual de los perpetradores en la desaparición y asesinato de los 43 normalistas en el caso Ayotzinapa, no puede soslayar la responsabilidad de actores concretos, esta también debe ser entendida  como la recreación de prácticas criminales histórico-contextuales resultado de la simbiosis  Estado-organizaciones criminales, correspondiente a una estructura piramidal bajo la lógica del modelo neoliberal, que se ha replicado en diversas partes del mundo, y desde luego en América Latina y en México.
7. Los crímenes de estado, como se ha visto en diversos ejemplos, son actos ilegales cometidos por los agentes del gobierno a partir de sus políticas neoliberales.  Estos actos, como se ha analizado, pueden incluir desapariciones, tortura, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado y la violación sistemática de los derechos humanos, con el objetivo de silenciar a los grupos de resistencia y mantener el control del gobierno sobre la población. Los crímenes de Estado cometidos en el contexto de políticas neoliberales han sido particularmente graves en América Latina, donde el ajuste estructural impuesto por los gobiernos y las reformas económicas de las políticas neoliberales han provocado graves problemas sociales como el aumento de la violencia. Las políticas neoliberales tienen el potencial de generar grandes beneficios para la economía según los estándares hegemónicos, pero realmente aumentan el riesgo de que se cometan crímenes de Estado.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo, y de manera resumida, se ha intentado explicar la fuerte correlación entre la violencia de Estado y la implementación de modelos de desarrollo asimétricos, que, ante la resistencia, han instrumentado todo tipo de maniobras legales e ilegales como lo es la violencia de Estado o la criminalización primaria o secundaria, incluso, y a pesar de las repercusiones negativas que estas puedan tener en el bienestar del grueso de la población. 

“Mediante estas políticas se ha intentado reducir al mínimo la participación del  Estado para la generación de un Estado de bienestar, tanto en la última fase de la “etapa de oro” del capitalismo (1945-1973) (Lissardy, 2021),  como con la entrada en vigor del modelo neoliberal, a partir de los años 70s, en donde se han documentado numerosos casos de graves violaciones a derechos humanos, a través de formas de violencias que incluyen: estados de excepción, represión a las protestas, detenciones arbitrarias, actos de tortura, desapariciones forzadas, la erradicación de la libertad de expresión, esterilización forzada, desplazamiento forzado, la creación de “escuadrones” o grupos paramilitares para la aniquilación selectiva, ahora también visto bajo la figura del  sicariato, las ejecuciones extrajudiciales de disidentes y opositores, hasta actos extremos como el genocidio, todo ello amparado en un discurso de otredades y la creación de “enemigos” que atentan contra el desarrollo, el progreso y la modernidad. 

Esto no ha sido ajeno a la situación de las normales rurales en México, que han pasado por un periodo de desmantelamiento, lo que ha abonado a la criminalización, la persecución y la perpetración de graves violaciones a los derechos fundamentales contra sus miembros. Esta narrativa se ajusta a la perfección con la ejecución de hechos que han acontecido en los últimos 70 años, donde el gobierno ha aplicado medidas de seguridad excesivas para controlar las disidencias y las resistencias. Estas violencias se han visto agravadas ante la impunidad y la corrupción, ya que los responsables de estos abusos rara vez han sido castigados.

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