En México la marginación de la clase trabajadora y los riesgos que afronta todos los días durante el traslado hacia el lugar de sus ocupaciones son temas que poco resuenan en los medios de comunicación masivos. La zona periférica de la Ciudad de México y el Estado de México son lugares caracterizados por la violencia, la inseguridad y una población que en su mayoría pertenece a la clase popular. 

Estas personas viajan todos los días del año hacia sus centros de trabajo y estudio ubicados en su mayoría en las zonas céntricas de la CDMX. Utilizan transporte público deficiente, con nulo mantenimiento de las pistas, puentes y carreteras por lo que llegar al lugar de destino con bien e intacto es un triunfo más al sobrevivir a tan peligroso traslado. 

El día 10 de septiembre del 2025 se vivió una de las mayores tragedias urbanas ocurridas en la última década. En la zona que conecta al Estado de México con la Ciudad de México, en específico en el Puente de la Concordia, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, ocurrió una explosión a causa de una fuga de gas LP. La pipa que transportaba este combustible se volcó en las inmediaciones de la vialidad, dejó un saldo de 51 heridos y 32 personas fallecidas. 

Este incidente visibilizó una problemática estructural en los ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales de nuestro país. Sin embargo, el accidente se intentó cubrir con explicaciones poco claras. ¿Por qué los riesgos y las muertes de las tragedias en las metrópolis se concentran en las personas de clase trabajadora pertenecientes a las periferias? 

Aníbal Quijano, teórico peruano del pensamiento decolonial, en su artículo: “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, explica la desigualdad en la región desde el concepto de la colonialidad del poder. A partir de este marco de pensamiento nos dice que el sistema de división racial que introdujo el colonialismo coloca a las personas colonizadas en una posición de desventaja que causa las discriminaciones que sufren por el género, la sexualidad o las relaciones sociales, y esto se manifiesta en el ámbito laboral y ocupacional. 

Por tanto, no es de extrañar que las personas de clase trabajadora y pertenecientes a los márgenes de la Ciudad (Iztapalapa) sean parte de este sector racializado y clasificado como mano de obra que gana el salario mínimo, a diferencia de los habitantes de las zonas céntricas de la Ciudad de México. Cabe preguntarnos: ¿dónde está el Estado? Aquella entidad que por obligación debería de proteger y salvaguardar la vida de todos sus habitantes, sin excepción.

La anarquista y escritora Emma Goldman realiza una puntual descripción de esta institución: “El Estado no tiene más conciencia o misión moral que una compañía comercial que explota una mina de carbón o gestiona un ferrocarril”. El Estado se encargó de las dirigencias administrativas correspondientes después de la catástrofe. No obstante, es innegable su complicidad con la empresa que provocó este accidente ya que no contaba con los permisos necesarios para transportar contenido tan peligroso en una vialidad rodeada de una masiva población de residentes.

Las luchas por los cambios, la justicia y la igualdad nacen de enfrentamientos directos de individuos contra el Estado. Esta forma de organización social no tiene como objetivo proteger a quienes le otorgan el poder, sino que actúa junto con sus cómplices (empresarios) para enriquecerse a costa de la opresión de hombres y mujeres trabajadores a los que considera como “efectos colaterales” o piezas sacrificables. Como dijo Goldman en 1940: “El gobierno político y el Estado se desarrollaron (…) del deseo de los más fuertes para beneficiarse de los más débiles, de unos pocos sobre los demás.”

Los hombres, mujeres, niños, niñas y adultos mayores que se transportan diariamente se juegan la vida con situaciones como esta. Son tratados como si fuesen mercancías para laborar y morir en beneficio del progreso, la modernidad y de una ciudad que les dio la espalda desde que nacieron, que los maltrata, los desprecia y los considera desechables. A manera de reflexión se queda lo siguiente: ¿asumimos que la seguridad es un derecho natural sin cuestionarnos por qué para millones de personas el acto de volver a casa es una ruleta rusa? ¿De qué manera nuestra propia indiferencia o silencio ante lo que ocurre en los límites de la Ciudad nos convierte en cómplices de esa colonialidad del poder que decide qué vidas sí importan y qué vidas son desechables?