En el desarrollo del ejercicio electoral peruano, se pueden encontrar características que marcan la pauta de los procesos políticos en el subcontinente latinoamericano. La esperada elección donde compitieron Pedro Castillo y Keiko Fujimori se llevó a cabo dentro de un mar de dudas, entre el desconocimiento del candidato que más interés popular despertó y la incertidumbre de sus propuestas, el porvenir de las grandes industrias y la aristocracia que las domina, y el futuro de la inestabilidad política que anhela la sociedad.

Perú es un país que comparte rasgos sociales y políticos con prácticamente cualquier país de la región: dominio de las élites, corrupción e impunidad generalizadas, una desigualdad social enorme, índices de pobreza indignantes y una violencia cotidiana que obstaculiza las libertades de los latinoamericanos.

Pedro Castillo comenzó su campaña presidencial en enero del 2021, misma fecha en la que se dio a conocer ante el pueblo y las élites peruanas. Un maestro rural empezó la búsqueda de la presidencia en un país donde son pocos quienes controlan los canales de comunicación, tienen acceso a los servicios básicos de calidad y son dueños de una parte importante del capital que se genera con la mano de obra de todos los peruanos.

El candidato sostuvo propuestas que escandalizaron no sólo a la sociedad burguesa, sino a las clases aspiracionales que ven a los movimientos de izquierda como sinónimos de comunismo y a éste como una catástrofe. Castillo propuso revisar los contratos de las grandes compañías extranjeras que se adjudicaron y firmaron bajo sospechas de corrupción, la revocación del permiso a las empresas extractivistas y el aumento del salario mínimo.

Las propuestas entraron en conflicto con los intereses de las élites dominantes, quienes no sólo se benefician de la corrupción, sino que ven a este fenómeno como su principal sustento para seguir amasando el capital y los beneficios que ofrece el Estado peruano. Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, la historia de dominio vertical ejercida violentamente mediante la acaparación del capital y los beneficios que ofrece el país y sus instituciones, viene de hace décadas y siglos atrás; y tal vez se pueda retroceder hasta la época colonial para entender los orígenes del sistema social latinoamericano en la actualidad.

Los resultados de las elecciones anunciadas por medios oficiales dictaron la victoria del candidato no alineado con el sistema económico y político andino, por lo que Keiko Fujimori no reconoció dicha victoria y buscó por todos los medios invalidar los resultados que no le favorecían. La costumbre de hacer valer la voluntad propia como verdad indiscutible es común entre los personajes de las élites latinoamericanas, donde la justicia se compra con el dinero y las decisiones de los poderosos se respetan por el temor a que el aparato judicial del Estado caiga sobre las cabezas de quienes no tienen para comprarlo.

Ante la evidente sed de un resultado a su favor, el golpe de Estado o fraude en el resultado de las elecciones sería inminente en situaciones normales. Pero esta vez, los ojos de toda la región estaban en el país andino a espera de la validación de una elección calificada como válida por la “policía” de la democracia que es Estados Unidos.

La sociedad peruana buscaron una salida a la marcada desigualdad en acceso a la salud, la movilidad social y demás derechos que deberían ser otorgados por quienes administran los recursos gubernamentales, pero que en realidad se utilizan para seguir cavando en la brecha de la desigualdad.

En Perú, como en toda latinoamérica, se busca la limpieza del sistema político podrido que margina a la mayoría de sus habitantes, para ello, la sociedad que se ha volcado durante los últimos veinte años a las calles para protestar y manifestar su enojo adquirido a lo largo de años de explotación sin beneficios, busca de nuevo justicia por medio de las instituciones sobre las que deposita poca credibilidad. Pero a pesar de todo, los pobres y relegados de Perú, tienen poco o nada que perder porque ya se les ha arrebatado todo y ven en Castillo al campesino cercano a la gente que está tratando de girar su gobierno hacia los marginados en contraposición al sistema que, durante años, ha hecho ver al crecimiento macroeconómico como un supuesto desarrollo social, ocultando las precariedades tras indicadores económicos crecientes.