La rebelión hizo visible que economía, sociedad y política no transcurren por carriles separados, sino que por el contrario, confluyen en una noción integral de democracia.

En 1986, el grupo de rock Los Prisioneros estrenaba su sencillo El baile de los que sobran, que se transformaría rápidamente en un emblema del sentir popular frente a la opresión de la dictadura y la crisis económica. Treinta y tres años después la canción retornó a las calles de un Chile remecido por la rebelión que estalló el 18 de octubre del 2019. Su creador, el cantante y compositor Jorge González, declaró por esos días a la prensa que ese retorno le producía sentimientos encontrados, de alegría y tristeza por la vigencia de su letra, agregando que “Esa canción fue creada bajo las mismas condiciones en las que se cantó: en toque de queda y con balazos”.

González se refería a la histórica marcha del 25 de octubre de 2019, cuando una parte importante del contingente que marchó en Santiago entonó la pieza musical frente al edificio de la Biblioteca Nacional. Frases como “Únanse al baile de los que sobran/ Nadie nos va a echar jamás/ Nadie nos quiso ayudar de verdad”, interpretaron nuevamente la indignación frente a la exclusión de las mayorías que no integran los círculos de poder y de privilegio social. De esta forma, la canción se volvió parte de una rebelión donde —al igual que durante la dictadura— la contracultura ha jugado un rol fundamental, configurando un espacio en el que se han mezclado sin complejos canciones de la nueva trova, el rock de los años 80, reggeaton, k-pop, etc.

Un año y medio ha transcurrido desde entonces y si bien es imposible predecir el impacto final de toda esta energía desplegada, no se puede negar que se abrió un período nuevo en la historia de Chile marcado por demandas, debates y expectativas que hasta entonces no se vislumbraban en el horizonte. Uno de los resultados más sorprendentes hasta ahora ha sido la capacidad de esta rebelión popular para remecer la institucionalidad de una democracia representativa como la chilena, que gozaba de prestigio internacional por su organización y aparente solidez. La interpelación que ella hace es de fondo pues consiste en exigir profundidad social a esa democracia, vinculándola con la distribución de los recursos económicos y del poder político. Una antigua tensión que ha marcado nuestra historia republicana y que ahora se reactualiza con inusitada vitalidad.

La rebelión hizo visible que economía, sociedad y política no transcurren por carriles separados, sino que por el contrario, confluyen en una noción integral de democracia, configurándose una perspectiva que identifica al neoliberalismo como una forma de acumulación que es incompatible con ese ideal democrático. No es casualidad entonces que la indignación tenga como destinatarios principales a los poderes económicos y a un sistema político que ha separado discursivamente esas esferas, pero cuyo despliegue lo muestra como un agente activo del modelo económico por medio de maquinarias de negociación y de cuadros políticos profesionales que lo ha distanciado de la ciudadanía. En relación con esto, se percibe que el Estado ha sido utilizado para profundizar el despojo neoliberal, pero que puede y debe ser disputado en favor de la profundización democrática.

La rebelión popular de octubre se produce en un contexto de crisis de ese sistema político, acelerando vertiginosamente la transformación que venía experimentando desde hace algunos años, especialmente desde que se abandonó el sistema binominal, uno de los baluartes del pacto de la Transición a la Democracia, por medio del cual se sobrerrepresentaba a la derecha en el Parlamento (echando mano de una idea amenazante de gobernabilidad que continúa en boca de sus exponentes más reaccionarios); y también desde que se quebró el ordenamiento en torno a dos coaliciones políticas con la aparición de una tercera en el 2017: el Frente Amplio.

En efecto, la rebelión ha interferido de manera contundente la institucionalidad del Estado y el sistema político, imprimiendo un sentido social amplio a la transformación que ya se venía dando y configurando nuevos escenarios. Destaca aquí la capacidad para modificar la agenda nacional, colocando en el centro de esta las demandas que tienen como norte la redistribución, en medio de una polarización social favorable a la visibilización de la desigualdad. En este contexto toman cuerpo promesas de campañas electorales pasadas que no fueron prioritarias una vez logrados los puestos de representación, en parte porque el sistema político era lo suficientemente rígido como para hacerlas inviables, y en parte por falta de voluntad para sostener esas promesas. Me refiero fundamentalmente a la derogación de la Constitución Política dictatorial y la promulgación de una nueva Carta Magna elaborada con participación de la sociedad, un tema que circulaba desde hace años en el espectro político y que incluso fue una de las banderas de la campaña de Michelle Bachelet para su segundo gobierno, pero que una vez en el cargo se diluyó en un proceso limitado y no vinculante de asambleas ciudadanas. La sociedad movilizada por mayor igualdad social y contra los abusos, fue la condición de posibilidad para el acuerdo parlamentario que definió el itinerario constituyente actualmente en marcha. La imagen de la derecha pinochetista firmando el Acuerdo la madrugada del 15 de noviembre del 2019 en el Parlamento, es decidora de esa interferencia popular en la institucionalidad de la República.

Las elecciones que se han celebrado con posterioridad a la revuelta son otro indicador potente de ese impacto: el plebiscito de octubre de 2020 primero y la reciente mega elección de mayo, que en conjunto muestran un resultado altamente favorable al impulso de transformación. Mi reflexión se concentra en los resultados de la elección de los 155 representantes que integrarán la Convención Constitucional encargada de redactar y proponer una nueva Constitución Política, pues se trata de la mejor expresión de “lo nuevo” que ha gatillado esta rebelión. En primer lugar, debo insistir —porque lo he dicho cada vez que puedo— en que nuestra historia constitucional ha sido consistentemente autoritaria, porque la sociedad jamás ha participado en un proceso de deliberación y elaboración de los textos constitucionales que nos han regido, muy por el contrario, estas siempre han sido redactadas por “expertos” ideológicamente afines al gobierno que los convoca. Por lo tanto, solo en el siglo XXI tendremos la posibilidad de contar con una constitución participativa y legítima.

En segundo lugar, destaca la diversidad social del órgano constituyente, lo que se desagrega en diversidad regional, cultural, de género y de clase social, siendo la mayoría de las y los representantes electos ajenos a las dinámicas sociales que modelan la clase política. Son los que “nadie conoce” como repetían ese día los despachos de prensa cuando tocaba mencionar a las candidatas y candidatos electos: los sin apellido rimbombante; los sin colegio que recordar; incluso los sin formación profesional; los sin financiamiento millonario porque se declararon abiertamente contrarios a los intereses de los grupos económicos; “los que sobran” —volviendo a la canción de Los Prisioneros— en este país regulado por jerarquías raciales y de clase.

La Convención Constitucional es, por lejos, el órgano más representativo socialmente hablando de nuestra historia republicana. Su composición todavía nos tiene sorprendidos, pues rompe tanto con la lógica de clases sociales y raciales ya mencionadas, como con la lógica partidaria tradicional. Los constituyentes a favor de la democratización real no son solamente miembros de la elite con conciencia social, sino también ese pueblo diverso que irrumpió en todo Chile. La paridad de género y los escaños reservados para los pueblos indígenas se mostraron como medidas efectivas para que las desigualdades estructurales no derivaran en la acostumbrada sobrerrepresentación de los sectores privilegiados, lo cual constituye un hecho absolutamente inédito en esta república de “iguales”. Pero al mismo tiempo fueron insuficientes, pues sectores tan relevantes para la agenda democrática, como el Pueblo Afrochileno y las comunidades migrantes, quedaron excluidas de la Convención (queda por ver si el desarrollo del proceso deliberativo logra incorporar sus diagnósticos y demandas).

Son traspiés dolorosos que deben considerarse en el seno de un proceso constituyente y de una movilización popular con enorme potencial para el desarrollo de las fuerzas sociales transformadoras. Ese potencial no se reduce exclusivamente a los logros, sino también a los aprendizajes, aunque sin duda ambos van de la mano. Por ejemplo, en la posibilidad de avanzar hacia la articulación de estos sectores superando los compartimentos respecto de problemáticas e identidades específicas que todavía operan con fuerza, aprovechando el escenario de confluencia generado por la propia revuelta. Es también una oportunidad para construir nuevas dinámicas políticas, en la que los partidos avancen hacia otras formas de organización a partir de vínculos más fluidos e inclusive orgánicos con los actores sociales y, por otro lado, en que los movimientos adquieran mayor capacidad de maniobra, para articularse con otros actores en aquello que sea posible o incorporando a su repertorio prácticas políticas más clásicas (o ambas). En definitiva, explorar caminos que conduzcan a la activación de un campo popular más sólido.

Independientemente de lo que ocurra en el mediano plazo, seguimos siendo testigos sorprendidos y partícipes entusiastas de esta movilización social de gran envergadura, sin articulación orgánica ni liderazgos descollantes (por ahora), que podría llegar hasta aquí habiendo contribuido de manera decisiva a eso que el boliviano René Zavaleta denominó “acumulación en el seno de la clase”, esa memoria que es fundamental para el aprendizaje colectivo y para las luchas futuras. Pero también puede seguir desarrollándose en el sentido ya trazado, avanzando en confluencia y articulación, con capacidad para potenciar un proceso de construcción de nación desde abajo. El momento constituyente es una oportunidad única para que eso ocurra, para lo cual la categoría misma de “nación chilena” requiere ser profundamente revisada, poniendo en tela de juicio el carácter oligárquico que consagra la actual Constitución, así como su idea de “chilenidad” excluyente.

De ninguna manera esta rebelión agota su energía histórica en este camino, pero es un logro que conviene calibrar en un país donde las aspiraciones populares son recurrentemente reprimidas y donde la élite, devenida nuevamente en oligarquía por obra del neoliberalismo, se acostumbró a acaparar todo vía desposesión y explotación exacerbada. Su endogamia social muestra el profundo desprecio por ese pueblo que llegó a la Convención Constituyente, también sus discursos descalificadores, repetitivos a lo largo de la historia de construcción del Estado-nación y por lo mismo previsibles en su ánimo de oposición hacia esos sectores populares necesarios y a la vez amenazantes para sus intereses de clase.

Es la elite que desde una pretendida superioridad moral acusa la violencia popular como una agenda en sí misma, mostrándose incapaz de comprenderla o de negociar más hábilmente con ella (aunque sea para resguardarse). Así han desfilados epítetos como violentistas, salvajes, infiltrados y hasta alienígenas —este último ocupado por la primera dama—; incapaces de sentarse a conversar y expresar sus demandas de manera pausada y tranquila. La manoseada frase “no es la forma” asume engañosamente que ese espacio de participación existe y que las condiciones para el intercambio político paritario están dadas. El alzamiento popular y su despliegue arrollador es un indicador elocuente de que nada de eso era real y que, lamentablemente para la oligarquía en el poder, sí era la forma, la única que dejaron a “los que sobran”.