Introducción

En la democracia representativa, los partidos políticos poseen funciones neurálgicas: 1) movilizan el descontento o la aprobación de la ciudadanía hacia las urnas, y no a través de las armas u otros medios violentos; 2) certifican y seleccionan candidatos que, al obtener alguna elección, pueden convertirse en líderes; 3) ofertan soluciones a los problemas públicos más relevantes, a la hora de agregar demandas del ciudadano en tiempos electorales y 4) conforman los diferentes niveles de poder.  

Aunado a ello, al interior de los partidos políticos se toman decisiones importantes que influyen en la vida del ciudadano común una vez que se conforman gobiernos y legisladores, aunque muchas de ellas —como la selección de dirigentes, la conformación de plataformas y la designación de candidatos— no suelen ser democráticas. A esto se suma que, pese a su importancia, se trata de instituciones mal evaluadas. Así, planteado lo anterior, surgen las siguientes interrogantes: ¿cuál es el nivel de control político en su interior? ¿Qué posibilidad tienen los militantes de controlar a sus dirigentes con base en los estatutos? 

El presente trabajo plantea la falta de reglamentación y funcionalidad al interior de los partidos, y en el control político del militante al dirigente. Para demostrarlo, en primera instancia, reflexionaremos en torno a la importancia de los estudios sobre los partidos. Posteriormente, analizaremos la categoría de “democracia interna” en la actualidad y mostraremos evidencia sobre la pertinencia del control político, así como la construcción de índices que dan cuenta de la situación al interior de los dos partidos más antiguos y los más exitosos: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Todo ello, para dar luz sobre las diferencias y similitudes en torno al control político, a partir de sus estatutos.

Los partidos (y sus líneas de investigación) en la democracia representativa

Los partidos políticos son esenciales en la democracia. Entre sus funciones nodales se encuentra el reclutamiento político, la movilización del descontento o la aprobación hacia las urnas, la canalización de las demandas ciudadanas y la conformación de gobiernos y legislativos en distintos niveles. 

La reforma político–electoral de 2014 permitió ejercicios ligados a la democracia participativa (la iniciativa y la consulta popular), así como la concesión de mecanismos para una rendición de cuentas vertical (reelección legislativa y municipal), y la implementación de candidaturas ciudadanas en 2012. A pesar de ello, los partidos configuraron un oligopolio virtual en torno a la representación política a casi diez años de distancia.  Dicho de otro modo: siguen siendo trascendentales para la democracia mexicana. 

No obstante, la evaluación que hace la ciudadanía a las instituciones que tienen a su cargo funciones esenciales del engranaje democrático no favorece su imagen. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica de 2020, el 76.4% de la población mayor de quince años tiene poca o nula confianza en los partidos políticos, y el 38.3% de la población de 30 a 58 años no confía en los senadores y diputados federales (INEGI, 2020). Lo anterior muestra que la ciudadanía no se siente cercana a dichas instituciones ni a quienes emanan de sus filas y tienen a su cargo la toma de decisiones centrales. En esa tesitura, resulta esencial reflexionar sobre la pertinencia de los partidos políticos, dado que tienen a su cargo funciones fundamentales para la democracia. De ahí que la Ciencia Política se diera a la tarea de analizar a los partidos políticos desde distintas arenas o ámbitos de acción. 

Inicialmente, los partidos son actores esenciales en la competencia electoral por los cargos públicos y aquella ha sido una línea de investigación muy productiva. En México, esto se entiende en virtud del proceso de transición a la democracia mediante el cual los partidos, poco a poco, gracias a los cambios en el sistema electoral, fueron ganando espacios legislativos y de gobierno hasta conformar un sistema pluralista moderado, que dejó atrás el sistema de partido hegemónico que nos caracterizó desde la década de los cuarenta del siglo XX (Ramírez, 2021; Díaz, 2019).

En la disciplina existen análisis, solo por mencionar algunos temas, sobre alternancias y realineamientos electorales a nivel nacional y subnacional (Bravo-Ahuja et al., 2021), que dan cuenta del crecimiento de la competitividad y centralidad de los procesos electorales. De igual forma, desde 2018, son más constantes y necesarios los trabajos en torno a las alianzas electorales, que denotan nuevas estrategias en la búsqueda de los cargos públicos (Reynoso y Espinosa, 2018). En consonancia, existen investigaciones que se interesan por examinar la interacción de los partidos derivados de su competencia; algunos exploran coyunturas clave como la elección de 2018 (Prud'homme, 2020), otros rastrean el cambio en la dinámica del sistema de partidos en lapsos amplios (1994-2018) (Reyes del Campillo, 2021) y algunos más reflexionan en torno a sus bases socioterritoriales (Sonnleitner, 2024). 

Por otro lado, los partidos han sido analizados más allá de la arena electoral, tratando de reflexionar sobre el ejercicio de gobierno y su desempeño en el Poder Legislativo. Se trata de áreas importantes, pues su trascendencia es, aunque no siempre evidente, vital en el día a día del ciudadano. Por eso indagar cómo gobiernan resulta fundamental para comprender su incidencia en la resolución de problemas públicos y, por consiguiente, algunas líneas de investigación relevantes son el estudio sobre el cumplimiento de las promesas electorales; los intentos por resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía (Morales, 2005; Arellano, 2008) y la rendición de cuentas a esta sobre lo que hicieron en su gestión (Zamitiz, 2023). Así pues, los distintos niveles de gobierno son cada vez más escrutados en función del sello y papel que juegan estas agrupaciones políticas. 

En otro orden de ideas, el rol de los partidos en el poder legislativo, local o federal, cobró interés de igual manera, sobre todo desde la emergencia de los gobiernos divididos, cuando la oposición ganó una enorme centralidad en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahí se observó la forma en que los partidos logran acuerdos y consensos para evitar la parálisis legislativa o cómo se dan cambios en torno a la representación parlamentaria y la política pública (Bejar, 2018), qué intereses defienden los legisladores (Tule, 2011) y qué tanto influyen los grupos de interés en ello (Solís y Cortez, 2019). En consecuencia, el rol de los partidos en el Legislativo cobra mayor relevancia, ya que se trata de un espacio idóneo para que, luego del conflicto y el consenso, se tomen decisiones con el objetivo de incidir en los problemas públicos. 

Finalmente, un área que ganó atención para los estudiosos es lo que ocurre al interior de los partidos políticos, considerados como entidades con prerrogativas sociales (tiempo en medios, dinero público, entre otras). Por ende, se ha analizado cómo seleccionan dirigentes (Bolívar, 2017; Espejel y Díaz, 2022) y candidatos (Freidenberg y Dosek, 2016; Bolívar, 2020) y qué tan democráticas son tales decisiones —si bien ha cobrado cada vez mayor interés el perfil del militante al interior de los partidos (Muñoz-Armenta et al., 2013), así como su papel en las principales decisiones y las herramientas con que cuenta para que sus dirigentes le rindan cuentas (Espejel y Navarrete, 2023)—.

Democracia interna, tema añejo, problemas persistentes

La relación entre militantes y dirigentes ha sido estudiada por muchos años. Hace más de un siglo, Michels (2017) y Ostrogorski (2008) plantearon que el principal dilema organizacional era la sujeción del militante al dirigente, y de éste a la organización. Ambos, con cierto pesimismo, observaron que el dirigente se sobrepuso ante el militante sin control de por medio: las principales decisiones del partido eran tomadas por el primero, con poca o nula influencia de los segundos. Michels acuñó la “ley de hierro de la oligarquía” para referirse a los individuos que, una vez salidos de la base obrera, se alejan de la militancia y conforman un grupo compacto que se encargará de tomar las decisiones en su beneficio y en detrimento de la militancia; Ostrogorski, en cambio, planteó que el principal problema de la democracia eran los partidos políticos, los cuales debían desaparecer y ser sustituidos por ligas de votantes, reunidas para fines electorales. 

Es cierto que los trabajos organizativos sobre partidos políticos durante el siglo XX no tuvieron como único foco de análisis la relación entre dirigentes y militantes, pero lo cierto es que los tipos de partidos acuñados incorporaron aspectos relevantes. Para muestra, un botón: el partido de masas de Duverger (2012) planteaba una relación cuasi virtuosa entre dirigentes y militantes, donde el militante, al financiar el partido, estaba preparado —políticamente hablando— para controlar a los gobernantes mediante los dirigentes. En cambio, el partido atrapa-todo de Kirchheimer (1980) mostraba que los militantes fueron perdiendo peso e influencia en las decisiones internas, dada la proclividad del partido a buscar el mayor número de votantes y, por consiguiente, su imperiosa necesidad de llevar a cabo campañas a través de los medios de comunicación. 

Este dilema organizativo se recuperó en los albores del siglo XXI bajo la categoría de “democracia interna”. Al respecto, su análisis se puede dividir en tres grandes perspectivas: 

1. La primera, de corte descriptivo, se enfoca en dilucidar lo que puede ser la democracia al interior de los partidos. En dicha perspectiva, se tiende a analizar los estatutos para determinar qué tan democrático es o no el partido (García, 2008).
2. La segunda se enfoca en los procesos de toma de decisiones al interior de los partidos políticos —es decir, reflexiona quiénes participan y cómo se toman las decisiones (Reveles, 2008)—. 
3. La tercera, de corte prescriptivo y a la que se adscribe el presente trabajo, amplía las dimensiones e indicadores, al tiempo que agrega el control político, que no se incluye en las otras. Se trata de los estudios sobre el deber ser de la democracia interna, que parte de una premisa: no basta con que la militancia participe en las decisiones previamente mencionadas; se requiere la implementación de mecanismos mediante los cuales se imponga control hacia los dirigentes. 

A parte de lo dicho, existen definiciones minimalistas y maximalistas. En el caso de las primeras, normalmente incluyen un número reducido de dimensiones e indicadores; por citar un caso, Freidenberg y Dósek (2016, p. 370) asumen que un partido será democrático en función de la presencia o no de la competitividad, la descentralización de la nominación y la inclusión de los actores en la selección de candidato presidencial. Dentro de las definiciones maximalistas, Navarro propone una compuesta de dos dimensiones: en primer lugar, la inclusión de los militantes en la toma de decisiones (seleccionar dirigentes o candidatos, confeccionar plataformas, etc.) y, en segundo lugar, el control político (de los militantes hacia los dirigentes), así como el respeto a los derechos fundamentales de los militantes (los de libre manifestación de ideas, de asociación, de votar y ser votado, entre otros).

Navarro nutre el segundo punto de su definición con Schmitter y Karl cuando recupera la idea de la responsabilidad de los dirigentes frente a la militancia. Esto implica que los militantes cuenten con instrumentos para exigir responsabilidad a quienes se encarguen de tomar decisiones al interior del partido, tales como 1) remover a los dirigentes de sus puestos mediante algún procedimiento debidamente estipulado en los estatutos  (revocación de mandato); 2) limitarlos con el objetivo de que no se perpetúen en los cargos (mandato fijo e incompatibilidad), así como 3) salvaguardar los derechos básicos de los militantes, como el de asociación y de expresarse libremente (Navarro, 1999, p. 57). 

Lo anterior permite pensar que la democracia es un conjunto de reglas del juego (estatutos) que determinan quién y cómo se ejerce el poder intrapartidario, al tiempo que evitan que las dirigencias partidistas marginen el parecer de la mayoría para favorecer su propio interés (Navarro, 1999, p. 76).

El control político: ¿qué es, para qué sirve y cómo se observa?

Para clarificar el nivel de control político justamente se construyó el Índice de Control Político (ICP) basado en cinco dimensiones. Todas y cada una de ellas poseen un continuum de posibilidades, en función de la realidad organizativa de los partidos:

Tabla 1. Índice de Control Político (ICP)

Fuente: Elaboración propia con base en Navarro (1999), Cárdenas (1992) y Espejel y Navarrete (2023).

Hagamos ahora las siguientes aclaraciones:

1. Revocación: se refiere a la posibilidad de rescindir a los dirigentes por su inadecuada gestión. En el nivel democrático, el militante contaría con los mecanismos necesarios para iniciar un procedimiento de revocación de mandato, mientras que en un contexto no democrático la dirigencia no tendría la obligación de rendir cuentas en ninguna circunstancia.
2. No reelección: esta dimensión se relaciona con la imposibilidad de que la clase dirigente se perpetúe en los cargos. De ahí que, en el extremo democrático ningún integrante de la dirigencia podría reelegirse y, por ende, perpetuarse en el poder mientras que en el no democrático, los miembros de la dirigencia podrían reelegirse indefinidamente
3. Incompatibilidad de cargos simultáneos: se relaciona con la imposibilidad de que los integrantes de la dirigencia del partido ocupen varios cargos al mismo tiempo, ya sea dentro o fuera de dicha organización, con el fin de evitar el acaparamiento de cargos. En el caso democrático, los miembros de la dirigencia no pueden ocupar dos o más cargos a la vez, mientras que en el no democrático no existe restricción alguna, y pueden acumular dos o más cargos al mismo tiempo. 
4. Periodo fijo: esta dimensión se relaciona con la duración del cargo de los integrantes de la dirigencia. En el contexto democrático, la dirigencia cuenta con lapsos cortos (tres años), y en el no democrático el estatuto no especifica la duración del período. 
5. Derechos de asociación y libre expresión: esta última dimensión se relaciona con dos derechos de primer orden en las democracias cuya importancia estriba en resguardar el libre debate de ideas y el pluralismo interno; tal es el caso del derecho a la libre expresión (incluso para disentir de la dirigencia) y el de asociación (para formar grupos al interior del partido y hacer política). En el nivel democrático, la organización protege ambos derechos y en el no democrático, el partido los vulnera, exaltando el deber de lealtad, la disciplina o la unidad interna.

El ICP tiene valores finales entre 0 y 10. El cero significa nulo control político de parte del militante, dado que, en este caso, los dirigentes pueden acumular cargos y perpetuarse en el poder, aunado a que predomina la unidad y disciplina partidaria sobre los derechos de la militancia. En contraste, el diez refiere al caso ideal, en donde la militancia controla a sus dirigentes mediante la posibilidad de revocar su mandato, prohibiendo la reelección, así como imposibilitando que acumulen cargos (además de mandatos fijos, y la prevalencia de la libertad de expresión y asociación sobre la disciplina y la unidad). 

Para analizar el control político al interior del PAN, PRI y Morena, partimos de comprender los estatutos como un marco normativo que estipula lo que se puede o no hacer dentro de los partidos, aunque aclaramos que la simple imagen estatutaria puede ser insuficiente. Lo que veremos a continuación es una primera aproximación y, aunado a ello, tomaremos en cuenta que los estatutos de los partidos, como reglas del juego, son la materialización de pugnas o negociaciones entre dirigentes, grupos y militancias. En adición, partimos de la hipótesis de que los dirigentes son actores autointeresados que harán lo posible por no ser controlados y mantendrán las riendas del partido para evitar el mayor número de mecanismos de control.

El control político al interior del PAN, PRI y Morena

La elección de 2024 fue un parteaguas en la política mexicana. El tablero político nuevamente cambió de forma: el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdió su registro a nivel nacional y el PRI fue desplazado al cuarto lugar como fuerza política superado por los partidos Morena, PAN y Movimiento Ciudadano. Morena y sus aliados lograron la titularidad del Poder Ejecutivo y obtuvieron una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, además de retener gubernaturas y obtener nuevas. 

Todo esto representa dilemas organizativos, sobre todo para quienes no resultaron ganadores y tienen ante sí la impronta de seleccionar dirigentes (PAN y PRI), de tal suerte que los partidos tienen ante sí la oportunidad de generar la circulación de élites mediante la apuesta por nuevos cuadros. Empero, no será así, al menos en el caso del PAN y el PRI, pues en el primero se perfila un actor político (Jorge Romero) cercano al dirigente actual (Meza, 2024), mientras que el actual dirigente del PRI podrá seguir en el cargo por medio de una reforma estatutaria (Ferri, 2024).

Tabla 2. El control político en los partidos más importantes en México

Fuente: Elaboración propia con base en PAN (2023), PRI (2023) y Movimiento de Regeneración Nacional (2019).

Por lo anterior, no extraña lo que se encontró al revisar los estatutos de los partidos y su acontecer cotidiano, en términos de control político. Como se puede ver en la Tabla 2, las evaluaciones son muy bajas, siendo solo una aprobatoria. También existen similitudes y diferencias que vale la pena resaltar: en el caso de la duración en el cargo de quienes ocupan el Comité Ejecutivo Nacional de cada partido, en los tres hay un mandato fijo similar, pues su duración es de tres años. Esto indica que los períodos de los dirigentes son cortos; no obstante, como veremos a continuación, en algunos partidos la reelección es tolerada, por lo que dichos mandatos pueden extenderse. La reforma estatutaria, recientemente aprobada en el mes de julio de 2024, hizo variar un poco la situación en el PRI, ya que a partir de entonces los integrantes de la dirigencia nacional y estatales durarán en su encargo cuatro años. 

Por otro lado, en torno a la posibilidad de ocupar varios cargos a la vez, ni en el Partido Revolucionario Institucional ni en el Partido Acción Nacional existe prohibición al respecto. En ese sentido, puede entenderse por qué Alejandro Moreno Cárdenas fue al mismo tiempo dirigente nacional y diputado federal (2021-2024). Pero, además, al interior del PRI la concentración de cargos se recrudece ya que el titular de la dirigencia también preside la Comisión Permanente del Consejo Político Nacional (CPN), que en el caso del PRI es el órgano ejecutivo deliberativo. 

Con lo anterior, el dirigente nacional del PRI detenta facultades importantes de manera unipersonal, tales como las siguientes: cuestiones políticas y organizativas; nombramientos de coordinadores parlamentarios; suscripción de convenios para frentes, coaliciones y candidaturas comunes; propuesta del proyecto de presupuesto anual del partido; ejercicio del derecho de atracción en los casos de crisis en las áreas de operativa del partido, y designación, con la ratificación del Consejo político Nacional, de los titulares de la Comisión Nacional de Ética Partidaria y la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. 

En lo que se refiere al PAN, el presidente del CEN lo es también del Consejo Nacional (órgano ejecutivo deliberativo), y de la Asamblea Nacional (órgano legislativo interno). Mientras, Morena niega estatuariamente tener dos cargos de manera simultánea; tal es el caso del actual dirigente Mario Delgado, quien solicitó licencia a su cargo legislativo para ejercer sus funciones, desde noviembre de 2020. Respecto a la posibilidad de remoción de dirigentes, se observa que solo en las normas del PRI no se incluye ningún artículo que aclare causales y procedimientos. Se trata, entonces, de un caso no democrático que, junto a la concentración de poder en el dirigente nacional, explica en parte la situación actual del Revolucionario Institucional. 

En el caso del PAN y Morena, es posible sustituir a los dirigentes mediante el Consejo Nacional, aunque en el blanquiazul se agrega que la propuesta de remoción es atribución del presidente del CEN. Por otro lado, en lo que respecta a la no reelección, se aprecia que, hasta antes de 2024, nada más el PRI la prohibía tajantemente. No obstante, la reforma estatutaria de julio de aquel año estipula que los dirigentes nacionales y estatales durarán en el cargo cuatro años, y que podrían ser electos hasta por tres períodos consecutivos. Esto ha planteado un panorama complicado para el PRI, al generar descontento y escisiones ante la posibilidad de que Alejandro Moreno se mantenga en la dirigencia del Revolucionario Institucional hasta 2032. 

Mientras tanto, en Morena los dirigentes pueden reelegirse en un periodo no consecutivo, lo cual no ha sucedido hasta el momento. Por otro lado, los miembros de la dirigencia en el PAN pueden reelegirse en un solo periodo consecutivo, lo cual ocurrió con Marko Cortés en octubre de 2021, cuando fue reelecto mediante el Consejo Político Nacional del partido blanquiazul.

Finalmente, en torno a los derechos de los militantes, se observa que el PAN incluye artículos cuya interpretación podrían violentar la libre expresión al interior del partido. Por ejemplo, una obligación del militante es “participar en forma permanente y disciplinada […] salvaguardar la buena fama pública y el prestigio del Partido, de sus dirigentes y militantes, y, en su caso, dirimir las controversias ante los órganos partidistas correspondientes” (PAN, 2024, p. 5). Además, la Comisión de Justicia, que tiene a su encargo resolver controversias sobre el cumplimiento de los estatutos en torno a la selección de candidaturas y dirigencias, es electa por el Consejo Nacional, previo a la propuesta por parte del dirigente nacional. 

En contraste con lo anterior, en Morena y el PRI se incluyen artículos cuya interpretación podría violentar los derechos de expresión y asociación: en el Partido Revolucionario Institucional, el CPN tiene la facultad de ratificar a los integrantes de la Comisión Nacional de Ética Partidaria que designe al presidente del partido. Esto no es menor, ya que dicha comisión tiene a su encargo resolver controversias estatutarias, por lo que, en ese rubro, el presidente del partido tiene un peso importante, al influir en quienes tengan que dirimir una controversia, por ejemplo, en torno a alguna modificación o violación estatutaria.  

Además de lo mencionado, el Partido Revolucionario Institucional cuenta con una instancia que, de entrada, parece novedosa, pues los demás partidos no la poseen: la Defensoría de los Derechos de la Militancia, un órgano de dirección del partido en el que el presidente del partido influye bastante, ya que tiene la facultad de nombrar al titular de la defensoría, con el aval del CPN. En adición, la expulsión en el PRI contempla entre sus causas “atentar, de manera grave, contra la unidad ideológica, programática y organizativa del Partido […] difundir ideas o realizar actos con la pretensión de provocar divisiones en el Partido” (PRI, 2024, p. 177). 

En cuanto a Morena, se estipula evitar la “denostación o calumnia pública” (Morena, 2024, p. 2), junto a la obligación de emitir quejas únicamente ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la cual es electa por el Consejo Nacional (órgano directivo deliberativo). Para complementar ello, es obligación del militante defender a sus dirigentes y velar por la unidad y fortaleza de la organización (Morena, 2024, p. 5). La conformación de corrientes o grupos internos es mal vista, de ahí que en Morena “no se admitirá forma de presión de grupos, corrientes o facciones, aunado a que para elegir al Consejo Nacional se prohíbe la creación de grupos o planillas” (Morena, 2024, p. 5).

Conclusiones

Para cerrar, se puede apreciar que el control político es una asignatura pendiente para los partidos en México que, en este caso, obtienen más votos y cargos, debido a que sus calificaciones denotan un bajo nivel de control político de parte de la militancia hacia sus dirigentes. Ahora bien, un matiz importante en torno a lo encontrado es el caso de Morena: si nos enfocamos en la institucionalización, según Panebianco (2009), sería un partido que brillaría por el incumplimiento de la regla formal. Esto nos invita a cotejar todos los artículos mediante casos concretos o mediante alguna encuesta aplicada a los actores clave que den cuenta del cumplimiento (o no) de la norma en todas las dimensiones incluidas en el ICP. 

Otro hallazgo que resulta relevante estriba en el caso de los derechos fundamentales y, sobre todo, en las obligaciones de simpatizantes, afiliados o militantes. Es fundamental plantear que la interpretación de dichos artículos (con llamamientos a la unidad, orden o disciplina) puede vulnerar los derechos aludidos, más cuando los encargados de impartir justicia se ven expuestos a la presión de los órganos ejecutivos, mediante su nombramiento (como ocurre en el PAN y el PRI). Por ende, es pertinente estudiar el control político al menos en dos pistas: la temporalidad, tratando de indagar en la evolución o involución del control político, y la recuperación de las percepciones de la militancia al respecto, pues se trata de un actor muy relevante que ha sido poco investigado, al menos en México. 

Bibliografía y fuentes consultadas

Algazi, L. (2018). Partidos políticos y políticas públicas. ¿Qué pasa con la representación parlamentaria en México? Estudios Políticos, 44, 41–64. http://buendiaylaredo.com/publicaciones/404/

Arellano, A. (2008). Gobiernos panistas e inseguridad pública en Jalisco. Desacatos, 26, 119–134.

Bolívar, R. (2017). Movimiento de Regeneración Nacional: democracia interna y tendencias oligárquicas. Foro Internacional, 228(2), 460–489.

Bolívar, R. (2019). Selección de candidatos al Poder Legislativo federal en México: el caso del partido Movimiento de Regeneración Nacional en el proceso electoral de 2018. Intersticios Sociales, 11(20), 287–312. https://orcid.org/0000-0001-6622-2093

Bravo-Ahuja, M., Martínez, G. y Ramírez, B. (2021). Política, partidos políticos y elecciones en México. Actualización de las historias regionales estatales 2013-2018. La Biblioteca, Universidad Nacional Autónoma de México.

Cárdenas, J. (1992). Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos políticos. Fondo de Cultura Económica.

Castillo, E. (12 de septiembre de 2024). El ine invalida la reelección de Alito Moreno como presidente del PRI. El País. https://elpais.com/mexico/2024-09-12/el-ine-invalida-la-reeleccion-de-alito-moreno-como-presidente-del-pri.html

Delgadillo, D. y Salinas, J. (2019). ¿Qué intereses se representan en el Congreso? Legisladores mexicanos con antecedentes en grupos de interés, 2006-2015. Perfiles Latinoamericanos, 27(53), 1–26. https://doi.org/10.18504/pl2753-013-2019

Díaz, O. (2019). El sistema de partidos mexicano después de la elección crítica de 2018. Desalineamiento, cartelización y desinstitucionalización. Estudios Sobre Las Culturas Contemporáneas, 25(5), 33–71.

Duverger, M. (2012). Los Partidos Políticos. Fondo de Cultura Económica.

Espejel, A. y Díaz, M. (2022). Tendencias organizacionales y democracia interna en los partidos políticos en México. Los casos del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y Morena. Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Espejel, A. y Navarrete, J. (2023). El control político en el interior de los partidos políticos en México en el siglo XXI, a partir de sus estatutos. Foro Internacional, 2, 251–284. https://doi.org/10.24201/fi.v63i2.2960

Ferri, P. (7 de julio de 2024). Alito Moreno cambia los estatutos del PRI para perpetuarse en la dirigencia. El País. https://elpais.com/mexico/2024-07-07/alito-moreno-cambia-los-estatutos-del-pri-para-perpetuarse-en-la-dirigencia.html 

Freidenberg, F. y Došek, T. (2016). La selección de candidaturas presidenciales en México. Una propuesta metodológica para medir el nivel de democracia interna de los partidos. Política y Gobierno, 23(2), 365–408.

García, I. (2008). La democracia interna y la situación actual en México. Justicia electoral, 1, 113–134.

González, L. (2011). Representación política en México: ¿qué intereses priman los diputados en los proyectos de ley que impulsan? Ponencia preparada para el iv Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, México, 30-31 de agosto y 1-3 de septiembre, 2011. https://www.ieepco.org.mx/biblioteca_digital/SOMEE%202011/%C3%81rea%20tem%C3%A1tica%206/Gonz%C3%A1lez%20Tule.%20Representaci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica...pdf

González, M. (2022). Las motivaciones de la militancia en los partidos políticos mexicanos. [Tesis que para obtener la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci) 2020.   https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encuci/2020/doc/ENCUCI_2020_Presentacion_Ejecutiva.pdf

Kirchheimer, O. (1980). “El camino hacia el partido de todo el mundo”. https://mcrcalicante.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/06/kirchheimer885916059.pdf

Meza, M. (23 de septiembre de 2024). Carrera por dirigencia del PAN: Jorge Romero promete estatutos y cercanía con ciudadanos. Radio Fórmula. https://www.radioformula.com.mx/nacional/2024/9/23/carrera-por-dirigencia-del-pan-jorge-romero-promete-reformar-estatutos-cercania-con-ciudadanos-834033.html 

Michels, R. (2017). Los Partidos Políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Amorrortu.

Montero, J., Gunther, R. y Linz, J. (2004). Partidos políticos. Viejos conceptos y nuevos retos. Trotta.  

Morales, M. (2005). Los gobiernos locales y los partidos políticos. Gestión y Política Pública, 14(2), 311–340.

Movimiento de Regeneración Nacional. (2019). Estatuto de Morena. https://www.dof.gob.mx/2019/INE/estatuto_morena.pdf

Muñoz-Armenta, A., Heras, L. y Pulido, A. (2013). Una aproximación a la militancia partidista en México: el caso de los partidos emergentes. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 63, 177–205.

Navarro, J. (1999). Partidos políticos y “democracia interna.”. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Panebianco, A. (2009). Modelos de partido. Alianza Editorial. 

PAN (2023). Estatuto del Partido Acción Nacional aprobado por la XIX asamblea nacional extraordinaria. https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/documentos/R9LNTXd0MbL0XhEj2sZ1m88nKrxTUZ.pdf

Pérez, R. (2022). Federalismo mexicano: gobierno dividido en la Cuarta Transformación. Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 7(31), https://doi.org/10.46652/rgn.v7i31.900

PRI (2023). Estatutos del PRI. https://pri.org.mx/ElPartidoDeMexico/NuestroPartido/Reglamentos.aspx

Prud'homme, J. (2020). Partidos y sistema de partidos en las elecciones mexicanas de 2018. Foro Internacional, 60(2), 397-450.

Ramírez, M. (2017). Reseña sobre “Saldos de la democracia. El ejercicio de gobierno del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal”, de Francisco Reveles Vázquez. Revista Mexicana de Sociología, 79, 1 (enero-marzo), 205–209. https://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v79n1/0188-2503-rms-79-01-00205.pdf

Ramírez, M. (2020). Transformaciones y actualidad del sistema de partidos mexicano. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 66(241), 443–446. https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2020.241.75437

Reveles, F. (2008). La democracia en los partidos políticos: premisas, contenidos y posibilidades. Instituto Electoral del Estado de México.

Reyes del Campillo, J. (2021). Cambios en el sistema de partidos: dimensiones y dinámicas de la competencia electoral en México (1994-2018). Universidad Autónoma Metropolitana.

Santiago, O. y Torres, I. (2023). The absence of an anti-hegemonic pre-electoral coalition in the State of Mexico’s Governorship. Convergencia, 30, 1–34. https://doi.org/10.29101/crcs.v30i0.19423

Sartori, G. (1992). Partidos y sistemas de partidos. Alianza Editorial.

Sonnleitner, W. (2024). Las bases socioterritoriales del sistema de partidos mexicano después de 2018. Estudios Sociológicos, 42(1), 1-37. 

Zamitiz, H. (2021). Un balance de gestión gubernamental: Enrique Peña Nieto (2012-2018). Bonilla Artigas.