La reciente reforma constitucional en materia energética realizada en México da plenos poderes al Estado para salvaguardar el interés público frente a los intereses privados con respecto a la exploración, explotación, comercialización, renta de la riqueza petrolera, eléctrica y mineral, así como al uso del espacio aéreo para las telecomunicaciones y el internet; todo ello, en el marco de la transición hacia fuentes renovables, protección medioambiental y adaptación al cambio climático que impulsa la 4T con la presidenta Claudia Sheinbaum y las fuerzas progresistas en el legislativo.  

Fueron los artículos 25, 27 y 28 constitucionales reformados los que afianzan y consolidan la soberanía nacional y la conducción pública de los llamados sectores públicos productivos estratégicos, en un contexto de cambios mundiales paradigmáticos, científicos, técnicos y tecnológicos, sobre el uso de recursos minerales como el litio, la electricidad, los hidrocarburos y la fibra óptica de nueva generación. 

Sin duda, la reforma representa un avance en la perspectiva del Estado nacional- social, con derechos soberanos que marca un punto de inflexión en los procesos de integración que vive México desde 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (ahora T-MEC), no sólo con Estados Unidos y Canadá, sino también con las repúblicas centroamericanas, con las cuales también se firmaron tratados de libre comercio todavía en vigencia. Así, la transición energética en boga recoge el espíritu del constituyente de 1917 que edificó un Estado-social de derechos después de la Revolución mexicana y permitió el desarrollo nacional, aunque se circunscribe en la actualidad con afrentas que imponen los procesos de integración y los desafíos en las relaciones geopolíticas.

Tras los cambios constitucionales, el Senado de la República sostuvo en un comunicado que: “los cambios constitucionales tienen el objetivo de garantizar seguridad y autosuficiencia energética, además de proveer al pueblo de México de electricidad al menor precio posible”. De esta forma, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelven a su función original como empresas públicas al servicio de la nación. El espectro telecomunicacional recoge también esta fuerza histórica soberana para los nuevos tiempos, donde la telecomunicación y el internet revolucionan al mundo. 

Ahora, el artículo 27 de la Constitución rescata: “la propiedad inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo y la prohibición expresa de otorgar concesiones para exploración y extracción” de este recurso energético; lo cual da pie a una política internacional de nuevo tipo y de una geopolítica energética soberanista.

Geopolítica energética

La política internacional será elevada con una nueva singularidad en la integración que continúa avanzando, a partir de que la nación proteja sus recursos estratégicos y los convierta en una palanca de desarrollo nacional sostenible. Esto, vinculado a una nueva etapa que se abre en la recuperación de las áreas estratégicas de desarrollo nacionales, mismas que desmontó el neoliberalismo durante las últimas tres décadas. De esta forma, los aspectos relacionados con la seguridad nacional y regional que fueron adoptados en el pasado adquieren también un renovado giro y ahora podrán ser complementarios e integrales con aquellos países socios, pero nunca más subordinados a los intereses del gran capital extranjero como lo fueron durante los gobiernos genuflexos del PRI y PAN. 

La declaración sobre Seguridad de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2003 y la llamada guerra contra el terrorismo de los Estados Unidos y sus agencias militares, inmediatamente después del ataque a las Torres Gemelas y a El Pentágono en 2001, fueron determinadas bajo la doctrina de seguridad hemisférica, la cual se compone no sólo de temas relacionados con las amenazas bélicas o potencialmente militares, sino con otros tópicos como el crimen organizado, la migración transfronteriza y las crisis sociales. En este marco, México fue presionado a adoptar aquellas estrategias y así subordinarse a la política de defensa que la Unión Americana (EEUU) definió como amenazas. La región centroamericana corrió con la misma suerte y las políticas de seguridad hemisférica fueron arrogadas en cada una de las naciones vecinas. 

Aquí, cabe señalar cómo en 2011, el general estadunidense Douglas Fraser, al frente del Comando Sur de los Estados Unidos, declaró que los países del llamado: “Triángulo Norte de Centroamérica” (Guatemala, Honduras y El Salvador), representaban la “zona más letal del mundo” fuera de los conflictos bélicos activos, y señaló a las organizaciones criminales trasnacionales como la amenaza principal en la región, que afectan no sólo a Centroamérica, sino también a México y Norteamérica. En aquel momento, los temas de desigualdad y migración pasaron a segundo plano de agenda y se priorizó exclusivamente el tema de la seguridad, la persecución del delito y la actualización-capacitación de las agencias de seguridad nacionales de los países involucrados con los elementos doctrinarios de la seguridad hemisférica.

Así, la seguridad regional fue diseñada fuera de los alcances nacionales, en desventaja para México y los países centroamericanos. Las grandes directrices fueron dictadas desde las agencias militares y de inteligencia de los Estados Unidos y los países restantes obtuvieron poco margen de solución a amenazas diversas, como la inseguridad, flagelo corrosivo aún presente. Cabe destacar que, los patrullajes y movimiento de militares y agencias de inteligencia de los Estados Unidos, estuvieron activas subordinando a las corporaciones de seguridad pública locales de cada país en la región, en menoscabo de las fuentes de la violencia como son la desigualdad económica y falta de oportunidades educativas y culturales, así como el subdesarrollo.

Ahora, con la reforma energética, México está en un momento diferente, con una muy buena oportunidad para fortalecer la soberanía nacional y promover una política internacional en materia de seguridad regional, cooperación y complementariedad hacia la solución de los problemas compartidos, mismos que, por supuesto, también afectan a los vecinos Estados Unidos y a las repúblicas de Centroamérica, tal como el flagelo del crimen organizado, el tráfico de personas y las causas detrás de la migración forzada, los efectos sociales de décadas de políticas neoliberales, las afectaciones medioambientales y el cambio climático, la pobreza y la desigualdad social. 

La soberanía, la seguridad y el desarrollo están intrínsecamente vinculados y, por tanto, deben ser abordados de manera integral, esto es, atender las raíces de los problemas localmente y asociando el desarrollo correlacional entre las naciones participantes y que conforman la región. 

Finalmente, cabe destacar que, también el ejercicio de la soberanía sobre la riqueza natural de los suelos y aires define un nuevo momento geopolítico para el cual, la articulación económica, energética, en comunicaciones y de seguridad, debe anclarse bajo el respeto mutuo entre las soberanías, la independencia, la cooperación y la coordinación de las relaciones internacionales con base en la política de buenos vecinos, para construir una región interconectada que permita realmente alcanzar el desarrollo en favor de las mayorías.