Estudiante de antropología, área de profundización en antropología física, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Las redes sociales han transformado radicalmente la forma en que nos comunicamos, interactuamos y consumimos información en la sociedad contemporánea. Sin embargo, esta revolución digital no está exenta de problemas y uno de los más preocupantes es la proliferación de la violencia explícita en la gran gama de plataformas que ofrece el espacio virtual, así como sus impactos en la convivencia diaria. En este ensayo exploramos brevemente cómo éste fenómeno virtual afecta a los usuarios y a la sociedad en su conjunto, examinando las reflexiones de algunos ensayos, reportajes y artículos que se han realizado sobre este tema con el fin de enfatizar la importancia que tiene el uso responsable que se le da a las redes socio-digitales y la necesidad que existe de crear marcos regulatorios, tanto para los usuarios como para la operación y oferta de servicios de las propias (redes) plataformas digitales.
En primer lugar, es crucial definir qué se entiende por violencia explícita dentro del contexto de las redes sociales. Este concepto se refiere a la difusión deliberada de contenido gráfico, agresivo o perturbador, que puede incluir imágenes, videos o mensajes que promueven o glorifican la violencia física, psicológica o emocional (García, 2023; Johnson et. al., 2020). Este tipo de contenido puede manifestarse de diversas formas, como el acoso cibernético, la incitación al odio (mediante los discursos de odio), la difusión de imágenes con violencia explícita, el uso consciente de símbolos asociados históricamente a la violencia, entre otros. Otro término a utilizar es el de “offline”, el cual hace referencia desde el año 2020 a “un estado en el cual un usuario no está conectado a un sistema de internet, lo que implica que no pueden realizar tareas en la red.” (conceptodefinicion.net., 2020).
Uno de los principales impactos concretos de la violencia explícita en las redes sociales es su efecto en la salud mental y emocional de los individuos. Según un estudio realizado por Smith y Jones (2019), “el consumo frecuente de contenido violento en redes sociales se asocia con niveles más altos de ansiedad, depresión y estrés en los usuarios”. La exposición prolongada y repetitiva a imágenes perturbadoras, así como a comentarios despectivos hacia otros usuarios puede desensibilizar a las personas ante la violencia y generar un ambiente social “tóxico” que contribuye al deterioro del tejido social, y a su vez, provocar o permite la reproducción de ese tipo de conductas en el mundo offline, dentro de cualquier ámbito social (familiar, educativo, laboral, comunitario, religioso, político, recreativo, entre otros), normalizando este tipo de conductas, lo cual resulta sumamente preocupante ante el ambiente de crispación social que actualmente se vive en diversas regiones no sólo de México sino del mundo, derivadas de diversos factores como las crisis económicas, la creciente inseguridad pública y el aumento de los flujos migratorios en condición de “ilegalidad”.
Investigaciones realizadas por Johnson (2020) han encontrado una correlación entre la exposición a contenido violento en redes sociales y el aumento de la agresión física en la vida real. La normalización de la violencia en línea puede desencadenar comportamientos violentos fuera de ella, exacerbando los problemas de seguridad pública y contribuyendo a un clima de inseguridad social. Por otra parte, en un reportaje reciente de García (2023), se destacó cómo la difusión de contenido violento puede alimentar la polarización y los conflictos sociales a escala colectiva. Así, las plataformas digitales se convierten en campos de batalla donde se propagan discursos de odio, fomentando la división y el antagonismo entre diferentes grupos, ya sea desde criterios políticos, religiosos, económicos, culturales y, lamentablemente, hasta raciales. Estas rupturas así causadas en el tejido social pueden obstaculizar los esfuerzos por construir una sociedad cohesionada y pluralista, que tenga a la democracia, la participación y el diálogo como una vía fundamental para la toma de acuerdos y la resolución de conflictos.
Hasta aquí resulta importante reconocer que la violencia explícita en redes sociales plantea desafíos significativos para las propias plataformas digitales y para la regulación gubernamental de las mismas. Frente a ello, las empresas encargadas de las redes sociales enfrentan la difícil tarea de equilibrar la libertad de expresión con la protección de sus usuarios contra el contenido perjudicial. Sin embargo, la falta de una regulación efectiva y con reglas claras (más allá de las que anuncian las propias redes a sus usuarios sobre evitar el uso de discursos de odio y contenidos violentos, etc.) la ordenación inadecuada de las redes ha permitido que la violencia prospere en línea y ha censurado por “motivos políticos” a otros generadores de contenidos y usuarios (aunque esto último aún tiene que documentarse mejor). Pero un intento de estas plataformas por advertir sobre contenido clasificado como “violento”, es poner un aviso sobre la publicación (foto de abajo) y dejarle la decisión al individuo.
Más allá de esto, es necesario implementar medidas tanto a nivel individual como a nivel colectivo para abordar el tema de la violencia explícita en redes sociales y su efectiva regulación para evitar los impactos en el sujeto y en la sociedad en su conjunto arriba señalados. En primer lugar, los usuarios deben ser conscientes del propio consumo de contenido en línea y desarrollar habilidades críticas para discernir entre información legítima y contenido violento o engañoso. Además, las plataformas de redes sociales digitales deben mejorar sus políticas de moderación y tomar medidas más enérgicas contra el contenido violento, incluida la eliminación rápida de publicaciones y perfiles que violen sus términos de servicio.
En cuanto a medidas gubernamentales, resulta fundamental establecer regulaciones más estrictas para responsabilizar a las plataformas digitales por el contenido que alojan y promueven. Esto podría incluir la implementación de leyes que exijan a las empresas de redes sociales adoptar medidas proactivas para prevenir la difusión de contenido violento, así como sanciones más severas para aquellas que no cumplan con estas normativas, o bien, la prohibición por completo de la publicación con contenido perturbador dentro del país. Asimismo, es crucial promover la educación digital y la alfabetización mediática para empoderar a los usuarios y fomentar un uso responsable y seguro de las redes sociales.
Al respecto de esto, resulta importante destacar esfuerzos como el Decálogo de Derechos Digitales en Redes Sociales, propuesto por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, que busca crear conciencia en el uso responsable de las redes digitales y construir un debate desde donde se puedan establecer concretamente una serie de derechos para los usuarios que permitan el establecimiento de un marco regulatorio que permita equilibrar el poder mediático (y político) que representan las plataformas socio-digitales.
En conclusión, la violencia explícita en redes sociales digitales representa un desafío significativo para la sociedad contemporánea, con impactos que van desde la salud mental de los individuos hasta afectaciones al tejido social, cohesión y hasta la seguridad pública. Para abordar este problema de manera efectiva, es necesario un enfoque integral que involucre tanto a los usuarios como a las plataformas digitales y a las autoridades gubernamentales; pues sólo a través de esfuerzos colaborativos y el establecimiento de medidas regulatorias concretas podremos trabajar hacia un entorno y participación en línea más seguro y saludable para todos los usuarios, dentro de los cuales existen infancias que se ponen en riesgo, no sólo en su exposición a los contenidos aquí señalados, sino por los engaños a que están sujetos ante el “anonimato” del que se suelen aprovechar pederastas y tratantes.
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