Las personas con discapacidad enfrentamos discriminación todos los días en la calle, en el transporte público, en servicios médicos, establecimientos e instituciones que restan nuestro derecho a una vida autónoma e independiente. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), un tercio de las personas entrevistadas afirma que nunca se respetan los derechos de las mujeres con discapacidad.

Según el último censo del INEGI en 2020, en México somos más de 11 millones de mujeres con discapacidad, quienes gracias a las políticas que se han implementado los últimos años por parte de las autoridades, nos hemos desarrollado dentro del ámbito social, cooperando con la actividad político-económica del país.

Las mujeres con discapacidades físicas tienen oportunidades limitadas debido a las normas culturales relacionadas con el capacitismo y la masculinidad. Por ejemplo, se espera que los hombres trabajen mientras que las mujeres se quedan en casa; o que ambos cuidadores trabajen mientras las personas con discapacidades deben permanecer inactivas en el hogar. Como resultado, menos del 2% de las personas con discapacidades físicas están en la fuerza laboral mexicana en contraste con casi el 80% de las personas convencionales.

La violencia doméstica contra las mujeres con discapacidad es un problema grave en todo el mundo. En muchas partes del mundo, las mujeres con discapacidad no tienen los mismos derechos que las mujeres convencionales. Por ejemplo, es posible que no puedan divorciarse de un cónyuge abusivo y que no puedan evitar que vivan en su hogar. En algunos países, es posible que a las mujeres con discapacidad no se les permita tener la custodia de sus hijos y que no puedan celebrar contratos legalmente vinculantes. Incluso en países donde los derechos legales están presentes, las mujeres con discapacidad aún pueden enfrentar abusos desenfrenados porque el entorno social lo tolera.

En mayo de 2008, México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que establece la protección y aseguramiento de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y con la reforma de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en 2011, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y la igualdad de género.

Las personas con discapacidad experimentan formas comunes de discriminación, como un alto nivel de desempleo, prejuicios en cuanto a su productividad o incluso la exclusión del mercado laboral, gracias a la falta de conocimiento conocimiento que ha impedido que puedamos gozar de sus derechos como trabajo, educación, vivienda, transporte y comunicaciones accesibles, justicia, cultura, turismo y desafortunadamente en servicios de salud, que nos impiden disfrutar de una vida plena. Gracias a la creación e implementación de políticas públicas que atienden la problemática de las niñas y mujeres con alguna discapacidad, que les permitirá tener un desarrollo en igualdad de condiciones y a obtener una mejor calidad de vida.

México ha adoptado disposiciones importantes para garantizar la seguridad y el apoyo de las mujeres con discapacidad, pero los legisladores ahora deben asegurarse de que estas protecciones no existan solo en el papel. Por otro lado deben trabajar en que las sociedades se adapten, para que todos puedan alcanzar su máximo potencial, que trae consigo un desarrollo colectivo, independientemente de su estado de capacidad.