Fuerzas Armadas y Policía, cometen desapariciones forzadas al amparo del decreto ejecutivo No 111, de 9 de enero del 2024, que declaró al Ecuador en “Conflicto Armado Interno” (CAI), no internacional. En este contexto, el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, denunció el cometimiento de 27 desapariciones forzadas, 16 casos tienen medidas cautelares y 9 corresponden a niños.

Es repugnante cómo se está criminalizando la pobreza y el perfilamiento a niños afro guayaquileños. Por su parte, las fuerzas armadas del Estado están entrenadas para combatir al enemigo interno: cuatro niños que estaban jugando fútbol, fueron detenidos arbitrariamente por una patrulla militar, posteriormente torturados y ejecutados extrajudicialmente según algunos diarios de circulación local.

Ante este panorama, es importante preguntarse: ¿Qué procedimientos están utilizando FF.AA., en los denominados “operativos”, en los que se utilizó cerca de doscientos efectivos militares, policiales y francotiradores, que ingresan abruptamente a barrios guayaquileños azotados por el empobrecimiento y el perfilamiento de ser étnicamente afros?. No hay respuesta, sólo un total silencio por parte del régimen de Noboa, mientras un enrarecido aire a hidrocarburos, hartazgo, al estridente ruido de cláxones de automóvil y de miedo se disemina en los barrios de Guayaquil, azotados por pobreza multidimensional, la exclusión histórica y discriminación constante.

Allí habitan niños que soñaron algún día vestir los colores de la camiseta de la selección de fútbol del Ecuador. Pero estas condiciones lacerantes no sólo en dichos barrios sino en amplias regiones del país, no son fortuitas, tampoco un error como manifestó el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. Pero las acciones de represión y hostigamiento de la población se manejan como respuestas a la delincuencia inherente a las condiciones de marginalidad. Así, se han cometido delitos de desaparición forzada, que configuran crímenes de Estado, cometidos por agentes del Estado, con el uso de vehículos y armas comprados/as con el dinero del pueblo ecuatoriano.

Si interpelamos a la memoria y la historia, nos encontramos con la desaparición forzada de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arismendi, ocurrida en el régimen neofascista de León Febres Cordero, el 8 de enero de 1988, en las perversas manos de la Policía, del denominado SIC10, en donde emergió una estructura represiva que tuvo asesoramiento de un exagente del Mossad israelí, Ran Gazit, cuyo objetivo fue eliminar terroristas, mismo manual aplicado en el régimen del presidente Noboa Azín.

El 8 de diciembre de 2024, se comete la desaparición forzada de los cuatro niños del barrio Las Malvinas, de Guayaquil, la culpa: su empobrecimiento, exclusión, discriminación, xenofobia, por ser niños afrodescendientes, en manos de una patrulla militar. Pero la narrativa oficial de Carondelet, posicionó y diseminó que eran delincuentes, que estaban robando. Nada más demencial e inherente a la Doctrina del Enemigo Interno.

Es preocupante este patrón de comportamiento, que desnuda las terribles violaciones de derechos humanos a las que viene atada la tortura, ejecución extrajudicial e incineración, caso específico de los cuatro niños del barrio Las Malvinas. Cabe señalar que el Bloque de Seguridad del régimen de Daniel Noboa Azín, pretendió ocultar lo ocurrido el 9 de enero.

De esta manera, resultan recurrentes estos nefastos actos, que están tipificados y penalizados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), así como en el Derecho Penal Internacional. Esto, en el contexto del escenario de las elecciones presidenciales, ha permitido aflorar con más recurrencia la intervención de las FF.AA., que no se inmutan cuando se tortura y comete juzgamiento extrajudicial, y tienen el control de las prisiones. Ellos llevan urnas y papeletas electorales, actas, y tienen el control interno y externo de los recintos electorales, lo cual genera muchas incertidumbres.

Este escenario en que se inscribe el proceso electoral presidencial del Ecuador, en el que se han presentado 16 candidatos/as, y se ha caracterizado por la polarización de las dos candidaturas más importantes. La de Luisa González, candidata perteneciente a la Revolución Ciudadana (RC5), cuyo líder histórico es el expresidente Rafael Correa Delgado y cuyo programa de gobierno se sustenta en la justicia social, el combate a la crisis de inseguridad, económica y política. Por ello propone un gobierno de la RC5, como ya lo hizo el expresidente Correa, durante una década que, con logros muy importantes, posicionó al Ecuador como uno de los países de mayor crecimiento económico en la región Latinoamericana. 

Aquí cabe destacar que el Ecuador se ha convertido en uno de los países más inseguros de la región, cuyas ciudades presentan el índice de crímenes más violentos en el mundo (enero de 2024 terminó con 735, que lo datan como el más violento de la historia del Ecuador). Por ello, la propuesta de Luisa González, se enfoca en la recuperación del país, venido a menos en casi ocho años, con tres regímenes de tinte neofascista y autoritario, que lo desinstitucionalizaron y desestabilizaron, provocando un “desmadre” de inseguridad, la caída del empleo, la aceleración de la migración, y la abrupta y sistemática crisis socioeconómica y política. Frente a ello propone un modelo de la vida, de una economía centrada en seres humanos, de siembra de la justicia social, con políticas públicas, desterrando y sepultando el miedo, la guerra psicológica y la violencia.

Por otra parte está el modelo del neoliberalismo libertario, seguritista, autoritario, que viene desangrando al Ecuador a través de Daniel Noboa Azín, cuyas manos ya están salpicadas de sangre por la represión que ha orquestado contra el pueblo ecuatoriano. También es responsable de las políticas que han profundizado el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la caída del empleo, la crisis en salud y en educación, y de pretender convertir a Galápagos, un Patrimonio Natural de la Humanidad, en una Base militar estadounidense, sobre la base de dos acuerdos firmados en el régimen de Guillermo Lasso.

Noboa, no ha ocultado su férrea y obediente subordinación al presidente Donald Trump, que va rumbo al mes de juramentar y estar en funciones con la implementación de órdenes ejecutivas que evidencian la crisis sistémica y estructural del imperialismo estadounidense, y anuncian la caída irreversible de su hegemonía. Pero Noboa se mantiene cercano al mandatario del norte, fiel a su ideología e intereses, subsumido totalmente, quizá también por considerarse a sí mismo un ciudadano norteamericano por haber nacido en Miami.

Es decir, Trump, es su presidente y el Ecuador está convertido en una gran hacienda bananera, en donde el alcaloide sale en contenedores de banano rumbo a Estados Unidos y Europa. Concomitante: masacres carcelarias con tortura a personas privadas de la libertad, hecho denunciado y observado por Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En cuanto a las empresas públicas estratégicas, entre ellas las energéticas y petroleras, corren el serio riesgo de ser monetizadas o concesionadas a los grupos corporativos cercanos al entorno presidencial, tales como los grupos de su propia tía, quien ya ha sido beneficiaria en la provisión de alimentación en el sistema penitenciario, así como en la colación escolar.

Otro caso que vale la pena recordar para comprender el talante autoritario del gobierno de Noboa, fue la violación del derecho internacional y la agresión flagrante hacia una nación amiga, cometida el 5 abril del 2024, en el asalto e incursión violenta a la Embajada de México, agravada con el secuestro del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, quien tenía asilo político concedido de manera soberana por la República de Estados Unidos Mexicanos, y que ahora guarda prisión en un centro penitenciario de máxima seguridad, de nombre La Roca, en donde corre un serio riesgo su vida.

El presidente Noboa, ha enviado en las últimas horas una propuesta de reforma constitucional para prisión preventiva, que ya consta en el COIP, en caso de graves delitos, como terrorismo, lo cual raya en el populismo penal, mediante el endurecimiento de penas, evidenciando que en nada contribuyen a la situación de injusticia social e inseguridad.

Pero el domingo 9 de febrero se enfrentarán finalmente dos modelos de país: el de la justicia social de Luisa González, y el de Noboa Azín, que es seguritista, con militares y policías en las calles, que desnudan terribles violaciones de derechos humanos, el cometimiento de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, aumento de la violencia criminal y una estructura narcodelictiva con enraizamiento en el sistema judicial y la operación de los “narcogenerales”.

Cabe señalar que Noboa puede considerarse como un injerencista en contra de las democracias soberanas de Cuba, Nicaragua y fundamentalmente de Venezuela. Recibió en el Palacio de Carondelet al excandidato presidencial venezolano, Edmundo González Urrutia, un exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) conocido como el “segundo matacuras”, cuando cumplió funciones diplomáticas en la República de El Salvador, y que se convirtió en operador político de las ultraderechas y del lobby venezolano de Miami, para desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros.

Tampoco ha cesado su ataque hacia México, y ahora pretende imponer una tasa arancelaria a productos provenientes de este país, del 25%, cuando es de conocimiento público que Ecuador importa de esta nación medicinas y materias primas para la elaboración de medicamentos, por lo que su reciente medida golpeará e impactará en la sensiblemente en la economía del pueblo llano, de las clases trabajadoras y vulnerables. Su gestión como presidente se trata pues, de un tenaz desmadre neoliberal con crisis sistémica y estructural, deuda externa cercana a los 90 mil millones de dólares, ciudades militarizadas convertidas en las más violentas del orbe latinoamericano y del mundo y con estancamiento de la economía familiar.

Al papel de Noboa como representante de los ecuatorianos hay que agregar que no ha sido su preocupación defender a los miles de migrantes que serán criminalizados y deportados de Estados Unidos, y que mantenían un envío de remesas cercano a los 5 mil millones de dólares, los cuales habían estado activando la economía del país andino, pero ahora tendrá efectos contraproducentes e incalculables en los próximos meses; mientras que el actual presidente hace tabla rasa de la Constitución y marco legal y hace proselitismo político electoral con dinero público. Esto hace notoria la ausencia total de instituciones de control, como el Tribunal Contencioso Electoral, la Contraloría, o la Fiscalía, o la presencia de funcionarios públicos que señalen esta situación y configuren una infracción o un delito dentro de la administración pública.

Es responsabilidad del Consejo Nacional del Ecuador (CNE) garantizar el proceso electoral, sin embargo, sus vocales se encuentran en funciones prorrogadas favorables al candidato presidente Noboa, quien, de manera inverosímil y vergonzosa, en la juramentación del presidente Donald Trump, aplaudió el anuncio de deportación de migrantes, entre ellos ecuatorianos/as que dan sostenibilidad a la economía ecuatoriana.

Cabe señalar que la suspensión temporal de fondos de la Agencia USAID, el brazo económico e ideológico de la CIA, al igual que la NED, dispuesta por presidente Trump, generó coletazos fuertes en oenegés ecuatorianas, que recibían fondos y encubrían sus actividades, muchas veces opuestas a la corriente de la batalla de las ideas y la libre autodeterminación de los pueblos. Ergo, Ecuador decidirá en medio de una arena política electoral con presunciones de fraude, ya denunciado por la candidata Luisa González, quien sufrió un frustrado atentado hacia su vida, lo que derivó en la detención de doce presuntos sicarios.

Finalmente, cabe destacar cómo la vicepresidenta Constitucional, Verónica Abad, ha sido declarada en rebeldía por un juez del Tribunal Contencioso Electoral, al no comparecer en audiencia. El juez no aceptó diferimiento de audiencia, evidenciando la reactivación de Lawfare. Mientras tanto, observadores electorales de la Unión Europea, ponen en duda el proceso electoral del Ecuador y las fronteras terrestres del país, y los puertos fluviales y marítimos están militarizados. Por ello, resulta urgente y necesario volver a recuperar a la nación, que tiene el derecho de vivir en paz y que ama la vida en abundancia, en urgente el retorno a una democracia con libre autodeterminación y participación en un nuevo orden mundial multipolar, multicéntrico, anti-hegemónico, antiimperialista, antifascista, antisionista y fundamentalmente de respeto al derecho internacional. De lo que se trata es de lograr el retorno hacia las formas de integración soberana desde el sur para el sur global.