En este artículo se exponen tres controversias sociopolíticas ocurridas durante 1962 y 1972 entre el gobierno federal y grupos conservadores anti-cardenistas que se reorganizaron para antagonizar dos décadas después con los gobiernos en turno, principalmente lo relativo a lo educativo, aunque en el título se incluyen también las reformas laborales no se detalla información sobre estas en el caso analizado.

Se destaca que durante el cardenismo (1934-1940) se establecieron nuevas reglas en el funcionamiento del sistema económico que causaron la oposición de familias propietarias, empresarios, iglesia católica. Estos grupos conservadores anti-cardenistas actuaron en defensa de sus derechos e intereses de forma colectiva, mediante movimientos de reacción contra la afectación de sus bienes e intereses inmediatos, tras enfrentar la imposición de una ideología que atentaba contra los principios conservadores tradicionales. En décadas posteriores estos grupos se reorganizaron, y se identifica a la ciudad de Monterrey como epicentro de la rearticulación de estos movimientos conservadores (empresarial y religioso católico), primero para manifestar su oposición a los libros de texto gratuitos, luego para impulsar una concepción privada de la educación, y finalmente para condenar los movimientos urbanos guerrilleros.

A juicio de las autoridades educativas de la década de 1940, los libros escolares eran mayormente mediocres y a precios elevados, por lo cual, en 1959 siendo secretario de Educación Jaime Torres Bodet, se propuso la producción de los libros de texto gratuito, con el objetivo de difundir el sentimiento nacionalista e impulsar una mayor integración de la sociedad mexicana, además estableció su gratuidad y obligatoriedad. La propuesta fue aprobada por el presidente Adolfo López Mateos y se creó la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos (CNLTG), con la instrucción clara de que los libros no suscitasen rencores, odios, prejuicios ni estériles controversias, de tal manera que se mantuvo neutralidad ideológica. Se prohibió la exigencia de otros libros que no estuvieran en las listas oficiales publicadas el 30 de enero de 1960.

En 1962, el decreto de libro de texto gratuito propició los cuestionamientos de grupos opositores que adquirieron dimensiones de un debate nacional. La oposición pasó de la crítica a la protesta, varias ciudades (México, Puebla, Morelia, Guadalajara) fueron escenario, pero se identifica al movimiento urbano contestatario de Monterrey como el detonador. Se destaca que las movilizaciones involucraron a grupos heterogéneos y reflejaron la histórica rivalidad entre la iglesia y el estado por el control de la educación.

Autores de textos escolares, libreros y editores, afectados por la medida estatal, actuaron en el terreno de la legalidad, ante esto el gobierno dio a conocer sanciones penales y administrativas para quienes boicotearan la CNLTG. La Unión Nacional de Padres de Familia (fundada en 1917) tomó parte de las protestas mediante un comunicado de prensa donde manifestaron su inconformidad por los libros de texto. Se sumó también el Partido Acción Nacional que criticó al proyecto como autoritario y antidemocrático.

El 2 de febrero de 1962 la Unión Neolonesa de Padres de Familia convocó a una manifestación para protestar contra la imposición de libros de textos gratuitos, a la cual acudieron alrededor de 100 mil manifestantes (de aprox. 600 mil habitantes), entre miembros de organizaciones católicas, del PAN, de la banca y de la industria, trabajadores y obreros, con la consigna: ¡México Sí!, ¡Comunismo no! Tras la manifestación, autoridades educativas decidieron dialogar, pero quedó de manifiesto que la oposición no era hacia el contenido, sino por la acción del Estado. El gobierno declaró que la obligatoriedad no implicaba únicos o exclusivos, luego de esto la tensión sobre el tema cesó.

Pero el antagonismo continuó entre 1968-1971 en demanda de la apertura en la educación superior hacia lo privado. En este sentido, el gobernador de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo (1967-1971), apoyado por la oligarquía empresarial, planteó modelos alternos para solucionar la problemática de la educación superior en Monterrey y en el ámbito nacional, por ejemplo la creación de una nueva universidad pública con características de las particulares caracterizada por financiamiento directo por medio de aumento de cuotas y de becas préstamos, el examen de admisión como forma de selección de estudiantes, estímulo a proyectos universitarios con éxito comprobado en el sector productivo y social, así como la elevación del nivel académico de profesores. En continuidad a sus ideas, el gobernador hizo un llamado a la creación de universidades privadas, tales como la Universidad de Monterrey (UDEM) y la Universidad Regiomontana (UR) creadas en 1969, en 1970 el Centro de Estudios Universitarios (CEU).

Se resalta el dato que en 1972 las Instituciones de Educación Superior privadas en Nuevo León educaban el 49% de alumnos inscritos, la UANL el 51 restante. Esto reflejó el éxito del proyecto estatal de apertura de la educación superior al sector privado, y demostró que el sector empresarial y comercial en Monterrey estaba sumamente interesado en el financiamiento de la educación superior.

Entre 1968 y 1972 se suscitó el movimiento estudiantil y guerrilla urbana. En Nuevo León, para 1969 el movimiento estudiantil, magisterial y sindical en demanda de autonomía universitaria se encontraba en auge, el 23 de octubre de 1969 se suscita una destitución masiva de autoridades universitarias. El antagonismo entre el movimiento y el gobierno del estado desencadenó en que representantes de izquierda obtuvieron la dirección de órganos del gobierno de la UANL. Elizondo manifiesta que el estado no debía financiar de manera creciente la universidad. Se destaca que las movilizaciones estudiantiles en la entidad, derivó el llamado jueves de corpus el 10 de junio de 1971, represión que en palabras del autor selló la confrontación entre el gobierno y una parte de los jóvenes estudiantes de educación media y superior, a la par que fortaleció la idea que no había otra vía para resolver conflictos que las armas. La represión oficial desarticuló al movimiento estudiantil en Monterrey, pero propició la organización de la lucha armada.

Sobre el movimiento urbano de guerrilla, se destaca que tras el Asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965, los grupos guerrilleros proliferaron. En Nuevo León, los movimientos estudiantiles alimentaron la conformación de grupos radicales de izquierda que pasaron a la lucha armada, se menciona a las Fuerzas de Liberación Nacional, los Procesos, el Movimiento Espartaquista, la Liga de Comunistas Armados y la Liga Comunista 23 de Septiembre. Entre los meses septiembre y octubre de 1972 se suscitaron en Nuevo León distintas acciones guerrilleras, entre las cuales se destacan: “Los Procesos”, realizaron asaltos bancarios y a supermercados, que derivó en detenciones e incautación de armas. El 8 de noviembre de 1972, secuestro del vuelo 705 de Mexicana de Aviación. El intento de secuestro y asesinato de Eugenio Garza Sada, el 17 de septiembre de 1973.

Como conclusiones, se menciona que el proyecto conservador de universidad pública, impulsado por la élite política y económica de Monterrey, restringido durante varios años, a partir de la década de los 80 y tras los triunfos del PAN, el proyecto educativo, político y económico de los grupos empresariales de Monterrey, fue consolidado a nivel nacional. Se evidencia que tras el año 2000 el gobierno tuvo asesores egresados de universidad privadas de Nuevo León y de la UANL, tales como Reyes Tamez, secretario de educación durante el sexenio foxista.