En octubre de 2022 tendrán lugar en Brasil lo que muchos consideran las elecciones presidenciales más importantes desde la vuelta a la democracia (1985). Está en juego la posibilidad de tener nuevamente un gobierno progresista o la continuidad del neofascismo, ¿cómo llega Brasil hasta aquí?

La burguesía brasileña ejecutó sucesivos ataques contra la democracia y la institucionalidad del país en los últimos seis años sin conseguir resultados económicos ni políticos suficientes ni siquiera para sí misma. La mayoría de la población nunca fue una consideración. En 2016 la burguesía organizó un golpe de Estado que derrocó a Dilma Rousseff y luego sostuvo el gobierno de Michel Temer que, mediante sucesivas reformas constitucionales y legales tomó medidas de austeridad que han empobrecido a la clase trabajadora, las principales el congelamiento por 20 años a la inversión pública en educación y salud, llamada techo de gastos, la precarización del empleo reduciendo drásticamente los derechos laborales, y hacer que en  un país que produce y refina petróleo se calculen los precios de los combustibles con base en el mercado internacional, lo que a su vez, encarece muchos otros productos y servicios. 

Posteriormente, lawfare mediante las élites, encarcelaron al expresidente Luis Inácio Lula da Silva en 2018 con una serie de acusaciones falsas (Lula fue absuelto de todas en 2021), para evitar que fuera candidato a la presidencia y finalmente, apoyaron en bloque a Jair Bolsonaro, que fue elegido presidente en octubre de 2018. Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, que ha transitado por ocho partidos políticos y hoy está en el Partido Liberal le ganó a Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), exalcalde de São Paulo, en segunda vuelta, con un amplio margen (46% vs. 29%) con el general retirado Hamilton Mourão como vicepresidente. 

A pesar de haber sido concejal primero y un diputado federal oscuro por Rio de Janeiro luego, que durante 27 años apenas aprobó dos proyectos de ley, Bolsonaro se presentó como outsider. Su campaña presidencial continuó y acentuó su trayectoria de discurso nostálgico de la dictadura, a favor de la tortura y discurso de odio que incluye reiteradas amenazas de violencia contra las mujeres, población afrodescendiente e indígena, personas de las disidencias sexuales y de izquierda. Apeló a los sectores más conservadores de la sociedad brasileña, al mismo tiempo que daba claras señales al mercado de que actuaría a su favor. 

Las elecciones de 2018 se dieron en un momento de auge de la Operación Lava Jato, el principal instrumento del sistema judicial brasileño en una supuesta lucha contra la corrupción —en realidad herramienta de lawfare y hoy cerrada— encabezada por el exjuez Sergio Moro (luego ministro de Justicia de Bolsonaro, en un claro caso de puerta giratoria), y actualmente candidato a senador por su Estado natal, Paraná, una vez que su intento de convertirse en una supuesta tercera vía en las elecciones presidenciales de este año falló porque nunca logró más allá de 8% de las intenciones de voto.

Bolsonaro logró consolidar a su alrededor en la segunda vuelta de 2018 tanto partidos como movimientos sociales de la nueva derecha más reaccionaria como la derecha más tradicional huérfana de candidato propio con popularidad suficiente en la primera vuelta y dispuesta a todo con tal de evitar que el Partido de los Trabajadores (PT) volviera al poder y continuar el proyecto neoliberal iniciado con Temer. 

Bolsonaro ganó, no solo con el apoyo irrestricto de las élites y los medios de comunicación corporativos y hegemónicos, que repitieron hasta la saciedad las falsedades de la Operación Lava Jato, sino también con una serie de fake news, al estilo de las que se denunciaron sobre la empresa Cambridge Analytica y el uso de Facebook para lograr el triunfo de Trump, solo que en el caso de Brasil se utilizaron millones de mensajes con mentiras disparados por WhatsApp. Posteriormente se cerraron más de 1,000 cuentas por esto. 

Políticas públicas que solo han profundizado la crisis económica, social y ambiental

Brasil enfrenta desde 2014 una seria crisis económica, política, social y ambiental que solo se ha visto agravada en los últimos años. Desempleo y precarización son la norma desde 2016, el PIB ha caído todos los años desde 2014 con excepción de 2017 y 2019, y el país que llegó a ser la séptima mayor economía del mundo ocupa hoy el onceavo lugar. Los resultados económicos de seis años de políticas neoliberales extremas son muy magros. Actualmente, 33 millones de personas pasan hambre, la canasta básica ha aumentado 33% desde que comenzó el gobierno de Bolsonaro, la inflación acumulada alcanza 21%, y en abril de 2022, el acumulado de los 12 meses anteriores llegó a 11% que es la tasa más alta de los últimos 27 años (IBGE).

Para gobernar, Bolsonaro tiene como base la bancada de extrema derecha, llamada BBB (buey, biblia y bala), conformada por los diputados que representan, o son ellos mismos propietarios de agronegocios, (diferentes denominaciones de protestantes, militares, policías y defensores del porte irrestricto de armas) y negoció con el denominado centrão. Este es el nombre peyorativo de un grupo de partidos de derecha y centroderecha que actúa unitariamente y está siempre dispuesto a colaborar con cualquier gobierno, sin importar su ideología, a cambio de “favores”: recursos del presupuesto del gobierno federal y cargos públicos en todos los niveles. Al ser numerosos en el Congreso, su apoyo se ha convertido en fundamental para la aprobación de cualquier propuesta.

Además, nunca en la historia de Brasil, ni siquiera en la época de la dictadura civil-militar hubo tantos militares como funcionarios públicos. Los más de 6,300 militares que participan en el gobierno continúan recibiendo su salario como militares, el doble de sueldo es el principal incentivo. El grupo más cercano a Bolsonaro actúa como caja de resonancia de su ideología, algunos difunden fake news también, pero no tienen en conjunto un proyecto en función del cual ocupan el Estado.

Otra herramienta de gobernabilidad son las denominadas enmiendas parlamentarias, que es la capacidad de los parlamentarios de asignar parte del presupuesto público, pero según un flujo que determina el Ejecutivo. A esto, Bolsonaro le sumó, a finales de 2020, el denominado presupuesto secreto, un esquema multimillonario paralelo de enmiendas para conseguir el apoyo del centrão en el Congreso Nacional. Los documentos que obtuvo el periódico Estado de São Paulo al respecto muestran que el “presupuesto secreto” contraría las leyes sobre presupuesto, ya que son los ministros quienes deben definir dónde usar los recursos, no los congresistas. Además, los acuerdos y la asignación de este dinero no son públicos, y el reparto no ha sido equitativo entre los congresistas, lo que evidencia claramente los intereses electorales del gobierno. No se sabe a ciencia cierta cuánto dinero fue repartido de este modo.

El gobierno de Bolsonaro redujo la población beneficiaria y el monto del Bolsa Familia, programa de transferencias monetarias condicionadas en marcha desde 2002. Recortó el presupuesto para ciencia y tecnología, las becas y en general la inversión de las universidades. Durante el mandato de Bolsonaro se ha acelerado la destrucción ambiental debido al desmantelamiento de los organismos dedicados a la prevención y control, a la amnistía quienes deforestaron, así como a la reducción de la vigilancia y del presupuesto. Solo hasta 2019 se habían incrementado 300% los incendios en la Amazonia, en 2020 se registró un 12% más de puntos incandescentes.  Si antes había incendios, la diferencia ahora es que el gobierno que niega el cambio climático los suscita y alienta. Un grupo de hacendados llegó a promover en 2019 el Día del fuego. Brasil es, además uno de los países que más mata defensores del ambiente. Los pueblos indígenas han sufrido particularmente este tipo de violencia. 

Hasta el 25 de febrero de 2022, en 1,158 días de gobierno, y en función del compromiso con el poderoso sector del agronegocio, se había autorizado la comercialización de 1,629 pesticidas, la mayoría de ellos altamente peligrosos, una media de 1,4 por día. Ha flexibilizado también las normas respecto a su uso y los controles del Estado en todos los pasos de la importación, producción y venta. Estos venenos que se sabe provocan enfermedades en las personas y en los animales, contaminan no solo el suelo y los alimentos producidos, sino también el aire y se han encontrado incluso en la leche materna.

El uso de mentiras y fake news ha continuado durante todo el mandato de Bolsonaro mediante el llamado gabinete de odio que emplea milicias digitales para difundirlas por sitios web que se hacen pasar por medios de comunicación y esparcir así su doctrina antiética y antidemocrática. El caso está al momento en la Corte Suprema, en manos del magistrado Alexandre de Moraes que ha sido sistemáticamente amenazado por Bolsonaro.

Pandemia

En la pandemia de COVID-19 murieron en Brasil al menos 680,000 personas, y en el peor momento en marzo de 2021 morían 4,000 personas por día. Bolsonaro intentó boicotear cualquier medida para prevenir y frenar el avance de la enfermedad, con las famosas declaraciones de que “es sólo una gripecita”. Llegó al extremo de intentar perseguir judicialmente a los gobernadores y alcaldes que sí tomaron medidas como confinamiento, uso de tapabocas, distanciamiento social, etc. 

Bolsonaro se negó a comprar vacunas a tiempo, lo que podría haber evitado un número significativo de muertes y luego su gobierno se vio envuelto en una negociación con una empresa india al respecto.

Se negó así mismo a implementar un bono especial para sostener a la población más vulnerable durante la pandemia, pero fue vencido en el Congreso y desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2021 se entregó un monto entre 200 y 600 reales (lo que equivale a 37 y 111 dólares estadounidenses) por mes a las personas más pobres. Aún así, 59,3% de la población brasileña, esto es 125,600,000 personas sufrieron inseguridad alimentaria entre agosto y diciembre de 2020, según el grupo de investigación Alimento para Justiça: Poder, Política e Desigualdades Alimentares na Bioeconomia.

Su manejo de la pandemia fue tan negligente que al principio de ella dos ministros de salud, y médicos, renunciaron en seguida en menos de tres meses y finalmente el único que permaneció fue un militar, el general Pazuello, sin ninguna experiencia previa en salud y hoy enjuiciado por corrupción. Bolsonaro también hizo uso de mentiras y fake news respecto a la pandemia, rechazando la efectividad de las vacunas, promocionando remedios cuya efectividad ya había sido desmentida, algunos de los cuales, como la ivermectina, que habían comenzado a producir en masa las empresas públicas de las fuerzas armadas brasileñas. 

Corrupción

Bolsonaro decretó confidencialidad de 100 años sobre su certificado de vacunas, la demanda contra el exministro de salud Pazuello, las visitas de sus hijos al Palacio de Planalto, sede de la presidencia, sus reuniones con pastores investigados por un caso de corrupción del Ministerio de Educación y el caso de su hijo Flavio Bolsonaro y las rachadinhas para protegerlos. Las rachadinhas del hijo son cobros a sus equipos de trabajo cuando era concejal y diputado de parte del salario que estos recibían de las arcas públicas. Varias de estas personas, además, al parecer nunca trabajaron realmente en los puestos para los que fueron contratadas.  

En el caso más destacado de entre muchos que relacionan a la familia Bolsonaro con las milicias (grupos paramilitares que cometen delitos y crímenes de todo tipo), está comprobada la cercanía de la familia Bolsonaro con Adriano da Nóbrega ex policía asesinado en 2019, fundador del denominado Escritorio do Crime (Oficina del Crimen) grupo de Rio de Janeiro dedicado a sicariato y otros delitos, relacionado con el asesinato de Marielle Franco, concejala de la ciudad, en marzo de 2018. La madre y la esposa de Nóbrega, además eran parte del esquema de rachadinhas.

La flexibilización en las reglas para el porte de armas se duplicó, así como el número de armas en manos de civiles, y en los últimos años ha aumentado la violencia de por sí ya muy elevada en Brasil y extremadamente marcada por el racismo que se ceba especialmente en la juventud pobre de las favelas. En 2019, la tasa de homicidios por cada 100 mil personas era de 43,1% de afrodescendientes y 16,0% de las personas no afro, en el caso de las y los jóvenes alcanzó 69,9%. El 72,4% de estos homicidios fueron cometidos con armas de fuego y representan un aumento del 6,5% respecto a 2016, el año del golpe contra Dilma Rousseff (Atlas de la Violencia). Además, sólo entre 2018 y 2019 se registró un aumento del 35% de las muertes violentas por causa indeterminada.

Esto tiene un reflejo en las actuales elecciones. Ya se han dado varios actos de violencia por parte de bolsonaristas que han atacado y en dos casos, asesinado a partidarios del PT, el uno por arma de fuego en el estado de Paraná y el otro 15 veces acuchillado en Mato Grosso. Así mismo han atacado a los encuestadores en unas elecciones en las que el número de encuestas ha batido récords. Las mismas encuestas registraron que el 67% de la población tiene miedo de ser agredida físicamente por sus posiciones políticas. 

A pocos días de la primera vuelta 

El expresidente Lula da Silva participa en las elecciones con una coalición de 7 partidos de izquierda y centro izquierda. Gerardo Alckmin, es su candidato a vicepresidente, es exgobernador del Estado de São Paulo, dejó el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), un partido tradicional de derecha y se afilió al Partido Socialista Brasileño (PSB). Esta candidatura es una de varias señales del Lula actual que se presenta en esta elección como más moderado, ubicado más hacia el centro del espectro político, lo que localmente se conoce como su versión Lulinha paz e amor. Cuenta además con el apoyo del Frente Brasil Popular y del Frente Pueblo sin Miedo, los dos mayores frentes nacionales que agrupan a movimientos populares, así como de la mayoría de los sindicatos y movimientos sociales. 

Al final de la tercera semana de septiembre de 2022, a 10 días de las elecciones, Lula sigue primero en las encuestas y aumentó su ventaja. Según todas las fuentes, Lula subió dos puntos y Bolsonaro permanece estancado desde mediados de agosto. Los datos del IPESPE del 23 de septiembre de 2022 muestran a Lula con 46% de las intenciones de voto contra 35% de Bolsonaro. Analizando solamente los votos válidos y sacando la media de los últimos sondeos, Lula tendría posibilidad de ganar las elecciones en la primera vuelta el 2 de octubre próximo, por un margen muy estrecho. Pero no será fácil.

Ganar en la segunda vuelta podría complicarse para Lula porque hay una parte de la burguesía que estuvo en 2018 y está aún dispuesta a sostener 4 años más de neofascismo y destrucción del país, de los derechos humanos y de las condiciones de vida de los más pobres siempre y cuando se le garantice su tasa de ganancias. Y aunque Lula gane, no tendrá mayoría parlamentaria y necesitará inevitablemente de alianzas para gobernar. Se eligen también los gobernadores de los 26 Estados y el Distrito Federal (Brasilia), todo el Congreso (513 diputados) y se renueva un tercio del Senado (27 senadores). 

Además, sacar a Bolsonaro de la presidencia no implica, por supuesto, acabar con el bolsonarismo. El actual presidente de Brasil tiene un 30% a 35% de voto duro, una base neofascista que se ha consolidado en los últimos años y que se distribuye por todo el país. Esta base es conservadora en lo que toca a costumbres, neoliberal en la economía y profundamente antipetista. A su sombra, no solo la ciudadanía armada ha crecido, sino que también han florecido los grupos neonazis con los que Bolsonaro mantiene vínculos comprobados. 

Golpismo

Debido a las recurrentes amenazas golpistas de Bolsonaro en los últimos meses, se lanzó en julio en São Paulo la Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, firmada por una serie de personalidades políticas, de la banca y de los medios de comunicación, así como por un millón de personas. Sin citar nombres, la carta advierte a la sociedad sobre los riesgos de los ataques al sistema electoral brasileño del presidente Jair Bolsonaro y sus partidarios. La carta fue presentada en un acto público, al principio del cual se leyó también un manifiesto en el mismo sentido elaborado por la poderosa Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP) —clave en la articulación y financiamiento del golpe contra Dilma Rousseff— que contó con el apoyo de un centenar de instituciones.

A mediados de agosto de 2022 se publicaron en el sitio Metrópoles mensajes de whatsapp filtrados de un grupo de empresarios bolsonaristas en los cuales afirmaban que harían un golpe de Estado si ganaba Lula da Silva. El caso está siendo investigado por la Policía Federal que pidió romper el sigilo de las cuentas de esos empresarios. Vale la pena además anotar que, Bolsonaro, emulando a su admirado Trump, ha cuestionado repetidamente las urnas electrónicas, que se utilizan desde 1996 sin problemas, la limpieza del proceso, en una medida inédita, puso a los militares a velar por las elecciones, y ha dicho que si pierde no aceptará la derrota. Cabe recordar que él mismo fue elegido diputado en varias ocasiones con esas mismas urnas electrónicas que, súbitamente en 2022, durante su gobierno, se han vuelto cuestionables. Si Bolsonaro pierde, podrían darse intentos similares a lo acontecido en el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021. 

Dado que Bolsonaro y su familia están implicados y acusados en muchos procesos judiciales, relacionados con varios tipos de corrupción, el uso de fake news y con sus vínculos con las milicias, es explicable la desesperación por ganar a cualquier costo y la creación de un escenario mentiroso de fraude, constantes ataques a la Corte Suprema de Justicia y a los jueces, así como la amenaza de golpe de Estado. Perder los pondría a él y a su familia a rendir cuentas ante la Justicia en una serie de procesos.

Los últimos días de la campaña están marcados por el crecimiento de Lula, el estancamiento de Bolsonaro y las llamadas al voto útil, sobre todo a los electores de Ciro Gomes, candidato de centro ubicado en tercer lugar con un magro 8% que podría hacer la diferencia para una victoria de Lula en primera vuelta. La idea entre la mayoría de la izquierda y las fuerzas progresistas es que es preciso unir fuerzas para derrotar al neofascismo.

Lula ha recibido el apoyo de ocho ex presidenciables de diversos ámbitos, desde Marina Silva de centroizquierda, que se lanzó en 2014 con una amplia agenda ambiental hasta Henrique Meirelles, de derecha y con vínculos con el mercado financiero. El expresidente Fernando Henrique Cardoso, del PSDB, hizo una declaración en la cual, si bien no dice explícitamente que voten por Lula, llama a votar por un candidato que respete la democracia, que cuide el ambiente, que recupere el papel internacional de Brasil, que sea todo lo que Bolsonaro nunca ha sido. También ha recibido el apoyo de cantantes como Chico Buarque y Caetano Veloso entre muchos otros, así como de actores y otras personalidades mediáticas.

La agenda de Lula sería volver a poner a los pobres y a los trabajadores en el presupuesto y trabajar para combatir el hambre y la desigualdad social. Las principales propuestas de campaña del PT son: revocar el techo de gasto social impuesto por Temer, coordinar la política económica para combatir la inflación y los altos precios, especialmente de los alimentos, el combustible y la electricidad;  reanudar la inversión en infraestructura y vivienda; una reforma fiscal solidaria, justa y sostenible que simplifique los impuestos y haga que los pobres paguen menos y los ricos más; retomar la política de valorización del salario mínimo; restablecer los instrumentos de lucha contra la corrupción, respetando el debido proceso; reforzar la legislación, para que la justicia tenga más y mejores instrumentos para garantizar la neutralidad de la red, la pluralidad, la protección de datos y frenar la difusión de mentiras y mensajes antidemocráticos o de odio; diálogo permanente y respetuoso entre los poderes del Estado; una nueva legislación laboral de amplia protección social, con especial atención a los trabajadores por cuenta propia, quienes realizan trabajo doméstico y teletrabajo; y, renovar y ampliar el programa Bolsa Familia, para garantizar ingresos compatibles con las necesidades actuales de la población. 

Si Lula gana, se requerirá acción y vigilancia continua para posicionar la agenda de la izquierda y de los movimientos populares en el nuevo gobierno. Hace seis años que no hay proyecto de país y solo la lucha de la clase trabajadora en las calles y en las instituciones podrá viabilizar las propuestas plasmadas en el Plan Popular de Emergencia del Frente Brasil Popular, muchas de las cuales coinciden con la plataforma de Lula y que constituyen una agenda seria para sacar a Brasil de la crisis mejorando las condiciones de vida de toda la población, pero especialmente de las personas más empobrecidas y vulnerables. 

 

ELEIÇÕES NO BRASIL 2022: O NEOFASCISMO PODE SER DERROTADO?

Pilar Troya Fernández

Em outubro de 2022, acontecerá no Brasil o que muitos consideram as eleições presidenciais mais importantes desde o retorno à democracia (1985). Está em jogo a possibilidade de voltar a ter um governo progressista ou a continuidade do neofascismo.Como o Brasil chegou até aqui?

A burguesia brasileira realizou sucessivos ataques à democracia e às instituições do país nos últimos seis anos sem alcançar resultados econômicos ou políticos suficientes, nem mesmo para si. A maioria da população nunca foi considerada. Em 2016 a burguesia organizou um golpe que derrubou Dilma Rousseff e depois apoiou o governo de Michel Temer que, por meio de sucessivas reformas constitucionais e legais, tomou medidas de austeridade que empobreceram a classe trabalhadora, sendo as principais o congelamento de 20 anos do investimento público em educação e saúde, chamado teto de gastos, a precarização do emprego ao reduzir drasticamente os direitos trabalhistas, e fazer com que os preços dos combustíveis sejam calculados em um país que produz e refina petróleo com base no mercado internacional, que por sua vez, faz muitos outros produtos e serviços mais caro.

Posteriormente, lawfare através das elites prendeu o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva em 2018 com uma série de acusações falsas (Lula foi absolvido de todas elas em 2021), para impedi-lo de ser candidato à presidência e, finalmente, apoiaram Jair Bolsonaro em bloco , que foi eleito presidente em outubro de 2018. Bolsonaro , capitão aposentado do Exército, que passou por oito partidos políticos e hoje está no Partido Liberal, derrotou Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), ex-prefeito de São Paulo, no segundo turno, com ampla margem (46% vs. 29%) com o general aposentado Hamilton Mourão como vice-presidente.

Apesar de ter sido primeiro vereador e depois um obscuro deputado federal pelo Rio de Janeiro, que por 27 anos mal aprovou dois projetos de lei, Bolsonaro se apresentava como um outsider . Sua campanha presidencial deu continuidade e acentuou sua trajetória de discurso nostálgico à ditadura, a favor da tortura e do discurso de ódio que inclui repetidas ameaças de violência contra a mulher, a população afrodescendente e indígena, pessoas da dissidência sexual e da esquerda. Apelou aos setores mais conservadores da sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que dava sinais claros ao mercado de que agiria a seu favor.

As eleições de 2018 ocorreram em um momento de auge da Operação A Lava Jato , principal instrumento do sistema judiciário brasileiro em uma suposta luta contra a corrupção —na verdade uma ferramenta lawfare e hoje encerrada— encabeçada pelo ex-juiz Sergio Moro (depois Ministro da Justiça de Bolsonaro , em caso claro de porta giratória), e atualmente candidato a senador por seu estado natal, o Paraná, uma vez que sua tentativa de se tornar uma suposta terceira via nas eleições presidenciais deste ano fracassou porque ele nunca conseguiu mais de 8% das intenções de voto.

Bolsonaro conseguiu consolidar em torno dele no segundo turno de 2018 tanto partidos e movimentos sociais da nova direita mais reacionária, quanto a direita mais tradicional, órfã do próprio candidato, com bastante popularidade no primeiro turno e disposta a fazer nada para impedir que o Partido de los Trabajadores (PT) voltasse ao poder e continuasse o projeto neoliberal iniciado com Temer.

Bolsonaro venceu, não só com o apoio irrestrito das elites e da mídia corporativa e hegemônica, que repetiu sem parar as falsidades da Operação Lava Jato, mas também com uma série de fake news . noticias , no estilo das reportadas sobre a empresa Cambridge Analytica e o uso do Facebook para conseguir a vitória de Trump, só no caso do Brasil foram usadas milhões de mensagens com mentiras disparadas pelo WhatsApp. Mais de 1.000 contas foram posteriormente fechadas para isso.

Políticas públicas que só aprofundaram a crise econômica, social e ambiental

Desde 2014, o Brasil enfrenta uma grave crise econômica, política, social e ambiental que só se agravou nos últimos anos. O desemprego e a precariedade são a norma desde 2016, o PIB tem caído todos os anos desde 2014 com exceção de 2017 e 2019, e o país que se tornou a sétima maior economia do mundo hoje ocupa a décima primeira. Os resultados econômicos de seis anos de políticas neoliberais extremas são muito escassos. Atualmente, 33 milhões de pessoas passam fome, a cesta básica aumentou 33% desde o início do governo Bolsonaro , a inflação acumulada chega a 21% e, em abril de 2022, o acumulado dos últimos 12 meses chegou a 11%, que é a maior taxa do país. últimos 27 anos (IBGE).

Para governar, Bolsonaro se baseia na bancada de extrema-direita, chamada BBB (boi, bíblia e bala), formada pelos deputados que representam ou são donos do agronegócio (diferentes denominações de protestantes, militares, policiais e defensores do o porte irrestrito de armas) e negociado com o chamado centrão . Este es el nombre peyorativo de un grupo de partidos de derecha y centroderecha que actúa unitariamente y está siempre dispuesto a colaborar con cualquier gobierno, sin importar su ideología, a cambio de “favores”: recursos del presupuesto del gobierno federal y cargos públicos en todos os níveis. Sendo numerosos no Congresso, seu apoio tornou-se essencial para a aprovação de qualquer proposta.

Além disso, nunca na história do Brasil, nem mesmo durante a ditadura civil-militar, houve tantos soldados quanto funcionários públicos. Os mais de 6.300 militares que participam do governo continuam recebendo seus salários como soldados, sendo o dobro de salário o principal incentivo. Grupo mais próximo de Bolsonaro funciona como caixa de ressonância de sua ideologia, alguns espalham fake notícias também, mas não têm um projeto como um todo a partir do qual ocupam o Estado.

ferramenta de governança são as chamadas emendas parlamentares , que é a capacidade dos parlamentares de alocar parte do orçamento público, mas de acordo com um fluxo determinado pelo Executivo. A isso, Bolsonaro acrescentou, no final de 2020, o chamado orçamento secreto , um esquema paralelo multimilionário de emendas para obter o apoio do centrão. no Congresso Nacional. Os documentos obtidos pelo jornal Estado de São Paulo a esse respeito mostram que o “orçamento secreto” contraria as leis orçamentárias, pois são os ministros que devem definir onde aplicar os recursos, não os parlamentares. Além disso, os acordos e a destinação desse dinheiro não são públicos, e a distribuição não tem sido equitativa entre os parlamentares, o que mostra claramente os interesses eleitorais do governo. Não se sabe ao certo quanto dinheiro foi distribuído dessa maneira.

O governo Bolsonaro reduziu a população beneficiária e o valor do Bolsa Família, programa de transferência condicionada de renda em vigor desde 2002. Cortou o orçamento para ciência e tecnologia, bolsas e investimentos universitários em geral. Durante a gestão de Bolsonaro, a destruição ambiental se acelerou devido ao desmantelamento de órgãos dedicados à prevenção e controle, anistia para quem desmatou, além da redução da fiscalização e do orçamento. Até 2019 sozinho, os incêndios na Amazônia aumentaram 300% , em 2020 foram 12% mais pontos incandescentes. Se antes havia incêndios, a diferença agora é que o governo que nega as mudanças climáticas as provoca e as incentiva. Um grupo de proprietários de terras até promoveu o Dia do Fogo em 2019 . O Brasil também é um dos países que mais mata defensores do meio ambiente. Os povos indígenas têm sofrido particularmente com esse tipo de violência.

Até 25 de fevereiro de 2022, em 1.158 dias de governo, e com base no compromisso com o poderoso setor do agronegócio, havia sido autorizada a comercialização de 1.629 agrotóxicos, a maioria altamente perigosos, média de 1,4 por dia . Também flexibilizou as regras quanto ao seu uso e controles estatais em todas as etapas de importação, produção e venda. Sabe-se que esses venenos causam doenças em pessoas e animais, contaminam não apenas o solo e os alimentos produzidos, mas também o ar, e já foram encontrados até no leite materno .

O uso de mentiras e falsos As notícias continuaram ao longo do mandato de Bolsonaro por meio do chamado gabinete do ódio que emprega milícias digitais para divulgá-las por meio de sites que se apresentam como veículos de mídia e, assim, divulgar sua doutrina antiética e antidemocrática. O caso está atualmente no STF, nas mãos do juiz Alexandre de Moraes , que vem sendo sistematicamente ameaçado por Bolsonaro .

Pandemia

Na pandemia do COVID-19, pelo menos 680.000 pessoas morreram no Brasil, e no pior momento em março de 2021, 4.000 pessoas morreram por dia. Bolsonaro tentou boicotar qualquer medida para prevenir e retardar o avanço da doença, com as famosas declarações de que “é só uma gripezinha”. Chegou ao ponto de tentar processar governadores e prefeitos que tomaram medidas como confinamento, uso de máscaras faciais, distanciamento social etc.

Bolsonaro se recusou a comprar vacinas a tempo, o que poderia ter evitado um número significativo de mortes, e seu governo mais tarde se envolveu em uma negociação com uma empresa indiana sobre isso.

Ele também se recusou a implementar um bônus especial para apoiar a população mais vulnerável durante a pandemia, mas foi derrotado no Congresso e de outubro de 2020 a dezembro de 2021 um valor entre 200 e 600 reais (equivalente a 37 e US$ 111) por mês para o pessoas mais pobres. Ainda assim, 59,3% da população brasileira, ou seja, 125,6 milhões de pessoas, sofria de insegurança alimentar entre agosto e dezembro de 2020, segundo o grupo de pesquisa Food for Justice: Power, Politics and Food Inequalities na Bioeconomia.

Seu manejo da pandemia foi tão negligente que, no início, dois ministros da saúde e médicos pediram demissão imediatamente em menos de três meses e, finalmente, o único que permaneceu foi um militar, general Pazuello , sem experiência anterior em saúde. e hoje processado por corrupção. Bolsonaro também fez uso de mentiras e fakes notícias sobre a pandemia, rejeitando a eficácia das vacinas, promovendo remédios cuja eficácia já havia sido negada, alguns dos quais, como a ivermectina, que as empresas públicas das forças armadas brasileiras começaram a produzir em massa.

Corrupção

Bolsonaro decretou 100 anos de sigilo em sua carteira de vacinação, no processo contra o ex-ministro da Saúde Pazuello , nas visitas de seus filhos ao Palácio do Planalto, sede da presidência, em seus encontros com pastores investigados por um caso de corrupção do Ministério da Educação e do Ministério Público. caso de seu filho Flavio Bolsonaro e das rachadinhas para protegê-los. As rachadinhas do filho são cobranças de suas equipes de trabalho quando ele era vereador e deputado de parte do salário que recebiam dos cofres públicos. Além disso, várias dessas pessoas aparentemente nunca trabalharam nos cargos para os quais foram contratadas.

No caso mais destacado entre muitos que vinculam a família Bolsonaro às milícias (grupos paramilitares que cometem delitos e crimes de toda ordem), a proximidade da família Bolsonaro com Adriano da Nóbrega, ex-policial assassinado em 2019, fundador do chamado Desk do Crime Grupo carioca dedicado a homicídios por encomenda e outros crimes, relacionados ao assassinato de Marielle Franco, vereadora, em março de 2018. A mãe e a esposa de Nóbrega também fizeram parte do esquema das rachadinhas.

A flexibilização das regras para porte de armas dobrou, assim como o número de armas nas mãos de civis, e nos últimos anos aumentou a violência, que já é muito alta no Brasil e extremamente marcada pelo racismo que se alimenta especialmente os jovens pobres das favelas. Em 2019, a taxa de homicídios por 100.000 pessoas foi de 43,1% dos afrodescendentes e 16,0% dos não afros, no caso dos jovens chegou a 69,9%. 72,4% desses homicídios foram cometidos com armas de fogo e representam um aumento de 6,5% em relação a 2016, ano do golpe contra Dilma Rousseff (Atlas da Violência). Além disso, apenas entre 2018 e 2019 houve um aumento de 35% nas mortes violentas por causas indeterminadas.

Isso se reflete nas eleições atuais. Já houve vários atos de violência de bolsonaristas que atacaram e em dois casos mataram partidários do PT, um por arma de fogo no estado do Paraná e outro esfaqueado 15 vezes no Mato Grosso. Eles também atacaram os pesquisadores em uma eleição em que o número de pesquisas bateu recordes. As mesmas pesquisas registraram que 67% da população tem medo de ser agredida fisicamente por suas posições políticas.

Poucos dias antes da primeira rodada

O ex-presidente Lula da Silva está participando das eleições com uma coalizão de 7 partidos de esquerda e centro-esquerda. Gerardo Alckmin, seu candidato à vice-presidência, é ex-governador do Estado de São Paulo, deixou o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), tradicional partido de direita, e ingressou no Partido Socialista Brasileiro (PSB). Essa candidatura é um dos vários sinais de que o atual Lula se apresenta nesta eleição como mais moderado, situado mais no centro do espectro político, o que é conhecido localmente como sua versão Lulinha paz e amor. Conta também com o apoio da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, as duas maiores frentes nacionais que reúnem movimentos populares, assim como a maioria dos sindicatos e movimentos sociais.

No final da terceira semana de setembro de 2022, 10 dias antes das eleições, Lula segue em primeiro lugar nas pesquisas e aumentou sua vantagem. Segundo todas as fontes, Lula subiu dois pontos e Bolsonaro está estagnado desde meados de agosto. Dados do IPESPE de 23 de setembro de 2022 mostram Lula com 46% das intenções de voto contra 35% para Bolsonaro . Analisando apenas os votos válidos e tirando a média das últimas pesquisas, Lula teria chance de vencer as eleições no primeiro turno de 2 de outubro, por uma margem muito estreita. Mas não será fácil.

Vencer no segundo turno pode ser complicado para Lula porque há uma parte da burguesia que esteve lá em 2018 e ainda está disposta a sustentar mais 4 anos de neofascismo e destruição do país, dos direitos humanos e das condições de vida dos mais pobres, desde que você tenha garantido sua taxa de vitórias. E mesmo que Lula vença, não terá maioria parlamentar e inevitavelmente precisará de alianças para governar. Também são eleitos os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal (Brasília), todo o Congresso (513 deputados) e um terço do Senado (27 senadores).

Além disso, retirar Bolsonaro da presidência não implica, é claro, acabar com o bolsonarismo . O atual presidente do Brasil tem 30% a 35% de votos, uma base neofascista que se consolidou nos últimos anos e está distribuída por todo o país. Essa base é conservadora nos costumes, neoliberal na economia e profundamente anti- PT . À sua sombra, não apenas os cidadãos armados cresceram, mas também os grupos neonazistas com os quais Bolsonaro provou laços floresceram.

Golpe

Devido às recorrentes ameaças de golpe de Bolsonaro nos últimos meses, foi lançada em São Paulo em julho a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, assinada por uma série de personalidades políticas, bancárias e da mídia. assim como por um milhão de pessoas. Sem citar nomes, a carta alerta a sociedade sobre os riscos de ataques ao sistema eleitoral brasileiro pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. A carta foi apresentada em ato público, no início do qual um manifesto no mesmo sentido elaborado pela poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) —chave na articulação e financiamento do golpe contra Dilma Rousseff— também foi lido, que contou com o apoio de uma centena de instituições.

Em meados de agosto de 2022, mensagens vazadas de WhatsApp de um grupo de empresários de Bolsonaro foram publicadas no site Metrópoles em que afirmavam que fariam um golpe se Lula da Silva vencesse. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal que pediu a quebra do sigilo das contas desses empresários. Vale destacar também que Bolsonaro , imitando seu admirado Trump, questionou repetidamente as urnas eletrônicas, que são utilizadas desde 1996 sem problemas, a limpeza do processo, em medida inédita, colocou os militares para zelar pelas eleições, e ele disse que, se perder, não aceitará a derrota. Recorde-se que ele próprio foi eleito deputado em várias ocasiões com essas mesmas urnas eletrónicas que, subitamente em 2022, durante o seu governo, tornaram-se questionáveis. Se Bolsonaro perder, pode haver tentativas semelhantes ao que aconteceu no Capitólio dos Estados Unidos em janeiro de 2021.

Tendo em vista que Bolsonaro e sua família estão implicados e acusados em muitos processos judiciais, relacionados a vários tipos de corrupção, o uso de notícias e com seus vínculos com as milícias, o desespero para vencer a qualquer custo e a criação de um cenário mentiroso de fraudes, ataques constantes ao Supremo Tribunal de Justiça e juízes, bem como a ameaça de golpe de estado, são compreensível. Perder tornaria ele e sua família responsáveis perante a Justiça em uma série de processos.

Os últimos dias da campanha são marcados pelo crescimento de Lula, a estagnação de Bolsonaro e os apelos ao voto útil, especialmente para os eleitores de Ciro Gomes, candidato centrista em terceiro lugar com míseros 8% que pode fazer a diferença pela vitória de Lula no primeiro turno. A ideia entre a maioria das forças de esquerda e progressistas é que é preciso unir forças para derrotar o neofascismo.

Lula recebeu o apoio de oito ex-candidatos presidenciais de diversas áreas, da centro-esquerda Marina Silva, que se lançou em 2014 com uma ampla agenda ambiental, ao direitista Henrique Meirelles, com vínculos com o mercado financeiro. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, fez uma declaração na qual, embora não diga explicitamente que devem votar em Lula, pede um candidato que respeite a democracia, que cuide do meio ambiente, que recupere o papel internacional do Brasil, que ele seja tudo o que Bolsonaro nunca foi. Ele também recebeu o apoio de cantores como Chico Buarque e Caetano Veloso entre muitos outros, além de atores e outras personalidades da mídia.

A agenda de Lula seria colocar os pobres e trabalhadores de volta no orçamento e trabalhar para combater a fome e a desigualdade social. As principais propostas de campanha do PT são: revogar o teto de gastos sociais imposto por Temer, coordenar a política econômica de combate à inflação e à alta dos preços, principalmente de alimentos, combustíveis e energia elétrica; retomar o investimento em infraestrutura e habitação; uma reforma tributária solidária, justa e sustentável que simplifique os impostos e faça com que os pobres paguem menos e os ricos mais; retomar a política de valorização do salário mínimo; restabelecer os instrumentos de combate à corrupção, respeitando o devido processo legal; fortalecer a legislação, para que a justiça tenha mais e melhores instrumentos para garantir a neutralidade da rede, a pluralidade, a proteção de dados e impedir a disseminação de mentiras e mensagens antidemocráticas ou de ódio; diálogo permanente e respeitoso entre os poderes do Estado; uma nova legislação trabalhista com ampla proteção social, com atenção especial aos trabalhadores autônomos, que realizam trabalho doméstico e teletrabalho; e, renovar e ampliar o programa Bolsa Família, para garantir renda compatível com as necessidades atuais da população.

Se Lula vencer, será preciso ação continuada e vigilância para posicionar a agenda da esquerda e dos movimentos populares no novo governo. Há seis anos que não há projeto de país e só a luta da classe trabalhadora nas ruas e nas instituições poderá viabilizar as propostas do Plano de Emergência Popular da Frente Brasil Popular, muitas das quais coincidem com a de Lula. plataforma e que constituem uma agenda séria para tirar o Brasil da crise, melhorando as condições de vida de toda a população, mas principalmente das mais pobres e vulneráveis.