El halo de futuro que hace una década poseía el litio finalmente es puro presente. Si su importancia histórica se remonta hacía mucho tiempo atrás, su rol se profundiza desde que en 1991 la firma japonesa Sony patentó la primera batería Ion-litio, transformándose hoy en un recurso clave para el pasaje hacia un paradigma “tecno-productivo post-fósil”. Así, las disputas por el litio se vuelven centrales en el marco de las agendas globales hacia la transición energética y en la descarbonización de las economías nacionales para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en la reducción de la emisión de Gases de Efecto Invernadero.
La electromovilidad y la transformación del patrón energético es impulsada por los organismos multilaterales de gobernanza global y, last but not least, por el capital. Pero en estas búsquedas por el abandono de las matrices energéticas fósiles no se cuestionan los esquemas dependientes de grandes corporaciones, los sistemas energéticos desiguales, altamente concentrados y conflictivos por definición, así como la expansión del metabolismo social predador de la naturaleza, características que constituyen causantes estructurales de la crisis socioecológica actual.
La demanda global esperada de litio se incrementará de manera exponencial, de acuerdo a la AIE aumentaría unas 42 veces para 2040 (AIE, 2021). Esta constatación se articula en un esquema de concentración económica en torno a la apropiación del recurso, así como de los conocimientos y patentes, asociados a su tecnificación en el seno de una disputa geopolítica (GyBC, 2019; Fornillo, 2019).
Las potencias económicas asisten a una carrera por el control del litio, así como sobre las patentes y conocimientos que les permitan hegemonizar los mercados de las baterías, y el de los automóviles y transportes híbridos y eléctricos. Este último mercado proyecta un crecimiento en las ventas que va desde cerca de 3 millones actuales, a 26 millones de vehículos para 2030, y 54 millones de vehículos para 2040. La utilización de litio ha potenciado a su vez, la industria electrónica a niveles desconocidos hasta aquí, generando la ampliación del consumo tecnológico de la microelectrónica (incluyendo dispositivos como notebooks y tablets) y de telefonía celular.
En el marco de una creciente ampliación de la frontera extractiva del litio y otro conjunto de “elementos críticos para la transición” (Informe del Banco Mundial, 2020) se impulsa una presión extractivista sobre los territorios de América Latina que cuentan con estos recursos, trasladando los costos socioambientales, vulnerando derechos y despojando poblaciones, que multiplican conflictos ecológicos-distributivos característicos de los procesos de injusticia ambiental en nuestra región.
El “capitalismo verde” es hoy el patrón de acumulación (Tesla, compañía insignia de la electromovilidad estadounidense, aumentó 700% su capitalización bursátil en el año 2020) y se expande como foco privilegiado de inversión e innovación, una dinámica que llamamos “acumulación por desfosilización”. Esta torsión, que venía gestándose de manera subterránea y ambigua, obtuvo una visibilidad y predominio durante la pandemia, fundamentalmente porque lo que se encuentra tras ella es la vinculación entre cambio ambiental global y “gran aceleración” en el camino hacia la extinción de la biósfera. Pero este apuro y velocidad de apuntalar el capitalismo verde obedece, antes que nada, a que el “mundo atlántico”, hegemón indiscutible desde el siglo XV, percibió su lugar rezagado en una carrera contra la República Popular China, donde desde el año 2008 el PC de China se orientó al dominio del nuevo paradigma energético.
De esta forma, el “gigante asiático” decidió entrar a la industria más grande del mundo, la automotriz, por la vía de la electromovilidad, dominando en la actualidad casi el 50 por ciento de la producción mundial. También es el principal productor y mercado de paneles solares, molinos eólicos, energía hidráulica, energía nuclear, y como corolario apuesta a descarbonizar su economía para el 2060: la “larga marcha ambiental” hacia una “civilización ecológica”. En definitiva, se desata una competencia interimperial en nuevas condiciones: escasez de recursos, agotamiento de la sociedad fósil, peligro de colapso ecológico y civilizacional.
¿De quién y para quién es el litio en territorio sudamericano?
El Sur global ha sido desde la colonización, fuente de recursos naturales, territorio de expansión de la acumulación y zona de dominio e intercambio en provecho del Norte global, para ello se han desplegado estrategias múltiples que en la actualidad asumen las formas del fomento a la libre acción del capital, la financiarización de los recursos y la economía, la intervención tecnológico-cultural y la injerencia directa –aunque a través de mediaciones obvias– sobre las políticas internas de las naciones, cuando no la apelación la lisa y llana a la militarización.
Los países del “Triángulo del Litio” conformado por Argentina, Chile y Bolivia poseen en sus salares altoandinos un 53% de las reservas globales y cerca de un 58% de los recursos (USGD, 2021) de este elemento. Chile es el segundo exportador mundial –luego de Australia–, con más de cuatro décadas de explotación de este recurso en el Salar de Atacama por las firmas SQM y Albemarle. En este país el litio fue declarado estratégico en los años 70, quedando la negociación de los contratos en manos del Estado por medio de instituciones centrales como la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), en el marco de la expansión de una normativa neoliberal que propició el monopolio de su extracción por parte de estas dos firmas hasta la actualidad.
En el año 2015, durante el gobierno de Michelle Bachelet, la Comisión Nacional del litio realizó una serie de propuestas destinadas a incrementar la captación de renta: impuestos que llegan al 40 de la ganancia, la obligación a las firmas de vender un 25% de litio al mercado interno (que aún no ha sido concretada), el destino de fondos para la investigación, el incremento del porcentaje de pagos para las comunidades en la renegociación de los contratos, aún en el marco de una nueva ingeniería jurídica neoliberal para la expansión minera (OLCA, 2020). Sin embargo, la ampliación del tiempo de los contratos y extensión de la faena extractiva de los proyectos en Atacama, zona declarada en emergencia hídrica, sumado al avance en el año 2020 –y en medio de la pandemia– de la frontera extractiva de litio hacia nuevos salares, perpetúan los rasgos de un perfil exportador, con armazón de políticas neoliberales de un Estado históricamente subsidiario. Además, las empresas insisten en no cumplir con la normativa.
Argentina por su parte posee el marco normativo más favorable al capital trasnacional, los problemas de la inexistente regulación específica para el litio, la provincialización de los recursos sancionada en 1994, el Código de Minería que rige la actividad y la Ley de inversiones mineras, constituyen un freno real a una captación de renta por parte del Estado. Las empresas deben aportar sólo un 3% del valor en boca de mina (con base a declaraciones juradas realizadas por las mismas firmas) a las provincias, devengando costes y siendo a su vez compensadas por reintegros de exportación que les brinda la Nación. Hay una lógica de disputa interprovincial por tornarse “atractivo” para los proyectos extractivos, y los escasos controles en materia ambiental redundan en altísimos márgenes de autonomía para el capital trasnacional, al cual se le permite desde el descenso de agregado de valor, hasta la posibilidad de venderse el litio a sus propias filiales internacionales a precios menores a los del mercado global. En la actualidad, este país se apresta a expandir aún más la extracción de litio en manos de corporaciones globales, dado que existen más de 58 proyectos de capitales transnacionales –en sus diversas etapas– en los diferentes salares de la puna argentina; y si bien los dos proyectos actuales (Livent en el Salar de Hombre Muerto en Catamarca y Sales de Jujuy, en Jujuy) exportan en la actualidad 40 mil toneladas de carbonato de litio, los 16 proyectos que se encuentran en etapas más avanzadas comportan un potencial de exportación de 305 mil toneladas de carbonato de litio anuales (Secretaría de Minería Argentina, octubre 2020). Este esquema expresa los límites concretos y la escasa voluntad política en torno a una planificación estratégica integral para el caso del litio y atenta contra cualquier impulso de soberanía tecnológica en las áreas productivas vinculadas con el paradigma productivo post-fósil.
El caso de Bolivia es el más paradójico y atrayente, fue el país que más orgullosa y dignamente ha reafirmado su capacidad soberana, poseyendo el Estado Plurinacional el 100 por ciento del control de la cuestión litífera desde el año 2007, bajo el gobierno del MAS en fuerte articulación con sindicatos campesinos del sudoeste potosino. Empero, persistentes dificultades con la técnica de extracción, sumado a un conjunto de presiones económicas y políticas externas e internas, no le han permitido a Bolivia despegar en la producción como se hubiera proyectado. Si bien se consideran cumplidas las dos primeras fases del mismo –al menos en escala piloto o media–, la tercera de ellas, referida a la elaboración de material catódico en la confección de partes de la batería en Bolivia se enfrentó a no pocas vicisitudes. Pese a ello, desde su génesis largamente ligada a las propuestas emanadas desde territorios potosinos y hasta el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019 y la instalación de un gobierno de facto, el plan de industrialización del litio expuso una lógica de ruptura con los patrones norte-sur, cuestionando para el caso del litio la inserción subordinada de Bolivia en la división internacional del trabajo, no sólo por medio de una mera captura de renta sino en el control estatal sobre la extracción de las sales básicas, el encadenamiento de trabajo, tecnología y conocimientos del país andino.
En suma, pese a contar con el mayor caudal de recursos de un elemento químico indispensable para la transición energética, el “Triángulo del Litio” no logra sortear el lugar subordinado en el concierto mundial; el retraso tecnológico general –entre otros factores– impide situarse a partir de una participación en la puja global de mercancías e inhibe la capacidad para desplegar procesos de crecimiento endógenos, autocentrados, con vistas a un modelo de posdesarrollo local. Esa bella nominación de “excedente infecundo” con la que René Zavaleta Mercado describió a su Bolivia minera aún marca nuestro presente.
Las matrices socio-económicas sudamericanas, con sus distancias y matices, han profundizado su heterogeneidad estructural, así como su incapacidad de crecer a partir de eslabonamientos locales, y lo que sucede con el litio es un indicio de férrea continuidad con el deterioro de los términos de intercambio sin transformaciones radicales. La incapacidad de articulación regional para un marco regulatorio e incluso la configuración de un mercado para el litio resulta unos de los mayores problemas en la región.
El escenario encuentra una nueva apertura desde que el gobierno mexicano, por medio de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador han anunciado la decisión de convertir a este recurso en estratégico. El proyecto que se tiene en Sonora (al norte del país), uno de los más grandes en términos de reservas, pero cuya capacidad extractiva de litio en arcilla genera no pocas controversias, vuelve los ojos hacia este país que además cuenta con un acervo científico tecnológico bajo el cual amparar un impulso industrial soberano. La pregunta que atraviesa el nuevo escenario actual es si será México capaz de reinscribir su política para con este recurso en una perspectiva crítica con los errores o desaciertos de Chile y Argentina, desarticulando la vasta presión corporativa y llevando a cabo una política de nacionalización que recupere las apuestas y sortee los obstáculos que ha debido enfrentar Bolivia hasta aquí.
El futuro que se abre entonces es uno difícil, por lo demás. De un lado, la situación del litio indica el modo en cómo se está estructurando una neodependencia en el patrón tecnológico naciente, donde la región intensifica su perfil extractivo-colonial, bajo la dinámica tentacular corporativa. En paralelo, esa inserción refuerza la debacle de los procesos de modernización desarrollista arrastrados desde la segunda mitad del siglo XX, en el que algunos de los últimos gobiernos progresistas que gobernaron la región en el ciclo político pasado bregaron por recuperar senderos mercadointernistas, redistributivos e industrialistas a la vieja usanza, pero signados por estructuras económicas y políticas fuertemente dependientes del ciclo de los commodities y la continua reprimarización de las economías.
El predominio de las corporaciones extractivo-financieras, en el marco de la crisis económica actual, profundiza las brechas de pobreza y desigualdad social, precariza territorios y vulnera derechos, consolida una “sociedad a-social”, escindida de sí misma en la profundización de la depredación de la naturaleza como fuente de vida a cuidar. La precarización, la militarización, la presión sobre los bienes comunes, el riesgo y destrucción que trae consigo el cambio ambiental global abonan la idea de un futuro cada día más distópico, sólo posible de ser resistido por las fuerzas sociales del amplio campo popular y el conjunto de las clases subalternas en nuevos repertorios de lucha leales a aquellos ya inaugurados en el marco del ciclo de resistencias antineoliberales. Ahora estas pugnas se libran en escenarios de radicalización de fuerzas conservadoras de las nuevas derechas o viejas rancias y recicladas en la región, que se caracterizan por el negacionismo sobre la relación inherente entre injusticia social y ambiental, en el límite del desprecio a la vida colectiva y la gobernanza desde la necropolítica.
Bibliografía
Agencia Internacional de Energía (2021). The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. S/ D.
GyBC (2019) Triángulo del litio. Un área de disputa estratégica entre potencias globales en nombre de la transición energética. Informe del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes. Instituto de Estudios de América Latina y El Caribe, diciembre de 2019.
Fornillo, Bruno (Coord.) (2019). Litio en Sudamérica. Geopolítica, Energía y Territorios. Editorial El Colectivo, CLACSO. Buenos Aires.
OLCA, (2020), Institucionalidad del diálogo territorial. La privatización del diálogo. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Santiago de Chile.
U.S. Geological Survey (2021) “Mineral Commodity Summaries 2021” U.S. Department of the Interior. United States of America.
