El mandato de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil ha promovido el mayor retroceso en la protección social y ambiental en la historia de nuestra nación. Desde que llegó al poder en enero de 2019, Bolsonaro ha liderado un ataque contra las agencias gubernamentales y los marcos legales diseñados para proteger los bosques y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, arrastrando a Brasil a los días de las políticas asimilacionistas, que creíamos que habíamos dejado. Hace más de tres décadas con la promulgación de la Constitución de 1988.

El resultado fue mucha destrucción ambiental y sufrimiento humano. La deforestación en la Amazonía aumentó en más del 70% durante su presidencia. También se intensificaron los conflictos violentos por la tierra y las invasiones ilegales de territorios indígenas y otras áreas protegidas. Un número récord de indígenas fueron asesinados.

No es exagerado decir que el destino de la Amazonía depende del resultado de nuestras elecciones. Si Bolsonaro gana otro mandato, la selva tropical más grande del mundo podría llegar a su punto de no retorno. Si pierde, tenemos la oportunidad de sacar al Amazonas y a Brasil del límite. Si consideramos la importancia de la Amazonía para el clima global y una gran parte de la región que está en Brasil, podemos decir que las elecciones brasileñas son uno de los eventos climáticos más importantes del año.

El nuevo gobierno tendrá grandes desafíos que no se restringen al país. Resolver qué hacer con el acuerdo comercial que la Unión Europea (UE) cerró con el bloque de naciones Mercosur —Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— en 2019, está entre ellos. El acuerdo tiene consecuencias potencialmente negativas para los derechos de los pueblos indígenas, así como la deforestación en la Amazonía, el Cerrado y nuestros otros preciosos biomas.

El acuerdo aprobado por Mercosur durante la administración de Bolsonaro, luego de 20 años de negociaciones, reduciría los aranceles por valor de miles de millones de euros al año sobre bienes importados a la UE desde Brasil y otros países del Mercosur. Su proceso se estancó en 2020, en parte debido a la preocupación de que intensificaría el acaparamiento de tierras y el daño ambiental por producir más soya y carne. La UE ha propuesto una carta paralela al acuerdo con garantías medioambientales, pero aún no se ha redactado. Mientras tanto, el parlamento europeo aprobó una legislación contra la deforestación en septiembre pasado, lo que podría influir en la discusión de las salvaguardias del acuerdo. Pero aún hay un largo camino por recorrer.

Lula indicó que quiere reabrir las negociaciones, construyendo más protecciones climáticas, ambientales y de derechos humanos. También quiere concesiones de la UE en la promoción del desarrollo de la industria brasileña. Esta es una preocupación de los trabajadores, que son su base histórica han brindado apoyo. Junto con varios grupos de la sociedad civil, que durante mucho tiempo se han opuesto al acuerdo comercial UE-Mercosur.

De hecho, el nuevo gobierno debería consultar a los movimientos de base y a la sociedad civil de Brasil sobre el acuerdo. Hasta ahora, la UE no ha prestado suficiente atención a estos grupos, a pesar de que han demostrado ser un pilar muy importante de la democracia, y un baluarte contra su erosión, en los últimos años. Sus preocupaciones ambientales y sociales bien fundadas deben abordarse mediante acciones concretas.

El tema más urgente es combatir las actividades ilegales que Bolsonaro ha permitido que florezcan. Bajo su mando, las bandas criminales tuvieron vía libre para saquear la Amazonía: para la minería, la pesca, el narcotráfico y otras actividades depredadoras. Aquellos percibidos como obstáculos para sus actividades, incluidos Bruno Pereira, Dom Phillips y varios indígenas como el guardián forestal Paulo Paulino Guajajara, pagaron el precio final.

Los delincuentes operan en gran medida con el apoyo de autoridades locales corruptas. Ahora hay 10,000 kilómetros de caminos ilegales en la Amazonía y han proliferado las armas y la violencia. Sabemos que aquellos cuyas actividades criminales prosperaron bajo Bolsonaro no se detendrán simplemente porque haya un nuevo gobierno. Además, incluso si Bolsonaro acepta la derrota, todavía tiene dos meses en el cargo antes de entregar el poder, tiempo suficiente para causar más estragos. Esto podría incluir la aprobación de una serie de proyectos de ley dañinos, incluido uno relacionado con el uso de territorios indígenas para la minería, uno que debilita las regulaciones de licencias ambientales y un proyecto de ley que regulariza el acaparamiento de tierras. Y todo aumentará la amenaza de deforestación en la Amazonía y legalizará las actividades actualmente ilegales.

Las encuestas electorales aún apuntan a la ventaja de Lula para la segunda vuelta. Declarado presidente, su gobierno enfrentará este aluvión de desafíos, además de la presencia de líderes conservadores vinculados a Bolsonaro en el Congreso Nacional, entre ellos el exministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, elegido por São Paulo con una importante votación.

La buena noticia de la primera vuelta electoral fue la ampliación de la presencia indígena en la Cámara de Diputados. El movimiento indígena obtuvo dos escaños, con Sonia Guajajara (PSOL-SP) y Célia Xakriabá (PSOL-MG). Joênia Wapichana (Rede-RR), la primera diputada federal indígena de Brasil no logró ser reelecta, a pesar de aumentar en más de un tercio la votación obtenida en elecciones anteriores. Fue la sexta más votada en su Estado, pero la federación de partidos por la que se postuló, entre Rede y PSOL, no alcanzó el cociente electoral necesario para ocupar una vacante. Otro destaque para la cuestión socioambiental fue la elección de la exministra Marina Silva, también por São Paulo. Como resultado, si bien no hay mayor renovación o cambio en la correlación de fuerzas, se puede esperar un debate de mayor calidad sobre los temas de sostenibilidad socioambiental y justicia climática.

El desprecio del gobierno de Bolsonaro por estos temas terminó por llevar esta discusión al proceso electoral como nunca. A pesar de toda la destrucción y violencia que hemos vivido en los últimos años, en la sociedad civil brasileña hay un sentido de esperanza y orgullo. Esperanza de un futuro democrático para nuestro país y orgullo, porque Bolsonaro no pudo hacer ni la mitad de lo que quería, en gran parte por la resistencia y fuerza de los movimientos, líderes y activistas de la sociedad civil.

 

O DESTINO DA AMAZÔNIA DEPENDE DO RESULTADO DA ELEIÇÃO DO BRASIL

O mandato de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil promoveu o maior retrocesso nas proteções sociais e ambientais na história de nossa nação. Desde que chegou ao poder em janeiro de 2019, Bolsonaro liderou um ataque contra as agências governamentais e estruturas legais destinadas a proteger as florestas e os direitos dos povos indígenas e afrodescendentes, arrastando o Brasil de volta aos dias de políticas assimilacionistas, que pensávamos ter deixado para trás há mais de três décadas, com a promulgação da Constituição de 1988.

O resultado disso foi muita destruição ambiental e sofrimento humano. O desmatamento na Amazônia aumentou mais de 70% durante sua presidência. Conflitos violentos de terra e invasões ilegais de territórios indígenas e outras áreas protegidas também escalaram. Um número recorde de indígenas foi assassinado.

Não é exagero dizer que o destino da Amazônia depende do resultado de nossas eleições. Se Bolsonaro ganhar mais um mandato, a maior floresta tropical do mundo pode atingir seu ponto de não retorno. Se ele perder, temos a chance de tirar a Amazônia — e o Brasil — da beira do precipício. Se considerarmos a importância da Amazônia para o clima global, e grande porção da região que está no Brasil, podemos dizer que as eleições brasileiras são um dos mais importantes eventos climáticos do ano.

O novo governo terá grandes desafios que não se restringem ao país. Resolver o que fazer com o acordo comercial que a União Europeia (UE) fechou com o bloco de nações do Mercosul — Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai — em 2019, está entre eles. O acordo tem consequências potencialmente negativas para os direitos dos povos indígenas, bem como para o desmatamento na Amazônia, o Cerrado e nossos outros biomas preciosos.

O acordo foi aprovado pelo Mercosul durante a gestão Bolsonaro, após 20 anos de negociações, reduziria tarifas no valor de bilhões de euros por ano sobre bens importados para a UE do Brasil e de outros países do Mercosul. Sua tramitação travou em 2020, em parte devido a preocupações de que intensificaria as apropriações de terras e os danos ambientais da produção de mais soja e carne bovina. A UE propôs uma carta paralela ao acordo com garantias ambientais, mas ainda não a redigiu. Enquanto isso, o parlamento europeu aprovou uma legislação anti desmatamento em setembro último, que pode influenciar a discussão das salvaguardas do acordo. Mas, ainda há um longo caminho a trilhar.

Lula indicou que quer reabrir as negociações, construindo mais proteções climáticas, ambientais e de direitos humanos. Ele também quer concessões da UE na promoção do desenvolvimento da indústria brasileira. Essa é uma preocupação dos trabalhadores, que são sua base histórica de sustentação. Juntamente com vários grupos da sociedade civil, que há muito se opõem ao acordo comercial UE-Mercosul.

Aliás, o novo governo deve consultar os movimentos de base e a sociedade civil do Brasil sobre o acordo. Até agora, a UE não prestou atenção suficiente nesses grupos, apesar de terem se mostrado um pilar tão importante da democracia — e um baluarte contra sua erosão — nos últimos anos. Suas preocupações ambientais e sociais bem fundamentadas devem ser abordadas por meio de ações concretas.

A questão mais urgente é combater as atividades ilegais que Bolsonaro permitiu florescer. Sob seu comando, gangues criminosas tiveram rédea solta para saquear a Amazônia: para mineração, pesca, tráfico de drogas e outras atividades predatórias. Aqueles percebidos como obstáculos às suas atividades — incluindo Bruno Pereira, Dom Phillips e vários indígenas, como o guardião da floresta Paulo Paulino Guajajara — pagaram o preço final.

Os criminosos operam em grande parte com o apoio de autoridades locais corruptas. Existem agora 10.000 quilômetros de estradas ilegais na Amazônia, e as armas e a violência proliferaram. Sabemos que aqueles cujas atividades criminosas prosperaram sob Bolsonaro não vão simplesmente parar porque há um novo governo. Além disso, mesmo que Bolsonaro aceite a derrota, ele ainda terá dois meses no cargo antes de entregar o poder — tempo suficiente para causar mais estragos. Isso pode incluir a aprovação de uma série de projetos de lei prejudiciais, incluindo um relacionado ao uso de territórios indígenas para mineração, um enfraquecendo o regulamento de licenciamento ambiental e um projeto que regulariza a grilagem de terras. E todos aumentarão a ameaça de desmatamento na Amazônia e tornarão atividades atualmente ilegais em legais.

As pesquisas eleitorais ainda apontam vantagem de Lula para o segundo turno. Declarado presidente, seu governo enfrentará essa enxurrada de desafios, além da presença de lideranças conservadoras ligadas à Bolsonaro no Congresso Nacional, incluindo o ex-Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, eleito por São Paulo com uma expressiva votação. 

A boa notícia do primeiro turno das eleições foi a ampliação da presença indígena na Câmara dos Deputados. O movimento indígena conquistou duas cadeiras, com Sonia Guajajara (PSOL-SP) e Célia Xakriabá (PSOL-MG). Joênia Wapichana (Rede-RR), a primeira deputada federal indígena do Brasil, não conseguiu se reeleger, apesar de ampliar em mais de um terço a votação obtida nas eleições anteriores. Ela foi a sexta mais votada em seu estado, mas a federação partidária pela qual se candidatou, entre Rede e PSOL, não alcançou o necessário quociente eleitoral para ocupar uma vaga. Outro destaque para a questão socioambiental foi a eleição da ex-Ministra Marina Silva, também por São Paulo. Com isso, apesar de não haver uma grande renovação ou mudança na correlação de forças, pode-se esperar um debate de mais qualidade sobre os temas da sustentabilidade socioambiental e da justiça climática.

O descaso do governo Bolsonaro com essas questões acabaram por trazer essa discussão para o processo eleitoral como nunca antes havia acontecido. Apesar de toda a destruição e violência que vivenciamos nos últimos anos, na sociedade civil brasileira há um sentimento de esperança e orgulho. Esperança de um futuro democrático para o nosso país e orgulho, porque Bolsonaro não conseguiu fazer metade do que queria, em grande parte devido à resistência e força de movimentos, lideranças e ativistas da sociedade civil.