Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la Liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: Que no son, aunque sean. Eduardo Galeano, Los Nadies (extracto)

Desde que el gobierno de Iván Duque inició sus funciones el 7 de agosto de 2018 su compromiso con los sectores políticos y económicos que lo llevaron al poder fue destruir el acuerdo de Paz que el Estado Colombiano había firmado con las extintas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Esto en lo concreto ha significado el asesinato sistemático de excombatientes de las FARC que habían dejado sus armas, así como de miles de líderes sociales de las comunidades y poblados rurales. De igual manera, significó la paralización del cumplimiento de los acuerdos en materia de desarrollo agrario, acceso a tierras y reparación a las víctimas.

El argumento del gobierno de Duque para arremeter contra el acuerdo de paz se sustentó en la supuesta impunidad que se generaría por los delitos cometidos por los miembros de las FARC, de allí que su discurso se enfocará en hablar de la necesidad de una “paz con legalidad” en oposición a la paz que se estaba construyendo con la firma del acuerdo. Sin embargo, lo que ha demostrado las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es todo lo contrario, se han hecho avances tanto en verdad como en reparación a las víctimas y se espera que también se avance en la justicia, situación muy diferente a la que aconteció con el proceso de paz con las autodefensas, el cual fue firmado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, mentor del actual presidente de Colombia.

Por lo anterior, el argumento de la “paz con legalidad” es tan solo un distractor de los verdaderos intereses del gobierno actual, el cual representa el regreso al poder del expresidente Uribe, quien en cuerpo ajeno maneja las riendas del país. Uribe ha sido sin duda, desde que llegó a la presidencia en el año 2002, la figura política del nuevo siglo en Colombia. Sus gobiernos, tanto propios como ajenos, se han caracterizado por una política económica de corte neoliberal: exenciones tributarias para el gran capital, aumento de los impuestos al valor agregado, privatización y desmantelamiento de las empresas estatales, financiarización de la economía, reducción de los derechos laborales, mayor polarización de los salarios y desigualdad económica.

En lo político, se ha caracterizado por la estigmatización y persecución a la oposición, prensa, jueces, intelectuales, líderes sociales y defensores de derechos humanos; mientras que en lo militar, se ha caracterizado por una política de guerra contra las guerrillas, que ha incluido el asesinato de miles de civiles -los mal llamados falsos positivos. Se ha establecido la doctrina de seguridad del enemigo interno donde los manifestantes, sindicalistas,  líderes políticos y sociales, así como los periodistas, investigadores, y defensores de derechos humanos, son considerados como enemigos de guerra y  tratados como tales por parte de las fuerzas armadas, lo cual ha significado la violación permanente de los derechos humanos.

Los gobiernos de Uribe, incluido el de Duque, son respaldados fundamentalmente por sectores vinculados con la gran propiedad de la tierra, la explotación de recursos naturales y el sector financiero. Asimismo, hay escándalos y acusaciones judiciales que los vinculan con grupos al margen de la ley: paramilitares y narcotraficantes.

En este sentido, los gobiernos uribistas representan un país conservador, violento, excluyente y clasista -además de racista y xenófobo- que se opone a todos los intentos de modernización y cambio que impliquen una transformación del país tanto productiva como política, es por ello, que se opusieron de forma contundente al acuerdo de paz con las FARC, porque éste representa no la impunidad, sino, precisamente, la pérdida de una parte del poder político que se ha acumulado por medio de la violencia, la exclusión y el despojo.

Si bien, los gobiernos de Uribe habían enfrentado diferentes movilizaciones sociales y resistencias populares, principalmente porque la correlación de fuerzas les era favorable, a tal punto que incluso escándalos de la magnitud de los mal llamados “falsos positivos”, el espionaje a opositores, periodistas y jueces, y los casos de corrupción de Odebrecht, no desestabilizaron significativamente al gobierno ni pusieron en duda su hegemonía ante la mayoría de la opinión pública. Sin embargo, todo comenzó a cambiar con la llegada al poder de Duque, puesto que su llegada a la presidencia sucedió mientras se estaba dando la conformación de nuevos sujetos políticos y una pequeña esperanza de cambio y modernidad para el país, que se había instaurado en la conciencia de un grueso de la población colombiana, especialmente la más joven, a raíz del acuerdo de paz, la pérdida de hegemonía de los medios de comunicación tradicionales gracias a las nuevas tecnologías de la información y de la irrupción del candidato Gustavo Petro en las elecciones del 2018.

Es así que, si bien Duque llegaba a la presidencia a una edad joven, su compromiso y dependencia política con el proyecto uribista arrancaba de raíz la esperanza de modernidad e inclusión que se había empezado a instaurar en la conciencia de las nuevas generaciones. Por lo tanto, el gobierno uribista de Duque, en su primer año de gestión, regresaba al país a la época de violencia, persecución, violación de derechos humanos y exclusión social, a lo que se sumó un escenario de crisis económica. Lo cual despertó en el 2019 una primera reacción de indignación por parte de estudiantes, trabajadores y juventud en general que estaban dispuestos a defender esa esperanza de un futuro mejor, presentándose masivas movilizaciones ciudadanas en diferentes regiones del país, las cuales como era de esperar, por el talante guerrerista del nuevo gobierno, fueron confrontadas y disueltas a sangre y fuego por las fuerzas del orden.

Con la llegada de la pandemia en el 2020 y el control social policiaco de la misma por parte del gobierno (toques de queda, ley seca, cuarentenas obligatorias y restricciones para la compra de bienes) la fuerza popular que había emergido previamente tuvo que contenerse y aguardó, quizá, por un trato más humano de parte del gobierno, frente al padecimiento de millones de colombianos que, dada la pandemia, perdían las pocas fuentes de ingresos a las que tenían acceso. El miedo por contagiarse del virus o por ser detenido por las fuerzas del orden durante el 2020 fue mayor al sufrimiento que se padecía a causa del agravamiento de las ya deterioradas condiciones económicas y sociales. No obstante, el abuso policial, disparado durante la pandemia, ocasionó la muerte de un estudiante universitario en Bogotá, despertando la rabia de miles de jóvenes que atrapados en sus pequeñas viviendas, sufriendo la violencia de la pobreza a través del hacinamiento, falta de víveres y desigualdad, no contuvieron su rebeldía y salieron a exigir justicia por el asesinato del joven estudiante, teniendo como respuesta la muerte de decenas de jóvenes por parte de las fuerzas policiales. De nuevo la protesta fue disuelta a sangre y fuego.

A diferencia del 2019 el perfil de los jóvenes protestantes del 2020 no era mayoritariamente de estudiantes universitarios, sindicalistas o integrantes de organizaciones sociales, sino que emergió la presencia de jóvenes sin oportunidades, que no tienen acceso a estudiar ni a trabajar, cuya situación se había precarizado durante la pandemia, el gobierno les había despojado de lo poco que les quedaba: las calles y la vida en comunidad. Estos jóvenes llenos de energía y rabia irrumpieron espontáneamente en el 2020, pero, así como la espuma, rápidamente se disolvieron de nuevo, sin embargo, establecieron el precedente de que la pandemia y autoritarismo no eran barreras suficientes para contener la ebullición social que se estaba gestando y que solo necesitaría un aumento mayor de la llama, que fue precisamente lo que ocurrió en abril del 2021.

El gobierno de Duque en su indolencia, al ver comprometidas las finanzas públicas -a causa de las exenciones tributarias al gran capital que había concedido en el 2019-  se ideó una reforma tributaria que gravaba alimentos de la canasta básica, servicios públicos e ingresos de los trabajadores, es decir una reforma altamente regresiva, totalmente incoherente con la situación socioeconómica del país. Por su puesto, la ciudadanía manifestó su rechazo ante tal propuesta, sin embargo, no fue escuchada por parte del gobierno, que ebrio de poder desconoció todos los argumentos de la oposición y la academia. Ante la inflexibilidad del gobierno, organizaciones sociales y sindicatos convocaron al pueblo a salir a las calles y manifestarse en contra de la reforma el día 28 de abril.

Sorpresivamente, en un escenario de pandemia, la respuesta a la convocatoria fue masiva, miles de colombianas y colombianos salieron masivamente a las calles, en lo que podría denominarse la primavera colombiana. En todo el país había manifestaciones, pero principalmente estaban teniendo mayor protagonismo en la ciudad de Cali y Bogotá, donde no solo se presentaron marchas, sino que fundamentalmente se generaron puntos de resistencia, coordinados por jóvenes que otrora eran invisibles para la sociedad. Jóvenes que poco les había interesado la participación en este tipo de escenarios, pero que tenían todas las razones para estar descontentos, durante los gobiernos uribistas habían sido ignorados o convertidos en carne de cañón, sin esperanza y sin futuro, lo único que les quedaba era luchar y lo estaban haciendo.

Los barrios populares, que antes sólo figuraban por sus índices de violencia, hoy están convertidos en puntos de resistencia, en centros de coordinación ciudadana, redes de apoyo, espacios de debate y formación política. La reforma tributaria era tan solo una excusa para resistir, las demandas sociales sobrepasan el simple retiro de la reforma, por lo que incluso después del retiro de la misma por parte del gobierno, en vez de calmar los ánimos, los jóvenes siguieron empoderados, ya que vieron en la coyuntura la oportunidad de reivindicar sus otras demandas sociales, algunas de ellas locales y territoriales. Prueba de esta lucha por la resignificación local y territorial se encuentra en los pliegos de exigencias locales, los murales urbanos y la caída de estatuas -muchas de las cuales glorificaban el pasado esclavista y colonial.

La respuesta del gobierno ante la afrenta de que millares de invisibles asumieran una postura política y reivindicaran el derecho a un futuro en el que ellos estuvieran incluidos fue desmedida y despiadada, contabilizándose hasta el momento 75 asesinatos, 83 víctimas de violencia ocular, 28 víctimas de violencia sexual, 1832 detenciones arbitrarias, 1468 casos de violencia física y un total de 3486 casos de violencia policial según las ONG’s Indepaz y Temblores. No obstante lo anterior, el gobierno no ha logrado en esta ocasión disolver a sangre y fuego la protesta, esto porque, por un lado, el nivel de inconformismo y desesperanza es agudo (el 84% de los colombianos piensa que el país va por mal camino según la encuestadora Datexco) y por otro, porque las formas organizativas que han surgido han privilegiado la comunidad, donde no solo participan los jóvenes sino también sus familias, las decisiones que se toman se hacen de forma asamblearia y regional, sin responder a una estructura jerárquica nacional, a pesar de que fueron los sindicatos y organizaciones sociales de alcance nacional quienes convocaron inicialmente las protestas.

Por lo anterior, las protestas que habían iniciado con el objetivo principal de tumbar la reforma tributaria se transformaron en una huelga nacional, en un estallido social que no se va a diluir hasta que estos jóvenes y sus familias no vean una luz de esperanza en su camino. El gobierno ha intentado apaciguar el estallido social con promesas de inclusión, fundamentalmente por la presión internacional, sin embargo, no tiene ningún interés real y tampoco puede ceder en su política económica y militar puesto que eso lo llevaría a perder el respaldo del uribismo de base que sigue teniendo por interés destruir el acuerdo de paz y continuar la profundización del neoliberalismo. La doctrina militar del enemigo interno se mantiene y el desprecio por los derechos humanos es tan evidente que incluso la CIDH y Human Rights Watch han documentado y denunciado mundialmente los abusos y violaciones por parte de las fuerzas del orden.

El gobierno está entrampado, si cede pierde el poco apoyo político que le queda y si no lo hace el estallido continuará, por lo que lo único que tiene a su mano es el uso de la fuerza contra quienes se cansaron de ser invisibles. En vista de este panorama desalentador ¿Hay alguna luz al final del túnel?

A nuestro juicio el gobierno ha perdido su gobernabilidad y su respaldo popular, situación que en una sociedad democrática implicaría la renuncia del gobierno y la convocatoria a elecciones, sin embargo, precisamente lo que se exige es democracia, lo que al gobierno no le interesa ni le conviene, ya que perder el poder implica perder sus privilegios e impunidad. Asimismo, los otrora jóvenes olvidados, sus madres y otros sectores sociales precarizados, es decir, los nuevos sujetos políticos, claman por ser escuchados, lo que implica un compromiso democrático aún mayor que lo que demandan las asociaciones sindicales y organizaciones sociales de carácter nacional.

Si bien la renuncia de Duque y todo su gobierno debe seguir siendo una consigna, se pone sobre la mesa dos alternativas, por una parte, apostar en las próximas elecciones presidenciales por un proyecto alternativo tanto al uribismo como al neoliberalismo, cuya promesa de modernización resultó falaz si no raquítica. Se necesita una alternativa que esté en sintonía con las justas demandas de millones de invisibles que hoy han perdido el miedo, han ganado notoriedad, han establecido lazos de solidaridad en la lucha social y han traído consigo nuevas demandas sociales y otras formas de resistir y defenderse.

Es imperativo un gobierno comprometido con una reforma agraria que permita el desarrollo productivo nacional y regional, el resarcimiento de las víctimas del conflicto armado, una mayor inclusión social y eliminar la práctica del despojo forzado de tierras. La reforma agraria es crucial y transversal para llevar a buen puerto la conversión y modernización del modelo económico del país, hoy extractivista, excluyente y criminal.

La otra alternativa es apostar por el fortalecimiento y la coordinación del diálogo nacional y territorial que derive en un proceso constituyente y un proyecto de nación más incluyente, democrático y menos autoritario y centralista, pues la constitución actual facilita hoy por hoy el contubernio entre distintas ramas del poder político. No obstante, lo anterior, de poco sirve una constitución progresista si el régimen político no lo es, como ocurre actualmente con la constitución de 1991, que pese a sus problemas y limitaciones tiene elementos de Estado social de derecho que no se cumplen. Por lo que, de todas formas, seguimos insistiendo, aun cuando se opte por esta segunda alternativa, en el objetivo de apoyar (simultáneamente) un gobierno alternativo en las próximas elecciones presidenciales.