Resumen
A finales de 2022, en medio del debate público sobre la reforma constitucional
en materia electoral —el llamado “Plan A” del presidente Andrés Manuel López
Obrador— varias encuestas mostraron un apoyo mayoritario a la reforma
electoral. Incluso, una encuesta del propio Instituto Nacional Electoral (INE)
reveló que la mayor parte de las y los ciudadanos estaban de acuerdo con varias
de las propuestas contenidas en la iniciativa presidencial.
El presente
estudio examina si esta corriente de opinión favorable al “Plan A”, es decir, a la
reforma constitucional en materia electoral enviada por el Ejecutivo al Legislativo
en abril de 2022, se confirma en la esfera digital. Para tal efecto, se llevó a cabo una
encuesta voluntaria en línea entre el 8 y 15 de noviembre de 2022, en uno de los
momentos de mayor clímax de este debate, cuando decenas de organizaciones y
grupos de oposición al gobierno federal convocaron y organizaron una marcha para
“defender al INE” (que se realizó el 13 de noviembre). La encuesta arrojó 138,150 casos
y sus resultados revelan que el respaldo o rechazo a la reforma constitucional en
materia electoral están anclados en culturas políticas con dimensiones complejas,
que condicionan la voluntad y capacidad de manifestación.
En este sentido, el
estudio muestra que las opiniones levantadas entre el 8 y el 15 de noviembre de
2022 parten de posiciones políticas predefinidas frente al actual gobierno, que no
necesariamente están relacionadas con el contenido de la reforma electoral que
en ese momento se discutía: así, el 98% de los ciudadanos que en 2018 votaron por
Ricardo Anaya, José Antonio Meade o Jaime Rodríguez señalan que dicha reforma
debilita la democracia, en tanto que el 80% de los ciudadanos que votaron por
el actual Presidente de México afirman que la fortalece. De ahí que en la esfera
digital la corriente de opinión pública se distorsiona, al estar sobrerrepresentada
la oposición.
Este fenómeno, que denominamos “distorsión sociodigital”, supone
una brecha entre la opinión pública en las calles y la opinión pública manifiesta en
internet, y alcanza aproximadamente hasta un 12% de su población. Tal distorsión
se calculó a través de la metodología denominada muestreo postestratificado y
bootstrapping. El estudio concluye que los opositores al “Plan A” de la reforma
electoral mostraron casi el doble (1.8 veces) de capacidad de manifestación en la
esfera digital que aquellos que respaldaban la reforma constitucional electoral
propuesta por el Ejecutivo.