Otro rasgo distintivo de la cultura política de los grupos de derecha que tiene que ver con su concepción procedimental e institucional de la democracia, es que consideran el aparato estatal-gubernamental como una empresa que debe estar al servicio de los intereses que ellos, a nombre de la sociedad, representan. Y en ese sentido, cuando un gobierno decide políticas no aprobadas por estos grupos, hacen llamados a la sociedad civil para defender la democracia supuestamente amenazada por el autoritarismo del Estado. En su cultura política el Estado no es la representación de los conflictos de clase ‒y que por tanto debe mantiene cierta autonomía para orientar el bien común‒, sino que más bien es una especie de agencia al servicio de los ciudadanos ‒los “buenos” ciudadanos: los que se esfuerzan, pagan impuestos, respetan el estado de derecho‒ que ellos asumen representar por su posición en la cúspide de la pirámide social.

Esta visión ha propiciado la creación de organizaciones de diversa índole para participar en la vida pública del país, sobre todo en momentos históricos en los que creen que el orden social está amenazado por los poderes gubernamentales ‒aunque estos hayan sido elegidos democráticamente‒. Así han creado partidos como el PAN, para oponerse a las políticas sociales de la Revolución mexicana y el Cardenismo; organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para detener el supuesto avance del populismo gubernamental en la década de los años setenta; o más recientemente, asociaciones civiles como Mexicanos Unidxs, a través de las cuales incentivan la participación de sus agremiados al tiempo que las usan como mecanismo de presión para posicionarse frente al Estado y las instancias gubernamentales. En algunos casos han formado estructuras organizativas como la Asociación de Banqueros de México (ABM) o el Consejo Mexicano de Negocios, que tienen mucha fuerza para intervenir en la vida pública, incluyendo el espacio de la democracia electoral.

En la visión de algunos grupos de derecha más radicales –como el Conaci, la organización Evolución Mexicana o el Frena– los gobernantes se deben a la ciudadanía y el pueblo es su “patrón”, por lo tanto, la relación entre los gobernantes y los gobernados debe ser de control por parte de la ciudadanía hacia sus representantes, teniendo mayor peso aquellos ciudadanos que pagan impuestos e incentivan la creación de empleos. En momentos más recientes se ha reivindicado a la democracia procedimental representativa a partir de defender a una institución que estos grupos consideran clave para el ejercicio de sus derechos político-democráticos, como lo es el Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual personifican su idea de democracia, la que consideran amenazada por un supuesto autoritarismo estatal.

En el transcurso de esta investigación se pudo observar que para algunos sectores de la derecha empresarial agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y las asociaciones civiles que promueve, es primordial la idea de defender a las instituciones que para ellos son “garantes de la democracia” como el propio árbitro electoral, en este caso el INE, que en su opinión “garantiza” la equidad en las contiendas electorales. Esto refleja otro aspecto de su cultura política procedimental y representativa: la visión de una democracia personificada en instituciones y no como resultado de las demandas y las luchas sociales.