Facultad de Estudios Superiores Aragón
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No hay palabras para describir la horrenda naturaleza de la realidad en la que nos encontramos los mexicanos en estos momentos. Los descubrimientos que se han dado en Teuchitlán, Jalisco, sólo son una muestra más de que vivimos en un país donde la vida humana y la justicia parecen haber perdido significado.
En septiembre del año pasado, la Guardia Nacional informaba a través de sus medios oficiales el aseguramiento de una casa de seguridad ubicada a 53 kilómetros del centro de Guadalajara, Jalisco, donde se liberaron a dos personas secuestradas y se detuvo a 10 presuntos delincuentes por portación de armas. Sin embargo, los hallazgos recientes cuentan una historia muy distinta a la originalmente presentada.
Ya sea por negligencia, falta de recursos o una posible complicidad, no se identificaron en ese momento rastros de las horribles actividades que aparentemente ocurrieron en el lugar. Fue hasta el pasado 5 de marzo de 2025 cuando un colectivo de personas buscadoras –no el estado–, autodenominados como “Guerreros Buscadores” (re)descubrieron un predio de un poco más de 9 mil metros cuadrados en donde se encontraron con una inimaginable realidad.
Dentro de las inmediaciones del rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad La Estanzuela, este grupo de personas que esperan algún día reencontrarse con sus seres queridos, hallaron lo que presuntamente se identificó como restos de huesos calcinados, además de varias fosas clandestinas y lo que se especulaba eran hornos de cremación.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, declaró que las investigaciones en Teuchitlán aún están en curso y que cualquier información difundida hasta ahora debe considerarse preliminar. Harfuch enfatizó que las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos y pidió evitar especulaciones hasta que se presenten resultados oficiales.
Lo cierto es que en el lugar se encontraron algunos objetos que se cree pertenecieron a personas que pasaron por allí: ropa, zapatos, identificaciones, maletas y mochilas que alguna vez cargaron los sueños de todas estas víctimas que fueron atraídos a este sitio con falsas promesas de empleo publicadas en redes sociales, con la esperanza de proveer una vida mejor a sus seres queridos.
En su búsqueda de un futuro digno, llegaban a la Nueva Central Camionera del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde el destino de muchos de estos jóvenes tomó un rumbo irreversible, pues al llegar a este lugar, eran privados de su libertad y trasladados al rancho, en Teuchitlán. El antes mencionado colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco señaló que a lo largo de 2024 se habían registrado más de 50 casos de desaparición en este lugar.
En este sitio, comenzaba una formación intensa. Eran forzados a resistir circunstancias inhumanas y participar en actos atroces. Allí se gestaba un ciclo cruel, en el que la violencia se enseñaba y se perpetuaba.
Ante estos complejos actos, el sábado 15 de marzo de 2025, miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México y a lo largo de 20 ciudades del país, se unieron en solidaridad con las familias de madres buscadoras para manifestarse por la paz en una vigilia nacional. Este acto de luto y protesta fue organizado por los colectivos de búsqueda y personas desaparecidas, quienes mediante un comunicado expresado a través de la página de Facebook “Huellas de la memoria” pidieron a los partidos políticos no colgarse de este movimiento para sus propios fines.
En un grito colectivo que resonó en cada rincón del país, a la presidenta Claudia Sheinbaum se le hizo un recordatorio de que la memoria y la verdad no serán silenciadas.
Con una plancha del Zócalo marcada de la misma forma en la que se encuentra el rancho Izaguirre, 400 velas fueron colocadas junto a 400 pares de zapatos, esperando alumbrar su camino en su búsqueda por hallar consuelo, pero también como una forma de ver un rayo de esperanza en la oscuridad en la que nos ha sumergido la violencia.
En medio del dolor y la exigencia de justicia que atraviesa el país, el senador Gerardo Fernández Noroña ofreció declaraciones que han generado controversia. Al referirse a los hallazgos como “presunciones” y cuestionar su relación con las víctimas, Noroña hizo hincapié en el “golpeteo mediático” en contra de este gobierno. Palabras que han sido interpretadas por algunos como una falta de sensibilidad hacia las familias afectadas, desviando la atención de la tragedia.
Sin embargo, Cartwright “Cart” Weiland, un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sí hizo declaraciones criticando las políticas de seguridad del gobierno mexicano. Palabras que, sin duda, se suman a la intimidación mediática que intenta ejercer el gobierno de Donald Trump. Su postura ha sido interpretada como una injerencia que busca desacreditar al gobierno actual en un momento delicado. También figuras de partidos de oposición, como Ricardo Anaya, han aprovechado esta situación. Estas posturas han sido vistas por mucha gente como un intento rapaz de capitalizar el dolor ajeno para fines partidistas.
Por encima de cualquier ideología o afiliación política, esto no se trata de colores ni nombres. No estamos aquí para apoyar o atacar a ningún partido o figura en particular. Nuestra única exigencia es clara y contundente: empatía hacia las víctimas y sus familias, y un compromiso real con la labor para la que las autoridades fueron elegidas. Los representantes del pueblo tienen la responsabilidad de actuar con humanidad, justicia y eficacia, sin excusas ni distracciones. No pedimos más de lo que debería ser su deber básico.
La solidaridad con todos los colectivos buscadores es esencial en esta incansable búsqueda de justicia. Amor y fuerza deben ser pilares fundamentales para aquellos que enfrentan esta ardua labor. No se trata de estar a favor o en contra de uno u otro partido; lo que importa es que quienes ocupan posiciones de representación actúen con verdadera responsabilidad y humanidad.
Por ejemplo, si bien el término “campo de exterminio” debe evitarse pues lleva una carga histórica específica, la violencia y la impunidad, esas sí que no deben ser ignoradas. Este es un momento que exige un llamado colectivo, inmediato y firme a la acción. No podemos dejar que esta tragedia pase al olvido, es un deber garantizar que hechos tan dolorosos nunca se repitan.
La apertura del Rancho Izaguirre y el golpeteo mediático que lo rodeó representan una triste realidad: la revictimización es una de las formas más crueles de perpetuar el dolor. Nadie debe aprovecharse del sufrimiento de las víctimas para obtener beneficios personales o atención pública. Es inaceptable que el duelo y la búsqueda de justicia se vean desviados por acciones que no priorizan el respeto ni la reparación. El sufrimiento humano exige empatía, no manipulación.
Para entender hechos como este, debemos escuchar todas las voces, las diferentes perspectivas que pueden enriquecer nuestra comprensión, pero la voz que debe resonar con mayor fuerza es la de las víctimas que claman por justicia.
Es importante actuar y demandar soluciones efectivas que combatan tanto la violencia estructural como la inseguridad que acechan a México. No es suficiente con palabras: se requieren hechos contundentes que transformen estas realidades.
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