A pocos meses de las elecciones del 2024, los ciudadanos estamos expuestos a una avalancha de propaganda política por todos los medios, lo que genera confusión y desinformación. Además, el panorama mediático ha cambiado radicalmente: la televisión y la radio han perdido audiencia frente a los dispositivos móviles con acceso a internet, que usan el 78.6% de los mexicanos según el INEGI. Sin embargo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LPGE), que regula los procesos electorales, no contempla la comunicación política digital, dejando un vacío legal que los partidos aprovechan para diseñar y ejecutar estrategias electorales en la red, con o sin ética. Internet es un nuevo escenario donde los candidatos pueden investigar, persuadir y competir, pero también manipular y engañar, sin que las autoridades electorales intervengan. ¿Qué criterios se deberían aplicar para regular la propaganda política en internet y las redes sociales? 

algunos de mis puntos a considerar serían los siguientes: 

Las campañas digitales y sus inversiones 

La publicidad digital tiene una lógica distinta a la de los medios tradicionales. Mientras que en estos últimos se compran impactos, en las plataformas digitales se construyen audiencias. Esto implica que, aun con una inversión similar, el alcance de una campaña y el número de anuncios que se muestran dependen de la capacidad del equipo para gestionar la inversión. Por eso, las autoridades electorales deben entender el modelo de negocio de la publicidad digital y crear mecanismos de control que no se basen solo en la cantidad de impactos o en el origen de los fondos invertidos. 

Otro aspecto a considerar en estas elecciones es el peso demográfico y político de los jóvenes. Según el INEGI, el 30% de la población nacional tiene entre 12 y 29 años, lo que representa un gran potencial para el futuro del país. Su participación es clave para el desarrollo de México, pero también para el resultado electoral. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en el país hay 93 millones de usuarios de internet, siendo el grupo de 18 a 34 años el que más se conecta a la red. Por eso, no es extraño que los partidos políticos busquen captar su atención y su voto a través de este medio. 

Finalmente, el INE, en el artículo 302 de su Reglamento Electoral, reconoce el papel de los medios de comunicación (como la televisión, la radio y los periódicos) en la competencia electoral. Su función es informar a la ciudadanía sobre los candidatos, las propuestas y los procesos electorales, para que pueda emitir un voto objetivo e informado. Sin embargo, en el caso de internet, el INE no tiene una regulación clara ni efectiva, lo que deja un espacio para la manipulación, la desinformación y la propaganda. ¿Qué criterios se deberían seguir para regular la comunicación política en internet y las redes sociales? 

Promoción del voto a través de los medios digitales La era digital ofrece nuevas oportunidades para impulsar la participación ciudadana en los procesos electorales. La promoción del voto se ha convertido en una herramienta esencial

para informar, educar y motivar a las personas a ejercer su derecho al sufragio, especialmente a los jóvenes, que representan una parte importante del electorado. Para lograr este objetivo, se utilizan diversos medios digitales, como redes sociales, aplicaciones móviles y plataformas en línea, donde se difunden mensajes clave sobre los derechos y responsabilidades electorales, la relevancia del voto y las fechas y procesos electorales. Además, se crea y distribuye contenido digital, como infografías, videos explicativos y memes, para sensibilizar y generar interés sobre los temas electorales. Asimismo, se realizan talleres en línea, charlas informativas y material lúdico dirigido a los jóvenes, para fortalecer su conocimiento sobre el sistema electoral. Esta es una estrategia dinámica y efectiva para fomentar el voto y asegurar un mejor futuro para la democracia de este país. 

Uso de influencers y gasto en especie. 

En el 2021, el INE ha aplicado una serie de sanciones a partidos y candidatos por diferentes violaciones a las normas electorales vigentes, relacionadas con el uso de redes sociales e influencers. Estas son algunas de las multas más destacadas: 

• En el caso de Movimiento Ciudadano, se le impuso una multa de 450 mil pesos al virtual gobernador de Nuevo León y de 55 millones al partido, por considerar que los vídeos emitidos por su esposa, Mariana Rodríguez, son contribuciones en especie que debieron declararse como gastos de campaña. El INE argumentó que ella usa sus redes sociales para anunciar productos o servicios, y que su nombre está registrado oficialmente como una empresa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Por tanto, los videos y publicaciones que ella realizó en favor de su esposo son una forma de vender espacios publicitarios del partido y su candidato.
• En el caso del Partido Verde, se le multó con 40 millones de pesos y se le suspendieron los spots de televisión y radio, por utilizar influencers para llamar al voto durante la veda electoral. Esta no es la primera vez que el partido recurre a esta práctica, que ya le ha generado controversias con el INE en el pasado. Recientemente, se dio a conocer el caso de la influencer Adri Carballo, que en un video para sus redes dijo: “No sé mucho de política, pero me gustó mucho esta iniciativa del Partido Verde”.

Actualmente, el proceso electoral 2024 en México se encuentra en un periodo de intercampaña que termina el próximo 29 de febrero. Durante esta etapa, los partidos pueden hacer propaganda informativa, pero no electoral. Es decir, pueden hablar de la ideología en general del partido, pero sin pedir votos. Sin embargo, si hay varios creadores de contenido hablando sobre lo bueno que es el Partido Verde, ¿no tiene fines electorales? ¿No es otra vez la misma técnica, pero antes de las elecciones? Será el INE quien determine si las opiniones de estos creadores de contenido fueron con el fin de expresar su opinión o de influir en el voto. 

La clave para definir a estas figuras de la comunicación se encontraría en que una persona puede expresar su opinión de manera libre en cualquier plataforma de comunicación, pero si dicha persona está monetizando sus contenidos, entonces podría tratarse de una donación en especie. El punto entonces es que las autoridades deben crear un concepto que define a estas nuevas figuras de la comunicación y que evite tanto la discrecionalidad al emitir sanciones, como el uso y abuso de estas figuras por parte de actores y partidos políticos.

Noticias falsas en plataformas digitales 

El fenómeno de las noticias falsas, también conocidas como fake news en inglés, consiste en la difusión deliberada de información falsa o engañosa, con el fin de desinformar o manipular a los lectores. Este problema no es nuevo, ya que las mentiras y los rumores han existido desde siempre, pero se ha agravado con el desarrollo de Internet y las redes sociales, que facilitan su propagación y viralización. Las noticias falsas imitan el formato y el estilo de las fuentes fiables, pero ignoran los procesos de verificación y contrastación de los hechos. Así, pretenden hacer pasar una mentira, o en el mejor de los casos una opinión, por un hecho objetivo. Las noticias falsas pueden tener diversos fines, como influir en la opinión pública, favorecer o perjudicar a ciertos actores o partidos políticos, generar polémica o controversia, o simplemente obtener beneficios económicos a través de la publicidad. Las noticias falsas pueden afectar a diversos ámbitos, como la política, la economía, la salud, la ciencia, la cultura o el entretenimiento. Algunos ejemplos de noticias falsas que han circulado por Internet son: la supuesta vacuna contra el coronavirus, el supuesto fraude electoral en Estados Unidos, o la supuesta muerte de celebridades como Tom Cruise o Jackie Chan. Las noticias falsas suponen un riesgo para la democracia, la convivencia y el conocimiento, ya que pueden generar confusión, desconfianza, polarización, odio o violencia. Por eso, es importante que los ciudadanos desarrollen un pensamiento crítico y una actitud responsable a la hora de consumir y compartir información, y que verifiquen las fuentes, los datos y las evidencias antes de creer o difundir una noticia. También es necesario que las autoridades, los medios de comunicación y las plataformas digitales adopten medidas para prevenir, detectar y combatir las noticias falsas, y que promuevan la educación mediática y la alfabetización digital entre la población. 

Su impacto en la política 

Uno de los desafíos que plantean las noticias falsas es la falta de una resolución efectiva por parte de las autoridades y las plataformas digitales que las difunden. Estas plataformas actúan como amplificadores de la desinformación, multiplicando su impacto gracias a la participación de los usuarios que las viralizan, y a los algoritmos que las priorizan. Esto genera un mayor tráfico de usuarios a la plataforma, y también un mayor riesgo de manipulación y confusión. 

Otro factor que potencia la distribución de noticias falsas es el uso de bots sociales, que son programas informáticos que simulan ser usuarios reales y que generan o difunden contenido en las redes. Se ha demostrado que los bots juegan un papel importante en la amplificación de noticias falsas en momentos clave, como las elecciones en distintos países. Estos bots tratan de influir en la opinión pública mediante la promoción artificial de hashtags, los likes, los comentarios o los retweets. Antes de que una noticia falsa se haga viral, estos bots la envían a los usuarios con más seguidores, provocando que se difunda masivamente. De esta manera, pretenden hacer pasar una mentira, o en el mejor de los casos una opinión, por un hecho objetivo. 

¿Cómo podemos detectar estas noticias falsas? Existen algunas técnicas de Inteligencia Artificial (IA), como el aprendizaje automático, que permiten aproximarse a la detección automática de fake news, que se generan artificialmente y se difunden con plataformas de bots cada vez más sofisticadas. Sin embargo, estas técnicas no son infalibles ni suficientes,

y plantean algunos dilemas éticos y técnicos. Por ejemplo, ¿quién debe implementar estas medidas contra las noticias falsas? ¿El gobierno, los gestores técnicos de las aplicaciones, los afectados o los mismos internautas? ¿Qué criterios se deben seguir para distinguir entre una noticia falsa y una opinión legítima? ¿Qué garantías se deben ofrecer para proteger la libertad de expresión y el derecho a la información? Estas son algunas de las preguntas que se deben responder para regular la difusión de noticias falsas. 

Yo concluyo que, la era digital ha transformado la forma de hacer política y de comunicarse con los ciudadanos. Las campañas digitales ofrecen nuevas oportunidades para informar, educar y motivar a los electores, especialmente a los jóvenes, que son los más conectados a la red. Sin embargo, también plantean nuevos desafíos y riesgos para todas y todos.