El papel de la sociedad civil brasileña en la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y la democracia en Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro, fue extremadamente importante para evitar que ocurrieran más reveses en el país. A pesar de una larga tradición en la defensa de los derechos, la sociedad civil brasileña organizada y su capacidad de articulación política tuvieron que ampliarse enormemente en los últimos cuatro años. Desde la redemocratización del país en 1988, los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad nunca habían estado tan amenazados y, para detener estas amenazas, era fundamental una sociedad civil bien coordinada y organizada. El proyecto antidemocrático de Bolsonaro dificultó que las organizaciones de la sociedad civil avanzaran en la agenda de derechos, pues comenzaron a dedicar esfuerzos para mantener su propia existencia frente a un gobierno que las veía como un obstáculo para la implementación de su proyecto.

Aunque Bolsonaro ha tratado de sofocar a las organizaciones de la sociedad civil en los últimos años, estas han demostrado una enorme capacidad de resiliencia y unidad. Para combatir los diversos ataques de Bolsonaro y defender así el principio básico de la democracia en el país, la sociedad civil necesitaba más que nunca dejar de lado sus diferencias y unirse para garantizar que su derecho a la expresión política no fuera cercenado por completo. El 7 de septiembre de 2021, Brasil vivió uno de los períodos más dramáticos de su historia reciente con Bolsonaro y sus aliados ensayando un verdadero golpe de Estado, movilizando manifestaciones públicas en un ataque al Supremo Tribunal Federal y las elecciones del año siguiente. En momentos críticos como este, la sociedad civil trabajó incansablemente para denunciar estos ataques dentro de Brasil, pero también entre los medios de comunicación internacionales, que cada vez más comenzaron a seguir los reveses sociales y políticos que estaban ocurriendo en el país, viendo grandes similitudes entre las actitudes y políticas de Bolsonaro y Trump.

El discurso y los gestos antidemocráticos fueron sin duda una de las principales características del gobierno de Bolsonaro. Sin embargo, otra gran característica de su desastrosa administración fue su intensa y catastrófica agenda antiambiental. Para evitar que los bosques brasileños fueran destruidos para siempre y las poblaciones indígenas y quilombolas diezmadas, la sociedad civil tuvo que luchar duramente. El Paquete de la Muerte, un conjunto de proyectos de ley que la bancada ruralista intenta aprobar en el Congreso para flexibilizar las leyes ambientales y explorar tierras tradicionalmente ocupadas, es un ejemplo del carácter extremadamente antiambiental del gobierno de Bolsonaro. Si no fuera por la acción incisiva de la sociedad civil en la promoción de protestas, marchas y campamentos, como la Lucha por la Vida, marcha encabezada por comunidades indígenas de todo Brasil como la Ato pela terra contra el paquete de destrucción, sin esta protesta liderada por activistas y artistas en Brasilia en marzo de 2022 el gobierno brasileño habría podido avanzar mucho más rápido y fácilmente con su proyecto antiambiental. 

A pesar de la incidencia de los movimientos sociales, algunos de los proyectos que conforman el Pacote da Morte avanzaron en el Congreso, pero si no fuera por el trabajo de los movimientos sociales, dichos proyectos se habrían implementado hace mucho tiempo, dado el amplio apoyo del gobierno brasileño y parlamentarios. Debido a la presión de la sociedad civil, proyectos de ley como el PL da Grilagem, el PL 490 y el PL 191 aún pueden prohibirse, especialmente desde la perspectiva de un nuevo gobierno en 2023.

En el movimiento de resistencia contra los reveses presentados por Bolsonaro, también es importante destacar el importante trabajo internacional articulado por grupos de la sociedad civil brasileña. Durante los cuatro años del gobierno de Bolsonaro, el Congreso de los Estados Unidos emitió varias cartas y declaraciones públicas denunciando los ataques a la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente en Brasil. En una carta firmada por 64 diputados en octubre de 2021 y enviada al presidente Biden, miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU. pidieron que se termine el estatus de no miembro de la OTAN otorgado por Trump a Brasil hasta que Bolsonaro se alinee con los valores democráticos. También se hicieron varias otras declaraciones de parlamentarios estadounidenses exigiendo respuestas a los casos de asesinato de Dom Philips, Bruno Pereira y Marielle Franco.

Recientemente, después de que un grupo de 19 representantes de organizaciones de la sociedad civil brasileña visitara DC, un grupo de casi 40 representantes y senadores, incluido el presidente del Senado de los EE. UU. Patrick Leahy, Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez, enviaron una carta al presidente Biden reiterando su confianza en el proceso electoral brasileño y pidiendo que se revisen las relaciones con Brasil en caso de golpe de Estado. El seguimiento y la preocupación por el estado de la democracia y los derechos humanos en Brasil por parte de los actores internacionales no se estaría dando de manera tan activa si no fuera por la intensa movilización de la sociedad civil.

A la luz del proceso electoral de este año, es importante enfatizar el importante papel de los grupos de la sociedad civil que han luchado arduamente durante los últimos años para garantizar que las posibilidades de reelección de Bolsonaro sean mínimas hoy. Con cada nuevo movimiento de Bolsonaro para quitar los derechos de las personas, destruir el medio ambiente o atacar la democracia brasileña, la sociedad civil estaba presente denunciando estos ataques y evitando así que Bolsonaro implementara su proyecto para destruir Brasil. Ante la perspectiva de un nuevo gobierno sin Bolsonaro en la presidencia, es necesario que este futuro gobierno no solo valore el papel de la sociedad civil en el proceso que permitió que se produzca este cambio de gobierno, sino que, sobre todo, sea necesario que los futuros funcionarios del gobierno integren a los grupos de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas para Brasil.

O PAPEL DA SOCIEDADE CIVIL NA DEFESA DA DEMOCRACIA BRASILEIRA

O papel da sociedade civil brasileira na defesa dos direitos humanos, meio ambiente e democracia no Brasil sob o governo Bolsonaro foi de extrema importância para evitar que maiores retrocessos acontecessem no país. Apesar de longa tradição na defesa de direitos, a sociedade civil brasileira organizada e sua capacidade de articulação política tiveram que ser enormemente ampliadas ao longo dos últimos quatro anos. Desde a redemocratização do país em 1988, nunca os direitos dos grupos mais vulneráveis da sociedade foram tão ameaçados e, para frear estas ameaças, uma sociedade civil bem coordenada e organizada foi imprescindível. O projeto antidemocrático de Bolsonaro dificultou o avanço da agenda de direitos de organizações da sociedade civil, uma vez que estas passaram a precisar dedicar esforços para manter a sua própria existência diante de um governo que as enxergava como um empecilho na implementação de seu projeto.

Apesar de Bolsonaro ter tentado sufocar as organizações da sociedade civil ao longo dos últimos anos, estas demonstraram uma enorme capacidade de resiliência e união. Para combater os diversos ataques de Bolsonaro e assim defender o princípio básico da democracia no país, a sociedade civil necessitou mais do que nunca deixar suas diferenças de lado e se unir para garantir que seu direito de expressão política não fosse completamente cerceado. Em 7 de setembro de 2021, o Brasil vivenciou um dos períodos mais dramáticos de sua história recente com Bolsonaro e seus aliados ensaiando um verdadeiro golpe de estado ao mobilizar demonstrações públicas em ataque ao Supremo Tribunal Federal e às eleições do ano seguinte. Em momentos críticos como este, a sociedade civil atuou incansavelmente para denunciar esses ataques dentro do Brasil, mas também entre a mídia internacional, que cada vez mais passou a acompanhar os retrocessos sociais e políticos que vinham acontecendo no país, enxergando grandes semelhanças entre as atitudes e políticas de Bolsonaro e Trump.

O discurso e gestos antidemocráticos foram sem dúvida uma das principais características do governo Bolsonaro. Porém, uma outra grande característica de sua desastrosa administração foi a sua intensa e catastrófica agenda anti-ambiental. Para impedir que as florestas brasileiras fossem destruídas de vez e populações indígenas e quilombolas dizimadas, a sociedade civil teve que lutar bastante. O “Pacote da Morte”, conjunto de projetos de lei que a bancada ruralista tenta aprovar no Congresso a fim de flexibilizar leis ambientais e explorar terras tradicionalmente ocupadas, é um exemplo do caráter extremamente anti-ambiental do governo Bolsonaro. Se não fosse a atuação incisiva da sociedade civil na promoção de protestos, passeatas e acampamentos, como a “Luta pela Vida”, marcha liderada por comunidades indígenas de todo o Brasil, ou o “Ato pela terra contra o pacote da destruição”, protesto liderado por ativistas e artistas em Brasília em março de 2022, o governo brasileiro teria sido capaz de avançar de forma muito mais rápida e fácil com o seu projeto anti-ambiental. Apesar da incidência de movimentos sociais, alguns dos projetos que compõem o “Pacote da Morte” avançaram dentro do Congresso, mas se não fosse o trabalho de movimentos sociais, tais projetos teriam sido já implementados há muito tempo, dado o amplo apoio do governo brasileiro e de parlamentares. Por conta da pressão da sociedade civil, projetos de lei como o PL da Grilagem, PL 490 e PL 191 podem ainda ser barrados, ainda mais sob a perspectiva de um novo governo em 2023.

No movimento de resistência contra os retrocessos apresentados por Bolsonaro, é importante também ressaltar o importante trabalho internacional articulado por grupos da sociedade civil brasileira. Ao longo dos quatro anos de governo Bolsonaro, diversas cartas e declarações públicas foram emitidas pelo Congresso dos EUA denunciando os ataques à democracia, direitos humanos e meio ambiente no Brasil. Em carta assinada por 64 deputados em outubro de 2021 e enviada ao Presidente Biden, membros da Câmara dos EUA pediram para que o status de membro extra-OTAN concedido por Trump ao Brasil fosse rescindido enquanto Bolsonaro não se alinhasse com valores democráticos. Diversas outras declaracoes de parlamentares americanos também foram feitas demandando respostas para os casos de assassinato de Dom Philips e Bruno Pereira e Marielle Franco. Mais recentemente, após visita de um grupo de 19 representantes de organizações da sociedade civil brasileira a DC, um grupo de quase 40 deputados e senadores, incluindo o Presidente do Senado dos EUA, Patrick Leahy, Bernie Sanders e Alexandra Ocasio-Cortez, enviaram uma carta ao Presidente Biden reiterando a confiança deles no processo eleitoral brasileiro e pedindo para que relações com o Brasil sejam revisadas caso um golpe de estado ocorra. O acompanhamento e preocupação com o estado da democracia e direitos humanos no Brasil por parte de atores internacionais não estaria acontecendo de forma tão ativa se não fosse pela intensa mobilização da sociedade civil.

Diante do processo eleitoral deste ano, é importante ressaltar o importante papel de grupos da sociedade civil que lutaram arduamente ao longo dos últimos anos para garantir que hoje as chances de Bolsonaro ser reeleito sejam mínimas. A cada nova investida de Bolsonaro para tomar direitos do povo, destruir o meio ambiente ou atacar a democracia brasileira, a sociedade civil esteve presente denunciando estes ataques e assim impedindo que Bolsonaro implementasse o seu projeto de destruição do Brasil. Com a perspectiva de um novo governo sem Bolsonaro na cadeira de presidente, é preciso que este futuro governo não só valorize o papel da sociedade civil no processo que permitiu que esta mudança de governo acontecesse, mas, acima de tudo, é preciso que os futuros governantes do país integrem os grupos da sociedade civil na elaboração de políticas públicas para o Brasil.