El Estado de derecho es un elemento fundamental para garantizar la paz, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley. Influye en aspectos esenciales de la cotidianeidad, por ejemplo, en la forma de vida de los ciudadanos de cada Estado, en la impartición de justicia o en el cumplimiento efectivo de las garantías consagradas en la Constitución.

Es decir, en todo ente jurídico político que se ostente como Estado de derecho deben existir imperio de la ley, legalidad en los actos de administración, sistema jurídico de normas, examen de constitucionalidad de las normas, división de poderes, así como protección, respeto y garantía de los derechos humanos.

En México, sin embargo, la existencia fáctica de los referidos elementos del Estado de derecho sigue pendiente, esto debido a las situaciones de violencia, corrupción, impunidad, injusticia, violaciones a los derechos humanos, inexistencia de pesos y contrapesos, sólo por mencionar algunos, y todos son testimonio de esta afirmación.

Por lo expuesto anteriormente, mi conclusión es que no existe Estado de derecho en México, porque no se han desarrollado los elementos esenciales del mismo. Más bien, los mexicanos vivimos en un Estado corrupto e injusto que utiliza la legalidad a conveniencia de aquellos que tienen los medios para costearlo.

Realidad del discurso político mexicano

Dicho lo anterior, y aun habiendo dado respuesta, es conveniente replantear la interrogante que dio origen al presente trabajo: ¿Existe Estado de derecho en México? Al respecto, es necesario mencionar las cuestiones materiales y no solamente formales, es decir, las situaciones de hecho que, como mexicanos, experimentamos todos los días.

México es uno de los países, en todo el mundo, que más leyes crea, reforma y abroga, con la finalidad aparente de dar solución a los problemas que aquejan a su población. Sin embargo, esto sólo queda plasmado en papel, pues el simple hecho de crear o reformar una ley no resuelve el problema público al que pretende hacer frente.

En el exterior, nuestro país es reconocido como uno de los Estados que ratifica numerosos tratados internacionales, y por ello se tiene la idea somera de que aquí impera el respeto a los derechos humanos, aunque realmente dentro de nuestras fronteras es en donde más se transgreden dichas garantías. Ejemplo de esto son Guerrero, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, en donde se encuentran todos los días –en fosas clandestinas, terrenos baldíos e incluso en lugares públicos– cuerpos mutilados o calcinados, de mujeres y hombres que perdieron la vida a manos de narcotraficantes, secuestradores y feminicidas.

Esto deja claro que, aunque el Estado mexicano elabore leyes –galimatías jurídicos, en realidad– o firme tratados internacionales que protejan la vida de las personas, lo cierto es que la estrategia que utiliza para dicho fin es insuficiente e ineficaz, puesto que no garantiza a los mexicanos un ambiente de paz, seguridad ni de protección a sus derechos humanos. Por tanto, si tomamos en cuenta los elementos esenciales de un verdadero Estado de derecho, podemos apreciar claramente que en México no hay imperio de la ley, puesto que no se garantiza su cumplimiento.

Justicia a la mexicana

Las leyes creadas por las autoridades legislativas son ambiguas, carecen de técnica legislativa y son escritas con palabras que los mexicanos, en general, difícilmente comprenden. Intencionalmente o no, lo cierto es que dichas normas son creadas para que, por medio de sus propias lagunas jurídicas, los criminales de élite (en caso de ser aprehendidos por la autoridad) sean puestos en libertad y vivan en completa impunidad, esto con la excusa de no haberse respetado sus derechos humanos, encontrar fallas en el debido proceso, no encontrarse regulado el tipo específico en las normas penales o bien dejar en el olvido, por deudas políticas, sus actos delictivos.

De esta manera el sistema jurídico mexicano perpetúa la corrupción y la impunidad, demostrando que el hecho de regirnos por nuestro derecho positivo y vigente no significa vivir en un Estado de derecho, sino más bien refleja que somos un Estado de legalidad a conveniencia de aquellos que pueden pagar la “justicia”, y que con nepotismo y corrupción pueden cometer crímenes, con la seguridad de quedar impunes ante la ley por sus actos.

Instituciones y burocracia

Por otro lado, con la creación de leyes y reglamentos, el Estado Mexicano justifica la creación de instituciones y burocracia, con el propósito aparente de resolver diversos problemas públicos como la alimentación, la pobreza, la educación, el cambio climático, el uso de energías renovables, entre otros. Pero en realidad sus objetivos son, en muchos casos, desviar recursos públicos en actos ilícitos, y mostrar a México ante la comunidad internacional como un país garantista y comprometido con las grandes causas sociales.

Asimismo, dichas instituciones son creadas para gastar el dinero público en sueldos de burócratas, que en la mayoría de los casos fueron designados por “dedazo” en sus puestos, y que carecen de la experiencia para desempeñarlos e interés en resolver las problemáticas sociales existentes. Con esto permiten que estos problemas no sólo persistan, sino se acumulen. Por lo anterior puedo afirmar que México es un país de instituciones fallidas e ineficaces, pues en realidad no solucionan los problemas de la sociedad mexicana.

Mayoría morenista

En las elecciones de 2018, los mexicanos expresaron en las urnas un voto de castigo a través del cual hicieron visible su descontento hacia los sexenios anteriores (PRIAN), al otorgar una cantidad considerable de votos en favor de la coalición “Juntos haremos historia”, integrada por los grupos parlamentarios  de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo. Con ello obtuvieron la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, además de una presencia considerable, en cuanto a número de curules se refiere, en las Asambleas o Congresos locales de las entidades federativas.

Dicha coalición propuso como su candidato presidencial al entonces líder de Morena, y ahora el actual Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Tras una votación histórica, el presidente mexicano colocó en el poder público, de forma predominantemente mayoritaria, su partido en 2018, con la promesa de cambio radical de la corrupción en el aparato jurídico mexicano.

Nunca antes un grupo parlamentario había tenido mayoría calificada en dichos recintos legislativos, es decir, después de la elección de 2018 Morena tenía el poder absoluto en la toma de decisiones, al no existir oposición partidista real y efectiva (porque los políticos mexicanos no tienen una ideología política definida, sino a conveniencia de estar en el grupo parlamentario que tenga el poder durante el sexenio en turno, razón por a cual muchos políticos del viejo régimen están ahora en Morena, empezando por su entonces líder) y mucho menos contrapesos. Lo anterior significa que si dicho partido propone una iniciativa de ley o una reforma constitucional, con el número de diputados y senadores con los que cuenta en el Congreso fácilmente puede lograr su aprobación, aunque sus iniciativas sean legales, pero no justas.

Inexistencia fáctica de División de Poderes

En México no existe de forma fáctica la división de poderes, es decir, pesos y contrapesos, como lo planteaba Montesquieu, porque los nombramientos de los altos mandos de los órganos encargados de tomar decisiones los hace el Presidente de la República, con la ratificación del Senado y sin oposición del Poder Judicial de la Federación.

Un claro ejemplo de lo anterior lo representan los puestos de los Ministros del alto Tribunal Constitucional mexicano, ya que por medio de ternas el Presidente los nombra y los ratifica la Cámara Alta, por el voto de las dos terceras partes de los legisladores que se encuentren presentes y, al tener mayoría, sería muy difícil que los candidatos propuestos por el Presidente no fueran ratificados.

En ese sentido, también es importante referir el nombramiento de los altos funcionarios de las Secretarías de Estado, así como a los gobernadores y demás órganos tomadores de decisiones públicas. En este orden de ideas, se confirma la inexistencia fáctica de la división de poderes, porque los funcionarios públicos nombrados y ratificados le deben lealtad y obediencia a quien los designó para el cargo, en este caso al Presidente, y por lo tanto todas las decisiones serán tomadas de acuerdo con éste, por lo que verdaderamente no existe Poder Legislativo o Judicial autónomos: quien gobierna en los hechos es el Poder Ejecutivo.

Consideración final

Por todo lo expuesto, mi conclusión es que no existe Estado de derecho en México, porque no se han desarrollado sus elementos esenciales. Más bien, los mexicanos vivimos en un Estado corrupto e injusto, que utiliza la legalidad a conveniencia de aquellos que tienen los medios para costearlo, sin importar la población en su conjunto.

Fuentes consultadas

Márquez Rábago Sergio R. Estado de derecho en México. Disponible en :

Bobbio, Norberto. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político (México, Fondo de Cultura Económica, 2001).