Sin duda el internet ha modificado nuestros hábitos y conductas en diversos ámbitos. Respecto a la vida política en particular, es evidente que nuestro comportamiento como ciudadanos y ciudadanas también ha cambiado. Actualmente, una cantidad significativa de nuestro día a día transcurre en la esfera virtual, un fenómeno que no es exclusivo de nuestro país, sino que se da en todo el mundo. El uso cada vez mayor de las tecnologías de la información y la comunicación ha provocado la mutación a un tipo de sociedad virtual donde la frontera entre el mundo real y virtual parece manifestarse de forma cada vez menos nítida debido a nuestras propias dinámicas económicas y sociales; pues se trata de un espacio desterritorializado y dinámico en el que la información fluye constantemente (Cáceres et al., 2016; Natal et al., 2014). Incluso se habla ya de ciudadanía digital, la cual consiste en “un conjunto de derechos y obligaciones que permiten la participación libre y responsable en una sociedad en línea, esto es, en una caracterizada por la mediación de las TIC” (Zamora, 2020, p. 4). 

Al surgir estas dimensiones de la ciudadanía, podemos considerar que nacen también nuevos derechos y valores, que devienen a su vez en diversas formas de relaciones humanas en las que el común denominador no es la lengua ni el territorio compartido, sino los enlaces, contactos e interacciones voluntarias entre individuos (Bustamante, 2010). Derivado de lo anterior, han surgido también nuevos retos y demandas sociales, pues para poder aplicar esta noción de ciudadanía digital en el mundo real, se requiere que gobiernos, universidades, escuelas, familias y la sociedad en general tengan verdadera preparación para afrontar con éxito situaciones concretas del entorno digital (Hennig et al., 2019), y eso debe ser más aún en situaciones donde es necesario definir y designar responsabilidades para garantizar la seguridad en el ambiente digital (Richardson & Milovidov, 2019).

No obstante lo anterior, la utilización de los medios digitales en el ámbito político, y sobre todo su influencia en el comportamiento de la ciudadanía se ha convertido en una cuestión polémica en la sociedades democráticas contemporáneas pues, por un lado, está la idea de que el Internet y las redes sociales ayudan a construir ciudadanía debido a la gran cantidad de información que permiten consultar, creando al mismo tiempo la oportunidad de socializar o debatir respecto a los asuntos públicos logrando cierta participación política. Del otro lado de la moneda, se les acusa de afectar negativamente a las democracias por promover la apatía política y la desinformación.

Desde la perspectiva del primer argumento, resaltan las ventajas del uso político de los medios digitales y las redes sociales, ya que se ha mostrado su relevancia para generar fenómenos de acción colectiva como el “15M” en España. Además, resulta clara su eficacia para articular de forma inmediata las diversas actividades derivadas de esta clase de manifestaciones sociales, así como su capacidad para generar narrativas distintas a las creadas por los medios de comunicación tradicionales (Costa-Sánchez & Piñeiro-Otero, 2011; Hernández et al., 2013). Este aspecto también se ha evidenciado en otros movimientos sociales, tales como la denominada “Primavera Árabe”, o en nuestro país, el “#YoSoy132”.

Como plantea Bustamante (2010), mientras los medios de comunicación de masas como el radio o la televisión eran estructuralmente asimétricos (en torno a la relación emisor/receptor), los medios digitales y las redes sociales permiten una comunicación bidireccional, quizá hasta más horizontal, menos centralizada y más fluida. También se hace posible contrastar los datos o información proporcionados por los medios tradicionales y obtener diversas perspectivas sobre el mismo hecho o acontecimiento (Natal et al., 2014). Lo anterior obedece a que los medios digitales han ampliado considerablemente el acceso a la información, facilitan que fluya en mayor cantidad de acontecimientos públicos, tanto locales como internacionales. Por ello, se ha considerado que estos medios representan una herramienta bastante útil para empoderar a la ciudadanía (Cáceres et al., 2016). En suma, también se puede considerar que el uso político de Internet, los medios digitales y las redes sociales ha sido clave para ampliar el acceso a la información, fomentar la deliberación de los asuntos públicos, aumentar la politización de las personas, promover la participación ciudadana y facilitar la articulación de la acción colectiva.

Ahora, su implementación también ha originado ciertos retos para el desarrollo democrático. Un riesgo latente es la posibilidad de caer en la “hipociudadanía”, es decir, el hecho de perder o ni siquiera adquirir una conciencia ciudadana y mostrarse apático ante lo público (Bustamente, 2010). Cuando esto sucede las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan solamente en el ámbito privado. En el mejor de los casos se tendría un activismo de sofá, “clictivismo” o “slacktivismo”, que consiste en el uso superficial o restringido a lo lúdico de las redes sociales y los medios digitales (Candón-Mena, 2018; Gladwell, 2010; Morozov, 2011).

Otro reto importante es la desinformación, pues las llamadas fake news son cada vez más frecuentes, sobre todo durante procesos electorales. Si bien es cierto que las redes sociales y los medios digitales en general han cambiado drásticamente la dinámica en el consumo de noticias, también es verdad que la calidad de los insumos informativos se ha visto bastante perturbada. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha planteado que la infodemia provocada por propaganda y teorías de conspiración se extendió mucho más rápido que el propio Covid-19, causando no sólo afectaciones psicológicas y médicas, sino también económicas (Mourad et. al, 2020). Esto se debe en gran parte a que esta clase de mediación tecnológica ha extendido el número de opiniones respecto a casi cualquier tema, aunque con ello también se han diluido las voces más autorizadas o expertas (Bernal, 2018). 

Una situación igual de preocupante es la fragmentación del discurso político y la formación de “cámaras de eco”. En general, la ciudadanía suele preferir los contenidos políticos que resultan afines a las propias ideas u opiniones, rechazando o ignorando aquellos que discrepan o difieren de sus creencias. Si a este sesgo cognitivo se le añade la potencia de los nuevos algoritmos, se obtienen instrumentos productores de cajas de resonancia que tienden a polarizar las posturas o ideologías políticas, afectando así la sana pluralidad que debe existir en los temas de interés público (Rodríguez-Ferrándiz, 2019; Rodríguez, 2017; Susskind, 2018).

Junto a lo anterior viene el riesgo de manipulación política. No hay que olvidar que varias de las redes sociales o medios digitales aplican inteligencia artificial, a menudo de forma poco ética y sin consultar al usuario. Estas empresas suelen centrarse en su propio beneficio, aun cuando eso implique afectar derechos humanos tan básicos como la libertad de expresión o de pensamiento (Susskind, 2018).

No menos relevante es el problema de la brecha digital y la exclusión social. Aunque los medios digitales y las redes sociales facilitan la interacción entre las personas que, por ejemplo, no pueden estar presentes de manera física, no es menos cierto que aún hay un sector importante de la población mundial que no posee los recursos o la infraestructura adecuada para el aprovechamiento de esta tecnología (Alcalá, 2020; Hernández et al., 2013; Mossberger & Tolbert, 2021; Zamora, 2020).

Finalmente, uno de los principales retos de la participación política es la distinción entre el impacto de la acción política real y la virtual. En palabras de Arano (2020, p. 8), aunque las redes sociales “influyen en las opiniones políticas de las personas, éstas no necesariamente logran movilizar a los individuos a que se involucren en aspectos de la política tradicional (votos, movilizaciones en la calles, afiliaciones partidarias)”. 

En los resultados de un estudio realizado con jóvenes universitarios colimenses para analizar su percepción en cuanto a firmar documentos en señal de protesta de forma virtual y físicamente, se mostró que en la percepción juvenil, las acciones políticas realizadas en el entorno físico y el virtual se encuentran en un plano de igualdad desde el punto de vista del costo, beneficio, impacto y satisfacción (Pérez-Verduzco, 2022). Eso quiere decir que, para las y los jóvenes que formaron parte del estudio, existe la misma eficacia política en el acto de recabar firmas a través de una plataforma en línea que hacerlo de forma presencial, ¿pero, realmente es así? Estas herramientas representan una importante posibilidad para construir ciudadanía a través de un mayor acceso a la información y deliberación en cuanto a los asuntos públicos. Tal politización no sólo tiene impacto en lo individual, sino también desde el punto de vista social debido a que también han fungido como catalizadores de la acción colectiva en distintos contextos. 

En suma, hay riesgos derivados de su implementación que hay que asumir con responsabilidad y creatividad para poder pensar en soluciones que permitan atenuar o evitar el daño que estas poderosas herramientas pueden causar. Aspectos como la falta de conciencia ciudadana o el desinterés en asuntos públicos siempre se encontrarán presentes en las sociedades democráticas. En cualquiera de los casos, son fenómenos que se traducen en cuestiones más tangibles como el abstencionismo en la participación política, a nivel individual, o en los movimientos sociales.

No obstante, como alternativa ante estos retos existe la alfabetización mediática y la verificación de información, ya que ambas coadyuvan a que la ciudadanía pueda estar más preparada ante el constante acoso de las fake news, sobre todo en coyunturas como la pandemia de COVID-19 o durante los procesos electorales, en los cuales éstas suelen incrementar. El desarrollo tecnológico no es sinónimo de desarrollo democrático. Por sí mismos, los medios digitales y las redes sociales no generan democracias, pero, al utilizarse de manera adecuada y pertinente desde el punto de vista político, es innegable que se trata de herramientas sumamente efectivas para construir ciudadanía.

Referencias bibliográficas

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